Por: Benigno Alarcón Deza – PolitikaUCAB

¿Qué paso este viernes 26?

Este viernes 26, un poco después de las 2:00 pm, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publica en la plataforma X que en el transcurso del mismo día publicará las decisiones correspondientes a todas las solicitudes introducidas por los casos de inhabilitación, levantando así el telón para un montaje cuasi-teatral sincronizado para introducir al país, y en especial a los más pendientes de la decisión sobre María Corina Machado, en una especie de montaña rusa emocional.

El drama comienza una hora después con una sentencia que anuncia la habilitación de Leocenis García, y un poco después la de Richard Mardo, a quienes se les aceptaba la  medida cautelar introducida para proteger su derecho a participar electoralmente. Se levantan entonces las expectativas positivas, y en algunos grupos, así como en las redes sociales, comienza a especularse: si le aceptaron la medida cautelar a ellos, hay un precedente que, si se es coherente, obliga a habilitarlos a todos. Mientras otros, en el extremo contario, nos recuerdan las expresiones de Maduro y Jorge Rodríguez durante el día previo en relación a la precaria salud del acuerdo de Barbados y contra María Corina Machado, y  nos aseguran que se habilitará a todos menos a ella.

Un poco más de una hora después, alrededor de las 4:30 pm, la siguiente decisión del gobierno, perdón del TSJ, anuncia que se mantiene la inhabilitación de Capriles, entre otras razones, por no haber cumplido con las condiciones establecidas en el acuerdo de Barbados. Entramos en la bajada de la montaña rusa emocional. Si el gobierno mantenía la inhabilitación de Capriles, quien no participó en la Primaria por falta de apoyo popular, la decisión era premonitoria de que se mantendría la de María Corina, quien representaba el verdadero peligro para el gobierno de cara a la elección presidencial de 2024. Ese es el tipo de coherencia que ha caracterizado las decisiones del gobierno, perdón nuevamente, quise decir del TSJ.

Aún así, algunos más optimistas encontraban alguna grieta de donde agarrarse, había que esperar, nótese que el recurso de Capriles no se ajustó a lo establecido en el acuerdo de Barbados. Una observación válida si la decisión fuera tomada por un tribunal apegado al derecho, como sabemos, no ha sido el caso.

Una hora después, alrededor de las 5:30 pm, se derrumban las expectativas al publicarse la esperada decisión que mantiene la inhabilitación de María Corina Machado, la cual, a diferencia de los casos anteriores, incluido el de Capriles, abunda en explicaciones, argumentos y calificativos que tratan de justificar la decisión contra quien fue elegida como líder de la oposición, con el 92% de los votos, el pasado 22 de octubre.

Poco tiempo después, a las 4:12 pm, Jorge Rodríguez saca en X el acuerdo de Barbados de terapia intensiva y demanda que “sigamos avanzando” (con la eliminación incondicional de todas las sanciones, le falto decir) al anunciar que “se ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco de los Acuerdos de Barbados”, o sea, con la apertura de un procedimiento para revisar las habilitaciones (lo que no implicaba habilitar), haciendo uso, como suele suceder, de un juego de palabras que, a estas alturas, no debería extrañarnos, y en el que faltó añadir algo como: “Venezuela es una democracia, hay separación de poderes y se respeta la decisión tomada por el Poder Judicial” (nuestro). 

Media hora después, a las 4:43 pm, María Corina Machado fija posición al afirmar que el régimen acabó con el Acuerdo de Barbados, pero no así con la lucha por la conquista de la democracia, y promete que el gobierno no se va a mantener en el poder por unas elecciones fraudulentas y esta lucha sigue hasta el final.

Cabe entonces preguntarse:

¿y ahora qué?

Tras la decisión del TSJ, las redes sociales explotaron en un sinfín de opiniones y debates que se extenderán por mucho tiempo, posiblemente por buena parte del período pre-electoral, mientras la participación de María Corina Machado en la elección presidencial se resuelva de manera definitiva, de una u otra forma.

El problema no está en el debate, que es normal y legítimo, sino en el peligro de que divida, nuevamente, a quienes aspiramos a un cambio político. Entre quienes debatimos estamos quienes actuamos de buena fe, convencidos de que el camino a tomarse debe ser uno u otro, pero también están quienes lo hacen porque nunca aceptaron el triunfo de María Corina Machado sobre el candidato de su preferencia en la Primaria, o porque piensan que su candidato es la mejor opción, aunque no haya tenido los votos el 22 de octubre, o simplemente no se haya presentado en la consulta porque no los tenía, y no pierden la esperanza de imponérselo al resto del país, como sea.

Tal situación es aprovechada por el gobierno para avanzar en su estrategia, “divide et impera”, contribuyendo a la exacerbación del debate opositor a través de las redes sociales, midiendo y tratando de manipular la opinión pública y las expectativas de la gente, generando “fake news”, fabricando nuevas candidaturas y apoyando a aquellas que le resultan convenientes por su capacidad para contribuir a las división entre electores, y aumentar su competitividad pasando de ser una minoría que no representa a más del 20% del país, a ser una mayoría relativa, entre varias oposiciones en las que nadie supera ese 20%, sobre todo si se considera que la división entre liderazgos opositores traerá como consecuencia mayor decepción y abstención inducida, por quienes desde hace rato nos “explican” que una transición en el 2024 no es posible ni necesaria, pero no nos explican los intereses detrás de un bien orquestado esfuerzo mediático por convencernos. De permitirse esto, si no mantenemos la calma y la cordura, y actuamos estratégicamente, la situación podría convertirse en un circo de miopes que solo contribuirá a la permanencia del régimen, y el país volverá a gritar decepcionado, como en 2017: ¡¡¡Que se vayan todos!!!

La única forma de poder superar esta situación es comenzar por comprender en dónde estamos hoy y hacer pedagogía política para que la mayoría de los ciudadanos lo comprendan y puedan informar y educar a otros, que es distinto a intentar manipularlos burdamente en favor de intereses bastardos, para a partir de allí mantener la unidad que se ha venido construyendo, y que logró su clímax gracias al mecanismo legitimador de la Primaria en la que más de 2.500.000 personas votaron, que es mucho más de lo que el gobierno y los enemigos de una elección por la base esperaban, y en la que se decidió confiar el liderazgo de esta nueva etapa a María Corina Machado, como ya lo habían hecho en la Primaria de 2012 con Henrique Capriles, que contó con el apoyo unitario de todos los sectores políticos, incluso de quienes no le dimos nuestro voto en esa oportunidad, durante las dos siguientes elecciones, en 2012 y 2013. Toca ahora a toda la oposición, comenzando por quienes ya fueron candidatos y beneficiarios del apoyo unitario, o sea, Rosales y Capriles, luchar por mantener la unidad y defender la decisión que la gran mayoría del país democrático tomó el pasado 22 de octubre.

Hoy, la mayoría del país está unida en torno a la necesidad de un cambio político y a la persona que debe liderar un proceso de transición democrática, como lo demuestra el resultado de la Primaria. Hoy, hay una poderosa conexión entre el liderazgo político y la ciudadanía. Pero además, por primera vez, comienza a prevalecer el focus de control interno en relación a quien puede y debe causar ese cambio: “nosotros mismos”, no los militares, ni los partidos políticos y menos la comunidad internacional, según nos comienzan a mostrar los estudios estadísticos desde hace algo más de un año.   

La realidad es que, aunque el país democrático ha dejado de creer en que otros le devolverán la democracia y la libertad, y ha comenzado a aceptar que la responsabilidad es propia, es de todos nosotros, ello no exonera a ninguno de los actores con alguna capacidad de incidir, de su propia responsabilidad, incluyendo líderes políticos, sociales, religiosos, empresariales, institucionales, así como a medios de comunicación y, por supuesto, también la comunidad internacional, de la que esperamos una actuación coherente con los derechos humanos y los principios democráticos que aseguran defender.

La decisión tomada por el gobierno (perdón de nuevo), quise decir por el TSJ, no sorprende a nadie, por lo tanto no tiene sentido mostrar asombro y reabrir el debate sobre cambios absurdos de estrategia, para volver a argumentar sobre las bondades de mecanismos desgastados que no legitiman a nadie, como el consenso, o la Primaria sin inhabilitados, como si el periodo de las inhabilitaciones fuese hoy una fase procesal ya superada, o abandonar el camino trazado por una jugada que era totalmente predecible desde el momento en que el gobierno, en la mesa de negociación, no ofreció habilitar sino abrir un proceso expedito, a través del Tribunal Supremo de Justicia, para procesar los recursos de habilitación, como si se tratase de una árbitro imparcial e independiente. Si para esta jugada no tenemos respuesta, entonces nunca estuvimos ni estamos preparados para liderar las complejidades de un proceso de transición que apenas comienzan.

El 2024 ofrece, como en pocas ocasiones ha sucedido, la oportunidad de hacer confluir una serie de factores que pueden hacer la diferencia entre lograr o no iniciar una transición democrática. Entre estos factores destacan: primero, una elección presidencial, como un evento crítico para producir una alternancia en el poder, en un momento en el que el gobierno está en su peor situación y la oposición, en parte gracias a la Primaria, tiene a un líder legitimado con altos niveles de aceptación. Segundo, una oposición unificada en torno a un liderazgo unitario que, aunque no sea monolítica, como no lo es ningún movimiento político y ni tan siquiera el mismo gobierno, puede mantenerse cohesionada si la sociedad civil mantiene su apoyo a la candidatura electa, como ha sido el caso hasta hoy. En tercer lugar, se mantiene la presión de la comunidad internacional democrática sobre el gobierno para que se avance en el nivel de integridad electoral de cara a los próximos comicios de 2024 y 2025. Y finalmente, existe una mesa de negociación en la que los interlocutores principales son el gobierno, la oposición y el gobierno de los Estados Unidos, como representante de la comunidad internacional democrática y factor principal de apalancamiento para la oposición, como actor capaz de aumentar costos para el gobierno por su permanencia en el poder por la fuerza o por otros medios ilegítimos, o reducirlos en el caso de que se alcance un acuerdo que permita la resolución del conflicto por medios democráticos.

¿Qué falta? Uno de los ingrediente más importantes, sin el cual una transición es y será siempre improbable, y debe ser la principal prioridad del liderazgo opositor, es reconstruir la capacidad de movilización que se traduzca en presión interna, a través de la protesta pacífica y la participación en otras dinámicas como la defensa y el ejercicio de derechos políticos como el derecho a opinar, organizarse y elegir, a los fines de aumentar los costos que para el gobierno tendría el intentar mantener el statu quo por la fuerza o por otros medios ilegítimos. Asimismo, en la medida que estas dinámicas avancen, es importante mantener una narrativa y actitud inclusiva que facilite y premie que actores estatales retornen a la neutralidad institucional que, constitucional, legal y éticamente les corresponde, y les dé, como ha sucedido en otros países, la oportunidad de trascender la coyuntura política y los errores del pasado.

Si hasta hoy no se ha logrado una transición en Venezuela no ha sido por lo que hemos hecho, sino por lo que hemos dejado de hacer. Al igual que sería absurdo afirmar que un arma no sirve poque la parte perdedora de una guerra la utilizaba, es absurdo afirmar que las protestas, las negociaciones o las elecciones no sirven porque ya lo hemos intentado todo y no hemos tenido éxito. En un tablero de ajedrez ambas partes tienen los mismos recursos, pero una de ellas triunfará sobre la otra, y en ocasiones suele suceder que quien gana es quien tiene menos piezas al momento de dar el jaque mate. No son los recursos, sino la forma en que los utilizamos. Es la estrategia la que define el resultado.

El gobierno movió sus piezas en el tablero como se esperaba que lo hiciera, toca ahora mover al liderazgo democrático en un juego que, lejos de haber terminado, apenas comienza, y en el que todos y cada uno de nosotros tenemos un rol del que depende el futuro de Venezuela.

El año 2024 es para Venezuela el año de la esperanza, pero comienza cargado de amenazas. Año de decisiones político-electorales con voto democrático en una sociedad de rotundo fracaso con varios récords mundiales negativos. Necesitamos negociación y voto libre para salir de esta trágica realidad y rescatar la democracia y la economía. Negociación nacional entre los hoy enfrentados para que las próximas elecciones presidenciales no sean una farsa controlada y manipulada desde el poder. Urge establecer la fecha del cronograma electoral, la actualización del registro electoral para que puedan votar 3 millones de jóvenes excluidos, la observación internacional, etc.

Por: SJ. Luis Ugalde – El Nacional

Quienes están decididos a perpetuarse en el poder han visto que en unas elecciones presidenciales libres y competitivas, es inevitable la derrota ante María Corina Machado como candidata unificadora de la voluntad nacional de cambio. Esto les pone ante el dilema de abrirse a una transición pacífica, razonable y negociada… o declarar la guerra a ese 90% de venezolanos que necesita cambio, criminalizar a la oposición, inventar conspiraciones, perseguir a líderes y activistas y condenar a la población a la permanencia del actual estado de miseria. Por eso, en torno a la fecha liberadora del 23 de Enero activaron desde el poder fantasmas de atentados para matar a Maduro y arreciaron la persecución contra los opositores activos. Represión militar y civil dura y rápida para meter miedo y paralizar a la oposición con la “Furia Bolivariana” y uso represivo del Poder Judicial y del policial-militar… El punto culminante de esta movilización represiva fue la ratificación por su Tribunal Supremo de Justicia de la inhabilitación de MCM por 15 años, con una sentencia de redacción panfletaria. No nos sorprende la inhabilitación arbitraria e inconstitucional (ver art. 65 de la Constitución) de María Corina y Henrique Capriles. Con ello intentan anular políticamente a la candidata indiscutible de la abrumadora mayoría de millones de venezolanos. Así matan el camino democrático arduamente negociado en Barbados entre el gobierno y la dirigencia opositora con apoyo internacional y de la política estadounidense, y desprecian la voluntad del pueblo venezolano expresada en las primarias de la oposición y deseada por el 90% de la población. MCM fue aclamada y escogida candidata a la presidencia para encauzar y guiar el difícil camino desde la reinante esclavitud hasta la producción de soluciones donde la esperanza vuelva a brotar y la vida a reverdecer.

La Conferencia Episcopal al comienzo de este año de manera escueta y descarnada expresa el sentir de los venezolanos: “Nos duele e interpela, constatar el sufrimiento del pueblo venezolano en materia de salud, educación, alimentación, bajos salarios, corrupción, etc., todo esto constituye una flagrante violación de los derechos humanos, que desdeña su condición de ciudadanos e hijos de Dios”.

La decisión del TSJ no sorprende, pero es un golpe muy grave al debido camino electoral y a la reconstrucción nacional. Afortunadamente María Corina es y sigue siendo la candidata y el intento de eliminarla ha recibido un claro rechazo del sentir ciudadano, de la Plataforma Unitaria, de los partidos políticos, de los países democráticos…: defender la libre elección presidencial e ir “hasta el final” que es la reconstrucción nacional, política, económica y social. Tras este brutal bloqueo dictatorial, como dijo el poeta: “caminante no hay camino”, pero “se hace camino al andar” con creatividad inteligente y flexible. Ahora más unidos que nunca y con más apoyo internacional manteniendo la ruta electoral, defendiendo el voto libre y abriendo caminos de alianza de todos los demócratas. Un gran reto y la gran tarea de MCM es reforzar la candidatura democrática e inventar alianzas inéditas y sumar fuerzas para encontrar caminos sin renunciar a la vía electoral.

El régimen está agotado en su capacidad de crear esperanza, pero no así en su fuerza represiva. Nos espera un año duro, pero sería un suicidio nacional abstenerse en la elección o renunciar al diálogo para una transición política con alternancia democrática en el poder, con garantías mutuas en una convivencia entre los que vienen de la dictadura y los que luchan por reconquistar la democracia. Es indispensable la libre elección presidencial este año y reactivar el clima de recuperación económica que promueva millonaria inversión internacional.

Venezuela libre de inhabilitaciones y de las “sanciones” internacionales-sobre todo de Estados Unidos, pues con ellas las inversiones seguirán paralizadas, habrá mayor desempleo e informalidad y los salarios serán de hambre. Eliminar las sanciones significa la apertura negociada a la libre y fluida relación con la economía norteamericana y atraer inversiones multimillonarias mundiales, que las necesitamos y no las tienen ni el Estado, ni los privados nacionales. Un proceso realmente democrático y efectivo para la reconstrucción nacional exige también devolverlos partidos que fueron secuestrados desde el poder abusivo. Nada que no esté exigido por la vigente Constitución venezolana.

Ahora el papel relevante de MCM no queda eliminado, sino potenciado. Su indiscutible talento y valentía requieren ahora más creatividad y flexibilidad para un acuerdo de salvación nacional y una candidatura unida y reforzada. Para reconstruir el país con un proceso de transición civilizado donde los enemigos se transformen en competidores, se den mutuamente garantías y posibilidades de continuar libremente en la competencia política y actividad socioeconómica. Lo contrario de la voluntad dictatorial excluyente.