Por primera vez en décadas, el mundo desarrollado está emprendiendo un rearme masivo. Las guerras en Ucrania y Oriente Medio, la amenaza de un conflicto en torno a Taiwán y el enfoque impulsivo del presidente Donald Trump respecto a las alianzas han convertido en una prioridad urgente el fortalecimiento de la defensa nacional. El 25 de junio, los miembros de la OTAN acordaron elevar su objetivo de gasto militar al 3,5 % del PIB, y asignaron un 1,5 % extra a artículos relacionados con la seguridad (España insistió en una excepción). Si alcanzan ese objetivo en 2035, estarían gastando 800.000 millones de dólares más cada año, en términos reales, de lo que gastaban antes de que Rusia invadiera Ucrania. Este auge no se limita a la OTAN. Según una estimación, Israel, en conflicto, gastó más del 8 % de su PIB en defensa el año pasado. Incluso Japón, conocido por su pacifismo, planea incrementar su presupuesto.
Estas sumas tan vastas podrían transformar la economía global al presionar las finanzas públicas y reconfigurar la actividad económica dentro de los países. A medida que los políticos venden la idea del rearme a los votantes, muchos afirmarán que el gasto militar traerá beneficios económicos además de seguridad. Sir Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, promete que la defensa ofrecerá “la próxima generación de trabajos buenos, seguros y bien remunerados”. La Comisión Europea asegura que tendrá “beneficios para todos los países”. Sin embargo, por muy tentadora que sea políticamente esta idea, tales afirmaciones son erróneas. Usar el gasto en defensa con objetivos económicos sería un costoso error.
La consecuencia económica más obvia de unos presupuestos de defensa más grandes será poner tensión en las finanzas públicas. Las deudas ya son altas y las presiones financieras sobre los gobiernos, causadas por poblaciones envejecidas y tasas de interés más altas, están aumentando. El miembro promedio de la OTAN, excluyendo a Estados Unidos, necesitará incrementar el gasto anual en defensa en un 1,5 % del PIB.
Como resultado, otras partes del presupuesto, como el gasto social, se verán reducidas, disminuyendo el dividendo de la paz obtenido tras el fin de la Guerra Fría. Y recortar el gasto o aumentar los impuestos en esa misma proporción será políticamente casi imposible, lo que significa que muchos gobiernos también aumentarán sus déficits. Por lo tanto, el gasto en defensa tenderá a elevar las tasas de interés y a hacer más frágiles las finanzas públicas, incluso cuando haga a los países más seguros frente a sus enemigos.
¿Cuáles son las consecuencias para el crecimiento económico? El gasto financiado con déficit proporcionará un estímulo fiscal keynesiano, pero es probable que sea modesto—e indeseable en un momento de bajo desempleo e inflación persistente en el mundo desarrollado. Además, el gasto en defensa es costoso y no mejora directamente el nivel de vida de nadie.
Por el contrario, la investigación y el desarrollo en defensa podrían resultar más beneficiosos. La innovación financiada con fondos públicos a menudo tiene el efecto de estimular la innovación privada; según una estimación reciente, cuando la I+D en defensa representa un 1% adicional del valor agregado de una industria, el crecimiento anual de su productividad aumenta en un 8,3%. Basta pensar en Internet o en la energía nuclear, ambos surgidos de investigación militar.
El gasto en armamento también moverá la demanda dentro de la economía. Los políticos esperan que pueda contrarrestar los efectos de la desindustrialización, pero probablemente se sentirán decepcionados. La producción de defensa, al igual que gran parte de la manufactura moderna, está ahora altamente especializada y automatizada, lo que significa que el rearme probablemente creará muchos menos empleos de los que se pierden debido a las nuevas tecnologías o la competencia extranjera. Según una estimación, un mayor gasto en defensa en los países europeos miembros de la OTAN podría crear 500.000 empleos, una cifra insignificante en comparación con los 30 millones de trabajadores manufactureros de la UE.
La naturaleza de la guerra moderna hace aún menos probable la creación masiva de empleos. Ucrania demuestra que un país no necesita una política industrial amplia para prepararse para la guerra. Fabricar drones, que están causando la mayoría de las bajas en el campo de batalla, es relativamente sencillo. Y a medida que la inteligencia artificial adquiere mayor importancia, por ejemplo, para guiar y operar esos drones, se crean menos empleos en líneas de ensamblaje y se generan más rentas para las empresas tecnológicas.
Los grandes presupuestos de defensa plantearán a los gobiernos dilemas entre seguridad, eficiencia y equidad. A medida que crezcan los presupuestos, funcionarios locales, empresas y sindicatos pueden exigir que el dinero fluya hacia sus direcciones. Pero ceder sería un error. Uno de los problemas del gasto en defensa en Europa es que demasiados países quieren fabricar su propio equipamiento. Los países de la UE operan 12 tipos de tanques de batalla, por ejemplo, mientras que Estados Unidos produce solo uno. La duplicación de esfuerzos es un despilfarro y dificulta que los ejércitos trabajen juntos.
Los gobiernos no tienen un deber más importante que mantener a sus ciudadanos seguros. La fragilidad de las finanzas públicas significa que deberán ser lo más eficientes posible al gastar el dinero de los contribuyentes. Derrochar en lugares e industrias favorecidas solo conducirá a más aumentos de impuestos o a recortes en el gasto social. Para lograr un rearme exitoso, los gobiernos necesitarán presentar un caso honesto a los votantes, explicando que el gasto se hace por motivos de seguridad. Si intentan lograr todo con un único presupuesto, no harán nada bien. No tiene sentido impulsar el crecimiento si la consecuencia es ser invadidos.
