Pasadas las elecciones europeas, Pedro Sánchez no ha esperado ni una semana para anunciar sus primeras medidas contra lo que ha denominado «máquina del fango» de los medios y la supuesta «guerra judicial» contra él y su mujer.
Por: El Debate vía El Nacional
Al final… ¿va a ganar el gobierno?
En lo que afecta a la Justicia, Sánchez amenazó al PP con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para quitar al Consejo General del Poder Judicial la competencia de hacer nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de Justicia.
No es un cambio de mayorías para la elección del CGPJ, pero implica igualmente un asalto del gobierno del PSOE al poder judicial.
En cuanto a los medios de comunicación, Sánchez insistió en los ataques a los medios de comunicación críticos, a los que llamó «tabloides digitales conservadores y ultraconservadores que propagan bulos».
La postura de Sánchez ante los jueces y los medios de comunicación recuerda a la deriva que emprendió Venezuela con la llegada de Chávez al poder y que culminó con cierre masivo de medios de comunicación independientes y el control absoluto del poder judicial.
Asalto a la Justicia
El control de los jueces y el asalto al Tribunal Supremo fue uno de los principales objetivos del chavismo nada más llegar al poder en 1998.
Sin embargo, tras perder el control del legislativo en 2015, la oposición logró devolver la independencia a los jueces con la elección de un nuevo tribunal.
Ante la pérdida del control judicial, Maduro impulsó, tras recuperar el control de la cámara en 2020, una nueva ley judicial puenteando a la oposición.
La reforma, presentada por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, implicaba una disminución del número de jueves del Tribunal Supremo y garantizar que los nuevos jueces fueran electos por el chavismo mayoritario en la cámara sin necesidad de pacto con la oposición.
Desde entonces, el Tribunal Supremo se convirtió en una institución más del Estado al servicio del régimen chavista, de los intereses de Maduro y los altos funcionarios del gobierno, con sentencias altamente politizadas que siempre coincidían con las directrices marcadas por la jefatura de la república.
La reforma, sin embargo, fue tildada de anticonstitucional tanto por la oposición como por los jueces del Tribunal Supremo electo en 2015.
El Tribunal Supremo electo en 2015 negó la legitimidad de la reforma y, ante el riesgo de represión, se exilió y sus jueces quedaron diseminados por varios países. El Alto Tribunal de 2015, sin embargo, sigue funcionando como Tribunal Supremo de Justicia Legítimo.
El control absoluto de los jueces del Supremo dio al chavismo la llave definitiva para erradicar toda vestigio de democracia que quedara en Venezuela.
Junto con el control de la Fiscalía General, el chavismo desde 2020 controla todos los resortes judiciales de Venezuela, ahogando todo intento de control del poder hegemónico que ostenta Maduro y sus acólitos, como Diosdado Cabello.
Guerra contra la prensa
La deriva de Sánchez recuerda demasiado a la ofensiva emprendida por Maduro contra los jueces independientes y la prensa libre.
En 2016 creó el Estado Mayor de la Comunicación (EMCm), un organismo cuyo nombre ya apunta a una inspiración militar.
Creado con la excusa de hacer frente a una guerra de desprestigio contra el Gobierno venezolano, empleando a los medios de comunicación internacionales para ello, el EMCm se convirtió rápidamente en un instrumento de control y represión de la prensa libre y difusión de propaganda bolivariana.
Venezuela lleva décadas, desde el ascenso de Hugo Chávez al poder en 1998, restringiendo la libertad de prensa.
Los periodistas han sido víctimas de campañas de calumnias desde el gobierno, de persecución y ataques.
Otro instrumento creado por el chavismo para eliminar espacios de libertad para los medios de comunicación es la Ley contra el Odio, aprobada en 2017.
Se trata de un texto que da cobertura legal a la censura y control de los medios de comunicación, con sanciones a periodistas.
La prensa física, en papel, se redujo en varias decenas de cabeceras en apenas veinte años. Muchos de ellos ni siquiera son ahora de tirada diaria.
Además, Maduro emprendió una dura campaña contra los medios digitales. Cerró muchas cabeceras en internet y las que quedaron, al igual que pasó con la prensa en papel, la radio y la televisión, estableció un férreo control sobre su contenido.
Los venezolanos ni siquiera cuentan con el recurso de poder informarse mediante televisiones extranjeras, ya que el régimen ha bloqueado la emisión de la mayoría de ellas.
Según un informe del Reuters Institute elaborado junto con la Universidad de Oxford, los medios que han sobrevivido se han visto obligados a autocensurarse y plegarse a las directrices del chavismo.
En veinte años han cerrado también 285 emisoras de radio, muchas ahogadas económicamente por el chavismo, otras cerradas a la fuerza por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
El proceso comenzó ya con Chávez quien, tras ganar las elecciones en 1998, se embarcó en un proceso de control de medios con leyes que limitaban la libertad de expresión e imponían multas y cierres a los medios que publicaran noticias contra el gobierno.
La política represiva contra los medios de comunicación experimentó un punto de inflexión en 2007 cuando Chávez cerró Radio Caracas Televisión a la que acusó de golpismo.
Pero la cumbre del acoso del chavismo a la prensa se alcanzó en 2018, cuando una sentencia judicial llena de arbitrariedades condenó al periódico El Nacional por daño moral a Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.
Pero el golpe de gracia lo recibió El Nacional en enero de 2022, cuando el tribunal adjudicó la propiedad de la sede del periódico a Diosdado Cabello.
La obsesión de Cabello con El Nacional comenzó en 2015, cuando el periódico reprodujo un artículo del diario español ABC donde, a partir de fuentes de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, se informaba de los vínculos de Cabello con el narcotráfico.
Cabello y el chavismo iniciaron entonces la estrategia habitual de desprestigio, acoso y derribo contra la cabecera, y contra otras que también se hicieron eco de la información.
