El gobierno de Guyana dijo que está buscando ayuda de Estados Unidos para mejorar sus capacidades de defensa en medio de temores de que la vecina Venezuela algún día pueda apoderarse de una región en disputa en el oeste de Guyana que es rica en minerales y petróleo.

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El anuncio se produce tras dos días de conversaciones entre altos funcionarios de Guyana y Daniel P. Erikson, subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, quien viajó al país sudamericano para discutir asociaciones de defensa y seguridad.

Las conversaciones terminaron el martes por la noche cuando Erikson dijo que Estados Unidos ayudaría a Guyana a crear un ejército más organizado y mejor equipado en los próximos meses. No proporcionó más detalles. Erikson también dijo que las fuerzas de seguridad y los equipos de entrenamiento especializados que visitaron Guyana el año pasado continuarán haciéndolo en 2024.

Erikson dijo a los periodistas que Guyana busca modernizar sus capacidades de defensa y que parte de las conversaciones se centró en el alcance y la capacidad, así como en la ciberseguridad.

“Algo de gran interés para nosotros es garantizar que, cuando Guyana busque aumentar sus capacidades de defensa, lo haga a través de un plan que sea estratégico, integrado en sus instituciones de defensa generales y sostenible en el tiempo”, dijo Erikson.

Describió las conversaciones con funcionarios de Guyana como productivas y dijo que Estados Unidos es consciente de los pasos necesarios para mejorar las capacidades de defensa.

“Esperamos trabajar con ellos, especialmente profundizando el intercambio de información”, dijo. “Reconocemos que Guyana se encuentra en un punto de inflexión en términos de su propio desarrollo económico, en términos del papel regional que es capaz de desempeñar, y por eso queremos asegurarnos de que nuestra relación de defensa con Guyana continúe a la altura de los tiempos que corren”.

El viaje de Erikson se produce pocas semanas después de que se profundizara una disputa centenaria sobre la región del Esequibo de Guyana, cuando Venezuela celebró un referéndum en diciembre para reclamar soberanía sobre un área que representa dos tercios de Guyana.

Las tensiones continuaron empeorando a fines del año pasado hasta que el presidente de Guyana, Irfaan Ali, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunieron en la isla caribeña oriental de San Vicente como parte de una reunión de mediación de emergencia organizada por líderes regionales para evitar una mayor escalada. Tras la reunión, ambas partes acordaron abstenerse de utilizar la fuerza, pero la disputa territorial continúa.

Venezuela ha insistido durante mucho tiempo en que el Esequibo era parte de su territorio durante el período colonial español y sostiene que un acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela, Gran Bretaña y la entonces Guayana Británica, ahora Guyana, anuló una frontera trazada en 1899 por árbitros internacionales.

Venezuela intensificó su agresión hacia Guyana después de que el gigante petrolero estadounidense ExxonMobil y sus socios del consorcio descubrieran enormes depósitos de petróleo y gas frente a la costa de Guyana en 2015. La producción diaria es de casi 600.000 barriles de petróleo y se espera que aumente.

A fines del año pasado, Estados Unidos y Guyana realizaron sobrevuelos conjuntos de rutina cerca de la región fronteriza con Venezuela durante el punto álgido de la tensión previo al referéndum venezolano. Guyana también ha acogido ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y otras naciones del Caribe en julio pasado.

Un buque de guerra británico también llegó a Guyana a finales de diciembre, lo que llevó a Venezuela a iniciar ejercicios militares cerca del territorio en disputa. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que el barco visitó Guyana como parte de múltiples compromisos con la región y que el barco se sometería a ejercicios de entrenamiento con el ejército de Guyana.

Las tensiones entre Guyana y Venezuela han disminuido un poco este mes, y los líderes de ambos países tienen previsto reunirse a finales de este año en Brasil para continuar las conversaciones.

Una de las consecuencias más profundas que dejó la estrategia política de máxima presión del gobierno de Donald Trump hacia el gobierno de Nicolás Maduro fue el debilitamiento de la oposición venezolana. El daño que hizo el outsourcing de Estados Unidos no solamente contribuyó a frenar la movilización de los venezolanos, sino que debilitó aún más a una oposición seriamente aquejada de divisiones ideológicas y desacuerdos estratégicos.

Por: María Isabel Puerta Riera – El Nacional

El desplazamiento de la gestión de representación al gobierno de Estados Unidos dejó al país sumido en una suerte de orfandad política, convirtiendo hasta sus decisiones de política doméstica en un asunto existencial para algunos sectores de la sociedad venezolana. En ese plano doméstico, el tema fue utilizado por la anterior administración para captar y conservar el voto latino, específicamente en las comunidades cubanas y venezolanas en el exilio en Florida, donde llegó a representar un asunto crítico por su impacto electoral.

Sin embargo, luego de las elecciones de 2020, el debate político sobre Venezuela tomó otro rumbo con el gobierno entrante de Joe Biden. Considerando su postura crítica sobre la estrategia de la administración pasada, y vistos los resultados electorales en Florida, el argumento de preservar el voto de cubanos y venezolanos perdió fuerza en su agenda. Los resultados adversos del Partido Demócrata liberaron al gobierno de Biden, permitiéndole abordar el caso venezolano desde una perspectiva más pragmática.

Los primeros indicios sobre el cambio en la estrategia de Estados Unidos vinieron de la mano de negociaciones directas con el régimen venezolano. La liberación de los sobrinos políticos de Maduro en octubre de 2022 generó amplia condena en Venezuela. Lo que no tuvo mayor atención fue el acercamiento entre las dos partes, en medio del estancamiento de las conversaciones iniciadas en Barbados en 2019, y en México entre 2021 y 2022.

En ausencia de avance en las conversaciones entre las partes, el gobierno de Biden optó por una vía más directa. La crisis migratoria los obligó a retomar el tema, porque ya no se trataba solo de las repercusiones para gobiernos regionales en manos del Partido Republicano, sino que el flujo masivo de inmigrantes estaba afectando también a gobiernos demócratas gracias a la estrategia republicana de traslado de inmigrantes a ciudades bajo su jurisdicción.

En este contexto se produjo un nuevo intercambio de presos entre los dos gobiernos, reavivando el amplio rechazo entre la opinión pública venezolana de la política de la administración de Biden hacia Maduro. El canje de diez presos de nacionalidad estadounidense por Alex Saab, un empresario colombo-venezolano procesado por una serie de delitos por la administración de justicia de Estados Unidos, fue el producto de una negociación paralela a la de Barbados bajo la mediación del ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Qatar.

Este nuevo episodio ha permitido observar un cambio cualitativo que pudiera llegar a ser crucial de cara a los retos electorales que enfrentará la oposición venezolana en 2024. Luego de la elección primaria opositora este pasado octubre, el deseo de cambio por el que votaron más de 2 millones de venezolanos pareciera estar tomando forma en el liderazgo refrendado por el resultado de la elección. A diferencia de las críticas por la liberación de los sobrinos políticos de Nicolás Maduro, la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, en un comunicado emitido a propósito de esta transacción, señaló que la medida se inscribe en el proceso de construcción de una ruta cívica que conduzca hacia una solución electoral de la crisis política venezolana.

La transición de Machado de aspirante a líder con proposiciones políticas sin concesiones a una líder con posiciones más moderadas (o cautelosas) no debería pasar inadvertida. Un primer indicio en el cambio de estrategia de Machado, que no siempre respaldó acudir a las urnas, fue su participación en la elección primaria. Un giro que, sin embargo, no ha sido suficiente para zanjar las diferencias en el seno de la oposición. La otra señal ha sido su aproximación al proceso de negociación, que incluso poco antes de las primarias seguía siendo objeto de duras críticas de su parte; ahora se lo plantea como un escenario más dentro de un amplio programa político que ha venido desarrollando en los últimos dos años.

Las acciones señaladas se inscriben dentro de lo que Machado ha descrito como “el nuevo despertar” de Venezuela. Desde esta aproximación, la candidata opositora reconoce que la vía electoral está llena de incertidumbre y obstáculos, asumiendo la participación en el proceso político desde una postura más pragmática, lejos de su acostumbrada demanda sobre la salida incondicional de Maduro.

La ventana de oportunidad que se le presenta a la oposición en este tramo de la crisis política venezolana puede ser muy pequeña si no se aprovecha para adoptar una estrategia unitaria y efectiva de mediano plazo. Luego de la elección primaria, Machado reconoce que ha recibido un mandato. Es posible que el reto no se limite solamente a enfrentar las amenazas desde el chavismo y sus esfuerzos por impedir que participe en las elecciones presidenciales de 2024 con la inhabilitación política en su contra. Un primer desafío será vencer a las fuerzas opositoras que se han devorado a sus líderes, antes que el propio chavismo. Convencer al país que votó por Machado, y en contra de un liderazgo político al que considera incapaz de enfrentar al chavismo, de que se trata de una estrategia de largo aliento tiene sus riesgos en este escenario.

Lo que se está planteando es un cambio cualitativo que pudiera llevar a un replanteamiento estratégico que, de concretarse con la ampliación de las fuerzas políticas respaldando a Machado, sería la amenaza más seria que se le ha presentado a Nicolás Maduro en los últimos años.

Pese a todas las reformas legislativas e intentos de mejora desde 2021, la justicia venezolana se encuentra en el foso, en especial la justicia penal. Así lo refleja el Índice de Estado de derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP), en el cual la labor de los jueces y fiscales fue calificada como la peor del mundo por noveno año consecutivo.

Acceso a la Justicia

En el reporte que la agrupación internacional elabora anualmente desde 2008 y que fue publicado en octubre de 2023, el país volvió a quedar en el último lugar, de entre los 142 evaluados en materia de Estado de derecho, al obtener nuevamente una calificación de 0,26 puntos, la misma que consiguió en 2022.

El Estado de derecho, según WJP, es un sistema durable de leyes, de instituciones y de normas que obliga a las autoridades a rendir cuentas sobre sus actuaciones, al tiempo que protege los derechos fundamentales de toda la población. Este ofrece mecanismos accesibles e imparciales para resolver las controversias y disputas que se presentan en una sociedad determinada.

Para elaborar el índice, WJP evaluó la actuación de los jueces y fiscales en los ámbitos penal y civil (este incluye todo lo que no es penal), la capacidad del Poder Judicial en general para fijar límites al Gobierno; la ausencia de corrupción en el país; qué tan abierto y transparente es el Ejecutivo nacional a la hora de tomar sus decisiones; el grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales; la situación del orden y la seguridad interna; y el nivel de cumplimiento del marco legal vigente. Para ello se realizaron 149.000 encuestas a ciudadanos y 3.400 abogados, académicos, juristas y catedráticos de Derecho en los 142 países evaluados.

Puros gestos

Por tercer año consecutivo, el sistema de administración de justicia penal venezolano obtuvo una puntuación de apenas 0,12 puntos, un dato que revela que las reformas administrativas y legales implementadas por las autoridades no han rendido sus frutos o al menos los ciudadanos no perciben ningún cambio significativo.

Desde 2021, la Asamblea Nacional (AN) ha aprobado leyes como la Ley Orgánica de amparo sobre la Libertad y Seguridad Personal y ha reformado el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM). En el mismo período, con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, redujo el número de magistrados de ese organismo de 32 a 20, y designó funcionarios como el defensor público general. Las medidas buscaban, de acuerdo con las autoridades, combatir el retardo procesal, evitar el uso abusivo de la detención preventiva o el procesamiento de civiles por parte de los juzgados castrenses.

Pese a los cambios, muchas de estas prácticas continúan registrándose, tal y como lo denunció a finales de 2022 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV).

Pero no solo los jueces penales fueron reprobados, también los civiles, aunque estos últimos al menos no quedaron de últimos, sino de penúltimos. Ello a pesar de que en comparación con el reporte anterior perdieron una décima y pasaron de 0,27 a 0,26. De acuerdo con el informe de WJP, los jueces civiles de Camboya son los peores del mundo.

En contraposición los fineses, daneses y los singapurenses son quienes gozan de la mejor justicia criminal, mientras que los neerlandeses y noruegos son los que tienen los mejores jueces civiles. En América Latina, entretanto, Uruguay, Costa Rica y Chile comparten los primeros tres lugares en las categorías antes señaladas.

Un dato importante es que todos los países antes mencionados, a excepción de Singapur, son considerados democracias consolidadas o en vías de consolidación.

Cero progreso

El Poder Judicial no es el único que no registró avances. En materia de lucha contra la corrupción, gobierno abierto o cumplimiento del marco regulatorio, Venezuela tampoco avanzó un ápice.

Son llamativos los resultados referidos a la corrupción; los mismos se han producido el mismo año en que las autoridades lanzaron su última campaña en contra de los delitos que afectan al patrimonio público. A principios de 2023, el Gobierno de Nicolás Maduro y el Ministerio Público realizaron varias operaciones policiales que permitieron la desarticulación de redes que sustraían fondos públicos en Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en Cartones de Venezuela, en la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), algunas alcaldías y hasta en el Poder Judicial.

Unas 55 personas fueron detenidas, entre ellas el diputado oficialista Hugbel Roa y el expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornielles, como informó el fiscal general Tarek William Saab, quien anunció que había una docena de órdenes de captura por ejecutar.

«Hemos logrado imputar desde el año 2016 a 2023 a 21.534 funcionarios. Hemos acusado a 9.398 y logrado condenar a 5.365», denunció Tarek William Saab.

La corrupción fue uno de los temas que salió a relucir en el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, celebrado en octubre pasado en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Aunque en general Venezuela sale mal parada, en algunos indicadores del Índice de Estado de derecho se recogen algunos progresos. Así, por ejemplo, en materia de seguridad y orden público. el país subió unos peldaños. Actualmente Venezuela está en el lugar 132 de 142 y en América Latina y el Caribe está en el antepenúltimo lugar, superando a México y Haití. Desde 2016 hasta 2021 Venezuela fue considerado el país más inseguro de la región.

Una tendencia mundial

No solo la situación del país es preocupante, sino la del mundo. Hoy en tres de cada cuatro países se han producido retrocesos en materia de democracia y derechos humanos, de acuerdo con los datos recogidos por WJP.

«El mundo sigue sumido en una recesión del Estado de derecho caracterizada por la extralimitación del Poder Ejecutivo, la disminución de los derechos humanos y unos sistemas judiciales que no logran satisfacer las necesidades de las personas», afirmó William H. Neukom, cofundador y presidente de la organización.

«Personas de todo el mundo están pagando el precio de este retroceso», denunció.

Aun así, los datos del reporte apuntan a que este retroceso se está ralentizando, luego del mazazo que supuso la pandemia de COVID-19.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Los datos del nuevo Índice de Estado de derecho son preocupantes, pues señalan que 1.500 millones de personas en todo el planeta no consiguen en los tribunales amparo a sus derechos ni respuestas a sus problemas. En este importante porcentaje de la población mundial se encuentran los 30 millones de venezolanos.

Los resultados del informe también confirman que las medidas adoptadas por las autoridades en los últimos años para supuestamente adecentar y mejorar el sistema de justicia en Venezuela no son más que puros gestos simbólicos, que no se han traducido hasta el momento en resultados tangibles y concretos.