Enrique Márquez presentó este martes una solicitud de recusación contra la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), argumentando que sus «vínculos» con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) comprometen su imparcialidad en los casos que se están manejando dentro del tribunal.
“Hay suficientes elementos de pruebas para decir que no puede participar en esta causa”, afirmó.
El comercio exterior ha experimentado una significativa contracción en el valor de las exportaciones de bienes, que registró un descenso del 73.6%, de acuerdo con los datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), de la Contraloría General de la República (CGR).
Esta caída se atribuye principalmente a la disminución en varios rubros clave, entre los que destacan los minerales de cobre y sus concentrados con un 100%, el banano con un 15.2%, y los desechos de acero, cobre y aluminio con un 8.9%.
Otros productos que también vieron reducciones incluyen la madera -9.8%, la carne de ganado bovino -8.5%, la piña -10.4%, la ropa -12.1%, las pieles y cueros -33.3%, y otros productos del mar -3.3%.
No obstante, algunos sectores mostraron cifras positivas, entre ellos, el camarón destacó con un notable incremento del 78.3%, seguido por el azúcar sin refinar con un 115.1%, pescado y filete de pescado con un 28.5%, harina y aceite de pescado con un 35.5%, café con un 4.3%, sandía con un 5.2% y melón, que sorprendió con un crecimiento del 325.3%.
En cuanto a las importaciones de bienes, el valor también reflejó una disminución, registrando una baja del 6.2%, este descenso fue impulsado por una reducción en los bienes intermedios -15.2% y los bienes de capital -10.7%, sin embargo, se observó un ligero aumento en los bienes de consumo, con un 1.5% al alza.
Por otro lado, el peso neto de las importaciones de bienes se redujo en un 10.9%, con una notable disminución en los bienes intermedios en -23.4% y de capital -17.2%, a pesar de esto, los bienes de consumo presentaron una variación positiva del 1.9%.
El peso total de las exportaciones de bienes también presentó una tasa negativa del 50.5%, destacando caídas en rubros como el banano -13.8%, desechos de acero, cobre y aluminio -3.2%, sandía -4.2%, piña -30.8%, carne de ganado bovino -11.1%, café -9.2%, y pieles y cueros -31.9%.
Por otro lado, algunas actividades mostraron un crecimiento positivo, como la madera 5.7%, azúcar sin refinar 82.6%, harina y aceite de pescado 46.2%, pescado y filete de pescado 8.5%, camarón 82.9% y melón 461.4%.
Finalmente, el comercio en la Zona Libre de Colón también registró una variación negativa del 12.2%, reflejando una disminución en las importaciones -11.9% y en las reexportaciones -12.5%, sin embargo, el peso del comercio en esta zona mostró un aumento del 7.7%.
La red de aeropuertos regionales administrada por el Aeropuerto Internacional de Tocumen procesó durante los primeros siete meses de este año 457,703 pasajeros, es decir 28,317 pasajeros más que el mismo periodo durante el año 2023. Además, se gestionaron 14,532 movimientos de aeronaves.
Según datos suministrados por el Departamento de Estadística del Aeropuerto Internacional de Tocumen, los aeropuertos regionales con mayor movimiento de pasajeros durante el mes de julio fueron: Panamá Pacífico, con 38,280; seguido del aeropuerto Enrique Malek, en David, con 23,511 y el Scarlett Martínez, en Río Hato, con 2,017 pasajeros.
Actualmente, en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico operan los vuelos de Wingo y Aeroregional; mientras que en el Enrique Malek operan vuelos de Wingo, desde y hacia el aeropuerto Panamá Pacífico; y Copa Airlines desde y hacia la terminal doméstica del Aeropuerto de Tocumen.
En tanto, que en el aeropuerto Scarlett Martínez operan las aerolíneas Air Transat y Sunwing con vuelos chárter de turistas canadienses procedentes de Toronto, Quebec y Montreal, con paquetes “todo incluido” en hoteles ubicados en la Riviera del Pacífico, con la opción de disfrutar de otras actividades que ayudarán a impulsar la economía en los atractivos poblados de la región central del país como Coclé, Veraguas, Panamá Oeste y la región de Azuero.
El Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Raúl Guizado, reveló que en el primer semestre de 2024, el saldo promedio de la morosidad en el Sistema Bancario Panameño se situó en el 4.5%.
Sin embargo, advirtió que ciertos segmentos, específicamente el de las tarjetas de crédito, han experimentado un incremento significativo en los niveles de morosidad.
Guizado señaló que, aunque la morosidad ha aumentado, los bancos cuentan con reservas adecuadas para enfrentar esta situación. Además, se espera que las condiciones macroeconómicas favorables ayuden a reducir los altos niveles de morosidad, especialmente en el segmento de las tarjetas de crédito.
«La demanda de crédito está presente y eso es positivo, ya que más panameños están solicitando productos financieros, incluidas las tarjetas de crédito», comentó Guizado. No obstante, reconoció que el aumento en la morosidad podría estar vinculado a la desaceleración económica que ha afectado al país.
Uno de los factores que Guizado destacó como contribuyente a este panorama es la declaración de inconstitucionalidad del contrato de la minera en noviembre del año pasado. Esta situación ha impactado negativamente en la economía, dejando a un 20% de los ex empleados de la minera en morosidad debido a la dificultad para reincorporarse al mercado laboral con empleos fijos.
Actualmente, el saldo total de la cartera del Sistema Bancario asciende a US$150 millones, de los cuales US$30 millones están en morosidad. Esta cifra refleja las dificultades que enfrentan los trabajadores desempleados y subraya la importancia de medidas para mitigar el impacto en los segmentos más vulnerables del sistema financiero.
Cada país tiene un sistema de Gobierno, que encarna y se expresa en la Constitución y las leyes. Básicamente hay dos grandes sistemas: el estatismo, o predominio abusivo del Gobierno, en nombre del Estado, y su opuesto el Liberalismo Clásico, o sistema de Gobierno Limitado.
Lo que Venezuela ha tenido en el pasado y el presente es estatismo, y ha fracasado. Lo que tiene ahora es Socialismo, que es el estatismo llevado al extremo.
Lo que Venezuela necesita es lo opuesto: Gobierno Limitado, la única salida hacia el Orden y la Justicia, el Progreso, la Prosperidad y el Bienestar general.
Venezuela requiere:
Una nueva Constitución, que consagre el nuevo sistema Liberal Clásico de Gobierno, y leyes concordantes, que lo expresen, manifiesten y pongan en práctica.
Y un Partido Político que promueva, impulse y oriente el proceso de cambio para mejor, asumiendo su defensa y conservación una vez adoptado.
Conceptos Básicos:
Toda economía es capitalista porque emplea ahorros y medios de producción para multiplicar los bienes y servicios. Pero el Capitalismo puede ser de Estado o Liberal.
El Mercantilismo es el estatismo o capitalismo de Estado en provecho exclusivo de los sectores económicos establecidos, y el socialismo es igual, en provecho exclusivo de los grupos políticos dominantes, el Neoliberalismo es la forma actualizada y un poco disfrazada de Mercantilismo, el Liberalismo Clásico es el Capitalismo para todos, sin restricciones ni privilegios.
En Venezuela no se conoce el Liberalismo Clásico. Muchos años de excesos, abusos y estragos del Mercantilismo, cada vez peores, nos trajeron ahora como reacción el socialismo: un remedio que no remedia, sino que destruye, empobrece y esclaviza, igual de malo o peor que la enfermedad.
¿Qué es el Estatismo?
Los Tres Principios Básicos del Liberalismo Clásico.
Son los opuestos a los anteriores, respectivamente:
El primero es el más fundamental, por eso el Liberalismo Clásico se conoció en el pasado como Doctrina del Gobierno Limitado, y en consecuencia, de la libertad personal, que es su resultado.
De todos modos, esos tres son sus principios inconfundibles. El segundo y el tercero resultan del primero, porque sólo con Gobiernos Limitados es posible tener:
En lo económico, mercados libres, y por eso altamente eficientes y productivos, y así remunerados sus factores con ingresos sólidos, y por eso con amplia capacidad adquisitiva. Sin el Estado multipropósito, enorme y ultragastador, los mercados libres pueden sostener empresas rentables, manufactureras, agropecuarias o de servicios, y sin subsidios.
En lo social y cultural, sólidas instituciones privadas: familias, empresas ,gremios, medios de comunicación, escuelas, clínicas, entes de previsión, iglesias y otras asociaciones voluntarias, sin la dependencia tutelar y dominio de los Gobiernos, pueden desarrollarse vigorosas y autónomas, en el contexto de una economía próspera.
Para que Gobierno? Cuáles son sus funciones?
Muchas veces escuchamos que tal o cual asunto es “ muy importante” y por eso el Gobierno debe atenderlo. NO ES ASI.
Muy importante en la vida es el amor, y no hay un Ministerio del amor.( Esperemos no haberle dado motivos o una mala idea al Gobierno Socialista con éste ejemplo).
El Gobierno es el monopolio legal de la fuerza en representación del Estado, que corporiza, actualiza y opera. Por consiguiente, la sociedad necesita Gobierno para todo aquello que requiere el empleo de la fuerza o la coacción: perseguir el crimen y juzgarlo, y recolectar impuestos suficientes para pagar estas funciones y las obras públicas contratadas. Tales son sus funciones propias naturales. Nada más.
En Venezuela los políticos discuten sobre si tales o cuáles negocios con el petróleo u otros bienes son buenos o malos para el Estado. Pero el Estado no existe para hacer negocios, ni malos, ni buenos. Ni para ser empresario, banquero, agricultor, minero o transportista. Tampoco para ser maestro o profesor, médico o enfermera, ni agente y corredor de contrato de seguros previsionales. Existe para ser Soldado y Policía, Diplomático, Juez y Oficial de Justicia, y Contratista de Obras públicas. Y en todo caso para distribuir entre los pobres cupones de atención educativa, médica y previsional, equivalentes a dinero y reembolsables a las instituciones privadas prestatarias. Nada más.
La causa de la pobreza es la inmensa concentración de poder.
Primeramente no debemos confundir pobreza con desigualdad económica: la pobreza mueve a compasión, la desigualdad en cambio provoca envidia, un bajo sentimiento que no debe ser inspirador de políticas y medidas de Gobierno.
Cuando los Gobiernos concentran injustamente el poder nos someten, esclavizan y empobrecen, y nos impiden satisfacer nuestras necesidades por nosotros mismos, y acceder a la Prosperidad y el Bienestar por medios y esfuerzos propios. La concentración de poder causa la falta de Libertad, y la consiguiente pobreza, que no es producto de la corrupción, como creen muchísimos de los diagnósticos mal hechos.
Por: Néstor Suárez
Economista
Msc y Phd en Economía.
Los fundamentos políticos, jurídicos y doctrinales tras el establecimiento de un tribunal penal internacional han significado un largo recorrido para Occidente
ORLANDO VIERA-BLANCO
20/08/2024
La Corte Penal Internacional (CPI) o Tribunal Penal Internacional (TPI) es un tribunal de justicia internacional de última instancia regido por el Estatuto de Roma. Su carácter es permanente y su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
En esta entrega nos referiremos muy puntualmente a los crímenes de lesa humanidad y el deber de esta corte es investigarlos, enjuiciarlos y condenarlos.
Para comprender la complejidad de los procesos propios de la justicia penal internacional es necesario retroceder a los orígenes de esta jurisdicción universal. Lo primero es reconocer que se trata de un salto evolutivo inmenso de la humanidad. Ser juzgado penalmente por órganos de justicia supranacionales, supone un alcance jurídico, un nivel de comprensión de fuero, jurisdicción y competencia, extraordinario. Siglos de reflexión, aceptación y evolución ética y filosófica, se necesitaron para entender que los derechos fundamentales del hombre no los tutela únicamente una autoridad local, un estado o una nación, sino a la humanidad toda. Valor consagrado en la Declaración Universal de los DDHH de 1947 [Asamblea General de las NNUU, Paris 10/12/1948].
Los fundamentos políticos, jurídicos y doctrinales tras el establecimiento de un tribunal penal internacional han significado un largo recorrido para Occidente. En 1919, una vez terminada la I Guerra Mundial, los países victoriosos quisieron juzgar al káiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión. Su fundamento original más directo se encuentra en los tribunales internacionales establecidos en Núremberg y Tokio para juzgar a los criminales de guerra de Alemania y Japón por los delitos cometidos durante la II Guerra Mundial.
Pese a que el primero de estos ha sido objeto de graves críticas—tanto por castigar penalmente a personas jurídicas como la S.S. o la Gestapo o por no aplicar principios de temporalidad y territorialidad de los delitos [aplicando tipicidades penales no contempladas retroactivamente] fueron en conjunto considerados un gran avance en materia de justicia internacional.
Posteriormente, en los albores de la ONU, el Consejo de Seguridad recomendó a un panel de expertos que se explorara la posibilidad de establecer una corte permanente de justicia en materia criminal, similar o complementario a su principal órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia. Después de largos debates académicos y políticos, la idea no prosperó hasta los graves acontecimientos del genocidio yugoslavo (1991-1995) y ruandés (1994). En parte por estos trágicos hechos, y por el desarrollo alcanzado por el Derecho Internacional de los DDHH y por el Derecho Penal Internacional, se celebró en la ciudad de Roma la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, cuya acta final [constitutiva] fue suscrita el día 17/07/1998. Se trata así del primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos por individuos, en contra del derecho internacional.
Según el Estatuto de Roma [1998], son crímenes de lesa humanidad once tipos de conductas y situaciones, siempre que sean «parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque»: i.-Asesinato, homicidio intencional; ii.-Exterminio: imposición de condiciones de vida que tienden a destruir parte o toda una población; iii. Esclavitud: ejercicio de derechos de propiedad sobre una persona, incluido el tráfico de personas, en particular de mujeres y niños; iv.-Deportación o traslado forzoso de población: expulsión de personas de la zona donde están presentes legítimamente sin motivos autorizados por el derecho internacional; v.- Encarcelamiento: privación grave de la libertad física; vi.-Tortura: dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, causados intencionadamente a una persona que el acusado tenía bajo su custodia o control; vii.- Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; viii.-Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género o por otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional; en conexión con cualquier crimen comprendido en el Estatuto; ix. Desaparición forzada de personas, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, consentimiento o aquiescencia, junto con la negativa a reconocer la privación de libertad o a proporcionar información sobre la suerte que han corrido los «desaparecidos» con la intención de privarlos de la protección de la ley durante un largo periodo; x.- Crimen de Apartheid: actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial por otro con la intención de mantener ese régimen; xi.-Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física: actos inhumanos de gravedad similar a otros crímenes contra la humanidad.
A raíz de las protestas en Venezuela [2014, 2017], la CPI recibió la remisión de seis países miembros del Estatuto de Roma, denunciando conforme al artículo 14.1.2 del Estatuto a Venezuela por Crímenes de Lesa Humanidad: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Perú y Paraguay. Esta remisión obligó a la Oficina del Fiscal abrir la fase preliminar de exámen que la denominó la Situación Venezuela I.
Por la naturaleza complementaria/supletoria de la jurisdicción universal de la CPI, los procesos deben agotar fases de verificación judicial de alcance tambien ‘diplomático’, que impiden una rápida actuación, salvo Actos de Guerra, Genocidio o Agresión, que suponen casos de urgencia reconocidos por el Derecho Internacional. No desmerezcamos la grave situación de criminalidad, desplazamiento y represión en Venezuela. Son precisamente estos eventos, los que debe revisar la CPI y avanzar en su rápida valoración para dictar medidas de detención, alertas y/o comparecencias forzosas.
La Fiscal del momento [2017] Fatuo Bensouda, dicta medida de exámen preliminar el 8/2/2018. Han pasado más de seis largos años desde esa medida, después de lo cual la CPI debió agotar la fase de complementariedad o verificación de inexistencia de justicia imparcial en el país miembro; Fase de cooperación [agotada por el Fiscal Karim Khan en sus visitas a Venezuela], donde el despacho Fiscal se tuvo que reunir con el representante del estado Venezolano así reconocido por la ONU y la CPI, y fase de Investigación [actual], que fue objeto de disputas procesales y acciones dilatorias por parte del Estado Venezolano.
La fase de Investigación faculta al fiscal a exigir medidas coercitivas o de arresto a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. A pesar que a nuestro criterio existen suficientes elementos probatorios para haber procedido con estas medidas, es a raíz de los eventos postelectorales del 28/7/24 donde se vienen a registrar y acumular a las existentes, una arremetida de incidencias criminales, que han sido detalladamente informadas a la CPI por grupos de interés y activistas de DDHH.
Hemos consignado al despacho fiscal 702 incidencias en las últimas dos semanas, identificando la cadena de mando de Poderes Públicos; de las Fuerzas del orden al servicio de esa cadena represiva, Gobernadores de Estados, funcionarios del Poder Judicial, Grupos paramilitares o Colectivos. Toda una estructura que la Corte Interamericana de DDHH [CIDH] reconoce como Terrorismo de Estado.
El Fiscal ineludiblemente, tal como lo hizo contra Putin en Rusia, Netanyahu en Israel o representantes del grupo terrorista Hamas en Gaza, debe proceder con estas órdenes coercitivas. Omitir es favorecer la impunidad. Y de la impunidad al desbordamiento criminal hay un paso, que ya se observa en Venezuela. Podemos comprender que el agotamiento de procesos y plazos es riguroso e inevitable. La justicia penal supranacional así lo prevé, precisamente porque se trata de un órgano de fuerza judicial que va más allá del Estado agresor. Pero estando en el momento procesal que justifica actuar con determinación y contundencia, el Fiscal de la CPI no tiene otra alternativa que solicitar las medidas preventivas de seguridad a la Sala de Cuestiones previas para cumplir además el deber de proteger que contempla el ER y la Carta de las Naciones Unidas.
Un grupo de reconocidos juristas internacionales ha enviado una petición de urgencia criminal a la Oficina del Fiscal de la CPI en la cual describe con hechos y detalles, las atrocidades confesas que en sólo días ulteriores a las elecciones presidenciales [28/7/2024], se han cometido en Venezuela por fuerzas represivas-civiles, policiales y militares-donde se destacan crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución, desapariciones forzosas, encarcelamiento, torturas, segregación política, violación y abusos sexuales, más otros tratos crueles, que van por libre en Venezuela con absoluta y preocupante impunidad, bajo la mirada impune de los órganos de justicia, y muchas veces, bajo su aquiesciencia.
LA OEA ha aprobado una resolución que condena estos hechos y llama al cese del hostigamiento, liberación de presos políticos y grave violación de DDHH. El panel de expertos de la ONU reconoció que no hubo una elección íntegra y transparente, por lo que el derecho a protestar es legítimo, y el mismo llamado lo han hecho la Comisión de determinación de hechos de la ONU y el Alto Comisionado de DDHH de este mismo organismo. El propio Fiscal de la CPI Karim Khan le ha notificado al régimen de Caracas que se abstenga de seguir reprimiendo, siendo que acusa recibo de numerosas incidencias criminales, a la par de monitorear los hechos en Venezuela. Venezolanos, no estamos solos.
Pero sin duda es hora de que el honorable Fiscal de la CPI, Karim Khan actúe conforme al ER y al derecho de las víctimas y los venezolanos a ser protegidos. Es la impostergable necesidad de que haya justicia en La Haya, siguiendo el espíritu, propósito y razón de Nuremberg y de Tokio [salvando la materialidad, territorialidad y temporalidad de los hechos], siguiendo el mandato del Estatuto de roma, que es resguardar la población civil inocente e indefensa, como se hizo justicia a partir de los hechos de Yugoslavia o Ruanda. Es proteger a nuestros niños, jóvenes, mujeres, mayores y población indefensa como lo hizo con la población de Ucrania y Gaza.
La misión de la justicia penal internacional es clara y diáfana: prevenir y proteger a los pueblos del mundo de los graves crímenes contra la humanidad y castigar a sus perpetradores para conseguir lo que busca la justicia, que es la paz. Es tiempo. No más impunidad…
Cuando ya casi se cumple un mes de haberse realizado la elección presidencial y en medio de la falta de publicación de resultados disgregados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continúa con el peritaje electoral de los comicios del 28 de julio. Las investigaciones, que comenzaron el 5 de agosto, han estado marcadas por omisiones y limitaciones en sus procedimientos.
Por: Gabriel Peraza – El Pitazo
Los representantes designados por el ente judicial son observadores internacionales y auditores nacionales de gobiernos aliados y de organizaciones que han simpatizado con el oficialismo. Entre ellos están el Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica (Ceela) y el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (Opeir), además de un grupo de técnicos y profesores de la Universidad Simón Bolívar (USB) invitados por el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero.
“El CNE tiene el mejor sistema electoral de Latinoamérica”, reiteró el presidente del Ceela, Nicanor Moscoso, durante su estadía en Venezuela. Lo afirmó por primera vez el 11 de abril, en un encuentro entre las autoridades electorales del país y los observadores internacionales. Luego, el 26 de julio, durante una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV), les garantizó a los ciudadanos que sus votos serían contados.
Casi un mes después de los comicios y tras la entrega de dos boletines, el órgano electoral no ha mostrado los resultados especificados por estado, municipio, centro y mesa de votación.
El sistema electoral no solo está vinculado con el ejercicio del voto, al que hizo referencia Moscoso, sino también con una serie de normas y de procedimientos que se deben cumplir. Si bien hubo analistas y organizaciones que garantizaron la seguridad del sistema automatizado del CNE antes del 28 de julio, también advirtieron que hubo irregularidades en otros procesos que engloban el sistema.
Además de respaldar al CNE, Moscoso también ha mostrado su apoyo a otros órganos y procesos electorales en Latinoamérica. Por ejemplo, tras la victoria de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de Nicaragua en 2016, dijo que su triunfo dio “plena conciencia a los nicaragüenses que tomaron una decisión hacia su futuro” y destacó el “progreso” que tuvo el país bajo su gestión. Por decisión de Ortega, en esos comicios no hubo una observación electoral, sino una visita de “acompañantes electorales” reconocidos por el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Lea la nota completa siguiendo este enlace a El Pitazo
Nicolás Maduro aseguró que está «ensayando un nuevo sistema de gobierno y tiene que funcionar». Según dijo, se basará en la aplicación de los principios del «socialismo del siglo XXI de Chávez» en la «dimensión política, económica, espiritual y moral, social y territorial».
En su programa semanal Con Maduro +, realizado este lunes 19 de agosto, el gobernante señaló que quiere «superar la democracia falsa representativa» para reemplazarla por un sistema democrático directo. De allí que anunciara que a partir de ahora hará anualmente cuatro consultas populares, una cada tres meses.
«Es la segunda gran consulta popular nacional 2024. Más democracia, más participación, más avances, más libertad y paz. En Venezuela manda el pueblo», dijo Maduro más temprano este lunes.
La próxima será este domingo 25 de agosto y al igual que la primera, la cual se llevó a cabo el pasado 21 de abril para la elección de los proyectos sociales que se ejecutarán en el país durante 2024, estará a cargo del ministerio para las Comunas y los Movimientos Sociales. Se escogerán proyectos comunitarios que serán financiados por el gobierno en los 4.500 Circuitos Comunales.
Apenas en mayo Maduro anunció que realizaría un acto con los representantes comunales para entregar los recursos o fondos correspondientes para ejecutar los proyectos, entre los cuales se encontraban cambio del sistema eléctrico, remoción y asfaltado vial, mejora de la toma de aguas servidas. Muchos de ellos abordan necesidades básicas por las que tienen que responder las autoridades correspondientes, sin que haya ninguna asociación partidista de por medio.
En abril, para participar en la consulta, las personas mayores de 15 años debían acudir al centro electoral habilitado en la comunidad (www.comunas.gob.ve.) y presentar la cédula de identidad. Posteriormente, seleccionaban el proyecto de su preferencia, introducían la papeleta en la caja y registraban su voto con firma y huella en el cuaderno de votación.
Los funcionarios de campaña de la oposición venezolana se han refugiado en una residencia diplomática argentina en Caracas durante cinco meses, observando desde allí la agitación del país.
Por: Genevieve Glatsky – The New York Times
Cada mañana se despiertan y miran las montañas de Caracas. En los días en que las protestas llenan las calles, pueden escuchar los cánticos. Pero saben que si dan un paso fuera de su recinto, pueden ser arrestados y arrojados a prisión.
Durante los últimos cinco meses, cinco altos funcionarios del partido de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, han estado viviendo en una residencia diplomática argentina, donde buscaron asilo después de que el fiscal general del país anunciara órdenes de arresto en su contra.
Y es desde esta casa, situada entre las residencias diplomáticas de Rusia y Corea del Norte, que los principales asesores de Machado han llevado a cabo una de las campañas presidenciales más importantes de la historia del país.
De alguna manera, a pesar de las restricciones a su libertad, los cinco funcionarios no sólo lograron ayudar a organizar una campaña de participación electoral que llevó a millones de personas a las urnas el día de la elección, sino que también movilizaron a miles de observadores para recolectar actas que pudieran demostrar que su candidato había ganado.
Sus esfuerzos ayudaron a que Estados Unidos reconociera al candidato de la oposición, Edmundo González, como ganador, mientras que muchos otros países se han negado a reconocer la afirmación de victoria del presidente Nicolás Maduro.
Y, sin embargo, a pesar de todo esto, Maduro sigue en el poder y los cinco siguen atrapados en el complejo argentino, a la espera de un permiso oficial para salir del país.
Todo comenzó el 20 de marzo, cuando dos importantes líderes del partido de Machado, Vente Venezuela, fueron arrestados y enviados a un conocido centro de detención venezolano conocido como el Helicoide.
La campaña había estado en alerta máxima durante meses. El gobierno autocrático de Maduro había acordado celebrar elecciones libres en octubre como parte de un acuerdo con Estados Unidos para levantar las agobiantes sanciones. Pero los funcionarios habían estado poniendo obstáculos desde entonces, incluida la intimidación de los políticos de la oposición.
Algunos funcionarios de la oposición se habían escondido temporalmente y la mayoría vivía en un estado de paranoia.
Tras los arrestos del 20 de marzo, un funcionario de la campaña de la oposición, Pedro Urruchurtu, temía que él y otros altos funcionarios del partido fueran los siguientes. Actuó rápidamente y se puso en contacto con todos sus contactos diplomáticos en busca de alguna embajada que les diera asilo.
Uno de esos contactos fue el subjefe de misión de la embajada de Argentina, Gabriel Volpi.
“Nos están buscando”, recuerda Urruchurtu haberle dicho por teléfono.
“Dame 15 minutos”, respondió el señor Volpi.
“Si puedes, que sean 10”, dijo Urruchurtu.
“Está bien, trato hecho.”
El plan ya estaba en marcha cuando el fiscal general de Venezuela anunció en una conferencia de prensa que emitiría órdenes de arresto contra Urruchurtu y otros cuatro funcionarios del partido: Magalli Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González. También nombró a Fernando Martínez Mottola, asesor de una coalición de partidos de oposición.
Los que estaban en la capital, Caracas, se escondieron inmediatamente y Volpi envió vehículos para llevarlos a la residencia del embajador, donde recibirían protección del gobierno argentino (Argentina actualmente no tiene un embajador destacado en Venezuela).
Omar González, de 74 años, quien dirige la oficina de campaña de Machado en su estado natal de Anzoátegui, estaba a punto de abordar un avión a Caracas para un viaje de trabajo cuando su hijo lo llamó para informarle sobre la orden de arresto, dijo en una entrevista. Tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo: salir del aeropuerto o abordar el avión. Decidió seguir con sus planes de viaje, pensando que sería menos reconocible en Caracas.
Después de aterrizar, dijo que caminó rápidamente por el aeropuerto sin mirar a nadie y se subió al primer taxi que vio.
“Empieza a conducir”, le dijo al conductor. “Y luego te diré a dónde vamos”.
A los 30 minutos, dijo, recibió instrucciones de dirigirse a la residencia argentina. Cuando llegó, se encontró con que algunos de sus colegas ya estaban allí.
“Fue como si hubiera visto ángeles”, dijo.
A medida que se adaptaban a sus nuevas vidas, la sensación de alivio fue reemplazada por una sensación de urgencia. Todavía tenían una campaña que llevar adelante, por lo que su tiempo se llenó de reuniones virtuales. A veces dormían tan solo cuatro horas al día a medida que se acercaban las elecciones del 28 de julio.
La señora Meda, mano derecha de Machado, en el pasado acompañó a la líder de la oposición en su viaje por el país. Ahora estaba haciendo videollamadas en aislamiento.
“Me gusta el contacto humano”, dijo Meda. “Necesito trabajar con los equipos. Estoy acostumbrada a tocarlos, a verlos, a saber cómo se sienten. Tener los auriculares puestos todo el día hace que a veces sienta que me estoy quedando sorda. No es mi naturaleza”.
En entrevistas, los cinco funcionarios de campaña dijeron que se sentían afortunados de haber evitado por poco el destino de sus colegas encarcelados, pero describieron que vivían en un estado de constante tensión e incertidumbre sabiendo que en cualquier momento sus circunstancias podrían cambiar.
“Es un paisaje con el que has crecido, un paisaje que sabes que de alguna manera te pertenece”, dijo Urruchurtu. “Pero al mismo tiempo, lo que te cansa es no poder ir más allá”.
Para Volpi y su esposa, que vivían solos con sus dos perros en la residencia de 3.800 metros cuadrados, los solicitantes de asilo fueron una compañía bienvenida. Los ocho se convirtieron rápidamente en una familia, dijo.
Pasaron comidas, cumpleaños y días festivos juntos. Los líderes de la oposición no se quedaron solos sin un diplomático argentino presente, en caso de que el gobierno de Maduro intentara entrar, dijo Volpi.
Pero después de dos meses, el Sr. Volpi abandonó la residencia para jubilarse como estaba previsto.
“Me hubiera gustado quedarme con ellos hasta el final”, dijo. Todavía tienen un chat de texto grupal donde hablan todos los días, dijo.
Cuando el Tribunal Supremo de Venezuela prohibió a Machado participar en las elecciones, el partido de oposición apoyó a un candidato desconocido, un diplomático retirado llamado Edmundo González, y convenció a su base electoral para que votara por él.
A medida que se acercaba la votación, vieron cómo el gobierno de Maduro hacía aún más para socavar la elección, arrestando no sólo a activistas y políticos sino también a propietarios de hoteles y restaurantes que ofrecían servicios a la campaña de la oposición.
Luego, en la noche de las elecciones, vieron cómo Maduro declaraba su victoria, pero no presentó ninguna prueba que respaldara esa afirmación. Los recuentos recopilados por los observadores electorales demostraron que, de hecho, González había ganado, y por una mayoría aplastante.
“Movimos a todo un país para tomar decisiones en una sola ruta y con una sola agenda”, afirmó Meda.
La noche después de las elecciones, agentes de la policía venezolana aparecieron en el exterior de la residencia argentina. Los funcionarios de la campaña pasaron tres noches mirando a través de las ventanas cómo agentes con chalecos antibalas y máscaras faciales permanecían afuera, a veces con esposas colgando, dijeron.
La señora Meda dijo que esas tres noches “me quitaron años de vida”.
El 1 de agosto, Maduro ordenó a los diplomáticos argentinos que abandonaran el país y Brasil asumió la responsabilidad de la embajada y de los solicitantes de asilo. La policía se fue.
Los líderes de la oposición han observado cómo el gobierno venezolano ha desatado una ola de represión contra cualquiera que cuestione los resultados declarados. Los grupos de derechos humanos afirman que es la más brutal que el país ha visto en décadas.
“Son noches muy largas y de mucho dolor”, dijo Meda. “Es una locura lo que está pasando”.
El exdiputado venezolano Omar González, uno de los seis opositores refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas -bajo protección de Brasil tras la expulsión de la misión diplomática del país austral- desde marzo, dijo este lunes que la “debilidad” que -asegura- tiene el Gobierno de Nicolás Maduro “se acrecienta” a medida que se acerca el 10 de enero de 2025, cuando comienza el próximo periodo presidencial.
“Muchos creen que el tiempo es aliado de Maduro, pero se equivocan, pues en la medida en que nos acerquemos a enero se le agotará el tiempo a Maduro y se volverá cada ve más ilegítimo, y su permanencia en el poder será cada vez más ilegal”, dijo el opositor, citado en una nota de prensa del partido Vente Venezuela (VV) -liderado por la antichavista María Corina Machado-, al que pertenece.
A juicio de González, la “fragilidad” del Gobierno “es notoria” y “se refleja en la imagen demacrada, ojerosa y angustiada de una cúpula que no duerme ni tiene paz mental”.
La principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- insiste en la “victoria” de su abanderado, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, un triunfo cuestionado dentro y fuera del país.
Los venezolanos, según González, hablaron con “una contundencia abrumadora e innegable” en los comicios del 28 de julio, mientras que “el régimen venezolano no ha podido mostrar una sola acta donde Nicolás Maduro haya ganado la elección”.
La PUD basa la “victoria” de González Urrutia en el “83,5 % de las actas” que dice haber recogido gracias a personas que fueron testigos y miembros de mesa durante la jornada electoral, mientras el chavismo insiste en que son “falsas”.
“Los venezolanos hemos dejado claro que no nos rendiremos hasta que Maduro y sus cómplices abandonen el poder, utilizando la verdad como nuestra principal arma en esta batalla interminable”, agregó González.
Además del exdiputado, en la residencia de la Embajada argentina -custodiada por Brasil tras la expulsión del cuerpo diplomático argentino- también se encuentran Magalli Meda, Pedro Urruchurtu Noselli, Claudia Macero, Humberto Villalobos y el exministro Fernando Martínez Mottola, todos colaboradores de la PUD.
En una entrevista reciente con EFE, Machado dijo estar convencida de que González Urrutia tomará juramento como nuevo jefe de Estado el 10 de enero del próximo año, pese a la proclamación oficial de Maduro como ganador de las elecciones.
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