Los seis opositores al régimen de Nicolás Maduro alojados en la Embajada de la Argentina en Caracas aún no decidieron si solicitarán al Gobierno que se les conceda el asilo político para abandonar Venezuela y volar protegidos hacia Buenos Aires. Perseguidos por los servicios de inteligencia, y sin electricidad corriente por un sabotaje ejecutado hace tres días, cavilan sus próximos pasos en un escenario de incertidumbre política y personal.

Infobae

Javier Milei tiene decidido otorgar sin demoras el asilo a los dirigentes vinculados a la líder opositora Marina Corina Machado, y aguarda el pedido formal desde Caracas, aunque esa instancia legal establecida por las convenciones internacionales pueda colocar a las relaciones diplomáticas con Venezuela al borde de la ruptura.

Los hospedados en la embajada argentina son Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y un sexto dirigente cuyo nombre aún no trascendió. Todos los protegidos por el gobierno argentino pertenecen a la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que es liderada por Machado y ha sido proscripta por el régimen caribeño.

La decisión del pedido de asilo de los dirigentes opositores se vincula a la campaña electoral previa a los comicios del próximo 28 de julio. Si Urruchurtu, Meda, Villalobos, Macero y González solicitan asilo, no salen de la embajada y desde allí hacen campaña contra Maduro, Argentina ingresaría en una zona de alta conflictividad diplomática con Venezuela.

En este contexto, desde Buenos Aires se adelantó a los seis hospedados en la residencia diplomática que Milei está dispuesto a conceder sin demoras el asilo político, pero que ellos deberían respetarlo con su silencio o pedir el salvoconducto legal y volar a la Argentina.

Ese dilema que mezcla voluntad política y seguridad personal deja en suspenso la posibilidad de un asilo concedido por la Casa Rosada. Y si finalmente esto sucede, la salida hacia Buenos Aires dependerá de la decisión de Maduro.

Los eventuales asilados necesitan un salvoconducto, que sólo es otorgado por el régimen populista. Si Maduro no quiere, los seis hospedados deberán permanecer en la embajada de Argentina, adonde los servicios de inteligencia o la Fiscalía de Venezuela no pueden ingresar por las disposiciones de la Convención de Viena.

Al margen de proteger a los seis opositores en la embajada en Caracas, Milei se puso al frente de la condena regional contra Maduro y su sistemática violación a los derechos humanos. El jefe de Estado cuestiona al régimen por su persecución política a los partidos opositores y en las última horas exigió que Maduro garantice un proceso electoral transparente rumbo a los comicios de julio.

“El Presidente Javier Milei insta al socialista Nicolás Maduro a asegurar la seguridad y bienestar del pueblo venezolano, así como a convocar a elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas, sin proscripciones de ningún tipo”, sostuvo un comunicado de prensa distribuido en Balcarce 50.

El régimen caribeño convocó a elecciones presidenciales y su decisión es lograr que Maduro triunfe con la mayor cantidad de votos posibles. Esa decisión implica que está prohibiendo a los líderes opositores y bloqueando la posibilidad de un control institucional ejercido por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que pugnan por la transparencia electoral.

La principal coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció impedimentos para acceder al sistema e inscribir a su candidata, la historiadora Corina Yoris, elegida ante la inhabilitación dictada contra María Corina Machado para competir por cargos públicos hasta 2036.

Y finalmente, vencido el plazo para presentar a Yoris como candidata del PUD, el régimen bloqueó esa nominación para beneficiar las chances electorales de Maduro.

En ese contexto, los dirigentes opositores solicitaron ingresar a la embajada argentina en Caracas, y ahora tienen que decidir si piden asilo y el salvoconducto, o se quedan allí como huéspedes hasta que termine la persecución política ordenada por Maduro.

Las trabas impuestas por el régimen de Nicolás Maduro a la inscripción de la candidatura de la oposición para las elecciones presidenciales del 28 de julio han suscitado el rechazo de buena parte de la comunidad internacional, entre ellos Colombia y Brasil, considerados aliados políticos del mandatario chavista, quienes en sendos comunicados expresaron su “preocupación” por lo que ha venido aconteciendo.

El Nacional

De hecho, el tono usado por Caracas para criticar los comunicados de Bogotá y Brasilia abre la puerta a tensiones que no se veían desde cuando el presidente Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva asumieron el poder.

“Los gobiernos de derecha y la izquierda cobarde no son capaces de condenar los golpes ni las maniobras que atentan contra la paz. Callan de manera cómplice”, dijo Maduro en velada alusión a sus contrapartes. A lo que añadió que Vente Venezuela, el movimiento de la inhabilitada María Corina Machado, era “terrorista”.

En la noche, Petro respondió en X: “No hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo. La magia de Chávez fue proponer democracia y cambio del mundo. La revolución de hoy es: transformar el mundo profundizando la democracia”.

Al final de la jornada, la candidata apoyada por la inhabilitada María Corina Machado, Corina Yoris, no pudo inscribirse por fallas en la plataforma electoral, por lo que se abrió camino a la postulación de dos aspirantes, uno de los cuales, Manuel Rosales, despierta entre amplios sectores más reservas que certezas sobre su real carácter de líder opositor (véase nota alterna).

El rechazo de las cancillerías vecinas a todas estas trabas, en particular las de Bogotá y Brasilia, provocó una respuesta altisonante de la cancillería venezolana que resaltó que lo dicho por sus vecinos correspondía a un dictado de Estados Unidos y que era una “injerencia grosera” en los asuntos internos de un país soberano.

Pero no han sido los únicos países. Desde Estados Unidos, pasando por Argentina, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Perú, entre otros, y el bloque de la Unión Europea han manifestado, en diversos tonos, su inquietud y señalado que lo sucedido en las últimas horas es una violación de los Acuerdos de Barbados y de las reglas de transparencia y equidad democrática que exige una competencia electoral como la que viene.

“Colombia reitera su respeto absoluto a la soberanía y autonomía del pueblo venezolano (…) Al mismo tiempo, reitera la necesidad de un proceso electoral presidencial libre, justo y competitivo en Venezuela, donde se promueva la participación ciudadana a través del voto como mecanismo de expresión democrática”, escribió la cancillería colombiana.

Igualmente, el Gobierno, al que diversos sectores estaban instando desde hace semanas a rechazar lo ocurrido en Venezuela, pidió “garantías políticas y electorales para todos los actores políticos por igual”, pues eso constituye “un eje fundamental en el marco de la democracia”.

Para la cancillería, dichas irregularidades podrían “afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral” del 28 de julio.

‘Paso en falso’

Pero, como no era habitual desde que el presidente Petro asumió el poder, se normalizaron las relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países y Bogotá asumió una actitud de componedora del diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición, con la Cumbre de Bogotá, la respuesta de la cancillería venezolana fue de una agresividad que no se veía en meses.

El canciller venezolano, Yvan Gil, calificó lo dicho por Colombia como una “grosera injerencia”. “Venezuela ha sido siempre respetuosa de los complejos procesos políticos en Colombia, incluso en momentos de violencia y grandes divisiones”. Y continuó: “Empujada por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de los EE. UU., la Cancillería colombiana da un paso en falso”. Supuestamente, según el funcionario, Murillo emitió “juicios falsos”.

El canciller colombiano, de acuerdo con Gil, “contaba con información veraz de primera mano”, por lo que su pronunciamiento fue tomado de mala manera en el régimen de Nicolás Maduro. “No solo es un acto de mala fe, sino que busca minar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales”, aseveró Gil.

El tono no cambió por el lado de Brasil. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil había dicho que seguía el proceso “con preocupación”, especialmente porque Venezuela aún no ha dado ninguna explicación sobre la obstrucción de varias candidaturas presidenciales. “Sobre la base de las informaciones disponibles, se observa que la candidata indicada por la Plataforma Unitaria, fuerza política de oposición, y sobre la cual no pesaban decisiones judiciales, fue impedida de registrarse, lo cual no es compatible con los acuerdos de Barbados”.

Duque advierte posible atentado

El expresidente Iván Duque habló sobre el complejo panorama electoral en Venezuela, donde la oposición ha vivido duros obstáculos para inscribir a sus candidatos. En diálogo con NTN24, el exmandatario colombiano entre 2018 y 2022 aseguró que era “claro” que el presidente de dicho país, Nicolás Maduro, se iba a “pasar por la faja” los acuerdos de Barbados, mientras que a cambio obtuvo la liberación de Alex Saab y la habilitación para la exploración y explotación petrolera.

Asimismo, Duque advirtió que se estaría planeando una detención ilegal o un atentado contra la vida de María Corina Machado por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

“Existen fuertes rumores de que en las próximas semanas la integridad y la libertad de María Corina Machado podrían estar en grave riesgo, ya que se estaría planeando una detención ilegal y un atentado contra su vida por parte del Sebin”, dijo el expresidente colombiano a través de su cuenta de X, quien hizo un llamado a la comunidad internacional para que le brinden medidas de protección.