Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Una comisión fiscalizadora del Gobierno realiza hoy la primera inspección técnica a Minera Panamá, obligada a presentar un plan de cierre.

Prensa Latina

La medida responde a un fallo de noviembre último de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró institucional el contrato suscrito entre el Gobierno y la subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum y bajo la presión de una inédita ola de protestas populares que sacudió al país.

La compañía emitió la víspera un comunicado en que asevera que recibirá a los expertos, funcionarios y representantes de organizaciones académicas, sociales, ambientales y medios de comunicación que integran la comitiva, organizada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

First Quantum indicó además que el venidero 16 de enero presentará un borrador preliminar para la fase inicial del plan de preservación y gestión segura de la mina de cobre de Donoso (Colón), como parte del proceso de cierre del proyecto.

La empresa resaltó que la planificación y la preparación de para la estabilidad ambiental de los activos, tras el cierre de operaciones, es un proceso que se lleva a cabo durante varios años y además reiteró su disposición a ser parte de la solución y abrir un diálogo constructivo.

Diversas fuentes señalan que pese a informes en poder del Ministerio de Ambiente (Miambiente) sobre los delitos a la naturaleza que cometía la minera, estos estudios no fueron entregados a la CSJ.

Entre esos delitos sobresalen el destrozo de bosques, el manejo inadecuado de desechos sólidos, contaminación de las aguas y acumulación de sedimentos que afectaban la tonalidad de ríos.

En 10 años (2010-2021), informes de Miambiente revelan incumplimientos ambientales de esta compañía, pero no fueron suficientes para detener su operación, además en 2022 y 2023 no hubo fiscalización.

El escándalo desatado en octubre y noviembre últimos y la escala de manifestaciones en todo el país motivadas por el ilegal pacto minero suscrito entre el Estado y la empresa subsidiaria de una trasnacional foránea motivó también la renuncia del entonces ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, cuya familia vinculan con las millonarias ganancias de ese proyecto, según denuncias de activistas sociales.

El pasado martes, colectivos populares y organizaciones sindicales diversas se congregaron en las puertas de entrada de Minera Panamá y reclamaron justicia y soberanía sobre ese territorio nacional, el cierre inmediato de las operaciones de la empresa y detener los daños ambientales.

Este 9 de enero la Asamblea Nacional (AN) inició la segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba.

Control Ciudadano

La jornada parlamentaria solo pudo avanzar hasta la aprobación del artículo 8 del instrumento legal, en espera de nuevas observaciones que puedan ser presentadas al Proyecto de Ley, en el marco de la consulta pública.

De la lectura de los artículos aprobados y al contrastarlos con la versión que había sido aprobada en primera discusión, se observan modificaciones al contenido y alcance del Proyecto de Ley Orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba.

Hay dos nuevas incorporaciones en la redacción del Proyecto de Ley que son positivas:

Se incorpora un nuevo numeral para el artículo 2 del proyecto, que señala como finalidad de la Ley, entre otros:

“Establecer las normas básicas para la exploración, ubicación, recopilación, aseguramiento, sistematización y disposición de información relevante respecto a la defensa de los derechos de la República Bolivariana de Venezuela, sobre el territorio de la Guayana Esequiba, con el objeto de contribuir con (…) las actividades de defensa judicial y extrajudicial (…) relacionados con tales derechos”.

También, se incorpora un nuevo párrafo para el artículo 6 del proyecto de Ley que establece el deber para el Estado de hacer “(…) uso de los medios procesales disponibles para rechazar las pretensiones de cualquier tribunal o corte, incluyendo tribunales arbitrales y la Corte Internacional de Justicia de atribuirse jurisdicción para conocer o resolver asuntos relacionados con su independencia e integridad territorial”.

Los cinco aspectos a resaltar sobre la versión más reciente del Proyecto de Ley para la Defensa de la Guayana Esequiba

Para Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, son cinco los aspectos que deben resaltarse de la nueva redacción del Proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba:

1.-Las previsiones incorporadas en los artículos 2 y 6 del proyecto de Ley son positivas, pues obligan a defender el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sin titubeos, al permitir expresamente actividades de “defensa judicial” para el Estado, y rechazar ante esta instancia internacional, argumentadamente y con pruebas, las pretensiones de Guyana de hacer valer el Laudo Arbitral de 1899, que Venezuela considera nulo como mecanismo para establecer la línea limítrofe entre ambos países.

2.- Es interesante esta nueva redacción de los artículos 2 y 6 del Proyecto de Ley, pues aunque Venezuela acordó en el referendo consultivo del pasado 3 de diciembre no reconocer la jurisdicción de la CIJ para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba; por la vía de esta Ley, que se espera sea aprobada próximamente, se abre certeramente el deber para el Estado de defender los intereses de la República en esa instancia internacional.

3.- Ha privado la racionalidad, pues no puede abandonarse el caso del Esequibo en la CIJ por parte de la República Bolivariana de Venezuela, por el contrario, debe robustecerse la defensa del Estado ante esta instancia internacional.

4.- Está previsto para el próximo 8 de abril, que Venezuela presente contramemoria ente la CIJ y es la oportunidad de hacerlo con el mayor apoyo de expertos con los que cuenta el país para esta causa, sin distingo de posición política, pues la Guayana Esequiba es un asunto de Estado y no de gobierno. Esto contribuirá como expresa el proyecto de Ley a la defensa judicial de los derechos de la República Bolivariana de Venezuela, sobre el territorio de la Guayana Esequiba

5.- Esperamos continúen produciéndose ajustes en la redacción del resto de los artículos de este Proyecto de Ley Orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba, a medida que avanza su aprobación en segunda discusión.

El mundo occidental está experimentando el realineamiento político más dramático desde el ascenso del socialismo hace más de un siglo. La fuerza impulsora entonces fue el ascenso de la clase trabajadora, creado por la Revolución Industrial. Hoy, es el cambio hacia una economía dominada por las industrias de la información, la tecnología, las finanzas y los medios de comunicación. Este nuevo orden económico, al igual que el que surgió hace un siglo, está creando una dinámica política altamente disruptiva y un cambio en las lealtades de clase históricas.

Por: Joel Kotkin – Spiked

Las plataformas tecnológicas, los gigantes financieros y las megacorporaciones minoristas han formado una nueva oligarquía económica. En 2023, seis de las ocho empresas más valoradas del mundo eran empresas de tecnología . Apple, que encabeza la lista, se convirtió el año pasado en la primera empresa de 3 billones de dólares. Tiene una valoración de mercado justo por debajo del PIB de la India y el Reino Unido, y mayor que la de Italia, Rusia o Canadá.

Los oligarcas tienden a respaldar la llamada agenda progresista en temas como el cambio climático, la cultura y la inmigración. Sin embargo, a diferencia de los progresistas de antaño, tienen poco interés en lograr una mayor igualdad de ingresos o difundir la prosperidad más ampliamente, ya que se han convertido en los principales beneficiarios de una economía cada vez más feudalizada.

La agenda oligárquica también cuenta con el apoyo de una parte de las clases media y media alta: aquellos que sirven a los oligarcas en la legislación o los medios de comunicación, o que se benefician de la ampliación de las regulaciones y programas gubernamentales. De hecho, bajo el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, la mayor parte del crecimiento del empleo se concentra ahora en el gobierno y en la atención sanitaria, en gran parte financiada por el estado. Biden también ha concedido a los funcionarios del gobierno sus mayores aumentos salariales en medio siglo.

En el otro lado del libro mayor se encuentran la clase trabajadora y la clase media del sector privado, incluidos comerciantes, artesanos, pequeños promotores inmobiliarios y comerciantes calificados. Mientras que las empresas más grandes siguen atrayendo grandes inversiones de capital y pueden hacer frente a un gobierno grande, las empresas más pequeñas están en peligro por el poder monopólico y las regulaciones estrictas. En general, la clase media estadounidense se ha reducido del 61 por ciento de la población al 50 por ciento desde los años setenta. Las perspectivas de tener una vivienda propia, buenos empleos y una jubilación segura han disminuido en todo Occidente.

No sorprende que las clases media y trabajadora tradicionales de Occidente estén cada vez más alejadas del sistema. Una encuesta reciente encontró que sólo el 34 por ciento de los estadounidenses aprueba la llamada bidenómica. Otra encuesta encontró que casi el 70 por ciento piensa que la economía está peor ahora que en 2020. Este no es solo el caso de Estados Unidos. Los trabajadores comunes y corrientes también están sufriendo en el Reino Unido por salarios estancados, productividad deficiente y una presencia disminuida de la clase trabajadora en la cultura nacional dominada por el despertar. Como consecuencia de todo esto, se está produciendo un enorme cambio político.

Las personas más ricas de hoy ya no son fanáticos del libre mercado. En cambio, ellos y sus empresas están profundamente ligados al estado gerencial progresista. Los partidos que alguna vez se identificaron con los intereses de la clase trabajadora –como los Demócratas de Estados Unidos, los Liberales de Canadá, el Partido Laborista de Australia y el Partido Laborista del Reino Unido– dependen cada vez más del apoyo de profesionales bien educados y de la clase administrativa.

Por el contrario, muchos partidos y movimientos que alguna vez estuvieron asociados con las clases altas –como los republicanos estadounidenses, los conservadores canadienses y los conservadores británicos– dependen cada vez más de los votantes de las clases trabajadora y media. Estos votantes han sido la fuerza detrás del ascenso de Donald Trump, Giorgia Meloni de Italia, Marine Le Pen de Francia, Geert Wilders de Holanda y varios partidos de derecha en Suecia, Finlandia, España y Dinamarca.

Tres cuestiones están acelerando este realineamiento: la política climática, la inmigración y las divisiones sobre actitudes culturales. El apoyo a Net Zero es casi universal entre las instituciones del establishment. Multimillonarios como Elon Musk, capitalistas verdes de Silicon Valley e inversores de Wall Street buscan grandes oportunidades en lo que la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen , ha llamado «la mayor oportunidad económica de nuestro tiempo», es decir, abordar la llamada crisis climática.

Para la burocracia, esta campaña ecologista –en gran medida producto de un edicto gubernamental– ofrece oportunidades para ampliar su poder, así como para engrosar sus filas. Para ellos, cualquier expansión del Estado regulador proporciona recompensas psíquicas y más poder sobre los ciudadanos. Este modelo opresivo surgió con mayor claridad durante la pandemia en prácticamente todos los países importantes, con excepción de Suecia . Lise Kingo, jefa de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, celebró los bloqueos y otras restricciones de Covid como un «simulacro de incendio» para regular la vida de acuerdo con los principios Net Zero de la élite global.

Para la clase trabajadora y gran parte de la clase media, por otro lado, estas políticas podrían resultar catastróficas. Esto explica por qué los chalecos amarillos franceses de clase trabajadora , los agricultores de los Países Bajos y Nueva Zelanda y los obreros de las fábricas de países en rápida desindustrialización como Alemania, están saliendo a las calles o votando por partidos antisistema. En Estados Unidos , quienes participan en la economía material del «carbono» (camioneros, madereros, trabajadores petroleros, agricultores, plomeros y trabajadores de la construcción) se inclinan hacia los republicanos. Mientras tanto, profesiones como profesores, trabajadores medioambientales, instructores de yoga y psiquiatras respaldan abrumadoramente a los demócratas.

Estos patrones ya están remodelando el panorama político. Incluso en la Europa ultraverde, ahora se está produciendo un marcado cambio . Los políticos del Reino Unido, Italia, los Países Bajos y Alemania se están alejando poco a poco de las políticas climáticas extremas. En medio del espectro de la pérdida de empleos en fábricas y granjas, y a pesar de la incesante propaganda en los medios, el escepticismo climático está creciendo. El apoyo al alguna vez poderoso Partido Verde alemán también está en caída libre. Incluso el Berlín ultraliberal rechazó una propuesta el año pasado que habría obligado a la ciudad a alcanzar el nivel Net Zero para 2030. En noviembre, los holandeses votaron por el escéptico climático Geert Wilders.

Por supuesto, los principales medios de comunicación y las burocracias gubernamentales descartarán cualquier escepticismo hacia Net Zero como extremismo . Pero la resistencia y el desinterés popular no pueden ignorarse permanentemente. Según una nueva encuesta de Monmouth , sólo el uno por ciento de los trabajadores manuales estadounidenses consideran que el clima es una preocupación importante. Incluso cuando la administración Biden gasta cientos de miles de millones de fondos de los contribuyentes en proyectos ecológicos, la mayoría de los estadounidenses no quieren gastar más de 2,50 dólares a la semana para combatir el cambio climático.

La inmigración masiva también ha sido favorecida durante mucho tiempo por los oligarcas. Durante la crisis migratoria europea de la década de 2010, los industriales alemanes presionaron para que se permitiera la entrada de refugiados en masa, como solución a la creciente escasez de mano de obra. Para las clases altas, la inmigración abierta también proporciona una fuente barata de mano de obra barata, principalmente en las industrias de servicios. Los inmigrantes también constituyen aproximadamente las tres cuartas partes de la fuerza laboral tecnológica de Silicon Valley, y en su mayoría provienen de India, Pakistán, Medio Oriente y Asia Oriental.

En el pasado, los socialdemócratas y los sindicatos vieron la inmigración masiva como una amenaza para la clase trabajadora. Pero en los últimos años los izquierdistas se han mostrado partidarios de aumentar el número de recién llegados. Algunos ven a los refugiados como un medio para engrosar las filas de las minorías agraviadas que esperan que apoyen su agenda identitaria. En el Reino Unido, el Partido Laborista ha propuesto incluso permitir votar a los no ciudadanos.

Sin embargo, aquí está el problema: la inmigración descontrolada está alimentando el resentimiento en todo Occidente. Incluso en sociedades tradicionalmente abiertas como los Países Bajos y Dinamarca, existe una preocupación generalizada de que los inmigrantes no integrados, particularmente de Oriente Medio, sean indiferentes a las reglas y costumbres de las sociedades democráticas liberales . Mucho antes del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, Francia enfrentó una serie de ataques terroristas y disturbios que convirtieron partes de sus ciudades en zonas prohibidas. En Suecia , ha sido necesario recurrir al ejército para hacer frente a una oleada de asesinatos por bandas en los suburbios dominados por inmigrantes.

El reciente aumento del antisemitismo se considera en general una profunda amenaza para las sociedades liberales. Las aparentemente interminables manifestaciones «pro Palestina» han permitido que el racismo antijudío florezca abiertamente en las ciudades europeas. Aún más preocupante es el hecho de que funcionarios alemanes y holandeses descubrieron recientemente un complot de agentes de Hamas para atacar sitios judíos en sus países.

Todo esto está alimentando a los partidos antimusulmanes y antiinmigrantes, así como a los movimientos neofascistas en países como Alemania , donde más del 60 por ciento de la población apoya una prohibición de la inmigración procedente de países musulmanes (una proporción que ha ido aumentando durante los últimos años). una década. En Estados Unidos, la frontera sur incontrolada influye directamente en la campaña de reelección de Donald Trump .

Las ramificaciones económicas de la inmigración masiva son significativas. El costo de la vivienda y el cuidado de los refugiados pobres ha llevado a algunos países a encontrar formas de enviarlos a otros lugares. Los conservadores británicos, por ejemplo, quieren procesar y reasentar a los solicitantes de asilo en Ruanda, en África central. Sin embargo, estos costos no importan mucho a las élites cognitivas, que no son las que compiten con los inmigrantes indocumentados por la vivienda, los servicios públicos y la atención médica.

En Estados Unidos, con cruces ilegales en niveles récord, la porosa frontera está alienando no sólo a los trabajadores sino también a los inmigrantes legales . Los votantes de clase trabajadora de todos los orígenes se sienten ahora abandonados y están aflojando sus vínculos con los políticos demócratas que no están dispuestos a frenar la afluencia masiva. El cambio se puede ver en el bastión predominantemente latino e históricamente demócrata del sur de Texas , que ha sido el más afectado por la flexibilización de la frontera estadounidense por parte de Biden.

Las cuestiones culturales constituyen el tercer motor del nuevo realineamiento. Incluso muchos demócratas veteranos retroceden ante la adopción por parte de su partido de una ideología despierta, que parece preparada para avivar cada vez más tensiones étnicas .

Al dividir el mundo en «opresores» y «oprimidos», los progresistas exigen que la sociedad se reestructure en favor de las minorías étnicas y otros antiguos grupos externos. Atacan la idea de mérito , socavando esencialmente la base misma de la sociedad liberal. Según esta visión del mundo, incluso la violencia criminal es excusable si la comete alguien de un grupo históricamente marginado.

Esta ideología supuestamente antirracista cuenta con el apoyo de árbitros culturales , así como de departamentos corporativos de recursos humanos y organizaciones sin fines de lucro , como la Fundación Ford, el Fondo de los Hermanos Rockefeller, las Fundaciones Open Society y muchas otras financiadas por la clase multimillonaria .

Sin embargo, estas actitudes son ampliamente rechazadas por la gran mayoría de los estadounidenses, incluso entre las minorías. Los negros y otras minorías no están a favor de quitarle fondos a la policía o abolir las prisiones, incluso cuando estas políticas se impulsan en su nombre. Apenas el cuatro por ciento de los latinos estadounidenses han adoptado el término ‘Latinx’, que les ha aplicado el duopolio académico/mediático. La idea de que las personas deberían ser juzgadas por su grado de victimización –en función de su género, raza u origen nacional– en cuestiones tales como el ingreso a la universidad y las solicitudes de empleo le parece a la mayoría de la gente manifiestamente injusta .

Un factor que se pasa por alto son las tendencias culturales conservadoras de muchos inmigrantes de África, Oriente Medio y Asia Oriental. Según una encuesta reciente , los inmigrantes son dos veces más conservadores en sus opiniones sociales que el público estadounidense en general. También rechazan ampliamente la política de identidad que se ha vuelto central en el actual sistema de creencias demócrata. Los inmigrantes también tienden a ser más religiosos que los blancos estadounidenses. Las nuevas lecciones de educación sexual, que a veces incluyen representaciones gráficas de actos carnales, han provocado la oposición de las comunidades latina, asiática, negra y musulmana. Los latinos son incluso más propensos a favorecer las restricciones al aborto que otros grupos étnicos por un margen de 10 puntos, señala Pew .

Como señalan Ruy Teixieira y John Judis en su importante nuevo libro, ¿Adónde se han ido todos los demócratas? , los demócratas están sufriendo ahora una perceptible erosión del apoyo entre la clase trabajadora, los latinos, los jóvenes, las mujeres y algunos afroamericanos. Incluso Donald Trump, un hombre al que regularmente se tacha de «racista» en los principales medios de comunicación, obtuvo un voto latino significativamente mayor , particularmente en Florida y Texas, en 2020 que en 2016. Le está yendo aún mejor entre estos grupos en la campaña de 2024, por lo que lejos. También muestra signos de aprovechar sus logros con los afroamericanos , en gran parte debido al impacto de la inflación y la delincuencia.

Luego están los sentimientos de los blancos no hispanos, que todavía constituyen alrededor del 57 por ciento de la población estadounidense (muchos hispanos estadounidenses también se identifican como blancos). En gran medida, la izquierda progresista considera que esta población es tóxica. Como lo expresa un escritor del Washington Post : «Dado que es probable que los blancos sean la mayoría de los votantes durante al menos dos décadas más, Estados Unidos está en problemas».

Dadas estas actitudes, no sorprende que los blancos de clase trabajadora se hayan movido hacia la derecha en respuesta. En 1968, el 52 por ciento de los graduados blancos no universitarios respaldaron a los demócratas. Ahora, apenas un tercio lo hace . Las ideas despiertas pueden ser dominantes entre los recién educados en la universidad, pero los jóvenes blancos , particularmente los hombres, se dirigen claramente hacia la derecha. Después de ser derrotado en este grupo demográfico en 2020, Trump ahora está codo a codo con Biden y lo está superando en algunas encuestas. Mientras tanto, el poco convencional Robert F. Kennedy Jr. supera tanto a Trump como a Biden entre los votantes más jóvenes. Este cambio es paralelo a los acontecimientos en Europa , incluidos Alemania, Italia , Finlandia, Suecia y, más recientemente, los Países Bajos , donde los jóvenes respaldan cada vez más los movimientos populistas.

Este giro hacia la derecha no debe interpretarse como un apoyo a la agenda tradicional de libre mercado de los partidos conservadores. Se entiende mejor como un retroceso masivo, pero a menudo ambiguo, contra el orden oligárquico. A casi dos tercios de los estadounidenses no les gusta el status quo político y apenas el cuatro por ciento cree que el sistema está funcionando bien, según Pew Research . Casi dos tercios de los adultos jóvenes estadounidenses ven el capitalismo de manera negativa; esta es la proporción más alta de cualquier grupo de edad, 33 puntos porcentuales más que aquellos de 65 años o más. Actitudes similares son comunes en Europa y otras democracias.

En lugar de anhelar un retorno al thatcherismo o al reaganismo, los votantes más jóvenes parecen más receptivos a un gobierno ampliado . De hecho, con la excepción de Argentina, los partidos de derecha en ascenso generalmente no quieren limitar el Estado de bienestar, al menos para su ciudadanía actual. En las recientes elecciones holandesas, Wilders sugirió que limitar la migración ayudaría a apuntalar el generoso estado de bienestar del país. Sentimientos similares han sido expresados ​​por figuras emergentes de la derecha europea, como Giorgia Meloni y Marine Le Pen. Trump tampoco tiene planes de eliminar los beneficios para los ciudadanos estadounidenses o reducir el alcance del estado.

El encuestador demócrata Stanley Greenberg ha instado a los partidos de izquierda a centrarse más en cuestiones cotidianas como el coste de la vida. Sus propias encuestas muestran que esta es la principal preocupación de los votantes en los estados clave de Estados Unidos por un margen de 30 puntos. Si los trabajadores manuales en lugares como Michigan y Georgia sienten que las políticas «progresistas» no tienen mucho para ellos, entonces los demócratas tendrán dificultades para vencer al odioso Donald Trump.

¿Pueden los demócratas y otros partidos anteriormente de izquierda hacer los cambios necesarios para recuperar a los votantes de la clase trabajadora? Esto será difícil de lograr cuando estos partidos estén financiados en gran medida por oligarcas –y cuando sus activistas estén tan apegados a posiciones impopulares, como la política de identidad, la fluidez de género y el apocalipticismo climático. Pero si no logran hacer este cambio y continúan ignorando a los votantes, entonces sólo tendrán la culpa cuando la derecha populista se coma su almuerzo.

El Dr. Anthony Fauci confesó a los legisladores el martes que las pautas para mantener seis pies de separación , aparentemente para limitar la propagación de COVID-19 , “aparecieron más o menos” sin aporte científico.

The New York Post

Fauci, de 83 años, reveló ante el Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Pandemia de Coronavirus que la recomendación de “seis pies de distancia” defendida por él y otros funcionarios de salud pública de EE.UU. “probablemente no estaba basada en datos científicos”, según el presidente Brad Wenstrup (republicano por Ohio). ) , que también es médico.

Las escuelas de todo el país permanecieron cerradas hasta bien entrado el segundo año de la pandemia como resultado de las pautas de distanciamiento social, que fueron cuestionadas tanto por los estudios de investigación como por otros funcionarios de salud.

«Nunca se me ocurrió que seis pies fuera particularmente sensato en el contexto de la mitigación», dijo al New York Times el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, quien se desempeñó como coordinador de respuesta al COVID del presidente Biden durante 15 meses en marzo de 2021.

«Me gustaría que los CDC salieran y dijeran que esto no es un problema importante».

Cuando se le preguntó acerca de un estudio en las escuelas de Massachusetts que encontró que solo un metro de distancia entre los estudiantes daba como resultado tasas de casos de COVID «similares», Fauci dijo que el mismo mes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estaban revisando «muy cuidadosamente» los datos y «probablemente» actualizarlos.

Según Wenstrup, la entrevista transcrita de Fauci, alto asesor de la Casa Blanca durante dos administraciones presidenciales, ante el panel COVID de la Cámara de Representantes “reveló fallas sistémicas en nuestro sistema de salud pública y arrojó luz sobre serias preocupaciones procesales con nuestra autoridad de salud pública”.

Esos “fracasos” incluyeron imponer mandatos de vacunación a escuelas y empresas.

“Después de dos días de testimonios y 14 horas de interrogatorio, muchas cosas se hicieron evidentes. Durante su entrevista de hoy, el Dr. Fauci afirmó que las políticas y mandatos que promovió lamentablemente pueden aumentar las dudas sobre las vacunas en los años venideros”, dijo Wenstrup.

“Está claro que las opiniones disidentes a menudo no fueron consideradas o suprimidas por completo. Si surgiera una futura pandemia, la respuesta de Estados Unidos debe guiarse por hechos científicos y datos concluyentes”.

Wenstrup también dijo que los miembros del comité “siguen frustrados por la incapacidad del Dr. Fauci para recordar información sobre el COVID-19 que es importante para nuestra investigación”, mientras que “otras personas con las que hemos hablado sí recuerdan los hechos”.

El representante Michael Cloud (republicano por Texas), que forma parte del panel, dijo el martes por la noche que Fauci había demostrado una “capacidad asombrosa para olvidar lo que sucedió o luego encontrar formas de eludir cualquier tipo de responsabilidad por la influencia que tuvo”. ”Durante el asunto de dos días.

“Se lavan las manos ante cualquier tipo de responsabilidad y dicen: ‘Oh, esas decisiones las tomaron los distritos escolares’. Pero los distritos escolares saben que si no se siguen las directrices que emanan del gobierno federal, se exponen a demandas”, dijo Cloud sobre Fauci y otros funcionarios estadounidenses de respuesta a la pandemia.

«Dice que todavía no está convencido de que haya habido pérdida de aprendizaje; que, en su opinión, eso todavía está realmente abierto a discusión», dijo Cloud también a The Post .

«Creo que [si] le preguntas a cualquier padre, te dirá que fue un gran éxito en el desarrollo de su hijo».

Los miembros del personal republicano dijeron que el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) también “admitió que los mandatos de vacunas de Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 podrían aumentar las dudas sobre las vacunas en el futuro”, pero que aconsejó a las universidades estadounidenses “imponer mandatos de vacunas a sus estudiantes” durante la pandemia.

En 2021, Fauci también había dicho que estaba “demostrado que cuando se lo pones difícil a las personas en sus vidas, pierden sus tonterías ideológicas y se vacunan”.

El subcomité selecto de COVID escuchará más testimonios de Fauci en una audiencia pública a finales de este año.

El representante Raúl Ruiz (demócrata por California), médico y principal demócrata en el subcomité, desestimó la entrevista de la mayoría con Fauci en una declaración como una “expedición de pesca extrema”, y pidió a los republicanos “que pongan a disposición de los ciudadanos la transcripción completa” el público.

El miembro de alto rango no asistió a la entrevista transcrita del lunes con Fauci, pero se presentó al segundo día de interrogatorio.

Wenstrup dijo a los periodistas que las transcripciones completas de la entrevista con Fauci se publicarán una vez que sean revisadas por el personal mayoritario y minoritario.

El gobierno de Guyana dijo que está buscando ayuda de Estados Unidos para mejorar sus capacidades de defensa en medio de temores de que la vecina Venezuela algún día pueda apoderarse de una región en disputa en el oeste de Guyana que es rica en minerales y petróleo.

AP

El anuncio se produce tras dos días de conversaciones entre altos funcionarios de Guyana y Daniel P. Erikson, subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, quien viajó al país sudamericano para discutir asociaciones de defensa y seguridad.

Las conversaciones terminaron el martes por la noche cuando Erikson dijo que Estados Unidos ayudaría a Guyana a crear un ejército más organizado y mejor equipado en los próximos meses. No proporcionó más detalles. Erikson también dijo que las fuerzas de seguridad y los equipos de entrenamiento especializados que visitaron Guyana el año pasado continuarán haciéndolo en 2024.

Erikson dijo a los periodistas que Guyana busca modernizar sus capacidades de defensa y que parte de las conversaciones se centró en el alcance y la capacidad, así como en la ciberseguridad.

“Algo de gran interés para nosotros es garantizar que, cuando Guyana busque aumentar sus capacidades de defensa, lo haga a través de un plan que sea estratégico, integrado en sus instituciones de defensa generales y sostenible en el tiempo”, dijo Erikson.

Describió las conversaciones con funcionarios de Guyana como productivas y dijo que Estados Unidos es consciente de los pasos necesarios para mejorar las capacidades de defensa.

“Esperamos trabajar con ellos, especialmente profundizando el intercambio de información”, dijo. “Reconocemos que Guyana se encuentra en un punto de inflexión en términos de su propio desarrollo económico, en términos del papel regional que es capaz de desempeñar, y por eso queremos asegurarnos de que nuestra relación de defensa con Guyana continúe a la altura de los tiempos que corren”.

El viaje de Erikson se produce pocas semanas después de que se profundizara una disputa centenaria sobre la región del Esequibo de Guyana, cuando Venezuela celebró un referéndum en diciembre para reclamar soberanía sobre un área que representa dos tercios de Guyana.

Las tensiones continuaron empeorando a fines del año pasado hasta que el presidente de Guyana, Irfaan Ali, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunieron en la isla caribeña oriental de San Vicente como parte de una reunión de mediación de emergencia organizada por líderes regionales para evitar una mayor escalada. Tras la reunión, ambas partes acordaron abstenerse de utilizar la fuerza, pero la disputa territorial continúa.

Venezuela ha insistido durante mucho tiempo en que el Esequibo era parte de su territorio durante el período colonial español y sostiene que un acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela, Gran Bretaña y la entonces Guayana Británica, ahora Guyana, anuló una frontera trazada en 1899 por árbitros internacionales.

Venezuela intensificó su agresión hacia Guyana después de que el gigante petrolero estadounidense ExxonMobil y sus socios del consorcio descubrieran enormes depósitos de petróleo y gas frente a la costa de Guyana en 2015. La producción diaria es de casi 600.000 barriles de petróleo y se espera que aumente.

A fines del año pasado, Estados Unidos y Guyana realizaron sobrevuelos conjuntos de rutina cerca de la región fronteriza con Venezuela durante el punto álgido de la tensión previo al referéndum venezolano. Guyana también ha acogido ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y otras naciones del Caribe en julio pasado.

Un buque de guerra británico también llegó a Guyana a finales de diciembre, lo que llevó a Venezuela a iniciar ejercicios militares cerca del territorio en disputa. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que el barco visitó Guyana como parte de múltiples compromisos con la región y que el barco se sometería a ejercicios de entrenamiento con el ejército de Guyana.

Las tensiones entre Guyana y Venezuela han disminuido un poco este mes, y los líderes de ambos países tienen previsto reunirse a finales de este año en Brasil para continuar las conversaciones.

Una de las consecuencias más profundas que dejó la estrategia política de máxima presión del gobierno de Donald Trump hacia el gobierno de Nicolás Maduro fue el debilitamiento de la oposición venezolana. El daño que hizo el outsourcing de Estados Unidos no solamente contribuyó a frenar la movilización de los venezolanos, sino que debilitó aún más a una oposición seriamente aquejada de divisiones ideológicas y desacuerdos estratégicos.

Por: María Isabel Puerta Riera – El Nacional

El desplazamiento de la gestión de representación al gobierno de Estados Unidos dejó al país sumido en una suerte de orfandad política, convirtiendo hasta sus decisiones de política doméstica en un asunto existencial para algunos sectores de la sociedad venezolana. En ese plano doméstico, el tema fue utilizado por la anterior administración para captar y conservar el voto latino, específicamente en las comunidades cubanas y venezolanas en el exilio en Florida, donde llegó a representar un asunto crítico por su impacto electoral.

Sin embargo, luego de las elecciones de 2020, el debate político sobre Venezuela tomó otro rumbo con el gobierno entrante de Joe Biden. Considerando su postura crítica sobre la estrategia de la administración pasada, y vistos los resultados electorales en Florida, el argumento de preservar el voto de cubanos y venezolanos perdió fuerza en su agenda. Los resultados adversos del Partido Demócrata liberaron al gobierno de Biden, permitiéndole abordar el caso venezolano desde una perspectiva más pragmática.

Los primeros indicios sobre el cambio en la estrategia de Estados Unidos vinieron de la mano de negociaciones directas con el régimen venezolano. La liberación de los sobrinos políticos de Maduro en octubre de 2022 generó amplia condena en Venezuela. Lo que no tuvo mayor atención fue el acercamiento entre las dos partes, en medio del estancamiento de las conversaciones iniciadas en Barbados en 2019, y en México entre 2021 y 2022.

En ausencia de avance en las conversaciones entre las partes, el gobierno de Biden optó por una vía más directa. La crisis migratoria los obligó a retomar el tema, porque ya no se trataba solo de las repercusiones para gobiernos regionales en manos del Partido Republicano, sino que el flujo masivo de inmigrantes estaba afectando también a gobiernos demócratas gracias a la estrategia republicana de traslado de inmigrantes a ciudades bajo su jurisdicción.

En este contexto se produjo un nuevo intercambio de presos entre los dos gobiernos, reavivando el amplio rechazo entre la opinión pública venezolana de la política de la administración de Biden hacia Maduro. El canje de diez presos de nacionalidad estadounidense por Alex Saab, un empresario colombo-venezolano procesado por una serie de delitos por la administración de justicia de Estados Unidos, fue el producto de una negociación paralela a la de Barbados bajo la mediación del ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Qatar.

Este nuevo episodio ha permitido observar un cambio cualitativo que pudiera llegar a ser crucial de cara a los retos electorales que enfrentará la oposición venezolana en 2024. Luego de la elección primaria opositora este pasado octubre, el deseo de cambio por el que votaron más de 2 millones de venezolanos pareciera estar tomando forma en el liderazgo refrendado por el resultado de la elección. A diferencia de las críticas por la liberación de los sobrinos políticos de Nicolás Maduro, la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, en un comunicado emitido a propósito de esta transacción, señaló que la medida se inscribe en el proceso de construcción de una ruta cívica que conduzca hacia una solución electoral de la crisis política venezolana.

La transición de Machado de aspirante a líder con proposiciones políticas sin concesiones a una líder con posiciones más moderadas (o cautelosas) no debería pasar inadvertida. Un primer indicio en el cambio de estrategia de Machado, que no siempre respaldó acudir a las urnas, fue su participación en la elección primaria. Un giro que, sin embargo, no ha sido suficiente para zanjar las diferencias en el seno de la oposición. La otra señal ha sido su aproximación al proceso de negociación, que incluso poco antes de las primarias seguía siendo objeto de duras críticas de su parte; ahora se lo plantea como un escenario más dentro de un amplio programa político que ha venido desarrollando en los últimos dos años.

Las acciones señaladas se inscriben dentro de lo que Machado ha descrito como “el nuevo despertar” de Venezuela. Desde esta aproximación, la candidata opositora reconoce que la vía electoral está llena de incertidumbre y obstáculos, asumiendo la participación en el proceso político desde una postura más pragmática, lejos de su acostumbrada demanda sobre la salida incondicional de Maduro.

La ventana de oportunidad que se le presenta a la oposición en este tramo de la crisis política venezolana puede ser muy pequeña si no se aprovecha para adoptar una estrategia unitaria y efectiva de mediano plazo. Luego de la elección primaria, Machado reconoce que ha recibido un mandato. Es posible que el reto no se limite solamente a enfrentar las amenazas desde el chavismo y sus esfuerzos por impedir que participe en las elecciones presidenciales de 2024 con la inhabilitación política en su contra. Un primer desafío será vencer a las fuerzas opositoras que se han devorado a sus líderes, antes que el propio chavismo. Convencer al país que votó por Machado, y en contra de un liderazgo político al que considera incapaz de enfrentar al chavismo, de que se trata de una estrategia de largo aliento tiene sus riesgos en este escenario.

Lo que se está planteando es un cambio cualitativo que pudiera llevar a un replanteamiento estratégico que, de concretarse con la ampliación de las fuerzas políticas respaldando a Machado, sería la amenaza más seria que se le ha presentado a Nicolás Maduro en los últimos años.

Este 2024 será un año que se distinguirá por el abultado número de elecciones que tendrán lugar entre los doce meses que comienzan con enero. Están previstas las realizaciones de comicios, en por lo menos 75 países, ese panorama ha sido calificado por los analistas que siguen de cerca esos proyectos comiciales como un verdadero “tsunami” electoral. Todos esos preparativos contemplan la movilización de más de 4.200 millones de personas sobre las cuales incidirán los resultados de esos procesos. 

Antonio Ledezma

Venezuela es uno de esos países en los que está anunciada la elección presidencial, ya que en otros ámbitos también se consumará, este año, elecciones parlamentarias, regionales y locales. Sin embargo, en Venezuela, a diferencia de lo que ocurre con otras naciones, la fecha para que se concrete esa esperada elección presidencial está en un verdadero limbo, contrariando que, según la Constitución y las leyes vigentes, dicho proceso no debería pasar del último trimestre del año que corre.

Los venezolanos estamos sumados en ese monto llamativo de más de 4.000 millones de votantes prevenidos en todo el mundo para elegir a sus presidentes, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, según sea cada caso. Pero a diferencia de lo que está desarrollándose en Bután, Comoras, Finlandia o en  Bangladesh, país en donde la gente vota conforme a un calendario electoral previamente establecido y del conocimiento oportuno de todas las partes involucradas en la pugna electoral, en Venezuela, la fecha para convocar y realizar las elecciones presidenciales es “un misterio muy bien secuestrado” por Maduro y sus acólitos. 

Bien se sabe que una elección no está reducida al simple acto de votar. Es un evento muy complejo que evoluciona por ciclos. Sobre todo en el caso de Venezuela, país en el que por las características del régimen que controla las instituciones, se hace indispensable contar con una convincente y eficiente observación internacional, como esa que cumplen los especialistas que trabajan para la Unión Europea. 

Es de suponer que una delegación verdaderamente comprometida a evaluar, supervisar, observar y dar una versión bien fundamentada respecto a un proceso electoral, debería estar en el sitio de los acontecimientos con suficiente antelación, porque solo así será posible revisar el registro electoral, o sea la data, procesar las impugnaciones y constatar si se hacen los correctivos pertinentes, sobre todo en lo atinente a Venezuela, país que tiene a más de 8 millones de ciudadanos en la diáspora y de los cuales más de 5.7 millones tenemos, legalmente, derecho a participar en esas elecciones presidenciales. Para que unas elecciones sean libres deben existir garantías de libertad de expresión, acceso a los medios de comunicación, libertad de desplazamiento por el territorio de cada país, funcionamiento de los centros de votación, libres de apremios, para que la gente pueda votar sin presiones de ninguna especie y los escrutinios y auditorías se cumplan como corresponde legalmente. 

En Taiwán se realizan elecciones, y previamente a esa convocatoria se ha hecho un exhaustivo examen del registro de votantes. Eso es lo natural, es lo saludable y además se trata de un mecanismo inevadible por las partes involucradas en la competencia y de obligatorio cumplimento del ente responsable de asegurar una elección verdaderamente competitiva. 

Para el venidero mes de febrero la elección presidencial será en Indonesia, fecha que no representa ninguna sorpresa para las decenas de millones de sufragantes (más de 200 millones) ni para los aspirantes a la silla presidencial. También tienen previa cita electoral los pakistaníes, pero para seleccionar mediante el sufragio a sus parlamentarios. En ambos procesos el camino a votar lo podrán transitar millones de ciudadanos, pero antes de que se verifique ese derecho político, los ciudadanos conocen de las observaciones, reformas y garantías para que ese derecho no sea ni burlado ni escamoteado en las urnas de votación. 

Seguidamente está en la cartelera electoral el proceso correspondiente a La India. Es de suponer que será una oleada de seres humanos cerrando filas ante sus respectivos centros de votación. Para que se pueda cumplir con normalidad ese monumental acto es preciso que se conozca la fecha con suficiente antelación. Eso es lo normal, lo lógico. Tal como acontece en México, en donde dos mujeres disputan la primera magistratura nacional. O en los EEUU en donde ya se han confrontado en debates televisado muchos de los aspirantes para tratar de ganar su respectiva nominación candidatural antes unos ciudadanos que están debidamente informados de cuándo y dónde serán esas elecciones presidenciales este año 2024. En junio de este año, en países con territorios enmarcados en La Unión Europea, que involucra a más de 500 millones de personas, tendremos elecciones parlamentarias en junio. Todo se hace con previo conocimiento de la fecha de cada proceso electoral.

Pero en Venezuela no es así. Maduro pretende seguir jugando con la buena fe de la comunidad internacional ante la cual se ha comprometido (negociaciones de Barbados) a facilitar una salida crisis a la crisis que padecemos en la región como consecuencia de la tragedia que tiene su epicentro en Venezuela, país en donde los venezolanos cuentan con María Corina Machado, la líder más reconocida dentro y fuera de la nación. Su liderazgo es incuestionable y sólido (ganó con más del 92 % de los votos emitidos en primaria), admitido por todos los factores políticos que hacen vida dentro y fuera del territorio venezolano. Todos coincidimos en que darle la espalda a María Corina, con el subterfugio del ”sustituto”, o moverse en atención al guión del régimen que sigue “jugando a la candelita” con la fecha electoral, sería no menos que una traición a los millones de venezolanos que nos dieron un claro y contundente mandato el pasado 22 de octubre. Por eso la lucha al lado de María Corina es ¡hasta el final! 

@AlcaldeLedezma

Bajo el mandato del actual presidente de EE.UU., Joe Biden, el país «tiene graves problemas», como la inflación, la delincuencia y la crisis migratoria. Mientras, el mundo se dirige hacia la Tercera Guerra Mundial, señaló esta semana el exmandatario estadounidense Donald Trump en un nuevo video de campaña.

Actualidad RT

«El mundo está en llamas y nos precipitamos hacia la Tercera Guerra Mundial. Estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial de lo que nunca hemos estado. Nuestro país está muriendo y hay solo un candidato apto en esta carrera para la tarea de salvar EE.UU. de todos los desastres de Biden», manifestó Trump.

Además, instó a los ciudadanos estadounidenses a que apoyen su candidatura en las elecciones presidenciales de 2024. «Un voto para Donald Trump es un voto para proteger nuestra frontera, detener la invasión [de inmigrantes], salvar nuestra economía, ser independientes enérgicamente como lo éramos solo hace tres años […], y es un voto para recuperar nuestra democracia del corrupto de Joe Biden y toda la clase criminal en la capital de nuestra nación», aseveró el expresidente.

“Venezuela está pidiendo cambio y lo vamos a lograr; sin embargo, para alcanzar ese objetivo tenemos que participar activamente y exigir que la dirigencia política de los factores de oposición que se unan, depongan intereses personales y entiendan que los intereses de la nación están por encima de los personales”, afirmó el abogado y analista político, Johel Orta Moros, al referirse al panorama electoral para el año 2024.

Nota de prensa

En este sentido, reiteró que, en caso de la oposición insista la división y la confrontación, “una minoría, como lo es el oficialismo hoy en día, volverá a ganar los venideros comicios, lo cual sería muy dificultoso para la nación, porque el país está buscando cambiar el estado de las cosas”.

De igual manera, Orta manifestó que el año 2024 es de suma importancia para Venezuela, especialmente en el ámbito electoral; al mismo tiempo, instó al Consejo Nacional Electoral a pronunciarse sobre el cronograma electoral, en especial las elecciones presidenciales, que de acuerdo a informaciones extraoficiales, estarían pautadas para el segundo semestre del presente año, pese a que se ha asomado que pueden efectuarse en el mes de octubre.

Al consultarle sobre la instalación del período parlamentario de la Asamblea Nacional 2024 – 2025, expresó que el mismo se realizó sin sorpresa alguna. “Nuevamente, el PSUV asumió plenamente la directiva, sin dejar paso a algún parlamentario de la oposición, tal y como ha sucedido durante los 25 años. Particularmente, yo esperaba que hubiese una modificación en la conducta por parte de la mayoría parlamentaria del oficialismo, sin aplastar totalmente a la fracción opositora”.

“Reitero la importancia de trabajar con el poder electoral para lograr una representación proporcional de las minorías, y así pueda existir en el próximo parlamento una correlación de poder, donde estén representados todos los venezolanos”, indicó.

Para finalizar, el analista político enfatizó que en “cualquier parlamento no debe existir una mayoría demoledora que atropelle a una minoría, sector que representa a la mayoría electoral”.

Pese a todas las reformas legislativas e intentos de mejora desde 2021, la justicia venezolana se encuentra en el foso, en especial la justicia penal. Así lo refleja el Índice de Estado de derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP), en el cual la labor de los jueces y fiscales fue calificada como la peor del mundo por noveno año consecutivo.

Acceso a la Justicia

En el reporte que la agrupación internacional elabora anualmente desde 2008 y que fue publicado en octubre de 2023, el país volvió a quedar en el último lugar, de entre los 142 evaluados en materia de Estado de derecho, al obtener nuevamente una calificación de 0,26 puntos, la misma que consiguió en 2022.

El Estado de derecho, según WJP, es un sistema durable de leyes, de instituciones y de normas que obliga a las autoridades a rendir cuentas sobre sus actuaciones, al tiempo que protege los derechos fundamentales de toda la población. Este ofrece mecanismos accesibles e imparciales para resolver las controversias y disputas que se presentan en una sociedad determinada.

Para elaborar el índice, WJP evaluó la actuación de los jueces y fiscales en los ámbitos penal y civil (este incluye todo lo que no es penal), la capacidad del Poder Judicial en general para fijar límites al Gobierno; la ausencia de corrupción en el país; qué tan abierto y transparente es el Ejecutivo nacional a la hora de tomar sus decisiones; el grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales; la situación del orden y la seguridad interna; y el nivel de cumplimiento del marco legal vigente. Para ello se realizaron 149.000 encuestas a ciudadanos y 3.400 abogados, académicos, juristas y catedráticos de Derecho en los 142 países evaluados.

Puros gestos

Por tercer año consecutivo, el sistema de administración de justicia penal venezolano obtuvo una puntuación de apenas 0,12 puntos, un dato que revela que las reformas administrativas y legales implementadas por las autoridades no han rendido sus frutos o al menos los ciudadanos no perciben ningún cambio significativo.

Desde 2021, la Asamblea Nacional (AN) ha aprobado leyes como la Ley Orgánica de amparo sobre la Libertad y Seguridad Personal y ha reformado el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM). En el mismo período, con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, redujo el número de magistrados de ese organismo de 32 a 20, y designó funcionarios como el defensor público general. Las medidas buscaban, de acuerdo con las autoridades, combatir el retardo procesal, evitar el uso abusivo de la detención preventiva o el procesamiento de civiles por parte de los juzgados castrenses.

Pese a los cambios, muchas de estas prácticas continúan registrándose, tal y como lo denunció a finales de 2022 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV).

Pero no solo los jueces penales fueron reprobados, también los civiles, aunque estos últimos al menos no quedaron de últimos, sino de penúltimos. Ello a pesar de que en comparación con el reporte anterior perdieron una décima y pasaron de 0,27 a 0,26. De acuerdo con el informe de WJP, los jueces civiles de Camboya son los peores del mundo.

En contraposición los fineses, daneses y los singapurenses son quienes gozan de la mejor justicia criminal, mientras que los neerlandeses y noruegos son los que tienen los mejores jueces civiles. En América Latina, entretanto, Uruguay, Costa Rica y Chile comparten los primeros tres lugares en las categorías antes señaladas.

Un dato importante es que todos los países antes mencionados, a excepción de Singapur, son considerados democracias consolidadas o en vías de consolidación.

Cero progreso

El Poder Judicial no es el único que no registró avances. En materia de lucha contra la corrupción, gobierno abierto o cumplimiento del marco regulatorio, Venezuela tampoco avanzó un ápice.

Son llamativos los resultados referidos a la corrupción; los mismos se han producido el mismo año en que las autoridades lanzaron su última campaña en contra de los delitos que afectan al patrimonio público. A principios de 2023, el Gobierno de Nicolás Maduro y el Ministerio Público realizaron varias operaciones policiales que permitieron la desarticulación de redes que sustraían fondos públicos en Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en Cartones de Venezuela, en la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), algunas alcaldías y hasta en el Poder Judicial.

Unas 55 personas fueron detenidas, entre ellas el diputado oficialista Hugbel Roa y el expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornielles, como informó el fiscal general Tarek William Saab, quien anunció que había una docena de órdenes de captura por ejecutar.

«Hemos logrado imputar desde el año 2016 a 2023 a 21.534 funcionarios. Hemos acusado a 9.398 y logrado condenar a 5.365», denunció Tarek William Saab.

La corrupción fue uno de los temas que salió a relucir en el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, celebrado en octubre pasado en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Aunque en general Venezuela sale mal parada, en algunos indicadores del Índice de Estado de derecho se recogen algunos progresos. Así, por ejemplo, en materia de seguridad y orden público. el país subió unos peldaños. Actualmente Venezuela está en el lugar 132 de 142 y en América Latina y el Caribe está en el antepenúltimo lugar, superando a México y Haití. Desde 2016 hasta 2021 Venezuela fue considerado el país más inseguro de la región.

Una tendencia mundial

No solo la situación del país es preocupante, sino la del mundo. Hoy en tres de cada cuatro países se han producido retrocesos en materia de democracia y derechos humanos, de acuerdo con los datos recogidos por WJP.

«El mundo sigue sumido en una recesión del Estado de derecho caracterizada por la extralimitación del Poder Ejecutivo, la disminución de los derechos humanos y unos sistemas judiciales que no logran satisfacer las necesidades de las personas», afirmó William H. Neukom, cofundador y presidente de la organización.

«Personas de todo el mundo están pagando el precio de este retroceso», denunció.

Aun así, los datos del reporte apuntan a que este retroceso se está ralentizando, luego del mazazo que supuso la pandemia de COVID-19.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Los datos del nuevo Índice de Estado de derecho son preocupantes, pues señalan que 1.500 millones de personas en todo el planeta no consiguen en los tribunales amparo a sus derechos ni respuestas a sus problemas. En este importante porcentaje de la población mundial se encuentran los 30 millones de venezolanos.

Los resultados del informe también confirman que las medidas adoptadas por las autoridades en los últimos años para supuestamente adecentar y mejorar el sistema de justicia en Venezuela no son más que puros gestos simbólicos, que no se han traducido hasta el momento en resultados tangibles y concretos.

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