El camino hacia la democracia recibe un despeje importante, aunque todavía parcial, con el anuncio realizado por la ilegítima presidenta en funciones, Delcy Eloína Rodríguez, de la presentación de una ley de amnistía y el cierre del Helicoide. Al momento de escribir esta nota no se conoce el texto del proyecto de ley que presentará la cúpula roja. Para evaluar sus alcances y características será indispensable estudiar su contenido y su cobertura, a fin de formarnos una idea clara sobre su verdadera orientación.

El cierre de los infundados procesos penales abiertos contra miles de compatriotas, la excarcelación total de los presos políticos y el cierre del centro de torturas más brutal de América Latina constituyen, sin lugar a dudas, un avance significativo en la tarea de despejar el camino por el cual debemos transitar para alcanzar una democracia moderna y estable.

Que esta política se tramite bajo la figura de una ley de amnistía no resulta lo más adecuado desde el punto de vista ético y en estricto derecho, porque en la inmensa mayoría de los casos, los presos y judicializados nunca cometieron delito alguno. Nunca incurrieron en conductas que puedan subsumirse válidamente en tipos penales. Fueron llevados a la cárcel sin fundamento, se les forjaron expedientes burdos y se les imputaron delitos absurdos. Esta aberración solo puede explicarse por la total sumisión del sistema de justicia a un Estado-Partido decidido a perpetuarse en el poder mediante el fraude y la persecución. Si hubiésemos contado con fiscales y jueces independientes y honorables, jamás se habría permitido una arbitrariedad de esta magnitud: el secuestro ilegal de miles de ciudadanos por razones políticas.

No obstante, la iniciativa debe permitir el cierre definitivo de todas esas causas y la libertad real y plena de todos los afectados. Esto incluye a quienes ya han sido excarcelados, quienes deben recuperar además el pleno goce de sus derechos ciudadanos y políticos.  La ley de amnistía supone, técnicamente, la extinción de la acción penal y de las penas impuestas. No se trata del perdón de delitos —por lo demás inexistentes—, sino del olvido jurídico de una judicialización espuria e ilegítima.

Para que nuestra sociedad pueda proclamar el cierre de este lamentable ciclo de terror impulsado desde el Estado, deberán además, derogarse los instrumentos normativos que le dieron sustento y una apariencia de legalidad a esa política. La verdadera paz no será posible solo con la liberación de los presos y el cierre de sus absurdas causas, sino evitando que pueda repetirse, en el corto o mediano plazo, una nueva arremetida de persecución y criminalización contra la disidencia crítica y la oposición política.

Esta etapa de la llamada “revolución bolivariana” pasará a la historia como la creadora de una normativa especial destinada a criminalizar la disidencia. Es lo que en la Alemania nazi se denominó el derecho penal del enemigo: convertir en delito toda conducta que no implique sumisión ciega a un régimen autoritario.

En efecto, el chavismo dictó leyes que crean delitos inexistentes en cualquier sociedad democrática. En otros casos, impuso penas desproporcionadas para hechos de menor entidad. Entre las primeras cabe mencionar la llamada Ley contra el Odio y la ley para penalizar el financiamiento internacional de las ONG; entre las segundas, las reformas al Código Penal que elevaron de forma irracional las penas por delitos como la obstrucción de vías públicas durante protestas ciudadanas.

En consecuencia, resulta indispensable derogar —en la ley de amnistía o mediante leyes separadas— las normas creadas para criminalizar la oposición: la Ley contra el Odio, la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, la ley de control de las organizaciones sociales, la llamada ley antifascista —más fascista que el fascismo mismo— y la Ley Simón Bolívar, entre otras. En esa misma dirección debe derogarse el decreto de estado de excepción dictado subrepticiamente el pasado 3 de enero, mediante el cual se restringieron gravemente los derechos ciudadanos y políticos.

La aspiración de la sociedad democrática es la liberación total de los presos, procesados, investigados, perseguidos y hostigados por razones políticas. El discurso de la señora Rodríguez en la sede del TSJ, más allá de las motivaciones reales que la impulsan, constituye un reconocimiento implícito de una realidad que el chavismo-madurismo negó durante más de dos décadas: la existencia de presos políticos en Venezuela.

Resulta paradójico que sean precisamente los arquitectos del entramado de persecución y control social quienes hoy deban abrir las cárceles y desmontar la estructura represiva. En otros momentos de nuestra historia, esa tarea correspondió a los nuevos actores del poder.

No escapan a este análisis las circunstancias sobrevenidas tras el golpe de Estado a la soberanía popular expresada el 28 de julio de 2024, ni los efectos de la detención, el pasado 3 de enero, del principal responsable de ese grave delito contra la nación.

Asistimos, por tanto, a lo que en escritos anteriores he definido como “la demolición de la tiranía”. A comienzos de enero escribí: “Para lograr la libertad, la paz, la justicia, el bienestar y el desarrollo de nuestra amada Venezuela, es fundamental demoler la tiranía que nos ha subyugado en este siglo”. Esa demolición está en curso, aunque aún falte dinamitar importantes estructuras de poder y control.

Ahora bien, la demolición de la tiranía no implica automáticamente la construcción de la democracia ni la restitución plena del Estado de Derecho. Alcanzados estos objetivos iniciales, debemos avanzar hacia la legitimación de todos los poderes del Estado, hoy constituidos en abierta violación del orden constitucional.

Lo ideal para refundar el Estado sería convocar una Asamblea Constituyente, lo cual exige un amplio consenso entre las fuerzas sociales y políticas del país, con el propósito de reconstruir la democracia sobre bases constitucionales sólidas y extirpar los rasgos autoritarios, centralistas, militaristas y excesivamente estatistas de la actual Carta Magna. Sin embargo, más allá de ese debate, una prioridad inmediata es desplazar de las funciones de gobierno a la nomenclatura chavista enquistada en el poder desde 1999. Los venezolanos ya decidimos ese cambio el 28 de julio de 2024 al elegir a Edmundo González Urrutia como Presidente Constitucional de la República. El fraude cometido por Maduro y su camarilla, sostenido mediante la fuerza, lo impidió.

Ese golpe a la soberanía popular desencadenó una crisis de tal magnitud que derivó en la operación militar de Estados Unidos para arrestar y someter a la justicia de ese país al usurpador. Dicho evento abre el camino a una nueva elección presidencial destinada a cubrir la vacante absoluta generada por la captura de Maduro.

La sociedad democrática aspira a un proceso electoral —constituyente o relegitimador de todos los poderes— que exprese auténticamente la voluntad popular. Para ello se requiere un árbitro electoral honorable e imparcial, una cooperación internacional creíble —que podría brindar la ONU—, la legalización y relegitimación de los partidos políticos, la depuración del Registro Electoral Permanente y la adecuación de los circuitos parlamentarios.

Mientras estas tareas se desarrollan, es indispensable restituir los derechos ciudadanos y políticos confiscados por la dictadura: el libre tránsito, el derecho a salir y entrar al país sin hostigamiento, la libertad de expresión, manifestación, reunión, organización y participación política. El régimen debe desarmar a sus grupos armados y garantizar la vida y la integridad personal de los dirigentes democráticos.

Solo así podrá convocarse nuevamente a la soberanía popular mediante el voto. Esa elección debe celebrarse en el segundo semestre del presente año y, conforme a los artículos 233 y 234 de la Constitución, convocarse a más tardar en la primera semana de julio.

Celebrado el evento electoral, la comunidad internacional debe garantizar el respeto irrestricto a sus resultados, para poder avanzar finalmente en la construcción del nuevo edificio institucional: la nueva democracia venezolana.

César Pérez Vivas
Lunes, 2 de febrero de 2026

Bad Bunny… su nombre real Benito o lo que sea, un príncipe puertorriqueño mimado que nunca sintió el aguijón de las políticas que romantiza desde su trono dorado… sube al escenario de los Grammy en 2026, agarrando su pequeño trofeo por el ruido del reggaetón, y decide que el momento le pertenece para un sermón santurrón sobre la humanidad.

Por: LHGrey

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres…somos humanos”.

Se escucha una ovación de pie en una sala llena de millonarios con armaduras de diseño, todos aplaudiendo como focas amaestradas porque tocar el tercer riel de inmigración se siente muy valiente cuando estás rodeado de seguridad privada y recintos cerrados.

Escucha atentamente, pequeño pavo real narcisista: nadie llamó a los migrantes “animales”, excepto el hombre de paja que construiste en ese cráneo vacío para alimentar tu complejo de mesías.

La crítica nunca tuvo como objetivo deshumanizar a gente desesperada… tenía como objetivo la soberanía, las leyes, el derecho absoluto y absoluto de una nación a controlar quién entra y quién se queda.

¿Pero tú?

Usted utiliza la indignación selectiva como arma porque alimenta ese ego frágil, esa necesidad profunda de ser visto como el salvador iluminado mientras usted gana mucho dinero, vive en el lujo estadounidense y disfruta de todos los privilegios de la ciudadanía estadounidense con la que nació… privilegios que millones de estadounidenses que luchan por sobrevivir nunca alcanzarán.

Psicológicamente, es una patología exhibicionista de manual: anhelas el aplauso de la cámara de resonancia de la élite, así que realizas un teatro de compasión, repitiendo como un loro frases que no te cuestan nada mientras las comunidades reales soportan el peso del caos que tú animas.

Escuelas superpobladas, hospitales sobrecargados, delincuencia en aumento, ríos de fentanilo… nada de eso se ve desde la altitud de una mansión en Miami o de un jet privado.

Usted simplemente ve otra oportunidad para adoptar una postura, para demostrar su moralidad superior a una industria que recompensa el desprecio hacia la clase trabajadora.

No eres valiente. No eres profundo.

Eres un artista malcriado, adicto a la atención y que confunde un premio musical con un púlpito político porque el silencio significaría desvanecerse en la irrelevancia.

Esa ovación de pie no fue por su “coraje”… fue por su obediencia a la narrativa del régimen, la que exige fronteras abiertas para los votos y la mano de obra barata mientras nos sermonea al resto de nosotros sobre la compasión.

¿Quieres abolir el ICE? Bien.

Comience por ceder sus propios datos de seguridad.

Abre tus puertas.

Deja que el mundo entre por tus puertas sin control.

Pon tu dinero y tu seguridad donde pones tus palabras.

Hasta entonces, ahórrenos las lágrimas de cocodrilo y la poesía pseudohumanista.

No estás hablando en nombre de las “masas apiñadas”.

Los estás explotando como accesorios en tu interminable búsqueda de validación.

Cállate la boca, siéntate y quédate con el autotune… porque cada vez que abres la boca sobre política, te expones como otro hipócrita de la élite que vendería el país por una ovación más.

Estados Unidos no necesita tu cosplay de virtud.

Necesita sus fronteras.

Y seguro que no te necesita.

Son tiempos llenos de expectativas y ello nos obliga a actuar con mucha prudencia para no cometer viejos errores que aún seguimos pagando.

Para aquellos críticos de todo y por todo, hay que remacharles que no existe democracia perfecta. Tan solo aproximaciones, soluciones parciales y logros escalonados, cosas que aún no se vislumbran de manera inmediata, no obstante, a que se han dado algunos pequeños avances.

Años atrás, muchos creyeron que nuestro sistema de libertades era tan sólido que podía soportar cualquier “vandalismo” político de ocasión. Quizás la dirigencia perteneciente, principalmente, a las generaciones intermedias, esa que surgió entre en los años setenta y ochenta, no entendió que en una democracia siempre hay que estar atento a sus necesidades y eventuales yerros para hacer las correcciones pertinentes.

 Ahora presenciamos, dentro de este pernicioso sistema, algunos cambios pese a que nunca faltan aquellos que continúan con su sempiterno discurso destructivo y con esa obsesión de ver todo nocivo o adverso. En este sentido, reafirmamos que las críticas bien fundamentadas y juiciosas son necesarias y bienvenidas, pero de allí a buscar tapar el sol con un dedo, o rechistar vehementemente contra cualquier paso que nos permita mejorar, resulta un verdadero exabrupto, por no decir atrocidad.

Hay muchas cosas que no quisimos hacer para salvaguardar la democracia. Ese repliegue de las mayorías para impedir que los “desleales” tomaran cuerpo y se hiciesen de la vida pública y del poder en detrimento de las bases republicanas y de la normal actividad política, fue una estocada artera que todavía supura. No está demás añadir que el llamado “caracazo” de 1989, las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992 y el descontento “inducido” hacia las nuevas medidas económico-financieras asumidas bajo la etiqueta de “El Gran Viraje”, crearon el ambiente propicio para que se deteriorara impunemente la figura del presidente Carlos Andrés Pérez, la unidad y fortaleza del partido Acción Democrática y de otras importantes organizaciones políticas, la credibilidad de sus principales dirigentes y la cimentación de la propia democracia. La diatriba innecesaria, la insensatez extrema y el hacer una oposición ofuscada y no menos delirante, fueron permisadas por una indiferencia colosal que luego se manifestó- equivocadamente- a favor de un mensaje lleno de revanchismo y demagogia.

Lo cierto, es que no quisimos detener el desgaste generalizado, la impudicia verbal y mucho menos amarrar las manos a quienes blandían como locos las hachas contra todo lo que oliera a convivencia y al libre juego democrático.

Fuimos, hay que reconocerlo, víctimas de la exhibición desmedida, del personalismo chabacano, de ese afán por ocupar centímetros en la prensa escrita o por acaparar minutos en los medios radiales y televisivos. Lamentablemente, no alzamos la voz a tiempo para impedir semejantes desatinos.

Winston Churchill, no sin razón y perfectamente aplicable a nuestra realidad, señaló que “El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes”.

En conclusión, pendientes de aquellos que desestiman el más mínimo progreso o mejoría. Entendemos que no bastan y que no puede haber borrón y cuenta nueva, pero la democracia que reconstruiremos requiere de mucha madurez y prudencia. Aquí no caben más alaridos y radicales pretensiones. Presionar más, con pasos firmes y realistas, es lo lógico en estos momentos. Que no repitamos aquello de lo que no quisimos hacer.

Ricardo Ciliberto Bustillos