La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció este martes que el dictador Nicolás Maduro busca convertir a los ciudadanos de las comunidades en “enemigos unos de otros” mediante la figura de “delatores,” en alusión a los canales oficiales que promueven reportar a quienes protesten contra el resultado oficial de los comicios presidenciales, que dieron como ganador al régimen chavista de forma fraudulenta.

EFE

“Quieren crear barreras en nuestras comunidades con esas denuncias que nos buscan convertir, artificialmente, en enemigos unos de otros (…). Quieren crear sapos, delatores, que traicionen a sus vecinos, al hermano con el que han vivido toda la vida (…), pero no lo van a lograr”, expresó la líder opositora a través de un video en X.

Machado también destacó la importancia de la organización ciudadana en las elecciones, subrayando que los testigos electorales lograron reunir el “83,5 % de las actas” que demuestran la victoria del opositor Edmundo González Urrutia, aunque la dictadura desestima estos documentos, considerándolos falsos.

“Los invito a seguir superando todos los obstáculos que el régimen con su terror nos pone, para que sigamos organizados y, ahora superando el miedo, nos volvamos a reunir en torno a nuestros comanditos (los grupos de organización política de la campaña de la mayor coalición opositora) y a las miles de organizaciones ciudadanas”, afirmó Machado.

El lunes, el fiscal general impuesto por Nicolás Maduro, Tarek William Saab informó sobre la muerte de 25 personas durante las protestas poselectorales, atribuyendo “todas” las muertes a “grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados ‘comanditos’,” a los que acusa de incitar a la violencia y causar daños materiales.

El régimen madurista también informó haber recibido reportes ciudadanos a través de una aplicación digital creada por el Estado venezolano, con detalles sobre 22 de las 25 muertes reportadas por la Fiscalía.

Por su parte, Machado alertó sobre “la crueldad del régimen” y pidió a los ciudadanos continuar comunicándose y “mantener la protesta cívica.”

“Sigamos organizándonos como hasta ahora, pero con más cuidado, inteligencia y determinación. Este es el camino para evitar que nos roben”, insistió la líder opositora.

Este martes, el panel de expertos de la ONU que participó en las elecciones de Venezuela concluyó en un comunicado que “el proceso de gestión de resultados por parte del CNE (Consejo Nacional Electoral) no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad esenciales para la realización de elecciones creíbles,” una opinión compartida por otros observadores y Gobiernos extranjeros.

Hasta el momento, otras delegaciones invitadas por el CNE, como la del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y diversas organizaciones africanas, no se han pronunciado públicamente.

Protesta mundial

La oposición venezolana convocó a nuevas movilizaciones para el próximo sábado 17 de agosto para reivindicar su victoria en las elecciones del 28 de julio.

“Este sábado 17 de agosto vamos a tomar las calles de Venezuela y el mundo, donde haya un venezolano allí estaremos juntos (…) gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular”, dijo la líder opositora María Corina Machado en un video divulgado en redes sociales.

Machado, vetada en televisoras y radios locales, invitó a divulgar por redes sociales su llamado a una “gran protesta mundial por la verdad” y llamó a venezolanos dentro y fuera del país a sumarse.

“Recuerda, ganamos, ganó Venezuela (…) nos vemos el 17″, añadió por su parte Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en los comicios celebrados el 28 de julio.

La Plataforma Unitaria Democrática llamó a los venezolanos en el exterior -unos 7,7 millones, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V)- a exigir el respeto a “los resultados del 28 de julio”, que la PUD basa en el “83,5%” de las actas que asegura haber recogido gracias a testigos y miembros de mesa.

“Nos movilizamos en todo el mundo. Imprime tu acta y llévala con tu bandera”, se lee en uno de los volantes digitales difundidos por el bloque antichavista, que -agregó- “donde hay un venezolano, hay una voz por la libertad”.

Entre las ciudades latinoamericanas convocadas están Bogotá, Cúcuta (Colombia); Brasilia (Brasil), Quito, Guayaquil (Ecuador); Montevideo (Uruguay), Asunción (Paraguay), San Salvador (El Salvador), Punta Cana (República Dominicana) y Ciudad de México (México).

También están previstas concentraciones en Washington, Miami, Nueva York (Estados Unidos); en Madrid, Barcelona (España), Ámsterdam (Países Bajos), Bruselas (Bélgica), Lisboa (Portugal), Roma (Italia), Londres (Reino Unido), Marsella (Francia) y Melbourne (Australia).

Junto con el control total del aparato estatal, la manipulación de las necesidades materiales de la población y el uso de violencia extrema contra los opositores, el régimen de Maduro ha sostenido su poder sobre una narrativa respaldada por un sistema comunicacional hegemónico, que presenta al chavismo como representante mayoritario del pueblo venezolano, especialmente de los sectores populares.

Por: Ramón Cardozo – DW

El escrutinio de las elecciones presidenciales del 28 de julio no solo ha echado por tierra esta falsa narrativa, sino que las burdas maniobras del régimen torciendo de forma fraudulenta los resultados electorales provocaron el estupor y la indignación de la población venezolana, la cual durante varios días salió a las calles de Venezuelapara manifestar su claro rechazo y exigir que se proclamara Edmundo González como presidente de la república.

Ante la legítima reacción de la sociedad venezolana, el régimen de Maduro ha recurrido a la aplicación masiva de la fuerza con el objetivo de desmovilizar lo antes posible las protestas ciudadanas. Todo indica que su propósito es ganar tiempo para que, en violación del Estado de derecho, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, bajo su control, descalifique las actas electorales recabadas por la oposición, que dan como ganador a Edmundo González,y ratifique la proclamación infundada de Nicolás Maduro realizada por el CNE.

Numerosos detenidos

En un periodo de apenas nueve días, del 29 de julio al 6 de agosto, las fuerzas gubernamentales han privado de libertad a 2.229 ciudadanos acusándolos de terrorismo, según declaraciones del propio Nicolás Maduro. Esta cifra de arrestos masivos en tan corto espacio de tiempo, comparada con los 2.553 arrestos documentados por PROVEA durante los 134 días de protestas en 2017, evidencia un recrudecimiento sin precedentes en la intensidad represiva del régimen. En poco más de una semana, el régimen de Maduro ha detenido a un número de ciudadanos equivalente al 87% de los arrestados durante los más de cuatro meses de intensas protestas en 2017.

Los detenidos abarcan un amplio espectro de ciudadanos, incluyendo alcaldes, periodistas, líderes políticos, defensores de derechos humanos y ciudadanos que participaron en el proceso de recogida de las actas de escrutinio. Hasta el momento, los organismos de seguridad del Estado han arrestado a cinco alcaldes: Rigoberto Ovallos, del municipio Antonio Rómulo Costa; José Mosquera, de Lagunillas; Yonnhy Liscano, de Ayacucho; Jordan Sifuentes, de Mejía; y Fernando Feo, de Tinaquillo. También se encuentran privados de libertad los líderes de partidos políticos de oposición: Freddy Superlano y Roland Carreño, de Voluntad Popular; María Oropeza y Andrés Ruiz, de Vente Venezuela; Rita Capri y David Villarroel, de Primero Justicia; y Carlos Chancellor y Rafael Sivira, de La Causa R. Igualmente, la activista de derechos humanos Edni López fue apresada de manera arbitraria en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado que siete trabajadores de la prensa, entre periodistas y reporteros gráficos, han sido encarcelados desde el pasado 29 de julio.

Organizaciones de defensa de derechos humanos denuncian que la gran mayoría de los detenidos son acusados de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. Estos delitos, además de ser castigados con penas muy altas, impiden que las personas puedan ser juzgadas en libertad. A estos detenidos el régimen les está negando el derecho a la defensa privada o a contar con abogados de las ONG. Estas organizaciones también denuncian la gran opacidad sobre el lugar de reclusión y las condiciones en que se encuentran los detenidos a raíz de las protestas postelectorales. El pasado martes 6 de agosto, Nicolás Maduro anunció que todos los apresados hasta el momento serán trasladados el próximo sábado 10, a las cárceles de «máxima seguridad” de Tocorón, en el estado Aragua, y Tocuyito, en el estado Carabobo, donde serán sometidos a trabajos y a procesos de «reeducación”.

Represión se concentra en zonas populares

En esta ocasión, la violenta política represiva del régimen frente a las legítimas protestas ciudadanas se ha enfocado en las zonas populares donde se iniciaron las protestas el 29 de julio, luego de que el CNE proclamara a Nicolás Maduro como vencedor de los comicios presidenciales. De acuerdo con Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, más del 90% de los ciudadanos detenidos son habitantes de estas humildes zonas y, por lo tanto, son personas muy vulnerables que cuentan con escasos recursos para enfrentar y defenderse legalmente ante estos arbitrarios procesos estatales.

Estas zonas populares no solo han sido objeto de brutal represión militar y policial, sino que también han quedado a merced de la violencia de los colectivos chavistas. Estos grupos paramilitares, bajo el amparo del concepto madurista de «unión cívico-militar-policial perfecta», ejercen un control territorial fuerte y violento en muchas barriadas populares del país. En los días posteriores a la elección presidencial, estos grupos armados han acompañado a la Policía Nacional en la represión de las protestas en las zonas populares y han sido directamente responsables de muchas de las víctimas fatales.

Represión mortal: 23 vidas perdidas

La ola de violencia y represión desatada por el régimen no solo ha resultado en arrestos masivos, sino que también han producido hasta el momento casi un centenar de heridos y ha cobrado la vida de 23 venezolanos. De acuerdo con el portal Monitor de Víctimas, la responsabilidad de estas muertes se distribuye de la siguiente manera: seis víctimas fueron asesinadas por colectivos (grupos paramilitares afines al régimen); ocho perdieron la vida a manos de las fuerzas militares; dos fueron abatidas por la policía; una murió en una acción conjunta de la policía y los colectivos; y en seis casos, los responsables aún no han sido determinados.

La brutalidad de esta represión política se evidencia en el hecho de que al menos tres de las víctimas fueron asesinadas con disparos de arma de fuego por la espalda, mientras que diez recibieron impactos letales en el cuello y la cabeza, indicando una clara intención de causar muertes y no de controlar las protestas.

Intimidación y acoso a la sociedad 

A pesar de los llamamientos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, España y Portugal, que exigen que en Venezuela se respete el derecho de los ciudadanos a protestar y reunirse, el régimen de Maduro ha ordenado intensificar el control policial y militar sobre la población.

El pasado lunes 5 de agosto, la Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo Gonzálezpor el presunto delito de «instigación a la insurrección». Esto ocurrió luego de que estos dirigentes emitieran un comunicado conjunto en el que pedían a los miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales que cumplan con sus deberes institucionales y se abstengan de reprimir al pueblo venezolano.

En paralelo a las medidas de violencia y represión, el régimen está implementando diversas tácticas de intimidación y acoso contra los ciudadanos. Estas incluyen la anulación de pasaportes de numerosos líderes políticos y activistas sociales; la inspección de teléfonos celulares de transeúntes por parte de las fuerzas de seguridad, en busca de indicios de actividades antigubernamentales; el bloqueo o eliminación del uso de redes sociales como WhatsApp y X en el país; y el fomento del uso de herramientas digitales para que simpatizantes del gobierno denuncien a ciudadanos que hayan participado en protestas o que estén vinculados a la oposición

Aunque todas estas acciones coercitivas han logrado, en cierta medida, reducir la protesta social en espacios públicos y mantener un control temporal sobre la población venezolana, es demasiado tarde para ocultar un hecho ya conocido mundialmente: Maduro perdió las elecciones presidenciales. De hecho, cada acto de represión masiva, especialmente contra sectores populares, solo deja aún más claro ante la comunidad internacional el profundo rechazo de la población venezolana hacia el régimen de Nicolás Maduro. Su mandato, ahora más que nunca despojado de justicia y legitimidad, se sostiene únicamente en la mentira y la fuerza bruta.

En un comunicado emitido por el régimen de Nicolás Maduro, en el que rechazó el “Informe Preliminar” del Panel de Expertos Electorales de la ONU, la dictadura chavista confirma que las autoridades venezolanas realizaron espionaje ilegal durante la visita de los expertos.

Infobae

El documento oficial acusa al Panel de Expertos de tener contactos frecuentes con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que según el régimen, convertiría sus declaraciones en producto de instrucciones hostiles emanadas de la nación norteamericana.

Este hecho, en caso de ser cierto, demuestra que la dictadura estaría vigilando e interviniendo las conversaciones que los expertos tuvieron durante su estadía en el país caribeño.

Este es el fragmento en cuestión: “Llama la atención que durante su estadía en Venezuela, los integrantes de este fingido panel de expertos tuvieron frecuentes contactos directos, vía telefónica y a través de videoconferencias, con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos”.

El informe de la ONU criticado por el régimen de Nicolás Maduro menciona que los expertos Domenico Tuccinardi (italiano y jefe de la delegación), Fernanda Abreu (portuguesa), Roly Dávila (guatemalteco) y Maria de Lourdes González (mexicana) tuvieron acceso a todas las fases del proceso electoral, en las cuales Maduro fue declarado de forma fraudulenta como el ganador. Sin embargo, el comunicado oficial denuncia que los expertos emitieron “opiniones irresponsables y sirvieron a intereses golpistas de la ultraderecha venezolana”, interactuando con estos líderes antes, durante y después de las elecciones.

El régimen venezolano afirmó que el informe “difunde una serie de mentiras, violando en contenido y método, no sólo los principios que rigen el funcionamiento de los grupos de expertos, sino los propios Términos de Referencia suscritos con el Poder Electoral venezolano”. Este rechazo señala, según ellos, un acto de propaganda.

La actitud de los expertos fue calificada como poco ética y profesional por el régimen de Maduro. Según el comunicado, el accionar de estos individuos “ha dejado una huella negativa y ha impulsado una agenda violenta con el objetivo de dañar la democracia venezolana y sembrar dudas sobre el funcionamiento de sus instituciones”.

La ONU ha sido objeto de críticas desde la dictadura de Maduro que realizó un seguimiento a las comunicaciones de los expertos durante su estadía en Venezuela y revela un nivel de espionaje que el régimen ha empleado contra los observadores internacionales.

Este evento ha suscitado reacciones adversas y numerosos debates en la comunidad internacional sobre la situación en Venezuela y el rigor con el que se llevan a cabo las misiones de observación de la ONU. A pesar de las acusaciones del régimen, los expertos de la ONU mantuvieron que su trabajo fue realizado de manera justa y con el objetivo de revisar imparcialmente el proceso electoral.

Vladimir Petit Medina conversa con Patricia Poleo en su programa Factores de Poder, en donde realiza un análisis académico de la situación venezolana que cataloga como «un gobierno inviable».

El Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas (ONU) publicó este martes un lapidario informe que lamentó la falta de “transparencia e integridad” en la elección presidencial del pasado 28 de julio. Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

La Patilla

Inicialmente, el informe iba a ser entregado solo al Secretario General de la ONU, António Guterres, y a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, debido a la crisis desatada en el país luego de la cuestionada proclamación de Nicolás Maduro, la misión enviada a Caracas decidió hacerlo público.

El texto subrayó que “el CNE no publicó, y aún no ha publicado, ningún resultado (o resultados desglosados por mesa de votación) para respaldar sus anuncios orales, según se contempla en el marco legal electoral”.

El panel denunció también que el proceso de totalización fue paralizado de forma abrupta y el CNE se negó a realizar tres auditorías clave, incluida una que pudo haber descartado la teoría del supuesto “ataque cibernético”.

Asimismo, apuntó que “el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas”.

Por si fuera poco, el panel comentó que, después del anuncio de resultados, “a pesar de una solicitud enviada por nota verbal, no pudo reunirse con la Junta Directiva del CNE antes de su partida”.

A continuación, el informe íntegro presentado por el Panel de Expertos Electorales de la ONU:

**Informe preliminar**

Panel de Expertos de la ONU – Elección presidencial de Venezuela del 28 de julio de 2024

1. Por invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, y en el marco del Acuerdo de Barbados de octubre de 2023, el Panel de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesto por cuatro expertos electorales, estuvo desplegado a Venezuela, desde finales de junio hasta el 2 de agosto de 2024, para la elección presidencial celebrada el 28 de julio de 2024. Su objetivo era dar seguimiento y reportar internamente al Secretario General de la ONU sobre el proceso electoral, y hacer recomendaciones para futuras mejoras. El Panel no era una misión de observación y, a diferencia de las misiones de observación electoral, no fue establecido para emitir públicamente una evaluación sobre el resultado de la elección.

2. El Panel presenta en este informe algunas de sus conclusiones preliminares, centradas en el día de la elección y en la gestión y anuncio de los resultados. El Panel continúa dando seguimiento y analizando remotamente el proceso, específicamente, la tramitación de las reclamaciones y apelaciones electorales. El informe completo del Panel también abordará el marco legal de las elecciones, el registro de votantes, la inscripción de candidatos, el contexto de la campaña, la administración electoral y la participación política de las mujeres.

3. La elección estuvo dominada por la contienda entre el candidato oficialista, el presidente Nicolás Maduro, y el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición, Edmundo González Urrutia. No hubo mujeres candidatas en la boleta.

4. El período preelectoral estuvo marcado por continuas restricciones al espacio cívico y político. La campaña del gobierno dominó los medios de comunicación estatales, con acceso muy limitado para los candidatos de la oposición. Numerosas restricciones al derecho a postularse para cargos públicos se mantuvieron vigentes para varias figuras políticas prominentes. A pesar de la ausencia de igualdad de condiciones, el período preelectoral se desarrolló en general de manera pacífica, en medio de un entusiasmo renovado.

5. El Panel también tomó nota de otros elementos que determinaron el contexto de la elección y cómo sus contendientes percibieron su participación. Por ejemplo, el candidato oficialista y la campaña del partido de gobierno enfatizaron las sanciones económicas y financieras impuestas a Venezuela, y describieron la elección como una carrera injusta en la que el presidente se encontraba en desventaja.

6. El día de la elección, el domingo 28 de julio de 2024, se desarrolló en un ambiente predominantemente pacífico y estuvo bien organizado logísticamente. El CNE pudo detectar y resolver rápidamente la gran mayoría de los pequeños problemas técnicos que se reportaron durante el día. En general, los votantes se mostraron pacientes y con entusiasmo por participar, a pesar de los largos tiempos de espera y los reportes de cambios de último momento de las mesas de votación que les habían sido asignadas.

7. El CNE reportó una participación del 59,97% de los votantes registrados. Los partidos de oposición reportaron cifras similares de participación. Esto representa un aumento significativo respecto de las elecciones presidenciales de 2018 (45,74%). Si se considera únicamente a los votantes registrados presentes en el país, el nivel de participación sería aún mayor.

8. Como reconocieron todos los contendientes, el sistema de votación electrónica estaba bien diseñado y era confiable, y estaba programado para funcionar con importantes procedimientos de auditoría y la difusión de protocolos de resultados (actas) en las mesas de votación. El CNE también había implementado un mecanismo robusto para el proceso de transmisión de resultados: la transmisión digital de resultados desde cada máquina de votación al centro principal de tabulación del CNE, con varios niveles de protección contra conexiones no autorizadas y ciberataques.

9. La transmisión electrónica de resultados funcionó bien inicialmente, pero se detuvo bruscamente en las horas posteriores al cierre de las mesas de votación, sin que se proporcionara información o explicación alguna a los candidatos en ese momento, ni al Panel. Al momento de anunciar los resultados, el presidente del CNE declaró que un ciberataque terrorista había afectado la transmisión y había causado un retraso en el proceso de tabulación. Sin embargo, el CNE pospuso y posteriormente canceló tres auditorías post electorales clave, incluyendo una sobre el sistema de comunicación que podría haber arrojado luces sobre la ocurrencia de ataques externos contra la infraestructura de transmisión.

10. En las primeras horas del 29 de julio de 2024, el presidente del CNE anunció oralmente que el presidente Nicolás Maduro había ganado la elección con 5.150.092 votos (51,2%), seguido por Edmundo González con 4.445.978 votos (44,2%), afirmando que se habían recibido resultados del 80% de las mesas de votación. El 2 de agosto, el CNE confirmó al presidente Maduro como ganador con 6.408.844 votos (51,95%), seguido por González con 5.326.104 votos (43,18%), basándose en lo que según el CNE eran el 96,97% de los resultados de las mesas. Los anuncios de resultados consistieron en comunicaciones orales sin apoyo infográfico. El CNE no publicó, y aún no ha publicado, ningún resultado (o resultados desglosados por mesa de votación) para respaldar sus anuncios orales, según se contempla en el marco legal electoral.

11. El CNE puso en marcha medidas para la producción de protocolos de resultados impresos (actas), a nivel de las mesas de votación. Esta fue una medida de salvaguardia clave de transparencia (es decir, una prueba documental en papel), con varios elementos de seguridad como códigos QR y códigos de comprobación con firmas únicas, así como firmas físicas de funcionarios y agentes. Estas características de seguridad, en su conjunto, parecen ser muy difíciles de falsificar. El marco legal estipula que cada protocolo original impreso debe ser sellado y resguardado por los militares. Copias de los mismos debían ser distribuidos a los funcionarios de las mesas de votación, agentes de los partidos y observadores acreditados. Sin embargo, el Panel recibió varios informes de que se había impedido a los agentes de los partidos de oposición obtener dicha copia. Además, a pesar de garantizar que lo haría, el CNE no ha publicado estos protocolos de resultados (actas).

12. El Panel revisó una pequeña muestra de los documentos que actualmente son de dominio público (incluidos aquellos publicados en línea por la oposición) y que son reportados como protocolos (actas) de resultados de diversas mesas de votación. Todos aquellos que fueron revisados exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados. Esto sugiere que una medida de salvaguardia clave de transparencia estaría disponible, como estaba previsto, respecto a cualquier resultado publicado oficialmente. (El Panel no se propuso verificar o revisar el total de los votos).

13. En resumen, el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos. En la experiencia del Panel, el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza del resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano.

14. El 31 de julio de 2024, el presidente Maduro presentó un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, aparentemente buscando una revisión del proceso y la verificación de los resultados. El 6 de agosto de 2024, la Sala Electoral confirmó que había recibido del CNE los protocolos de resultados y otra documentación solicitada. Anunció que procederá a un proceso de peritaje de la documentación presentada por el CNE. No hay información detallada disponible hasta la fecha sobre cómo se llevará a cabo esta evaluación.

15. A pesar de que las cifras de fuentes nacionales varían y que el Panel no intentó verificar su exactitud, el Panel tomó nota de los informes que afirman que más de 20 personas murieron, incluyendo un soldado, y que más de 1.000 personas fueron detenidas entre el 29 de julio y el 2 de agosto de 2024 como resultado de las protestas tras el anuncio de los resultados. Las cifras reportadas han seguido aumentando. El Panel también recibió informes de amenazas e intimidación contra agentes de partidos políticos y oficiales de mesas de votación.

16. Las autoridades venezolanas cooperaron y apoyaron el despliegue del Panel. El Panel pudo interactuar con una amplia gama de interlocutores y siguió las principales etapas del proceso electoral. El Panel también mantuvo un diálogo constructivo e intercambios positivos con el CNE hasta el cierre de las urnas el 28 de julio. Después de ese momento, el Panel, lamentablemente, y a pesar de una solicitud enviada por nota verbal, no pudo reunirse con la Junta Directiva del CNE antes de su partida.

9 de agosto de 2024