De un tiempo a esta parte, el Profesor Emérito de la Universidad de Oldenburg, y politólogo chileno-alemán Fernando Mires ha venido a cumplir el papel de máximo exponente intelectual del antimariacorinismo. Sus críticas a la controvertida líder venezolana, y Premio Nobel de la Paz, van más allá de las invectivas, insidias y descalificaciones (aunque esto último no lo puede evitar), propias del aparato de desinformación y propaganda del régimen chavista.

Por: Pedro Benítez – Al Navío

Con el estilo didáctico que le caracteriza, sus columnas de análisis y opinión dedicadas a la patria de Bolívar han tomado un evidente sentido de orientación (para quien las quiera leer), justificando las acciones, oficialistas y no oficialistas, que insisten en dejar por fuera de la competencia política en Venezuela al sector que lidera María Corina Machado (MCM).

De Mires podría decirse que es ese tipo de intelectual que Norberto Bobbio encuadró como ideólogos; es decir, aquellos que aportan diagnósticos y visiones de futuro.

Pues bien, si la memoria no nos falla (el amable lector nos corregirá), desde la amañada elección del 28 de julio de 2024, el profesor Mires ha afirmado en reiteradas ocasiones que, en función de la redemocratización venezolana, Machado es parte (esencial) del problema y no de la solución.

En ese sentido, su más reciente trabajo al respecto lo ha dejado bastante claro.

LA TRANSICIÓN BLOQUEADA

En este texto (que animamos a leer con detenimiento) recapitula la razón central por la cual el gobierno de Donald Trump, luego de la intervención militar del 3 de enero pasado, dejó en la administración del Estado venezolano a Delcy Rodríguez, y no instaló a MCM y/o Edmundo González en el Palacio de Miraflores. Su argumento es bastante conocido, pues no hace más que repetir el mismo que ha dado el secretario de Estado, Marco Rubio: a los fines de los intereses de Estados Unidos, la primera “garantiza por el momento la estabilidad política” y la segunda no.

A continuación, pasa a sintetizar las tres condiciones que, según la experiencia histórica, llevan a una transición política: “ruptura, apertura y construcción de un puente entre gobierno y oposición”.
Es en la explicación de este proceso donde, a nuestro modo de ver, el profesor Mires yerra.

Por cierto, probablemente de manera involuntaria, confunde las elecciones presidenciales polacas de 1990 con las elecciones parlamentarias parciales de 1989, de las cuales salió elegido Tadeusz Mazowiecki como primer ministro no comunista, acontecimiento que no había ocurrido en el entonces campo socialista europeo desde 1948. El líder de Solidaridad, Lech Wałęsa, fue elegido presidente en las primeras elecciones presidenciales directas de Polonia en diciembre de 1990, tras la disolución de aquel gobierno de coalición.

Nos permitimos agregar que la transición (política y económica) polaca fue bastante rápida, en cuestión de meses, debido a la circunstancia de que el régimen comunista perdió en 1989 la cobertura geopolítica que le había brindado hasta ese año la Unión Soviética.

No descartemos, sin embargo, que el profesor Mires haya caído en una tentación característica de varios aficionados a la transitología (sic) que estos días abundan en ocasión del tema venezolano, los cuales acomodan con demasiada frecuencia aquellos hechos acontecidos en los citados procesos de transición a la democracia con sus propias preferencias políticas de hoy.

En ese sentido, el profesor Mires señala que, en la dinámica expuesta en Venezuela, ya ocurrió la “ruptura del régimen” con la extracción de Nicolás Maduro; también, que la “apertura política” se encuentra en desarrollo de la mano de Delcy Rodríguez; pero que en la imprescindible “construcción de un puente entre la oposición y los sectores aperturistas de la dictadura”, se presenta un serio escollo, puesto que, en su criterio, “…la oposición encabezada por la mesiánica líder no está interesada en construir un puente con el gobierno en busca de un tránsito hacia la democracia.

Todo lo contrario: si en algo está interesada esa oposición es derrotar cuanto antes al gobierno Rodríguez, ya sea por la vía electoral o por cualquier otro medio que no pase por la vía transicional. El proyecto del movimiento de Machado es tumbar el gobierno neochavista, hacer saltar a los puentes por los aires, e iniciar un proceso de transición no dialogado (…) las proclamas que emiten en las redes sociales dirigentes políticos como Juan Pablo Guanipa, Andrés Velásquez u Omar González, son subversivas, insurreccionales, confrontativas…”. El subrayado es nuestro.

A lo anterior el profesor Mires agrega que: “En estos momentos existe una polarización entre neochavismo y machadismo”. Y puesto que “…hasta ahora no ha habido nunca en la historia una democratización que haya aparecido como resultado de la polarización política”, su conclusión es que la eventual transición venezolana se encuentra bloqueada por … María Corina Machado.

En ese punto es inevitable formular la siguiente cuestión: ¿En qué consisten las proclamas “subversivas” e “insurreccionales” de MCM y compañía?

¿Han llamado a sus seguidores a alzarse en armas? ¿Se han constituido en un grupo armado, organizando o llevando a cabo secuestros de adversarios, asesinatos de policías en las calles, asaltos a bases militares y edificios públicos, como sí hicieron en el pasado otros grupos políticos en Latinoamérica ante regímenes que consideraron ilegítimos?

El que se encuentre medianamente informado de la realidad venezolana conoce la respuesta; por supuesto que no. A lo largo de los últimos 27 años la característica principal de la oposición venezolana, incluida la etapa que ha liderado MCM, ha sido la de un movimiento de resistencia civil pacífico. Todo lo demás es propaganda del oficialismo.

No vamos a negar acciones de aventurerismo aisladas, y nunca aclaradas, por parte de factores marginales, así como tampoco que, en ocasiones, algunos dirigentes opositores han tenido una retórica inflamada que nunca se ha correspondido con sus acciones.

Si algo ha quedado en evidencia, en particular desde el 28 de julio de 2024, es esa naturaleza pacífica de la oposición venezolana, y en particular de la propia MCM. Durante los meses previos a aquella fecha, desde los medios oficiales y paraoficiales, se le acusó a ella en particular de no tener un plan exclusivamente electoral, sino insurreccional. En las semanas y meses subsiguientes quedó claro el infundio, pero luego se le acusó por todo lo contrario.

Y si hacemos un poco más de memoria, recordaremos el proceso de diálogo en Barbados, promovido por la administración Biden, donde a Maduro se le otorgaron y ofrecieron todo tipo de incentivos a fin de que facilitara un proceso democrático en el país (tal como pauta la Constitución venezolana); proceso al cual MCM se acogió, asistiendo al Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2023; posteriormente se comprometió a “una transición ordenada” (1.º de enero de 2024); y hasta declinó, no una, sino dos veces su aspiración presidencial, arbitrariamente bloqueada.

Pero como sabemos, sobre la oposición venezolana siempre pesará la carga de la prueba.

En ese orden de ideas, dado el contexto de represión generalizada contra la sociedad civil venezolana de los últimos años, el señalamiento del profesor Mires no solo es ligero, sino peligroso, y, si se nos permite, hasta cobarde. Repite la misma acusación con la cual se ha justificado el terrorismo de Estado tanto en Venezuela como en otras partes de la región que por experiencia personal él conoce bastante bien.

Su referencia a la polarización entre neochavismo y machadismo como explicación del contexto político imperante en la Venezuela de hoy remite inevitablemente a la explicación que a posteriori se dio, y que la izquierda progresista rechazó, acerca de la represión impuesta en el Cono Sur por parte de las dictaduras militares a esos países en los años setenta del siglo pasado.

En resumen, según esa versión de los hechos, hubo una guerra civil en el marco de una intensa polarización política interna, siendo esas sociedades las víctimas de dos bandos enfrentados con poderes más o menos equivalentes.

Ese fue el argumento que esgrimió en su defensa el almirante Emilio Massera durante el juicio a las Juntas militares en Argentina: “yo estoy aquí porque ganamos una guerra justa” contra un enemigo interno.

Por su parte, el general Augusto Pinochet justificó su dictadura principalmente como una medida necesaria para salvar a Chile de lo que denominó la “amenaza del marxismo-leninismo”. Arguyó que las Fuerzas Armadas debían actuar como “reservas morales” de la patria a fin de eliminar a los “enemigos internos” y restaurar el orden institucional que, según él, la Unidad Popular había quebrantado. Su compañero de Junta (o más bien cómplice), el también general Gustavo Leigh, llegó a decir sin rodeos que el propósito consistía en “extirpar el cáncer marxista” de Chile.

Desde los grupos defensores de los Derechos Humanos siempre se ha cuestionado esa versión de los hechos, puesto que, al sugerir que había dos fuerzas en conflicto —la subversión armada por un lado y el aparato de seguridad del Estado por el otro—, siendo ambos bandos igualmente responsables de la violencia, se minimiza la responsabilidad del propio Estado, justificando la denominada “guerra interna”.

Pues bien, esa es exactamente la coartada a la que ha recurrido por años el chavismo a fin de justificar su propia deriva autoritaria. Y ya vemos a dónde ha llevado eso.

En su versión de los hechos, ese grupo se encuentra en medio de una guerra interna defensiva, contra otros venezolanos que pretenden desestabilizar el país. En otro clásico propio de los regímenes autoritarios, los dirigentes chavistas se presentan como la garantía exclusiva de la paz. Eso lo repetía mucho la propaganda franquista.

Esos son los argumentos que hoy repite el profesor Mires.

Sin embargo, la evidencia indica todo lo contrario. Ha sido el chavismo el único que ha bloqueado (y bloquea) la transición en Venezuela.

La “intensa polarización política interna” como bloqueo a la transición democrática es una excusa falaz. La mayoría de las transiciones citadas consistieron, en la práctica, en la administración pacífica de una polarización. El mejor ejemplo a citar son los resultados del plebiscito nacional de chileno de 1988, donde 3,1 millones de electores (44,1%) fueron partidarios de la continuidad del régimen militar.

Dicho lo cual, el profesor Mires tiene un punto válido al señalar que la experiencia nos indica, ciertamente, que cualquier transición a la democracia requiere de la construcción de un puente entre la oposición y los sectores aperturistas del régimen en cuestión.

Pues bien, la política se hace con lo que hay, no con lo que se quiere. Los sectores dentro del sistema autoritario interesados en la apertura no eligen a su oposición, se transan con la que existe. Adolfo Suárez no escogió a Santiago Carrillo y al Partido Comunista español, los necesitó; al general Wojciech Jaruzelski no le quedó más remedio que pactar la transición con Solidaridad y Wałęsa; Frederik de Klerk no podía hacer otra cosa que negociar con Nelson Mandela; y lo mismo Pinochet con la Concertación.

Hoy en Venezuela una transición sin MCM sería como degustar un arroz con pollo, pero sin pollo. La realidad es terca. Además, no ha sido desde ese lado de la talanquera donde se han confeccionado excusas a fin de bloquear la eventual transición a la democracia.

Ha sido el chavismo gobernante desde donde sistemáticamente se ha perseguido y bloqueado cualquier alternativa que le pueda disputar el poder en el terreno electoral, o considere un estorbo, como ha sido el caso de su propia disidencia, de los grupos ideológicamente ubicados a su izquierda, incluyendo el Partido Comunista de Venezuela (PCV), quien entre sus méritos cuenta con la mayor cantidad de candidatos y dirigentes inhabilitados, y no precisamente por ser “machadistas”.

@Pedrobenitezf

Habrán transcurrido 30 años hasta 2029, apenas faltará un lustro y todavía resta sin una respuesta seria, objetiva, serena, desprejuiciada, ajena a la generosidad de los odios de trincheras prorrogados y que ardieran desde el término de la república civil de partidos, que explique de manera satisfactoria el cómo una de las más afirmadas democracias del hemisferio –la venezolana– pudo derivar no en una dictadura o dictablanda sino en la destrucción cabal de la república y la pulverización de su inacabada nación.

Asdrúbal Aguiar

La historia recorrida y su crónica, que es lo único que tenemos a mano los venezolanos, no servirá como pretendida ejemplaridad hacia el porvenir, menos la opinión panfletaria, obra de los enconos; pues esa sólo satisface animosidades de coyuntura entre quienes habiendo elegido democráticamente el camino del desierto en 1998, incluso corrigiendo sus yerros y habiéndose transformado en víctimas, apuestan a una tierra prometida que aún no llega y les devuelva hasta 1989.

Todos, tirios y troyanos sostenemos, sí, la fe y voluntad de los carboneros en pie. Pero no pocos ceden a la fácil tentación de buscar, primero, a los culpables, a los de ayer y a los de hoy, para luego decidir sobre la nación parcelada que marcaría el próximo derrotero del país y el diseño de la república que sería la sucesora.

Las simplificaciones, cabe reiterarlo, son fútiles e inútiles; como aquella que le endilgaran los partidos del siglo XX – incluido su propio partido oficial que lo defenestra – al presidente Carlos Andrés Pérez una vez como se casa, sin miramientos, con el Consenso de Washington. Quiso provocar un parto económico y social mediante un “fórceps”, tras haber raspado la olla su predecesor, Jaime Lusinchi. Resolver sobre la cuestión democrática y la de la libertad quedaron en segundo plano.

Tampoco ayuda la otra verdad palmaria y aquí sí agonal, que fuese su misma revelación auténtica, constante en sus “memorias proscritas”: “Cuando se iniciaron las investigaciones sobre los implicados en el golpe [del 4 de febrero de 1992], cada uno de los jefes de las distintas fuerzas tenía un criterio distinto sobre las sanciones”, afirma Pérez. Mostraba, así, el rompecabezas en que se había transformado una institución que se creyó la dueña de la república tras la guerra por la Independencia, y después de superada la Guerra Federal hasta 1959.

La pregunta que sí resultaba pertinente, y nadie se la hace, ni siquiera ahora, es qué y cómo se hace, trascurridas casi dos centurias desde cuando se instala la Fuerza Armada como piedra basal de la república – más allá de la literatura constitucional, civil y democrática – al revelársenos fracturada, subalterna, incapaz de tumbar o de reponer a un gobierno. Y este es el dato cierto y crucial. El que cabe evaluar con seriedad; que ya muestra sus síntomas desde 1983, que golpea al rostro del país en 1992, que se revela como caja de gatos en 2002, y que el 3 de enero de 2026 confirma a todas luces la inanidad de lo militar para la defensa y seguridad de Venezuela.

CAP lo sabía, le preocupaba y no solo lo intuyó, al punto que declara, textualmente, que “en lugar de abrirles juicio a los oficiales implicados en la intentona golpista [frisaban 650 entre oficiales y suboficiales del 4F], optamos por cernir, depurar, ir a los verdaderos responsables, que no significaba dejar sin aclarar las cosas”.

No abrir los juicios – hoy lo revelo, tal como me lo confesara personalmente el presidente Pérez – tampoco arrojaba luz sobre las causas profundas del proceso de disolución de la república en avance, dada la misma fractura de su columna vertebral e histórica. Como afectado directo no contuvo su indignación: ¡A Uslar Pietri me provoca llevarlo a juicio militar!, me dice. Pero no lo hizo, más allá de sus expresiones coloquiales posteriores, para hacer arder el debate político. Como hombre de Estado que lo fue, creyó bastarle, en buena lid, alcanzar la concordia entre los soldados insurrectos y los institucionales; pero de lo que se trataba era del agotamiento de la república. Esa cuestión sólo la tuvieron presente, sin eco, los ilustres civiles que hicieron parte de la Comisión de Reforma del Estado. Sus estudios quedaron para los anaqueles, como quedó la reforma constitucional. No encontraron eco en los partidos.

La pregunta que hemos de respondernos los venezolanos, de conjunto: ¿Cómo y porqué una nación y una república tan pretenciosamente moderna y democrática –república de universitarios como la de 1811, pero militarmente hipotecada a lo militar, por imperio de la inercia histórica– pudo desaparecer? Es como si nos las hubiésemos bebido los venezolanos en un instante de delirio, como quien se engulle una botella de licor que luego no sabe cómo reponer.

Distinta fue la circunstancia de José María Vargas, preocupado por la cuestión de la impunidad con relación a los militares alzados en una república por hacerse; sin nación que existiese o que fuese tomada en cuenta, mientras que el general José Antonio Páez, que salva a Vargas tras la Revolución de las Reformas que lo tumba y le repone en el ejercicio del poder, opta por perdonar a los conjurados. Se hacían llamar a sí bolivarianos. Eran partes del Ejército Libertador. Quedaron fuera de la organización de la Primera República de Venezuela. Fue el primer tramo de nuestro recorrido republicano que se sostuvo, mediante equilibrios críticos forjados por el propio Páez, pero que al final decantan en la Guerra Federal, donde muere allí el 30% de nuestra población. Es la cifra equivalente a nuestra diáspora contemporánea.

Lo circunstancial histórico nuestro lo aclara el presidente Rafael Caldera en su primer mensaje al Congreso de 1995; en línea exacta con la política de perdones decidida por CAP en su primer decreto de sobreseimientos de los mayores y capitanes tras el golpe del 4F, que lo firma el 2 de abril siguiente (Gaceta Oficial No. 34.936). Esa política la sostiene el presidente Ramón J. Velásquez y la acompaña el país político. Todos los partidos y los candidatos presidenciales (Fermín, Álvarez Paz, Andrés Velásquez) proclaman la amnistía. Y eso se olvidada, de mala fe, por quienes reescriben la historia patria para ocultar sus personales historias: “Con pleno respaldo del Alto Mando que designé, me propuse remediar los traumas causados por los intentos de sublevación del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992”, asevera Caldera.

Luego discierne sobre el trato diferenciado que aplicaría y estimaba de crucial para contener la crisis agonal o terminal en el seno de la república y de su Fuerza Armada; evitando con ello otro golpe posible, como se lo previene el mismo presidente Velásquez: “Muchos se reincorporaron a la actividad [bajo el gobierno de CAP y en el de este] mediante una etapa de transición, indispensable para restablecer los vínculos de compañerismo que se habían quebrantado a causa de lo ocurrido”. El propósito de los tres presidentes era, efectivamente, volver a cementar la columna fracturada de lo militar, para que la república no hiciese aguas.

A los otros, a los jefes, “no se consideró conveniente que lo hicieran –se les dio de baja e impidió volver a endosar el uniforme y reencontrarse con los suyos– por haber tomado una declarada actividad política, incompatible con el apartidismo de las Fuerzas Armadas”, agregó el último gobernante del siglo XX.

La saña cainita que absuelve o condena a Pérez o que condena, sin más, a Caldera, actores fundamentales del siglo anterior, es sólo saña y miopía, alimentada, sí, por quienes le dieron soporte mediático y financiero al candidato militar Chávez en 1998, acompañados por la embajada norteamericana. De poco sirve ello, en suma, para el rehacer a la nación y forjar a una república libertaria, sujeta a los desafíos del siglo XXI. No hay vuelta atrás.

Hacia una nación de ciudadanos

Lo de destacar, aquí sí, pues es lo que sí nos ofrece un astrolabio, tomado del pasado remoto, distante del contaminado con la bilis de los actores del presente, es que el Estado venezolano emerge en 1830 sin precederle la nación como su contenido.

Simón Bolívar denuesta y desconoce a la nación en 1812. En sus guerras por la independencia –que no por la libertad– también desaparece el 30% de la población, como ahora. El anhelo o la apuesta de tal Estado y sus gobiernos sucesivos para subsistir fue la inmigración, en sus inicios la canaria. Mas el dato relevante es que, dominando al ser del venezolano un no-ser todavía o cultor del presente, como nación logra amalgamarse paulatinamente – en un esfuerzo de sincretismo con los migrantes europeos durante la primera mitad del siglo XX. Pero esa nación en cierne existe, sí, originariamente, sólo a partir de los cuarteles. Es lo que nos dejó una huella controversial, a la hora de resolver sobre las cuestiones de la paz y la estabilidad de la república hasta la actualidad. Medra afuera otra inmigración y a la espera, hecha de venezolanos.

Durante la segunda mitad del siglo pasado adquiere texturas la nación, sin ser acabada, evolucionando hacia su modernización plena, pero tamizada por el odre de los partidos de la llamada república civil que concluye en 1998; detrás de la cual se mantiene oculto el dominio y miedo a los militares. Daba muestras de agotamiento esa república, insisto y he aquí el elemento de juicio que era indispensable haberlo tenido a mano a partir de 1989, casualmente en coincidencia con el final del comunismo y el declive de Occidente. Los sistemas de partido desaparecen y declinan, se hacen líquidos en muchos países, no sólo en Venezuela. Chávez no es el autor del final de los partidos en Venezuela, y sólo se ocupa de enterrar a la institución histórica de la que hizo parte.

No podemos obviar lo propio, entonces. Me refiero, como primer hito, al voto mayoritario depositado por los venezolanos en 1998, sin reparar efectivamente en la naturaleza militar del escogido. Entonces, incluso modernizados, los venezolanos optamos por seguir ocupando las butacas del teatro de la república y de la democracia. Esperábamos, como en el siglo XIX, que se subiesen a la escena actores que siempre aciertan o yerran y ante quienes nos limitamos sea tirándoles tomates, o aplaudiéndoles sin discernimiento cuando nos regatean el botín. Juan Vicente Gómez, así, escogió por nosotros al actor del momento, a Eleazar López Contreras, bajo su dictadura. Y en la democracia, aún en la actualidad, seguimos creyendo que el caudillo de turno es el culpable de haber mal escogido al nuevo actor de reparto y de haberlo puesto bajo nuestra mirada, para elegirlo. Chávez escogió a Maduro. Ni Pérez ni Caldera escogieron a Chávez.

¿Es esa, entonces, la nación que aún no somos y a la que aspiramos, pues no-ser nos resulta más útil? ¿Puede sobrevivir de tal modo la democracia como experiencia de vida o estado del espíritu, en cada ciudadano que sólo sabe medrar, pendiente del padre bueno y fuerte, si posible militar o del traficante de ilusiones, del hombre a caballo que estimule nuestros sentidos, enajene nuestra razón, y nos alimente de mitos?

Restablecer las raíces de la nación y sobre aquéllas, desde ésta, arreglar el pasado, tanto como avanzar hacia la forja de un sistema político que la exprese modo fidedigno, que restablezca el equilibrio de poderes que sirva como organicidad capaz de asegurar a la democracia desde la localidad – desde el fogón casero y como experiencia cotidiana – para que todos ejerzamos con libertad de todos nuestros derechos connaturales, es el gran desafío. Es la respuesta a la pregunta que siempre obviamos, como si el tiempo no hubiese transcurrido desde 1989 y como si el cesarismo no fuese el cáncer de nuestros males.

Ha de ceder, a todo evento y como premisa, antes de resolver, la saña cainita que aún alimentan los cadáveres insepultos de la república agotada, incluso hasta para querer reducir a quien hoy se muestra, con absoluta legitimidad, como el alma de la nación que habrá de resucitar, María Corina Machado.

Definitivamente, estos tiempos pasarán a la historia como los de la usurpación agravada y prolongada. Al chavismo no le ha bastado el control hegemónico de la sociedad y del Estado, alcanzado luego de la constituyente de 1999. Ha recurrido a todas las formas de ventajismo, fraude, violencia y corrupción para mantenerse ilegalmente en el ejercicio del poder. Ha instaurado un terrorismo de Estado para pretender silenciar, desmovilizar y aplastar a la sociedad. Aun así, nuestra nación resiste la ignominia.

A la usurpación consumada el 10 de enero de 2025 —cuando, luego del golpe de Estado a la soberanía popular expresada el 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro se hizo juramentar como Presidente de la República para un tercer período— le ha sucedido una usurpación agravada por parte de su heredera, Delcy Rodríguez.

En efecto, la señora Delcy Rodríguez se encuentra instalada en Miraflores en abierto desconocimiento del espíritu y del texto de la Constitución vigente. La detención en New York de Nicolás Maduro, desde el pasado 3 de enero de 2026, representa, sin lugar a dudas, una falta absoluta del Presidente de la República.

No hay forma de ocultar, disimular o manipular un hecho público y notorio como es la ausencia de Maduro. Se trata de una ausencia definitiva. Nadie puede sostener seriamente la expectativa de su regreso para continuar con la usurpación iniciada el 10 de enero de 2025.

Más allá del debate técnico y jurídico sobre la naturaleza de esa ausencia, resulta inocultable la complicidad de las demás ramas del poder público en la usurpación en la que incurre quien hoy ocupa Miraflores. Su hermano, verdadero poder tras el trono, impide el debate en el seno de esa entelequia llamada parlamento. Hay, sin lugar a dudas, una dejación de funciones por parte de la Asamblea Nacional. Ni su presidente presenta el caso al cuerpo legislativo, ni se observa a diputado alguno dispuesto a promover una moción para incluir en la agenda la consideración de la ausencia prolongada —por más de tres meses— de Maduro.

Corresponde a la Asamblea Nacional declarar la naturaleza de la ausencia del Presidente, aun cuando este haya sido un usurpador, como en efecto lo era Maduro. Con su inacción, Jorge Rodríguez y los diputados incurren en una grave omisión de sus obligaciones constitucionales.

Transcurridos los primeros noventa días de la ausencia física y política de Maduro, conforme a lo establecido en la Constitución, la Asamblea debió pronunciarse. De haber considerado posible su retorno —como han insinuado voceros del régimen— habría podido extender la ausencia por noventa días adicionales antes de declarar la falta absoluta. Pero ni siquiera ese debate ha tenido lugar. Un hecho de tal magnitud no ha sido formalmente considerado por el Parlamento.

Jorge Rodríguez parece creer que, si el tema no llega a la plenaria, el problema no existe. Su obsesión por el poder le impide advertir la magnitud de la aberración política y jurídica en la que incurre junto al resto del aparato usurpador.

Se ha pretendido justificar esta situación mediante la peregrina tesis de una supuesta “ausencia forzada”, inexistente en el derecho constitucional. Con ella buscan prolongar la usurpación de Delcy Rodríguez y sostener su permanencia en Miraflores hasta 2030.

Voceros oficiosos han dejado entrever un plan que implicaría una nueva violación del artículo 5 de la Constitución: una reforma cosmética en 2026, elecciones locales en 2027, regionales en 2028, parlamentarias en 2029 y presidenciales en 2030. Aceptar este esquema supondría prolongar de manera abusiva e inaceptable la permanencia en el poder de una persona carente de toda legitimidad.

Conviene recordar que los principios fundamentales orientan todo el ordenamiento jurídico. Ante cualquier duda interpretativa, es obligatorio acudir a ellos. Los artículos 5 y 6 de la Constitución son categóricos: la soberanía reside en el pueblo y el gobierno debe ser democrático, electivo, alternativo y pluralista.

De estos principios se desprende que no existe justificación posible —ni jurídica ni política— para evadir el mandato de convocar elecciones presidenciales que permitan restablecer la soberanía popular.

Ante este grave quebrantamiento del orden constitucional, la Sala Constitucional está llamada a declarar la falta absoluta y ordenar la convocatoria a elecciones para designar al Presidente o Presidenta que deba completar el período. No le corresponde modificar la Constitución, ni mucho menos desconocerla bajo pretexto interpretativo. Está obligada a hacerla cumplir.

Entretanto, la usurpación se prolonga indefinidamente. Esta anormalidad debe ser corregida, más allá del tutelaje que actualmente ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre la administración de Delcy Rodríguez. Para Estados Unidos, la aplicación estricta de nuestra Constitución puede no ser prioritaria. Pero para los venezolanos es un derecho irrenunciable exigir su cumplimiento.

Callar, disimular u omitir este hecho no otorga legalidad ni legitimidad a la encargaduría. Muchos de sus actos podrán ser anulados en el futuro por usurpación de funciones. Quienes hoy guardan silencio deben asumir su responsabilidad histórica. Y quienes luchamos por el retorno a la constitucionalidad no podemos callar ni desistir. Debemos mantener un reclamo firme y permanente hasta lograr la plena vigencia del Estado de derecho y el fin de esta usurpación agravada y prolongada.

César Pérez Vivas
Lunes 13 de abril de 2026

En tiempos de guerra, Napoleón Bonaparte escribía cartas que no parecían de un conquistador, sino de un hombre voluntariamente ciego. A Josefina de Beauharnais le confesaba con desesperación: “No paso un día sin amarte”. Pero mientras él conquistaba imperios para impresionarla, ella disfrutaba de la vida parisina en brazos de otros. Napoleón no lograba conquistar la verdad más simple: la intensidad de uno no garantiza la fidelidad del otro.

Siglos después, el escenario ha cambiado, pero la ceguera estratégica persiste. Hoy, la relación entre figuras como Donald Trump y los operadores del régimen venezolano, como Delcy Rodríguez, no se escribe con romance, sino con la misma arquitectura del autoengaño. Así como Napoleón creía que su pasión domaba el corazón de Josefina, hoy parece instalarse la narrativa de que el régimen de Maduro ha «cambiado», que está actuando con sensatez o que es un socio viable para la estabilidad.

El problema no es la diplomacia, sino confundir la supervivencia táctica con la buena voluntad. El régimen venezolano no ha cambiado su naturaleza; simplemente ha aprendido a manejar el lenguaje que ciertos líderes quieren escuchar.

Napoleón veía amor donde había conveniencia.Trump parece ver orden y «buen juicio» donde hay un cálculo frío para atornillarse en el poder.

Al igual que el corso ignoraba las infidelidades en París para no romper su refugio emocional, hoy se corre el riesgo de ignorar la realidad represiva y el desmantelamiento democrático en Venezuela en favor de una narrativa de «normalización» que solo beneficia al opresor.

El Poder no Ama, el Poder Usa

En la política de alto nivel, un gesto no es una alianza y una concesión no es fidelidad. Entre Washington y Caracas no hay una «nueva etapa» basada en valores compartidos; hay un tablero de ajedrez donde el régimen de Maduro mueve piezas para ganar tiempo, mientras proyecta una imagen de cooperación que seduce a quienes buscan soluciones rápidas.

La tragedia de Napoleón no fue amar, fue no ver a tiempo. No ver que Josefina no respondía a su fuego, sino a su posición. La ceguera actual es similar: creer que el régimen está «actuando bien» es ignorar que su único objetivo es la permanencia. Al final, puedes firmar acuerdos y proyectar una relación de respeto mutuo, pero eso no obliga al otro a ser honesto.

La realidad, terca y silenciosa, siempre termina imponiéndose: El poder no se reforma por amabilidad; se adapta para no caer. Quien cree que el lobo se ha vuelto oveja solo porque ha aprendido a balar, termina siendo el protagonista de su propia derrota histórica.

Vamos por más…
@jgerbasi