Armando Esteban Quito

PALABRAS DE RAFAEL TOMÁS CALDERA AL RECIBIR EL PREMIO VALORES DEMOCRÁTICOS “FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO, S. J.” EN LA CATEGORÍA LIBERTAD DE PENSAMIENTO (21 ABRIL 2026) DE LA UCAB.

Al agradecer esta distinción, que honra la memoria del rector Virtuoso y, en especial, su compromiso con los valores cívicos y la democracia (¡qué grato el recuerdo de Joseíto!), quisiera decir, muy brevemente, algo que me parece exigido por la propia naturaleza del premio.

Hace setenta y cinco años, en su muy leído Mensaje sin destino, escribía don Mario Briceño-Iragorry: “Nunca como al presente necesitó nuestro país de una atención mayor en el examen de sus problemas de pueblo, porque nunca como ahora se hizo tan notoria la crisis de los valores sustantivos. Tampoco jamás desde la edad heroica nuestro país se había confrontado con mayor número de problemas a la vez”.

Ha sido larga la lucha por instaurar una forma política justa en el país y ahora nos toca renovarla.

No podía imaginar don Mario la situación a la que hemos llegado en nuestra vida republicana.

Por primera vez en su historia como nación independiente, el país está presidido por un gobierno de facto, impuesto por una potencia extranjera.

Como quiera que se mire, es una situación precaria e intrínsecamente inestable. No se tenga duda.

Lo otro sería apostar a la represión que hemos vivido, continuar la persecución de la disidencia, justa al expresar su angustiosa situación.

El texto constitucional, como ha recordado la Academia de Ciencias Políticas, exige decisiones impostergables.

Calificar de ‘forzosa’ o ‘voluntaria’ la ausencia del presidente de la República no es sino referirse al motivo de dicha ausencia. Lo importante es la cualidad de la misma y esta solo puede ser, como establece la Constitución, temporal o absoluta.

En nuestro caso, tras más de cien días, no puede haber vacilación alguna acerca del carácter absoluto de la ausencia.

Ello exige convocar elecciones presidenciales.

Venezuela debe regresar pronto a la normalidad democrática, que ha sido —es verdad— excepcional en nuestra historia, pero sin la cual no habrá paz ni podremos retomar el camino del desarrollo de nuestro pueblo.

Muchas gracias.

Delcy Rodríguez apareció bailando en una transmisión televisiva por el canal complaciente del régimen desde los Médanos de Coro en el estado Falcón, al mismo tiempo que se confirmaban múltiples decesos por una masacre en la cárcel de Yare.

La Patilla

Durante el evento orquestado por el aparato de propaganda del chavismo, la sucesora de Nicolás Maduro participó en la conformación de una pizarra humana para proyectar el mensaje «Venezuela es Paz».

Esta exhibición ocurre de espaldas a la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el sistema penitenciario y al dolor de las familias afectadas por la violencia carcelaria.

La actitud festiva de Rodríguez muestra una vez más el macabro contraste con la tragedia que viven los familiares de los reclusos.

Se parece igualita

En la tarde del 3 de mayo del 2017, según las transmisiones , durante las intensas protestas opositoras en Caracas contra la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, Nicolás Maduro apareció bailando en televisión estatal (en un acto en la sede del Consejo Nacional Electoral – CNE).

Al mismo tiempo, en las calles cercanas se producía una fuerte represión de la Guardia Nacional y fuerzas de seguridad, con choques violentos que dejaron al menos dos muertos (Armando Cañizales, de 17 años, y Ángel Enrique Moreira González, de 28) y decenas de heridos.

El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, hizo un llamado urgente al gobierno por considerar que la crisis hospitalaria requiere atención inmediata.

El Nacional

“El 90 por ciento de los hospitales están desabastecidos y abandonados”, afirmó el médico en rueda de prensa acompañado por el comité ejecutivo del gremio médico venezolano.

Indicó que cinco por ciento son hospitales “vitrinas” que han sido mejorados en sus áreas de atención médica -aproximadamente 15 centros asistenciales-, pero que la mayoría de los 301 hospitales están abandonados.

La Constitución establece el derecho a la salud y a la vida, “pero eso es inexistente, es letra muerta por el incumplimiento del Ejecutivo nacional”, comentó León Natera.

Reclamo salarial

Pidió al recién nombrado ministro de Salud, Carlos Alvarado, “sentarse a dialogar” con el gremio médico en procura de firmar el contrato colectivo del sector salud, que desde 2003 no ha sido renovado.

Indicó que los médicos venezolanos exigen salario mínimo de 1.500 dólares básicos, de acuerdo con escalafón y horas de contratación para el médico rural e interno.

A partir de ese monto, 1.600 dólares para el médico residente hasta una escala máxima entre 2.600 y 3.150 dólares para el personal de mayor rango.

Salario sancionado

Al ser consultado sobre las movilizaciones convocadas por el gobierno contra de las sanciones económicas, el presidente de la FMV dijo que ese es un derecho político.

Pero observó: “El bolsillo de los venezolanos es el que está sancionado, puesto que el salario mínimo, 130 bolívares (menos de 20 centavos de dólar), está bloqueado desde hace cuatro años”.

“Ya no es ni sal ni agua, es solo agua. En Venezuela no hay salario mínimo”, añadió.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó este martes que Países Bajos vulneró derechos fundamentales de un grupo de migrantes venezolanos detenidos en Curazao, aunque desestimó otras denuncias presentadas en el caso.

El Nacional

En su sentencia sobre el caso Y.F.C. y otros vs. Países Bajos, la corte determinó por unanimidad que las autoridades no realizaron una investigación efectiva ni independiente sobre el uso de balas de goma contra cuatro de los detenidos durante un incidente ocurrido en junio de 2019.

Ese hecho se produjo cuando intentaban trasladarlos entre centros de reclusión.

Además, el tribunal consideró, por seis votos contra uno, que hubo uso excesivo de la fuerza contra tres de los migrantes, quienes presentaron pruebas de haber resultado heridos por disparos de balas de goma o por agresiones físicas, como patadas.

En cambio, no encontró violación en el caso de otro detenido que estuvo presente en el incidente, pero no demostró lesiones.

El fallo también estableció que se violó el derecho de los siete venezolanos a recurrir su detención de forma rápida ante un tribunal, pues no tuvieron acceso a asistencia legal durante la primera semana bajo custodia.

Indemnización de más de 84.000 euros

Los hechos se remontan al 11 de abril de 2019, cuando los siete migrantes fueron interceptados por la guardia costera al intentar ingresar a Curazao. Tras su detención, los recluyeron en un centro migratorio y en una prisión común mientras se tramitaba su deportación.

Durante el proceso, el TEDH llegó a dictar medidas provisionales para impedir su expulsión a Venezuela. Los migrantes quedaron en libertad en agosto de ese año, tras recurrir sin éxito las decisiones de detención y expulsión ante autoridades locales.

El tribunal europeo rechazó otras quejas, entre ellas las relacionadas con las condiciones de detención y la supuesta expulsión colectiva, al considerar que no se agotaron los recursos judiciales internos antes de acudir a la instancia internacional.

Como compensación por daños morales, la corte ordenó al Estado neerlandés pagar 5.000 euros a cuatro de los afectados y 1.625 euros a los otros tres.

El gobierno de Estados Unidos implementó en abril de 2026 nuevos requisitos para la obtención de la Green Card, documento que permite la residencia legal permanente, en línea con información divulgada por el Departamento de Estado y la agencia federal de inmigración de Estados Unidos, USCIS. Estas disposiciones afectan a extranjeros que quieren establecerse en el país por motivos familiares, laborales o a través del Programa de Diversidad. Las medidas regulan el acceso a la residencia y modifican los criterios de admisión, con impacto sobre los solicitantes actuales y futuros.

Infobae

De acuerdo con la agencia federal de inmigración de Estados Unidos, USCIS, las actualizaciones de 2026 abarcan cambios en las fechas de prioridad, límites anuales por categoría y país, y la incorporación de controles más estrictos en la verificación de antecedentes y documentación. La publicación oficial del Departamento de Estado, el Boletín de Visas, correspondiente a abril de 2026, detalla las nuevas reglas y fija los parámetros para quienes desean la residencia permanente legal, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

La residencia permanente, formalmente la Green Card, habilita el derecho a vivir y trabajar sin límite temporal en el país. Según la autoridad diplomática estadounidense, el proceso de solicitud se actualiza periódicamente para adaptarse a las prioridades federales y decisiones legislativas. La publicación oficial del Departamento de Estado define mensualmente las fechas de procesamiento, la disponibilidad de cupos en cada categoría y las condiciones actualizadas para cada año fiscal.

¿Cuáles son los requisitos generales para solicitar la Green Card en 2026?

Según la agencia federal de inmigración de Estados Unidos, USCIS, en 2026 los requerimientos generales para obtener la Green Card incluyen:

  • Petición aprobada: El solicitante debe contar con una petición formal, ya sea presentada por un familiar, un empleador o, en el caso de la lotería de visas, una selección válida confirmada por el gobierno.
  • Criterios de elegibilidad: Las categorías de residencia imponen cumplir condiciones precisas, como demostrar lazos familiares directos, acreditar experiencia laboral, contar con titulación académica o aportar capacidad de inversión.
  • Documentación requerida: Es necesaria la presentación de pasaporte vigente, certificados civiles, pruebas de la relación familiar o laboral y prueba de solvencia económica.
  • Examen médico y antecedentes: Se requiere la entrega de resultados de exámenes médicos realizados por profesionales autorizados y certificados de antecedentes policiales de los países donde haya residido el solicitante.
  • Pago de tarifas: El proceso implica abonar las tasas determinadas por la agencia federal migratoria y la autoridad diplomática estadounidense.
  • No estar sujeto a causales de inadmisibilidad: Quedan excluidas las personas con antecedentes de delitos graves, fraude migratorio, permanencia ilegal prolongada u otras restricciones legales.

Solo aquellas personas que cuenten con una fecha de prioridad anterior a la publicada en la edición mensual de la publicación oficial del Departamento de Estado pueden avanzar en el proceso.

¿Cuáles son las principales vías para acceder a la Green Card en 2026?

La autoridad diplomática estadounidense ofrece varias rutas legítimas para acceder a la residencia permanente:

Green Card por familia

Esta opción está disponible para familiares directos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Las categorías preferenciales incluyen:

  • F1: Hijos(as) solteros(as) de ciudadanos estadounidenses.
  • F2A: Cónyuges e hijos(as) menores de residentes permanentes.
  • F2B: Hijos(as) solteros(as) mayores de 21 años de residentes permanentes.
  • F3: Hijos(as) casados(as) de ciudadanos estadounidenses.
  • F4: Hermanos(as) de ciudadanos estadounidenses adultos.

Cada categoría tiene límites anuales y fechas de prioridad diferenciadas. Para 2026, el límite mundial en inmigración patrocinada por familia es de 226.000 personas, con un máximo de 7% por país, de acuerdo con datos oficiales.

Green Card por empleo

Las categorías laborales incluyen:

  • EB-1: Personas con habilidades extraordinarias, profesores e investigadores reconocidos, ejecutivos multinacionales.
  • EB-2: Profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales.
  • EB-3: Trabajadores calificados, profesionales y otros empleados.
  • EB-4: Inmigrantes especiales, incluyendo trabajadores religiosos y empleados de organismos internacionales.
  • EB-5: Inversionistas que generan empleo en Estados Unidos.

El cupo anual mínimo en 2026 para inmigrantes patrocinados por empleo es de 140.000 personas (Visa Bulletin For April 2026 – Travel). Es obligatorio acreditar experiencia, títulos académicos o inversión económica según la categoría.

Green Card por el Programa de Diversidad

El Programa de Diversidad, conocido como lotería de visas, otorga hasta 52.000 residencias anuales a ciudadanos de países con baja tasa de inmigración a Estados Unidos. Los seleccionados deben completar el proceso antes del 30 de septiembre de 2026 y cumplir los mismos estándares de elegibilidad y seguridad que las otras vías.

¿Qué documentos exige el proceso de solicitud en 2026?

Las personas interesadas deben entregar un conjunto de documentos ante las autoridades migratorias. Según la agencia federal de inmigración de Estados Unidos, USCIS, la lista incluye:

  • El formulario de solicitud adecuado para la categoría.
  • Pasaporte vigente.
  • Certificados de nacimiento y matrimonio, si corresponden.
  • Pruebas documentales de la relación familiar o laboral.
  • Resultados de exámenes médicos autorizados.
  • Certificados de antecedentes policiales.
  • Prueba de solvencia económica, en especial en los procesos de empleo e inversión.
  • Recibos de pago de tarifas migratorias.

Toda la documentación debe estar en inglés o acompañada de una traducción certificada. La agencia federal migratoria puede requerir información adicional o entrevistas presenciales en cualquier etapa.

¿Cuáles son los límites y fechas de prioridad para la Green Card en 2026?

La obtención de la Green Card en 2026 está condicionada a los límites anuales y las fechas de prioridad que fija la autoridad diplomática estadounidense. La publicación oficial del Departamento de Estado, difundida mensualmente, determina el cupo disponible y regula eventuales retrocesos (“retrogression”) para países o categorías con alta demanda.

Para 2026, el tope mundial para la inmigración familiar es de 226.000 personas y el de empleo, de al menos 140.000 personas. El porcentaje máximo por país es de 7% del total anual, lo que limita la cantidad de visas para naciones con alta demanda.

Algunas categorías pueden figurar como no disponibles (“U”) o registrar fechas retrocedidas, lo que obliga a una espera más prolongada. La autoridad diplomática estadounidense actualiza estas fechas regularmente.

¿Qué cambios introdujo Estados Unidos en la regulación migratoria de 2026?

La agencia federal de inmigración de Estados Unidos, USCIS, comunicó en sus memorandos y guías actualizadas varias modificaciones orientadas a reforzar la verificación documental y aumentar los controles de antecedentes. Entre los cambios se encuentran:

  • Aplicación de estándares de prueba más altos en categorías laborales como EB-1 y EB-2.
  • Revisión a fondo de la solvencia económica para empleadores e inversionistas.
  • Exigencia de visitas de verificación y entrevistas en casos seleccionados.
  • Intensificación en el análisis de antecedentes y seguridad para todos los solicitantes.

Estas medidas buscan asegurar la transparencia y legalidad de los procesos, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las prioridades definidas por el Congreso federal.

¿Qué función cumple el Boletín de Visas en el proceso de la Green Card?

La publicación oficial del Departamento de Estado, conocida como Boletín de Visas, constituye el referente obligado para conocer la disponibilidad de cupos y fechas de prioridad en cada categoría. únicamente pueden avanzar quienes cuenten con una fecha de prioridad anterior a la señalada en el boletín actualizado.

La publicación detalla cuotas por categoría y país, cambios de estatus y casos de visas no disponibles. Es indispensable que toda persona solicitante consulte cada mes el contenido del boletín, según la normativa de la autoridad diplomática estadounidense.

¿Cuál es el impacto concreto de los nuevos requisitos para los solicitantes en 2026?

Las actualizaciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos en el año fiscal 2026 modifican las condiciones de acceso a la Green Card y exigen a los extranjeros un escrutinio minucioso de los requisitos y documentación. La consulta del Boletín de Visas cada mes y el cumplimiento de los criterios definidos para cada modalidad son obligatorios para que el proceso avance.

Las autoridades recomiendan presentar solicitudes completas y actualizadas, porque los cambios regulatorios pueden afectar la elegibilidad o los tiempos de procesamiento en cualquier momento. El respeto riguroso de los requisitos contribuye a la transparencia y la seguridad jurídica del sistema migratorio, de acuerdo con las disposiciones oficiales.

Lo que inició como una promesa de prosperidad y un salario digno para sacar adelante a sus familias, se ha transformado en una pesadilla de dimensiones internacionales.

Por: Elizabeth Minero – Infobae

Al menos una decena de ciudadanos salvadoreños se encuentran actualmente atrapados en la Federación Rusa, víctimas de una presunta red de reclutamiento engañoso que, bajo la fachada de empleos en seguridad privada y zonas petroleras, los ha enviado directamente a los frentes de combate en la guerra contra Ucrania.

Las historias coinciden en un patrón de manipulación sistemática. Reclutadores identificados por las familias, presuntamente, como Carlos Gallegos (o Gallego) y Marlyn Montoya, habrían contactado a salvadoreños ofreciéndoles puestos como escoltas de seguridad privada o custodios en bases petroleras.

Las ofertas económicas resultaban irresistibles: sueldos que oscilaban entre los $2,000 y hasta $5000 dólares mensuales, una cifra que quintuplica el ingreso promedio en El Salvador.

Según testimonios de las familias de los afectados, recogidos en exclusiva por Infobae, el proceso de reclutamiento fue inusualmente rápido, una característica común en las redes de estafa de este tipo.

Marina López“, familiar de uno de los salvadoreños enviados a la zona de conflicto, relató en entrevista cómo la urgencia fue un factor clave para evitar que las víctimas cuestionaran la oferta.

“El viaje fue como en una semana. No les pidieron pruebas físicas, ni exámenes médicos, absolutamente nada”, relató a este medio, subrayando que la rapidez de los supuestos reclutadores impidió que los salvadoreños dimensionaran el peligro real al que se exponían.

La realidad: El frente de guerra y el horror de los drones

Al llegar a Rusia, el velo de la mentira se desvaneció. A los trabajadores les confiscaron sus pasaportes y teléfonos celulares, dejándolos en una situación de vulnerabilidad absoluta e incomunicación. Bajo coacción, fueron obligados a firmar contratos redactados íntegramente en ruso, un idioma que no comprenden. Poco después, descubrieron que no cuidarían pozos petroleros, sino que habían sido integrados a las filas del ejército ruso.

El costo humano ha sido devastador. “López”, también relató que su cuñado, quedó con la mitad del cuerpo paralizado tras un ataque con drones. Su esposo, también resultó herido en el pie izquierdo, sufriendo fracturas y rotura de tendones.

A pesar de la gravedad de sus lesiones, la atención médica ha sido nula o deficiente. “Estuvo alrededor de un mes en una base militar sin recibir ni una pastilla”, denuncia su esposa. Lo más alarmante es que, aun herido, fue obligado a firmar un documento donde declaraba estar “sano” para ser enviado nuevamente a cumplir misiones de riesgo en regiones como Donetsk.

Familias claman por ayuda oficial

La incertidumbre consume a las familias en El Salvador. “Karla”, esposa de otro salvadoreño, relató que su último contacto con él fue el pasado Sábado de Gloria. “Él me llamó como pudo y me dijo que ya iba para los frentes de Rusia, para el territorio de guerra”, explicando con angustia.

El modus operandi de los reclutadores incluía el pago de los boletos aéreos (vía Colombia y España) bajo la condición de que el costo sería descontado de sus futuros salarios; salarios que, según las denuncias, nunca han sido pagados. Esta modalidad presenta claros indicios de trata de personas con fines de explotación, agravada por el contexto de un conflicto armado internacional.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha acuñado una expresión para definir la etapa que se abrió tras el ataque ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores“Nuevo momento político”.

Por: Pedro Pablo Peñaloza – Infobae

Sin embargo, el “nuevo momento político” se sostiene sobre la base del viejo andamiaje legal que diseñó el chavismo para perseguir a la disidencia, restringir las libertades civiles e intervenir el funcionamiento de la economía.

Distintas organizaciones políticas y de la sociedad civil están exigiendo la derogación de una serie de leyes para allanar el camino a una verdadera transición democrática. En el caso de la ONG Transparencia Venezuela, han identificado nueve normas que deben ser eliminadas para restituir derechos conculcados por el régimen de Maduro.

Las leyes analizadas carecen de bases constitucionales sólidas, contradicen estándares internacionales, generan efectos adversos en la gobernanza democrática y son incompatibles con una democracia plural, pues el uso de conceptos vagos como ‘odio’, ‘seguridad nacional’, ‘bloqueo’ y ‘fascismo’ facilitan la penalización de la disidencia y la labor social”, resalta Transparencia Venezuela en un informe.

La lista

Los nueve instrumentos jurídicos son:

  • Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.
  • Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
  • Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar Contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
  • Ley Constitucional Antibloqueo para la Garantía de los Derechos Humanos.
  • Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.
  • Ley Constitucional sobre Precios Acordados.
  • Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.
  • Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista.
  • Régimen de Control Cambiario.

Transparencia Venezuela observa que derogar estas leyes contribuiría a restaurar la separación de poderes, garantizar las libertades individuales y cívicas, reabrir el espacio democrático, reducir la discrecionalidad administrativa y fortalecer el Estado de Derecho.

Odioso

Uno de los textos más polémicos es la llamada Ley Constitucional contra el Odio, repudiada especialmente por el gremio periodístico venezolano.

La Ley contra el Odio se convirtió en una ley punitiva y no en una ley que construía un espacio para el encuentro y para la promoción de la paz, sino que perseguía a quienes ejercieran su derecho a la libertad de expresión y a la libre crítica, por eso debe ser derogada”, expone el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz.

“La Ley contra el Odio establece penas de hasta 20 años de prisión por expresiones ambiguamente definidas, sanciones para medios, incluso posibles cierres, generando autocensura sistemática. Decenas de personas han sido detenidas o investigadas por publicaciones, opiniones o comentarios”, subraya Transparencia Venezuela.

A la medida

La ONG apunta que la llamada Ley Bolívar “castiga con hasta 30 años de cárcel y multas de un millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela a quienes promuevan, instiguen, soliciten, invoquen, favorezcan, faciliten, respalden o participen en ‘la adopción o ejecución de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas contra la población venezolana, los Poderes Públicos o sus autoridades’”.

El artículo 9 de la norma bautizada con el nombre del Libertador parece diseñado a la medida de la líder opositora María Corina Machado, al prohibir “la postulación para cargos públicos de quienes hayan solicitado ‘medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas contra la población venezolana, los Poderes Públicos o sus autoridades’ y establece como sanción administrativa la inhabilitación política hasta por 60 años”.

El chavismo acusa a Machado no solo de apoyar un “bloqueo económico” contra el país, sino de promover la operación de las fuerzas especiales norteamericanas que capturaron a Maduro en Caracas.

Intervencionismo

En el plano económico, Transparencia Venezuela advierte que varias de las leyes cuestionadas atentan contra el derecho a la propiedad privada, promueven la opacidad en el manejo de los fondos públicos, anulan la libertad económica y crean enormes cargas fiscales que atentan contra empresas y trabajadores.

“Todo ello genera un ecosistema económico hostil a la inversión, como reflejan análisis técnicos sobre la afectación que estas leyes producen al funcionamiento empresarial y bancario”, resalta la asociación civil.

Cinco presos murieron lunes tras un supuesto motín en la cárcel de Yare, en el estado Miranda (norte), informó este martes el régimen chavista, ahora liderado por Delcy Rodríguez, luego de que familiares y ONG denunciaran una situación irregular en ese centro y la Fiscalía anunciara el inicio de una investigación.

La Patilla

El Ministerio del Servicio Penitenciario detalló que el lunes «se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín en el Centro Penitenciario Región Capital Yare IlI», establecimiento «de máxima seguridad» que, según un comunicado oficial publicado en Instagram, está «destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales».

Además, identificó a los fallecidos como Keivin Matamoros, Eliecer Córdaba, Erkin Ramos, José Andrade, Jean Carlos Jiménez.

«El Ministerio Público ha iniciado una investigación a fin de determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido», reiteró el despacho del Servicio Penitenciario en su comunicado.

El lunes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en X una «situación irregular» en el recinto y la suspensión de visitas de familiares, sin ninguna explicación.

El OVP indicó que habían rumores de «supuestos traslados o de un presunto motín» y reportó la presencia de ambulancias.

En un escueto comunicado, el Ministerio Público dio a conocer que designó a una comisión para el «esclarecimiento de lo ocurrido y garantizar los derechos de la población privada de libertad» en esta cárcel.

La ONG había pedido en su pronunciamiento del lunes que se informara sobre lo ocurrido y publicó un vídeo de familiares gritando: «¡Queremos visita!».

«La desinformación del régimen de Delcy Rodríguez es recurrente y da pie a que parientes permanezcan en zozobra (…). Esto también es tortura hacia los seres queridos de los privados de libertad», añadió el OVP.

El sociólogo Max Suárez D’Addario, gerente de proyectos en Consultores 21, presentó los resultados de una investigación sobre las intenciones migratorias de la población venezolana. El estudio, basado en una muestra de 2.000 hogares con un margen de error del 2,24%, analiza las motivaciones detrás del movimiento de personas y el fenómeno de la reunificación familiar.

Mundo UR

Contrario a la idea de un deseo de permanencia por mejoras internas, el informe señala que la intención de migrar no disminuye por un optimismo económico. La percepción de la población sobre las condiciones del país sigue siendo negativa. El freno a la salida responde a factores externos: «se quedaban en Venezuela porque teníamos todo un mar Caribe convulso y políticas migratorias desfavorables en los países de acogida» mencionó en entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos.

La estadística muestra una tendencia clara hacia la salida del país, especialmente en sectores específicos:

Proporción general: Uno de cada tres venezolanos mantiene la intención de emigrar.

Sector joven: La cifra se eleva entre los 18 y 24 años, donde cuatro de cada diez jóvenes desean irse.

Inmediatez: Un tercio de quienes planean salir busca hacerlo durante el presente año.

Destinos: Estados Unidos pierde protagonismo frente a países de la región y un destino europeo con crecimiento notable «España». «La migración venezolana busca reunificar a la familia», afirmó Suárez D’Addario.

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En un movimiento que refleja un cambio estratégico en la política exterior, funcionarios de alto nivel de Estados Unidos viajaron a La Habana para discutir posibles reformas económicas y políticas en Cuba, en el marco de una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump. El objetivo: forzar cambios en un régimen que atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente.

La Derecha Diario

La delegación estadounidense mantuvo reuniones reservadas con autoridades cubanas, en las que dejó un mensaje claro: el sistema actual es insostenible y existe una ventana limitada para implementar reformas antes de que la situación se deteriore aún más.

El contexto no podría ser más crítico. Cuba enfrenta una profunda crisis económica, con escasez de energía, inflación y caída de la producción, agravada tras la interrupción de suministros clave desde países aliados. Frente a este escenario, la presión de Washington aparece como un factor determinante para empujar cambios estructurales que el régimen ha evitado durante décadas.

Lejos de la pasividad de administraciones anteriores, la estrategia de Trump combina presión y negociación. Por un lado, endurece las condiciones económicas y diplomáticas; por otro, abre la puerta a una transición ordenada que permita estabilizar la isla sin necesidad de un colapso total.

Desde esta perspectiva, el viaje a La Habana no implica una concesión al régimen, sino una demostración de liderazgo: Estados Unidos busca marcar el rumbo de una eventual transformación en Cuba, priorizando la estabilidad regional y la seguridad a solo 150 kilómetros de sus costas.

Además, el enfoque apunta a introducir reformas económicas que permitan abrir el mercado cubano, atraer inversiones y reducir el control estatal sobre la economía. Sin embargo, desde La Habana han dejado claro que no están dispuestos a ceder en aspectos políticos centrales, lo que anticipa negociaciones complejas.

La iniciativa también tiene una dimensión geopolítica. En un escenario global cada vez más competitivo, Washington busca evitar que actores como China o Rusia amplíen su influencia en la isla, consolidando su presencia en una región históricamente estratégica.

Mientras tanto, el régimen cubano enfrenta una presión creciente tanto interna como externa. La combinación de crisis económica, aislamiento y exigencias internacionales coloca al gobierno en una posición cada vez más débil.

En este contexto, la postura de Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump se presenta como un intento de encauzar un cambio inevitable. La incógnita ahora es si el régimen estará dispuesto a avanzar en reformas reales o si optará por resistir, prolongando una crisis que ya impacta de lleno en la población.

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