Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló que en Venezuela lo que se ha producido es un golpe de estado.
Roger Piñate, el venezolano-estadounidense fundador de la empresa de máquinas de votación Smartmatic, se entregó a las autoridades y compareció ante un tribunal federal de Miami el lunes para enfrentar cargos por corrupción y lavado de dinero tras presuntamente sobornar a funcionarios electorales a fin de obtener contratos en Filipinas.
Por: Antonio María Delgado – El Nuevo Herald
Piñate fue liberado tras pagar una fianza de $8.5 millones, pero no presentó su declaración formal sobre si es inocente o culpable de los cargos debido a que su abogado defensor, Curt Miner, aún no se ha convertido en su abogado permanente. No fue posible contactar al empresario venezolano-estadounidense para que se pronunciara sobre la acusación.
Piñate, un residente de Boca Ratón, Florida, de 49 años, se desempeña como presidente de la compañía. Las autoridades también acusaron en el caso al vicepresidente de desarrollo de la empresa, Jorge Miguel Vásquez, de 62 años, quien reside en Davie, Florida.
Vásquez también se entregó el lunes y fue liberado luego que el juez impusiera una fianza de $1 millón, tras declararse inocente de los cargos de corrupción extranjera y de lavado de dinero presentados por la fiscalía.
Su abogado defensor, Frank Rubino, dijo que era prematuro hacer comentarios sobre la acusación formal, que fue emitida por un gran jurado federal el jueves. “Es muy temprano en el caso”, dijo Rubino al Miami Herald. “Pero hemos estado al tanto de esta investigación desde el 2019”.
Tanto Piñate como Vásquez están acusados de pagar $1 millón en sobornos al ex presidente de la Comisión Electoral de Filipinas, Juan Andrés Donato Bautista, de 60 años, quien también está nombrado en la acusación.
Los registros judiciales, que incluyen una denuncia penal de Investigaciones de Seguridad Nacional, indican que los contratos de Smartmatic con Filipinas representaban ingresos por $199 millones a cambio de proporcionar máquinas de votación y otros servicios para las elecciones para presidente, vicepresidente y otros cargos oficiales de mayo del 2016.
Piñate, junto con los venezolanos Antonio Mugica y Alfredo José Anzola, fundó Smartmatic en 2000 y la empresa ganó notoriedad después de que fue elegida por el presidente venezolano Hugo Chávez para reemplazar las máquinas de votación del país en 2004.
La compañía posteriormente creció con la compra de la mucho más grande Sequoia Voting Systems en 2006, aunque la compañía luego anunció que había vendido su participación en esa empresa.
Las autoridades federales dijeron que los presuntos coconspiradores financiaron los sobornos a funcionarios de Filipinas introduciendo un sobrecosto por cada máquina de votación y que ocultaron la operación haciendo uso de un lenguaje codificado para referirse al fondo secreto utilizado para realizar los pagos ilícitos.
Adicionalmente, son acusados de crear contratos fraudulentos y acuerdos de préstamo falsos para justificar los sobornos, dijo el Departamento de Justicia, citando la acusación presentada por el fiscal Robert Emery.
Los coconspiradores luego supuestamente blanquearon los pagos de sobornos a través de cuentas bancarias ubicadas en Asia, Europa y Estados Unidos, incluido el Distrito Sur de Florida, según la acusación.
Piñate, Vásquez, Bautista y Elie Moreno, de 44 años, ciudadano con doble nacionalidad de Venezuela e Israel que supervisó los contratos de Smartmatic en Filipinas, están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y tres cargos de lavado internacional de instrumentos monetarios.
Piñate, Vásquez, Bautista y Moreno enfrentan cada uno una pena máxima de 20 años si son declarados culpables de esos cargos.
Si son declarados culpables, Piñate y Vásquez también enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y conspiración para violar la FCPA.
La investigación federal en el sur de Florida se inició después que la esposa de Bautista en agosto de 2017 informara a la Oficina Nacional de Investigaciones de Filipinas que su esposo tenía “grandes cantidades de riqueza inexplicable”, según la denuncia penal de HSI presentada el año pasado.
Ella informó a la División Antifraude de la Oficina que su esposo tenía aproximadamente 1,000 millones de pesos filipinos, o aproximadamente $20 millones de riqueza mal habida.
Según informes publicados, estaban pasando por un divorcio en ese momento.
Un portavoz de Smartmatic dijo en un comunicado el lunes que dos ejecutivos de la compañía, incluido Piñate, han sido puestos en licencia, aunque señaló que “nuestros empleados acusados siguen siendo inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad”.
“No se ha alegado fraude electoral y Smartmatic no está acusada”, dijo el portavoz. “Aun así, los votantes de todo el mundo deben tener la seguridad de que las elecciones en las que participan se llevan a cabo con la máxima integridad y transparencia”.
Smartmatic se convirtió en un nombre conocido después de que se hicieran afirmaciones, que la compañía dijo eran falsas, sobre la participación de la empresa en un supuesto fraude electoral durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.
Smartmatic presentó una demanda por difamación de $2,700 millones contra Fox News en 2021. Se espera que el caso llegue a juicio en Nueva York el año que viene. Está previsto que un caso similar por difamación contra la cadena conservadora Newsmax vaya a juicio en Delaware en septiembre.
Los estudiosos de las transiciones políticas sostienen que estos procesos suceden, bien por reforma, o bien por ruptura (algunos hablan también de transiciones por “ruptforma”, una modalidad intermedia o combinada entre las dos anteriores). La diferencia entre ambas, como veremos, a menudo tiene que ver con el grado de acierto del autócrata al calcular la mengua de su poder.
Por: Miguel Ángel Martínez Meucci – La Gran Aldea
La vía de la reforma tiende a prevalecer cuando las élites autocráticas perciben que las bases de su poder han comenzado a resquebrajarse de forma irreversible, o cuando asumen que el cambio es inevitable. Ante el progresivo empeoramiento de su posición negociadora, inician conversaciones con las élites rivales para concertar una cesión ordenada del control del Estado.
Cuando estas negociaciones se orientan hacia la democratización, los grupos que abandonan el control del Estado establecen condiciones justas y razonables para que su proyecto político pueda seguir siendo una opción en el marco de un régimen constitucional y democrático —siempre y cuando tengan un proyecto político que quieran y puedan reciclar para la democracia.
Cuando las autocracias emprenden reformas que permiten el tránsito hacia la democracia con frecuencia surgen esos personajes a los que se denomina “héroes de la retirada”. Se trata de líderes políticos que, a pesar de estar involucrados dentro de un régimen autocrático, demuestran tener la humanidad y el buen tino necesarios para contribuir activamente en un cambio democratizador.
Usualmente no es una cuestión de heroísmo, sino más bien de pragmatismo. Quienes sostienen la autocracia logran percibir a tiempo que las bases de su poder se han resquebrajado sin remedio; que su régimen se ha hecho inviable y el descontento popular es enorme; que sus órdenes ya no serán obedecidas en medio de una coyuntura crítica; y que por ende lo mejor es participar en la gestación de un nuevo régimen político del cual ellos puedan seguir participando.
La vía de la ruptura, en cambio, se caracteriza por el súbito desplome del régimen autocrático. También suele producirse cuando los cimientos de su poder se deterioran irreversiblemente. En estos casos, las élites autocráticas se aferran hasta el último momento al control del Estado —por las buenas o por las malas—, fracasando finalmente en dicho propósito.
Rupturas de este tipo suelen venir precedidas por un fatídico error de cálculo de parte de las élites autocráticas. A veces están tan aisladas de la realidad que, por extraño que parezca, no logran entender las dimensiones de lo que sucede a su alrededor; tales son los efectos cegadores del poder. A veces, en cambio, lo entienden, pero sobreestiman su capacidad para sostenerse por medio de la violencia, o se paralizan ante la perspectiva de un trágico final.
Tanto en las transiciones por vía de reforma como en aquellas que se producen por ruptura, los factores que suelen arrastrar al régimen hacia su fase terminal suelen derivar de crisis económicas no resueltas, conflictos armados mal manejados o divisiones internas. Sea cual sea el caso, siempre habrá oportunidad para una salida negociada, si existe la clarividencia para reconocer a tiempo la mengua del propio poder y la disposición para abrir una vía de acción concertada.
La caída del comunismo
Durante medio siglo XX, la Unión Soviética era una de las dos grandes superpotencias del planeta. A sus ya de por sí colosales territorios añadía el control directo de todos los países comprendidos dentro del Pacto de Varsovia. Disponía, sobre todo, de una ideología única como el comunismo, capaz de generar un enorme optimismo de cara al futuro y a través de la cual ejercía una significativa influencia global.
A finales de los años 80, sin embargo, ese optimismo había desaparecido. Los milagros que ofrecía la fe comunista brillaban cada vez más por su ausencia —sobre todo para quienes estaban obligados a vivir bajo regímenes comunistas. Países grises, tristes y autoritarios, reñidos con la pluralidad natural de los seres humanos y aislados de los adelantos tecnológicos que proliferaban en Occidente, experimentaban ya el agotamiento característico de las sociedades privadas de libertad.
Cuando Mijail Gorbachov decidió abrir alguna ventana en aquel lúgubre caserón soviético para que entrara algo de aire fresco (glasnost y perestroika significan respectivamente “transparencia” y “restructuración”), la estructura comenzó a desmoronarse.
Gorbachov intentó renovar un sistema cada vez más agotado, pero lo cierto es que éste era difícilmente recuperable. A fin de cuentas, el comunismo no puede sobrevivir sin imponerse contra la voluntad de la gente. No se puede ir eternamente contra la voluntad de la gente.
De repente, ante una verdad evidente para —casi— todos, y frente a unas fuerzas de seguridad cada vez más reacias a reprimir a quienes con razón demandaban algo de aire fresco, las protestas a favor de un cambio proliferaron por doquier. Se extendieron a los países del Pacto de Varsovia, donde anteriormente habían sido aplastadas de modo inmisericorde (Budapest 1956; Praga 1968; Danzig 1980), incluso, mediante la invasión del Ejército Rojo.
No sólo Gorbachov en Moscú, sino también las cabezas de los partidos comunistas en Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental y otros países decidieron que lo mejor era transar con los partidarios del cambio indetenible. En varios de estos países, el talante liberal que caracterizó a sus sociedades durante el pasado pre-comunista seguía ejerciendo un peso cultural determinante.
Los líderes de aquellos vetustos aparatos comunistas iniciaron entonces complejas conversaciones con los líderes de las protestas. Evitaron así que la sangre volviera a correr como en ocasiones anteriores. Lograron concertar procesos de cambio pacífico y democratizador. Negociaron su nuevo status y en ocasiones participaron de la construcción del nuevo orden político.
Gracias al afinado olfato político de estos viejos zorros soviéticos, y a su prudente apertura de compuertas, las masas estallaron de felicidad y no de rabia. Sobre todo en Berlín, donde la opresión había adquirido la forma de un oprobioso muro que separó durante décadas a numerosas familias alemanas, los abrazos se convirtieron en el símbolo de estas transiciones.
Hubo una excepción: la Rumania de Nicolae Ceaușescu y su esposa Elena.
Calcularon que las fuerzas de seguridad que con puño de hierro los habían mantenido en el poder desde 1965 los protegerían incondicionalmente de esos manifestantes que gritaban “¡Libertad, abajo el comunismo!”. Durante unos días, el balance de una terrible represión pareció darles la razón, pero a la postre se equivocaron. El ejército se les volteó. Y su error de cálculo les costó la vida.
¿Dónde están las Actas Electorales? Si las Actas no han aparecido, es Responsabilidad Absoluta del Ministro, del Jefe del CEOFAN y el Alto Mando Militar.
“En mis 30 años como periodista, este es el peor momento de censura en Venezuela”, explica a Infobae una reconocida profesional. “Yo prefiero guardarme unos días más”, dice otro colega que solía compartir sus análisis de la realidad política en el país.
Por: Fernanda Kobelinsky – Infobae
Es que desde el fraude electoral del 28 de julio pasado, la represión del régimen de Maduro se profundizó escandalosamente. Ya ningún periodista firma sus artículos en Venezuela y salir a la calle para informar sobre la brutal represión se volvió una trampa mortal. En las últimas horas, por ejemplo, cuatro periodistas fueron encarcelados y acusados formalmente de”terrorismo” por la Justicia chavista
Maduro cerró X (ex Twitter) en principio por 10 días, amenaza con bloquear TikTok e Instagram, prohibió Signal y exige que se desinstale WhatsApp de todos los celulares. Las redes sociales son el único lugar donde los venezolanos pueden buscar información fidedigna, ya que los medios de comunicación tradicionales están cooptados por el régimen. El escenario era complicado antes del 28 de julio, pero ahora se volvió muy peligroso para los periodistas…
En este contexto surgió una innovadora estrategia impulsada por una alianza de medios venezolanos y extranjeros, y apoyada por organizaciones civiles de comunicación orientadas a la libertad de información y a la verificación de datos: usar inteligencia artificial.
Así, desde el martes “la Chama” y “el Pana”, avatares creados con IA, son los encargados de acercar esa valiosa información, verificada y curada por prestigiosos medios venezolanos, para que circule dentro y fuera del país en formato video. El contenido se llama #OperaciónRetuit, y se distribuye dentro y fuera del país por distintas vías. “La idea es que otros fuera y dentro de Venezuela sean nuestra voz”, explican a Infobae.
Ni “la Chama” ni “el Pana” pretenden ser lo que no son: desde el primer video la situación es transparente. Todo el tiempo queda claro que se recurrió a presentadores creados con inteligencia artificial porque los periodistas no pueden hablar a cámara sin ser perseguidos, secuestrados y encarcelados. No hay garantías para nadie.
“Fuimos generados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados, de calidad y creados por periodistas”, explican en su primer envío. Y agregan: “Como es conocido desde la jornada electoral del pasado 28 de julio, en Venezuela, se incrementó la persecución y la represión contra todo aquel que el gobierno considere que no piense como el oficialismo o que lo vea como contradictor. Entonces, por medidas de seguridad usaremos la inteligencia artificial para difundir información de una docena de medios independientes venezolanos que son parte de las iniciativas Venezuela Vota y la Hora de Venezuela, que además han logrado reunir un centenar de medios internacionales en 13 países”.
El objetivo de “Operación retuit” es proteger a los periodistas, informar y que el valioso material periodístico independiente llegue a la mayor cantidad de audiencia posible a través de sus replicadores nacionales e internacionales.
El proyecto recién comienza: habrá noticiero, piezas sobre temas específicos y la distribución de la “noticia del día”. Es una iniciativa colaborativa en la que todos los miembros de la alianza debaten en reuniones virtuales diarias cómo desarrollar el material.
Durante las últimas décadas, el chavismo se ha servido de los recursos del Estado para imponer su voz. Primero recurrió a estrategias convencionales, como disponer de los recursos públicos, principalmente los de PDVSA, la petrolera estatal, para otorgar y comprar espacios en los medios de comunicación que se iban comprometiendo con su línea editorial. Una vez que tuvo medios sumisos, fue por más y comenzó a comprar los medios más antiguos y grandes del país a través de testaferros. Los que se resistían, como Radio Caracas Televisión, se toparon con la fuerza del régimen y fueron obligados a cerrar.
Cuando comprar los medios no fue suficiente, comenzó a limitarse la distribución de papel para los periódicos. Las restricciones de acceso a ese insumo básico para los diarios, justificadas en la falta de divisas, llevaron a que, con el cese de la edición impresa de El Nacional en 2018, ya no quede ningún diario en papel de alcance nacional no alineado con el chavismo.
En Venezuela los periodistas y los medios sobreviven en un ecosistema dominado por el terror, donde la autocensura es un mecanismo de defensa habitual.
En 2017, Maduro sumó otro método de censura: la ley contra el odio. Aprobada por unanimidad por la Asamblea Constituyente erigida ilegalmente para quitarle poder a la Asamblea Nacional que había ganado la mayoría absoluta del Parlamento en 2015, la norma fija penas de hasta 20 años de cárcel y otras sanciones como multas a empresas y medios electrónicos, proscripción de partidos políticos y clausura de medios de comunicación a quienes difundan mensajes de odio. Es tan amplio el concepto “odio” que el régimen lo usa para todo…
De acuerdo con Maduro, el propósito de la ley es “el reencuentro, la reunificación y la paz de todos los venezolanos” sin embargo, se ha tranmsformado en herramienta jurídica que busca silenciar y castigar opiniones opositoras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que la ley que establece “sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, se contradice con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
Desde las elecciones del 28 de julio, la cacería chavista se intensificó. El régimen rastrea la actividad de sus ciudadanos en las redes, detiene gente por sus posteos y secuestra dirigentes opositores.
En las próximas horas, de hecho, se espera que Maduro dé un paso más y sancione la tan anunciada “ley contra el fascismo”, una amplia norma que el régimen usará a discrecionalidad para la persecución, ya que prohíbe “la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política”. Con la Justicia adicta a la dictadura madurista, la aplicación de esta norma será una herramienta más para la censura.
A “la Chama” y “al Pana” no los pueden meter presos ni torturar… Y, por ahora, tampoco los pueden silenciar.
Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), foro internacional no gubernamental que integran 37 ex Jefes de Estado y de Gobierno, rechaza que los gobiernos de Brasil, Colombia y México toleren a la dictadura venezolana y hasta se pretenda auspiciar nuevas elecciones.
El excandidato presidencial Enrique Márquez anunció este miércoles 14 de agosto que acudirá a la Fiscalía General de la República para solicitar una investigación penal contra los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por las irregularidades en la publicación de las actas y la suspensión de auditorías que podrían despejar las dudas sobre el controversial resultado electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro.
«Estamos pidiéndole al fiscal general de la República que haga la investigación y si encuentran delitos, acusen penalmente y generen el antejuicio de mérito correspondiente contra estos cinco ciudadanos que están jugando con el futuro de nuestra patria. Este documento lo haremos público una vez consignado en unos minutos ante la Fiscalía», dijo Márquez en declaraciones a los medios de comunicación.
Nulo el proceso ante el TSJ
El dirigente político señaló que acudió a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para hacerle seguimiento al recurso contencioso introducido por Nicolás Maduro.
«Debemos decir que no vemos bien lo que está pasando allí, no hay acceso al expediente, aun después de todas las actuaciones que se han llevado a cabo, no nos han dado copia del recurso introducido», indicó.
Por esta razón, el excandidato pidió que se declare nulo todo el proceso interpuesto por Maduro ante la Sala Electoral del TSJ.
«La admisión fue un error, pero el proceso en sí es un gravísimo error. Es algo que atenta contra los electores. (…) Exigimos que la sala nos dé respuesta, tiene que dar respuesta porque si no estaría en denegación de justicia», dijo
Instó a la Sala Electoral a que ordene el conteo de las papeletas con la presencia de testigos nacionales e internacionales.
«Queremos ver 100% de las urnas electorales, las queremos ver y abrirlas en presencia de testigos. Que las abra el CNE, ¿o es que las cajas también fueron hackeadas? Esta es la medida más sana y jurídicamente más válida», concluyó Márquez.
El Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro asegurando que el candidato oficialista obtuvo 6.408.844 votos (51,95%), mientras que el aspirante de la Unidad, Edmundo González, sumó 5.326.104 sufragios (43,18%).
Sin embargo, la oposición afirma tener más de 81% de las actas escrutadas que comprobarían la victoria del abanderado de la Unidad con 7.156.462 sufragios frente a los 3.241.461 del Gran Polo Patriótico.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha cometido un fraude masivo, al anunciar resultados electorales falsos para dar ganador a Nicolás Maduro, aunque de acuerdo a las actas de escrutinio quien resultó electo fue el opositor Edmundo González.
Para intentar darle legitimidad a un proceso fraudulento, el CNE y la Cancillería invitaron a centenares de militantes de partidos afines al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en calidad de “observadores”, “veedores” o “acompañantes” internacionales, aunque no tenían ninguna preparación para ello.
Gran parte de ellos viajaron a Caracas para participar en el encuentro “II Alternativa Social Mundial: la organización de los pueblos es una factor para la autodeterminación”, organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y celebrado días antes de las elecciones.
De manera que el gobierno de Nicolás Maduro anunció la participación de centenares de observadores electorales, aunque realmente eran militantes que viajaron para apoyar su reelección y contribuir con una narrativa de normalidad en el contexto electoral, a pesar de las graves irregularidades que marcaron el proceso.
Muchas de estas personas se mostraron muy activas en redes sociales, antes, durante y después de la jornada electoral, asegurando que se trataba de unas elecciones que cumplían con los estándares democráticos, aunque la mayoría de ellas no podían ocultar su apoyo a Maduro.
De acuerdo a la organización European Platform for Democratic Elections, la observación electoral falsa es “una forma de actividad política realizada por actores internacionales y dirigida a promover los intereses de los políticos y las fuerzas políticas imitando un monitoreo electoral creíble durante los procesos electorales” con el objetivo de encubrir el fraude electoral ante audiencias nacionales e internacionales, legitimar procesos electorales considerados ilegítimos por la comunidad internacional, deslegitimar y debilitar la institución de elecciones libres y justas, subvertir y/o relativizar los resultados de una observación electoral creíble, debilitar a los rivales políticos y construir redes de influencia.
Los falsos observadores electorales que viajaron a Venezuela están usando sus redes de influencia para apoyar el fraude masivo del CNE y desconocer la voluntad de los venezolanos. Aunque la autoridad electoral no ha presentado las actas de escrutinio de las más de 30 mil mesas de votación, algo que debió ocurrir en las primeras 48 horas luego de la elección, los falsos observadores aseguran que los resultados son verídicos y que las actas recopiladas por la oposición son falsas.
La labor de los falsos observadores contribuye a la prolongación del conflicto que ha dejado como saldo al menos 24 asesinatos, más de mil detenidos, muchos de ellos constituyendo casos de desapariciones forzadas, y priva al país de la posibilidad de una transición hacia la democracia.
El equipo de Transparencia Electoral identificó a cerca de cien de ellos, de qué países provenían, a qué organizaciones representaban y qué declaraciones dieron posteriormente para intentar legitimar el fraude.
Desde Transparencia Electoral instamos a los países democráticos a no acreditar bajo la figura de observadores, veedores o acompañantes electorales a los falsos observadores anteriormente identificados, y a establecer filtros de selección y códigos de conducta estrictos para quienes pretendan ejercer la labor de observación electoral.
El gobierno de Estados Unidos aseguró este miércoles 14 de agosto, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado los resultados detallados de la elección presidencial del pasado 28 de julio, porque “demostrarían que el líder opositor Edmundo González Urrutia ganó”.
“Más de dos semanas después de las elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro aún no ha aclarado los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Ayer, el panel de expertos de la ONU que estuvo recientemente en Venezuela publicó sus resultados provisionales, y los animo a todos a que echen un vistazo al informe en línea cuando tengan un momento”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre .
La vocera estadounidense destacó el informe del panel de expertos de las Naciones Unidas que señala que la gestión de resultados hecha por el CNE tras la elección del pasado 28 de julio careció de las “medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles”.
“Está muy claro para la mayoría del pueblo venezolano, Estados Unidos y un número creciente de países, que el CNE no ha proporcionado votos completos, detallados y contados porque demostrarían que Edmundo González Urrutia ganó la votación”, expresó.
Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca subrayó una de las conclusiones del informe, que menciona que “el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos. En la experiencia del Panel, el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas”.
Por último, reiteró que “Maduro debe reconocerlo y entablar un diálogo constructivo, inclusivo y de buena fe con la oposición para restaurar las normas democráticas pacíficamente de conformidad con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo”.
El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, anunció que se levantará el control del precio del arroz, ante el desabastecimiento de arroz de primera en los mercados nacionales.
Con esto, están acabando con el control de un producto que no existe en el mercado, ya que los márgenes del arroz de primera en el mercado debe andar alrededor del 50%, pero a nivel nacional están en menos del 7%.
“No es justo que los consumidores deban comprar un arroz de mala calidad y el gobierno gastando el dinero en un subsidio de algo que realmente no existe y no se está vendiendo”, expresó Moltó.
Recalcó que el arroz que se está vendiendo hoy día no es el arroz subsidiado y agregó que no hay razón para que el precio del arroz suba, ni que se especule.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, subrayó que a partir del 30 de abril del 2025 no habrá más incentivo para los arroceros ante el desabastecimiento de arroz de primera.
Agregó que están realizando todas las auditorías de los expedientes de los rubros de arroz, maíz y leche para hacerle el pago atrasado a los productores que rondan entre los 45 a 50 millones de dólares atrasados.
En tanto, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, recalcó que van a ser garantes de que el arroz de primera, y barato, llegue al pueblo, para ello, establecerán las ferias con un modelo que van a implementar para que llegue a todas las comunidades.
También, están programando un estudio dentro de tres lugares del país para crear molinos con silos.