Fue recibido con entusiasmo en el corazón del capitalismo, el foro de Davos, como un gran defensor del mercado, palabra sagrada para los ejecutivos que llenaban a reventar la sala principal, algo muy poco habitual cuando habla un político, pero rápidamente las caras empezaron a cambiar en la sala en cuanto Javier Milei empezó a hablar, y solo hubo aplausos tímidos al final, mucho de ellos desconcertados. El presidente argentino abroncó a todos los líderes del mundo, y especialmente a los organismos internacionales, también presentes en la sala. Milei lanzó una visión apocalíptica del mundo, según él en manos del socialismo en todo el planeta. Y los ejecutivos y políticos escuchaban la traducción -habló en castellano- y se miraban sorprendidos. “Estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. En todo el mundo, los líderes que deben defender los valores de capitalismo asumen una visión que conduce al socialismo y a la pobreza. Los principales líderes del mundo han abandonado la libertad por el llamado colectivismo, que es la causa de los problemas”, clamaba Milei.

Por: CARLOS E. CUÉ y JOSÉ PABLO CRIALES – El País

“El capitalismo es la única herramienta que tenemos para acabar con el hambre y la pobreza en el planeta. La doxa de izquierda ataca el capitalismo por ser, según ellos, injusto. Dicen que es malo porque es individualista y bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el mundo se ha puesto de moda. La justicia social es una idea injusta, violenta, porque los impuestos se cobran de manera coactiva. Nadie paga impuestos voluntariamente. El Estado se financia a través de la coacción. Si una empresa genera buen producto le va a ir bien, si el Estado castiga al capitalista por tener éxito destruye sus incentivos, y la torta será más chica. El colectivismo ata al emprendedor de las manos”, insistió.

Cada vez más apocalíptico, Milei expuso su visión fundamentalista del mercado que ni siquiera se asume aquí, en Davos, donde todas las empresas presentes están acostumbradas a colaboraciones público-privadas que reivindican otros presidentes, como el español, Pedro Sánchez, que hablaba justo después en el mismo foro. Milei defendía que los únicos que realmente hacen las cosas bien son los empresarios, precisamente los que poblaban la sala, pero el tono era apocalíptico. “Solo se puede ser exitoso con bienes de mejor calidad a mejor precio. El capitalista es un benefactor social. Un empresario exitoso es un héroe. Este es el modelo que planteamos nosotros, la defensa de la vida la libertad y la propiedad privada. ¿Por qué digo que Occidente está en peligro? Porque en los países que deberíamos defender la propiedad privada, hay sectores que están abriendo las puertas al socialismo. Los neomarxistas se apropian de los medios, de la universidad, de la cultura y de los organismos internacionales. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, si no cada vez vamos a tener más estado y más pobreza”, insistió.

Era tan duro su discurso que él mismo admitió que “puede sonar ridículo decir que Occidente se ha volcado al socialismo”, pero se reafirmó: “Solo si se piensa en la definición clásica del socialismo. Hoy los Estados no necesitan controlar los medios de producción para controlar la vida de los individuos, con control de precios pueden controlar los destinos de los seres humanos”, y terminó con un llamamiento a los que pueblan Davos a su revolución libertaria. “A los empresarios presentes, no se dejen amedrentar por la casta política que quiere perpetuarse en el poder. Ustedes son héroes, son benefactores, que nadie les diga que su ambición es inmoral, no cedan al avance del Estado, El estado es el problema mismo, ustedes son los protagonistas de la historia. ¡Viva la libertad carajo!”. Milei terminó como todos sus mítines, pero lejos de recibir la ovación que tiene en ellos, solo hubo un tímido aplauso. Y eso que por los pasillos triunfa mucho, ha generado un enorme interés y sus ideas son bienvenidas en Davos, pero el discurso fue tan extremo que casi nadie se animaba a mostrar en la sala ese entusiasmo que se veía cuando empezó a deambular por los pasillos del Congress centre de Davos.

Milei volverá este mismo miércoles por la noche a Buenos Aires en un vuelo comercial. En casa le esperan aguas divididas: la última encuesta publicada, de la consultora Poliarquía, da al presidente argentino un 63% de aprobación después de un mes de mandato, pero muestra que más de la mitad de los argentinos no miran con buenos ojos la manera en que está llevando a cabo sus reformas: el 54% desaprueba que el mandatario haya impulsado sus primeras reformas con un decreto de 300 artículos que ya ha sido impugnado parcialmente por la Justicia, y el 59% está en contra de la megaley que el Congreso discute estos días en sesiones extraordinarias a pedido del Ejecutivo.

Desde la ampliación del derecho a la legítima defensa de los agentes de seguridad hasta el castigo penal a las protestas sociales o la privatización de las empresas públicas, el Congreso argentino debate desde hace una semana las reformas impulsadas por el presidente. El Gobierno, que ha encomendado su duro ajuste fiscal al avance de sus reformas, ha aflojado en su pretención de que la megaley sea aprobada en bloque. Incluso el Fondo Monetario Internacional, que la semana pasada reactivó las transferencias a Argentina con elogios el “ambicioso plan de estabilización” de Milei, le ha pedido que se abra a las negociaciones políticas con la oposición.

La megaley todavía no tiene fecha de votación, pero el Gobierno apura al Congreso advirtiendo a la población de que si su reforma no se implementa el “ajuste será más duro”. Argentina registró una inflación mensual del 25,5% el pasado mes de diciembre y superó a Venezuela en 2023 con un 211,4% de inflación anual. Diciembre, el primer mes de Milei en el poder, registró un encarecimiento de precios de más del doble de cualquier mes de un año muy malo para Argentina.

Henry Alviarez, secretario nacional de Organización de Vente Venezuela, aseguró este miércoles, desde la presentación del Comité Operativo 600K para el resguardo del voto, que este 2024 «es el momento de la libertad».

Vente Venezuela

«Se constituye el Equipo Operativo 600K, más de 600 mil ciudadanos que saben que tenemos este año un compromiso electoral (…) Por eso, anunciamos desde el Comando de Campaña la concurrencia de muchos ciudadanos para conformar el aparato de integridad electoral que hará historia y nos llevará a la libertad», puntualizó.

Alviarez detalló que estuvieron presentes más de 20 partidos políticos y miembros de los sectores de «cultura, pensionados, educación, laboral, influencers, enfermería, medicina, defensores de DDHH, comunidad indígena, universidad, ecología, mujeres y jóvenes».

Entre los factores políticos participaron Alianza Bravo Pueblo, Convergencia, Voluntad Popular, Gente, Democracia Renovadora, Venezuela Independiente, Rumbo Propio, Izquierda Democrática, Partido Centro Democrático, Gente Emergente, Bandera Roja, La Rebelión de las Regiones, Movimiento Ecológico, Fuerza Liberal, Unidad Política Popular, La Causa R, Movimiento Progresista, Un Nuevo Tiempo, Encuentro Ciudadano, Copei, Proyecto Venezuela, Acción Democrática y Primero Justicia.

«La persecución no da votos»

Por su parte, el dirigente nacional de Vente advirtió al régimen que en medio del arranque de este campaña electoral que la represión y persecución no da votos.

Alviarez le advirtió al régimen que la persecución sistemática no da votos.
«Hago un llamado al PSUV, a Maduro como candidato o al que pongan: Ellos arrancaron una campaña electoral y nosotros, la nuestra (…) Lo hacemos de manera organizada y cívica. Vamos a desplegar esta fuerza ciudadana y la persecución que han ejercido no da votos a quien la ejecuta», agregó.

Presión al régimen

Alviarez recordó que aún está pendiente el cronograma electoral de este año y que se abra el REP para la inscripción de los jóvenes. «¿Cuál es el temor?», se preguntó.

«No se puede arrebatar lo que es un sentimiento, ni una convicción, ni un modelo de político. Esta lucha trasciende a los partidos. No es la lucha por un espacio político o sigla, esto va más allá», concluyó.

Un tema que vuelve a ocupar hoy la atención de un importante sector de la sociedad civil venezolana y de muchas organizaciones internacionales es la propuesta de Ley de Cooperación Internacional, o «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines» aprobada recientemente en primera discusión, con bombos y platillos, por la Asamblea Nacional (AN).

Por: El Debate vía El Nacional

El principal portavoz del partido de gobierno clama por aplicarla prontamente, después de que anunció las primeras ONG que serán ilegalizadas, de una lista de 62 que ya elaboraron. Aseguró, además, en su lenguaje procaz característico que estas organizaciones «están chorreados (defecados por el miedo) con la Ley de las ONG, se les va a acabar la mantequilla (las facilidades)».

Esta ley pretende limitar y controlar el financiamiento nacional e internacional a prácticamente todas las organizaciones de la sociedad civil como las ONG, las fundaciones, las asociaciones civiles sin fines de lucro y hasta a las mismas universidades y otras organizaciones autónomas, incluyendo los clubes sociales y deportivos.

La ley se aplicará a todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con ésta, e impliquen, entre otros aspectos, la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, capitales y recursos públicos o privados, desde el exterior hacia el país, pero también limita las fuentes de financiamiento nacional.

Tras más de 15 años pendiendo como una espada de Damocles sobre las cabezas de estas organizaciones parece ser, ahora sí, una amenaza de control más real que nunca para la sociedad civil venezolana, debido a la larga lista de obligaciones, incompatibilidades y controles que establece, además de la alta discrecionalidad en las decisiones.

De este modo, el gobierno desempolva el tema en medio de una tremenda crisis social y arrecia su arremetida contra la sociedad civil que hasta ahora había incluido allanamientos y detenciones de activistas sociales, así como la orden de vigilar las operaciones financieras realizadas por las ONG, especialmente las asociadas a partidos políticos, las de defensores de derechos humanos y las ambientalistas.

No hay que olvidar que aún tratamos de digerir la decisión de ordenarles a todas las agrupaciones caritativas, humanitarias y de asistencia en derechos humanos que entreguen, entre otras, información sobre sus financistas y beneficiarios a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.

También le servirá de herramienta para inmiscuirse en la administración de los recursos que obtienen desde el exterior, a través de la creación de un Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional como órgano desconcentrado, es decir, autónomo.

Quizás no resulte coincidencia que, en 2015, Rusia haya aprobado una normativa similar que permite al gobierno declarar «indeseables» a las ONG extranjeras, ni que existan otras parecidas en Nicaragua, Cuba, Irán, China y algunos otros países con gobiernos autoritarios de izquierda.

Solo las inscritas en el Registro que se creará, y de ellas las que el gobierno acepte, serían reconocidas como legales y, en consecuencia, podrían recibir los aportes financieros en los términos que autorice el Ejecutivo nacional.

Pero también, el gobierno se otorga el derecho de auditar sin previo aviso, manejar por cuenta propia los aportes financieros que reciban las ONG y hasta la prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva de una organización y definir si una actuación es ilícita, de acuerdo a sus propios criterios.

La propuesta remite a un reglamento que establecerá los requisitos que deben cumplir y los documentos que deben consignar las organizaciones civiles (nacionales y extranjeras), lo cual no genera ninguna seguridad ni certeza jurídica, dado que confiere al Ejecutivo la potestad discrecional de establecer su reconocimiento.

Esto, de hecho, representa una grave violación del derecho a la libertad de asociación, contemplada en el artículo 52 de la Constitución que define el tema.

La iniciativa también vulnera normas internacionales, pues la libertad de asociación es un derecho reconocido en tratados internacionales que está consagrado en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Todo lo anterior nos muestra que al gobierno de Nicolás Maduro le interesa poco promover la libertad de asociación, pese a que reconoce su constitucionalidad. Su política es la de dictar medidas cada vez más restrictivas que impidan el ejercicio de esa libertad. Una pieza clave en un Estado social de Derecho y justicia.

Esto además afectará los programas de investigación científica en ciencias sociales y naturales, proyectos de desarrollo social y actividades humanitarias que llevan a cabo, además de que apagará la única voz que denuncia la violación de los derechos en el país, las ONG con el apoyo de la comunidad internacional.

Con esta acción, estamos entonces, ante una ley que decreta la guerra a muerte contra las organizaciones de la sociedad civil que dependen de los aportes y donaciones; pero, más allá, estamos ante el fin de lo que queda de la sociedad civil en Venezuela.

Parafraseando a Simón Bolívar en su Decreto de Guerra a Muerte contra españoles y canarios, el Gobierno de Maduro nos dice ahora: «Organizaciones de la sociedad civil, contad con la muerte, aun siendo inocentes».

En un documento de 18 páginas, conocido por EL TIEMPO, la justicia de Estados Unidos pidió a una Corte federal del Distrito Sur de Nueva York que el general venezolano Clíver Alcalá, antigua mano derecha de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y quien terminó distanciado del régimen de Caracas, sea condenado a 30 años de prisión por narcotráfico y entrega de armas a las desaparecidas FARC, en concreto a «Iván Márquez», ahora jefe de la disidencia ‘Segunda Marquetalia’.Su defensa le pidió a la corte una condena de seis años de cárcel.

Por: GDA vía El Nacional

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Para la tarde de este 18 de enero está citada una audiencia en la cual se conocerá la condena que le impondrá Estados Unidos al exgeneral chavista Clíver Alcalá Cordones, quien ante una corte de Nueva York aceptó dos cargos.

Según el fiscal del caso, Alcalá era un «poderoso general de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela que, por años, dio apoyo a las FARC», a las que califica como una «violenta organización responsable de la producción y distribución de la mayor parte de la cocaína que llegaba a los Estados Unidos».

El documento conocido por EL TIEMPO agrega que, como jefe de «miles de militares armados», Alcalá protegió a las FARC y a sus socios de la interferencia de las fuerzas militares y de la justicia venezolana, y que entregó a esa guerrilla material militar; también, que conspiró para lograr que la droga de las FARC no tuviera interferencia alguna para salir de Maiquetía, «el más grande aeropuerto de Venezuela». «A cambio, Alcalá recibió millones de dólares en sobornos», dice la solicitud.

El exmilitar fue extraditado a Estados Unidos desde Colombia en 2020 y el 29 de junio del año pasado se declaró culpable de “proporcionar, ayudar e instigar la provisión de apoyo material o recursos” a las Farc, y de “recibir y transferir armas de fuego y municiones, sabiendo y teniendo motivos razonables para creer que dichas armas de fuego y municiones se utilizarían para cometer el delito federal de terrorismo”.

En junio de 2023, en una audiencia ante el juez Alvin Hellerstein, el procesado admitió que brindó armas y apoyo a las FARC, guerrilla a la que además dejó transitar libremente por Venezuela, según él mismo.

Según su confesión escrita, que leyó él mismo en la audiencia, desde 2006, mientras se desempeñó como general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, brindó apoyo a las FARC.

El juez le preguntó si él “impidió que miembros de las Farc y sus asociados fueran arrestados por agentes del orden venezolanos”. Alcalá dijo que sí, y añadió que también evitó el contacto entre la Fuerza Armada venezolana y las Farc, para que la guerrilla no fuera perseguida.

Así mismo, Alcalá aseguró que él entregó armas a las Farc, incluyendo 20 granadas y 3.5 lanzagranadas, y dijo que “la mitad (fueron) para el señor Luciano Marín Arango, y la otra mitad para el señor Londoño, Timochenko”, quienes para la época eran “el número uno y número dos de las Farc en el territorio que me correspondía en Venezuela”

Los coletazos de este caso

La dura condena que pide el Departamento de Justicia -que depende directamente de la Casa Blanca- representa un campanazo de alerta para el régimen de Maduro, el presidente venezolano que está también procesado en este caso y sobre el que el gobierno de Estados Unidos mantiene una millonaria recompensa a pesar de la relativa distensión diplomática de los últimos meses entre Washington y Caracas.

El Departamento de Justicia dice que Alcalá recibía sobornos de 150.000 dólares por cada cargamento que salía de su área de control, especialmente en el estado de Valencia.

El documento reitera que el llamado «cartel de los soles», como se conoce a la organización criminal liderada por militares y altas fichas del régimen, «fue liderado por el desaparecido presidente Hugo Chávez» y que el coronel fue reemplazado en esa posición por Nicolás Maduro Moros.

Esos negocios, dice Estados Unidos, se originaron en plenas negociaciones del Caguán, cuando las Farc y Chávez acordaron mover campamentos y ‘cocinas’ del narcotráfico hacia territorio venezolano para operar desde allí sin restricciones «e inundar de coca» el norte del continente.

El escrito documenta cómo Clíver Alcalá habría llamado en 2008 directamente a un jefe de la Guardia Nacional venezolana para que dejara mover a lo largo del territorio de ese país un convoy que llevaba al menos una tonelada de droga de las Farc y que fue detenido en un puesto de control.

Estados Unidos dice que Alcalá recibió al menos entre dos y tres millones de dólares de sobornos en efectivo. También, que Alcalá fue detenido por la Policía venezolana en una operación en la que fueron descubiertas 35 toneladas de cocaína en siete camiones militares en el estado Falcón. «Cerca de los camiones, los policías hallaron al acusado, que se identificó como el militar de más alto rango en la región». «Cuando se intentó arrestarlo, el acusado les dijo a los policías que estaban interfiriendo con un asunto de los militares y que tendrían consecuencias».

Después de que hizo algunas llamadas, al lugar arribaron 80 miembros de la Guardia Nacional y un helicóptero, y a los policías les ordenaron borrar todo registro del hecho. Además, sus computadores y radios fueron confiscados».

La defensa pide 6 años

La defensa del general venezolano indicó ante la autoridad que debe concedérsele una rebaja que le quede en seis años de pena debido a cuatro argumentos. Entre ellos que estuvo confinado en prisión preventiva, y que además debía tenérsele en cuenta el tiempo de confinamiento durante el covid-19.

Sobre esto, la justicia indicó que «una sentencia de 72 meses sobre esta base sería totalmente inapropiada, y dramáticamente fuera de línea con la indulgencia otorgada en otros casos con acusados que fueron encarcelados de manera similar durante la pandemia».

Además, que por su edad -62 años- debe considerársele, a lo que le respondieron que él goza de buena salud, por lo que no viene a lugar tal argumento.

«En tercer lugar, el acusado argumenta que una variación a la baja se justifica porque probablemente pasará tiempo detenido por motivos de inmigración hasta que pueda obtener asilo en un país seguro, o ‘en el peor de los casos, encarcelamiento y probablemente tortura y/o muerte después de ser deportado a Venezuela’», se lee en la decisión.

La respuesta fue que como acusado tiene la posibilidad de presentar un caso ante las autoridades de inmigración sobre el asilo correspondiente.

Finalmente, el cuarto argumento tiene que ver con que Alcalá expuso que como tiene familiares y amigos, para su defensa eso constituye un factor a tener en cuenta en la pena a imponer. Sin embargo, para la autoridad esos lazos familiares en su momento «no impidieron que el acusado proporcionara apoyo material a los terroristas, incluidas armas de guerra. Este argumento insta a la Corte a considerar a los familiares y amigos del acusado en lugar de los de las muchas víctimas de las FARC».

En conclusión, la exposición de que debe ser sentenciado a 72 meses de prisión «está completamente fuera de línea con otros casos de apoyo material, y no tiene en cuenta en absoluto la gravedad de la situación del acusado».

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