“Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros convocamos a elecciones. Este pueblo tiene el derecho de decidir su propio destino”. La frase de Diosdado Cabello, número dos del chavismo, se repite como un mantra desde el año 2017. Cada vez que el gobierno venezolano llega a la encrucijada de un proceso de negociación para discutir condiciones y garantías electorales, la amenaza del adelanto electoral aparece.

Por: Eugenio Martínez – Diario Las Américas

“No sabemos si las elecciones presidenciales serán este año o el próximo. Guárdenme ese secreto”. La frase de Nicolás Maduro el pasado 13 de abril, durante la conmemoración del Golpe de Estado del año 2002, reabrió el debate sobre el momento en que el madurismo aceptará medirse en elecciones y las condiciones que este proceso puede tener.

La amenaza de adelantar los comicios presidenciales de 2024 se produjo apenas 10 días antes de la realización de la conferencia internacional organizada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para discutir cómo reanudar el proceso de negociación entre el madurismo y la opositora Plataforma Unitaria. Esta negociación está suspendida desde el mes de noviembre de 2022, cuando debía comenzar a discutir el cronograma electoral de los años 2024 y 2025, además de las condiciones y garantías electorales de estos procesos.

En respuesta a la nueva amenaza del régimen venezolano Juan González, el principal asesor para Latinoamérica de la administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden, reiteró: “Estamos dispuestos a aliviar la presión de las sanciones para poder llevar a un resultado que lleve a unas elecciones libres (…) Lo que pedimos no son cosas que se le ocurren a EEUU, la UE. envió una misión a Venezuela y dio un conjunto de recomendaciones todas clarísimas y con sentido común para llevar a cabo elecciones competitivas. Si se tomaran estas acciones, nosotros tendríamos una respuesta recíproca aliviando las sanciones”.

De igual forma, el funcionario estadounidense aclaró que “la idea de solo levantar las sanciones sin contraprestación democrática no aliviará la situación de los venezolanos. La situación humanitaria se dio antes de las sanciones”.

Justamente, González se ha referido a la Cumbre de Colombia aclarando que el gobierno estadounidense observa “positivamente esta convocatoria. No es una estrategia de cambio de régimen, pero queremos que se den elecciones libres y democráticas, nos moveremos de acuerdo con los pasos que ellos den (…) Lo que queremos es un calendario electoral, un registro, que no haya inhabilitaciones, son cosas que uno le pediría a cualquier persona, son los principios básicos de una elección libre. Esto lo queremos conversar con todos los países, incluyendo Colombia. La soberanía radica en el pueblo, esa es la propuesta para Venezuela”.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a Diario Las Américas

Gilberto Morillo, exgerente de Planificación Financiera de PDVSA, dijo que «con el paso del tiempo, esas irregularidades no mejoraron, al contrario, fueron creciendo».

Banca y Negocios

El exgerente de Planificación Financiera de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Gilberto Morillo, aseguró que «los actos de corrupción en la empresa vienen generándose desde el año 2003, cuando se realizaron los despidos masivos».

Asimismo, indicó que esas situaciones irregulares dentro de la empresa petrolera venezolana «no mejoraron» con el pasar del tiempo.

«Con el paso del tiempo, esas irregularidades no mejoraron, al contrario, fueron creciendo. Recientemente hay una especie de feudalismo en la empresa», enfatizó.

Destacó en Fedecámaras Radio que esos hechos irregulares ocurren en la parte administrativa: «desde el 2003 hasta la actualidad, no sucede un restablecimiento en el sistema para que haya un control y seguimiento de cobro, donde demuestra realmente las ventas y exportaciones de PDVSA».

Cabe acotar que el Ministerio Público investigará el suicidio de Leoner Azuaje Urrea, una de las 61 personas que las autoridades han detenido en las últimas semanas, entre ellas varios funcionarios, por estar supuestamente involucradas en tramas de corrupción, dijo el fiscal general, Tarek William Saab.

En su cuenta de Twitter, informó de la designación de dos fiscales para «investigar el lamentable suicidio del ciudadano Leoner Azuaje Urrea en su lugar de reclusión», que no especificó.

Saab, además, instruyó a la Unidad Criminalística del MP a que, junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adelante la «inspección técnica, las entrevistas y (la) autopsia».

La Corte Penal Internacional (CPI) publicó el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (“VPRS”) que recopiló los testimonios de 8.900 víctimas venezolanas, en apoyo a la solicitud del fiscal de La Haya, Karim Khan, para que continúe la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Monitoreamos / título de Morfema Press

En el informe, la CPI cita algunos de los testimonios de las víctimas que relataron las torturas y la violencia sexual que sufrieron por parte del régimen de Nicolás Maduro:

“Lo desnudaron y le ordenaron a un perro rottweiler que le mordiera los testículos”.

“[La víctima] fue secuestrada [por] un gran número de funcionarios del SEBIN quienes lo amarraron de pies y manos, lo amarraron a un carro del SEBIN y lo arrastraron por más de un kilómetro por las calles antes de llevarlo al [Redactado] donde lo fue torturado durante 24 días. […] Las torturas eran literalmente macabras; le arrancaron las uñas de las manos y de los pies con tenazas; lo asfixió cubriéndole la cabeza con bolsas de plástico que contenían insecticidas, lo que le dañó gravemente los pulmones; le aplicó descargas eléctricas en los genitales y partes íntimas; golpear todo su cuerpo con toallas mojadas; lo hacía bañar a toda hora en orines y excrementos […]”.

“Cuando se enteraron de mi identidad de género no binaria, después de revisar mi celular, me sometieron a humillaciones. Me metieron en un tigrito o calabozo de 2×2 metros, me esposaron las manos a la espalda a un gancho en el piso en medio del tigrito, dejándome así por lo que creo que fueron dos o tres días, sentado en ese lugar. No me dieron agua, no me dieron comida, no me permitieron hacer mis necesidades fisiológicas entonces tuve que hacerlas encima. Me dejaron salir al segundo o tercer día, débil, casi arrastrándome porque no podía estar de pie, con las piernas entumecidas. Me desnudaron, me colgaron las manos y me arrojaron baldes de agua que la mayoría de las veces me caían en la cara. Me soltaron y me hicieron enjuagar la ropa solo con agua. En una ocasión me llevaron a una habitación donde solo había un viejo escritorio de metal pegado a una pared y una vieja silla de metal en medio de la habitación. Me esposaron las manos a la silla con dos juegos de esposas, tomaron un palo eléctrico que se usa para ganado y lo conectaron con un cable largo a un enchufe en la pared. Me lo colocaron varias veces en el pecho, me tiraron agua en los pantalones, precisamente en los genitales, y me descargaron electricidad en los testículos, por lo que no pude contener la vejiga y oriné con mucha fuerza por el susto. Todavía tengo en mi cuerpo las cicatrices de las quemaduras actuales. Falsificaron un documento judicial en el que decían que estaba condenado a muerte y me llevaron a una habitación y me hicieron parar en un banco de plástico, me colgaron del cuello, me golpearon varias veces en el estómago mientras me hacían preguntas que no pude responder. Los golpes fueron tan fuertes que una de las patas de la banca se rompió, así que me colgaron y perdí el conocimiento, todavía tengo las cicatrices en el cuello. Me trasladaron a un área con otros presos y les dijeron a los detenidos que yo era un violador, entonces me llevaron, me golpearon y abusaron de mí obligándome a practicar sexo oral. […]””

“[…]. En la prisión mis derechos humanos no eran derechos, sino meros sistemas de recompensa que se instrumentalizaban de la manera más perversa posible. Cuando las visitas de familiares y de mis abogados eran más constantes, no era porque fuera parte de un derecho; para los militares era prácticamente un premio y como tal me lo podían quitar a voluntad, como quien le quita un hueso a un perro. […] Otra forma particular en que los uniformados ejercieron torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en mi contra fue de carácter vicario, es decir, maltrataron a mi familia para hacerme sufrir. Mi esposa […] era constantemente abusada sexualmente bajo la amenaza de que si no lo toleraba no la dejarían verme […]. Así, muchas veces la obligaron a desnudarse, le abrieron la cara interna de los muslos, le hicieron tocamientos indecentes (violencia sexual), y en una ocasión incluso la obligaron a quitarse la compresa menstrual para ‘verificar que no tenía objeto oculto’, lo que fue tremendamente humillante y ofensivo para ella […]. Había una ocasión en que fue aún peor porque obligaron a nuestros hijos a presenciar cómo desnudaban a su madre y a su abuela y querían desnudar a mis hijos”.

“Unos desconocidos tocaron el timbre de mi casa, yo no abrí la puerta, entonces entraron a mi casa. Eran un grupo de hombres del SEBIN, me golpearon, me escupieron, me tiraron del pelo, me dijeron que me violarían, me pegaron con una pistola y amenazaron con matar a mi familia porque yo era ‘un maldito fascista de la oligarquía‘. Luego me amarraron y robaron el dinero y los suministros. A raíz de estos repugnantes hechos uno de ellos se bajó los pantalones y amenazó con violarme, me orinó encima y me dijo que le dijera [a nuestra líder] que era una terrorista fascista, y que si seguíamos conspirando contra la revolución nos iban a matar. Más tarde llegó mi esposo con mis hijos y me encontraron en un estado tan aterrador. No puedo olvidar la cara de mi hijo mayor y el ataque de pánico que tuvo al verme así. Pensé que nunca volvería a ver a mi familia. Muchas cosas me pasaron en mi vida, pero esta marcó mi vida. ”

“La víctima trató de escapar pero no lo logró, la agarraron […] Una bolsa plástica negra de basura la rociaron con insecticida y le taparon la cabeza con ella tratando de asfixiarla […]. Fue golpeada brutalmente por estos hombres, al punto que cayó al suelo, y cuando dos trabajadores intentaron intervenir para ayudarla, los mataron en el lugar, con fusiles, para impedir que ayudaran [a la víctima]. […] Ella continuó siendo golpeada por estos hombres, quienes también le quemaron la mano, la sacaron a rastras de la casa, la llevaron a uno de los establos donde fue violada salvajemente por hombres, quienes continuaron golpeándola brutalmente; pensaron que la habían matado a golpes, así que la tiraron. […] La víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por los graves desgarros genitales provocados por las violaciones, se le desprendió parte de la mandíbula y los dientes por el brutal golpe, y tenía fracturas de cadera y problemas de columna”.

Para María Corina Machado, el objetivo del régimen de Nicolás Maduro es claro: bloquear las primarias. Así lo afirmó este viernes justo en medio de las conversaciones promovidas por el presidente colombiano, Gustavo Petro, con sectores de la oposición venezolana.

Vente Venezuela

“Mucho cuidado con pretender, por la vía del diálogo, plantearle a Venezuela impunidad y resignación. La gente no lo va a aceptar, y si tú cierras los caminos de expresión cívica y ciudadana, la gente busca otros. No vamos a aceptar que nos impongan desde afuera la sumisión, y mucho menos con un candidato en las primarias escogido por ellos”, dijo en una entrevista con el canal NTN24.

La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela ratificó que la libertad y la justicia no son negociables para los venezolanos e insistió en que los países democráticos deben estar de lado de los ciudadanos y no del régimen acusado por delitos de lesa humanidad.

En ese sentido, se preguntó quién representa a los venezolanos en ese nuevo diálogo y señaló que el país no está para “simulaciones y transacciones” que dejen por fuera las aspiraciones de la sociedad venezolana. “Lo que Venezuela aspira es libertad, justicia, paz y encuentro, pero paz de verdad, no la paz a la fuerza impuesta por actores externos con sus propios intereses”, dijo.

Asimismo, la dirigente calificó este nuevo encuentro como algo “al margen de los venezolanos” sobre lo cual no hay información clara, y recordó que si lo que se pretende es obstaculizar las primarias, también se estaría bloqueando la salida pacífica y cívica que representa la elección del 22 de octubre.

“Escuche al pueblo venezolano y no a unos cuantos. Si de verdad quieren una salida pacífica y sostenible, no bloqueen las primarias. Eso es lo que quiere el régimen, porque le tienen terror a un proceso de primarias en el que decidamos quién va a enfrentarlos en todos los planos”, aseveró.

No está invitada

Sobre las declaraciones del canciller colombiano Álvaro Leyva, según las cuales todos los opositores venezolanos están invitados a esas conversaciones con el presidente Gustavo Petro, María Corina Machado informó que ella no fue invitada y que además tiene prohibición de salida del país desde hace 10 años.

“No sé si es ironía o es ignorancia, pero cualquiera que conoce la realidad venezolana sabe muy bien la forma como el régimen ha ido cercenando todos mis derechos de movilización, y no solo fuera del país, sino localmente. Yo no puedo comprar boletos de avión domésticos. Y no es respetuoso que el Canciller colombiano haga este tipo de invitación de forma jocosa a través de los medios de comunicación”, fueron sus palabras.

La líder opositora afirmó que cuando los términos del diálogo sean para la transición a la democracia, ella estaría dispuesta a participar. “Ahí es donde digo que mucho cuidado, porque ese escenario nuevo de diálogo puede convertirse en un instrumento para cerrar el camino a través del cual -de manera cívica y pacífica, pero firme y valiente- queremos tomar nuestras decisiones, que son las primarias”, recalcó.

Derrotarlos y cobrar

Por otro lado, María Corina se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de participar en las primarias bajo sus términos, incluyendo la utilización de captahuellas, y afirmó que no se trata de ninguna sorpresa.

“Es un tentáculo de la tiranía (el CNE) y lo que nos demuestra es que lo que hemos venido demandando -siendo la voz de la mayoría ciudadana-, que es una primaria de la gente- es lo que procede. Hay tiempo y hay dinero, lo que falta son las ganas y la voluntad política, y que se acaben las excusas, porque sabemos lo que queremos: que voten los venezolanos afuera y que cada quien tenga la confianza de que va a contar su voto, y no que lo hará el régimen”, expresó.

Para la dirigente, la esperanza de los venezolanos es “derrotar y cobrar” frente a la tiranía, teniendo al frente un liderazgo dispuesto a hacer lo que tenga que hacer.

La Corte Penal Internacional (CPI) informó este viernes que 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A través de un informe, el tribunal de justicia indicó que, tras la solicitud del Fiscal de la CPI, Karim Khan, de reanudar la investigación sobre la situación en Venezuela, se ordenó el pasado 18 de noviembre a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) de la Secretaría que recabara las opiniones e inquietudes de las víctimas sobre la solicitud de la Fiscalía.

Infobae

La sala ordenó a la VPRS que transmitiera las observaciones de las víctimas y que las presentara junto con un informe consolidado al respecto y fijó como fecha límite el 20 de abril de 2023. Es por esa razón que dicho escrito se conoció hoy.

La CPI detalló que, tras la “amplia participación de las víctimas” en este proceso de consulta, la VPRS recibió 1.875 solicitudes que contenían sus opiniones e inquietudes (1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito. Las solicitudes incluyen a 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones.

El informe de 57 páginas no contiene ninguna información que identifique a las víctimas y/o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso, por lo que el régimen de Venezuela “no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”, aclararon desde la CPI.

Y subrayaron: “La gran mayoría de las víctimas apoyan la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación y afirman que el gobierno venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos’”.

Asimismo, la VPRS recibió observaciones de víctimas de todos los crímenes de lesa humanidad, en particular, de los delitos de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de los derechos humanos.

“Los jueces de la CPI recibieron las opiniones e inquietudes de familiares de las víctimas, así como tutores y cuidadores”, resalta el escrito; al tiempo que agrega: “Las víctimas también incluyen defensoras y defensores de derechos humanos; activistas sociales y ambientales; trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud; jueces, fiscales, abogados y abogadas, y otros funcionarios y funcionarias públicos de la judicatura”.

Además, se tuvieron en consideración los testimonios de “trabajadores del sector público y privado; estudiantes universitarios, profesores, profesoras y personal de apoyo; ex policías y militares; figuras políticas, miembros de partidos políticos, parlamentarios, diplomáticos y diplomáticas; pensionados y pensionadas; periodistas, medios de comunicación, blogueros y usuarios de redes sociales; propietarios y propietarias de tierras, granjas y negocios; inventores, innovadores y artistas”.

La CPI informó que la Sala de Cuestiones Preliminares I dictará una decisión tras “examinar y evaluar detenidamente” todas las observaciones recibidas, incluidas las opiniones e inquietudes de las víctimas.

El informe

En un contundente informe con fecha al 30 de marzo, que se titula “La situación en la República Bolivariana de Venezuela 1″, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respondió a los argumentos presentados por el régimen de Nicolás Maduro que buscaban desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad.

“La Fiscalía sostiene respetuosamente que ninguna de esas peticiones tiene fundamento”, rechazó el informe. En el documento, el fiscal Karim Khan ratificó que “existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”.

“Desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación”, subrayó.

La Fiscalía sostuvo que no se trata de temas aislados, si no que, por el contrario, “la comisión múltiple de estos actos constituía un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado sistemática y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.

Khan indicó que encontró una base razonable para creer que cientos de víctimas habían sido sometidas “a una amplia gama de actos criminales durante períodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación y/o violencia sexual”. Y detalló: “Las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.

Además, denunció que el chavismo “no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”.

El contexto

El pasado 1 de noviembre, Khan solicitó a la sala autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, después de que quedara en suspenso a solicitud de Caracas. Dos semanas después, la sala pidió a Venezuela presentar sus observaciones sobre el pedido del fiscal.

El 1 de marzo, Khan recibió unas observaciones presentadas por Venezuela, a las que respondió en un documento transmitido a Caracas el día 28 del mismo mes. En su reacción formal, Venezuela pidió más tiempo para contestar y sostuvo que la respuesta del fiscal “planteó una nueva cuestión que el Estado no podía haber anticipado razonablemente”.

El fiscal señaló entonces, el 31 de marzo, que los temas identificados por el equipo legal venezolano “no son nuevos” y “podrían haber sido razonablemente anticipados”, pero dejó en manos de la sala la decisión de dar o no más tiempo a Caracas y autorizar los puntos a los que puede responder.

El reglamento de la CPI dispone que el país o el fiscal “solo podrá contestar a una respuesta con el permiso de la sala” y que ésta “debe limitarse a cuestiones nuevas planteadas en la respuesta, que el participante que reacciona no podría haber previsto razonablemente”.

En este sentido, la sala consideró que la cuestión relacionada con la “evaluación” del fiscal es algo que Caracas “no podría haber anticipado” y por eso tenía hasta el 20 de abril para responder. Algo que hasta el momento no hizo.