Argentina inició acciones diplomáticas contra Venezuela después de que el gobierno de Nicolás Maduro prohibiera que las aeronaves argentinas puedan sobrevolar el espacio aéreo venezolano, informaron este martes fuentes oficiales.

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Según explicó el portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del gobierno), «Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo».

«Argentina inició acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela, encabezado por el dictador Maduro, tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo del país por cualquier aeronave argentina, con el perjuicio que eso conlleva para nuestro país», afirmó el portavoz.

La medida de Caracas, indicó Adorni, está relacionada con el caso del avión venezolano Boeing 747 que fue retenido en Argentina desde junio de 2022 y enviado en febrero pasado a Estados Unidos.

Si bien el portavoz del Ejecutivo argentino no amplió detalles, EFE pudo saber por otras fuentes que Argentina presentó una nota de protesta a Venezuela el 8 de marzo «por la decisión de suspender los permisos de sobrevuelo de empresas aéreas argentinas en espacio aéreo venezolano».

En ese texto, Argentina también adelantó que tomaría medidas en el ámbito de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por «violar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional», conocido como Convenio de Chicago (1944).

Según dichas fuentes, Venezuela respondió ayer «ratificando la suspensión» y vinculando esta prohibición con el caso de la citada aeronave.

En la madrugada del pasado 12 de febrero, el Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, partió rumbo a Estados Unidos, en respuesta a un pedido de decomiso.

La tripulación que había llegado a Argentina el 6 de junio de 2022, integrada por cinco iraníes y 14 venezolanos, fue retenida inicialmente por la Justicia y puesta en libertad después por falta de evidencia por el delito de financiación de actividades terroristas.

El avión había llegado a Argentina procedente de México y tras hacer una escala en Venezuela. Dos días después partió de Argentina para cargar combustible en Uruguay, pero regresó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), porque el país vecino no autorizó su aterrizaje.

Entonces, la Justicia argentina ordenó inmovilizar la nave y dispuso que los 19 tripulantes no podían salir del país. Con el correr de la investigación, los tripulantes fueron liberados.

La justificación de la reclamación por parte de Estados Unidos es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio la que transfirió el avión —de fabricación estadounidense— a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.

Antes de la partida del avión hacia Estados Unidos, se sumó un confuso episodio, el 6 de febrero, cuando un diplomático venezolano en Buenos Aires violó la seguridad y sacó fotos de la aeronave, por lo que fue declarado persona no grata y dejó el país en las 48 horas siguientes.

Dos semanas después de la salida del avión, el pasado 29 de febrero, Maduro denunció a Estados Unidos por el «acto vil, criminal, indignante» de «descuartizar» la aeronave en Miami (Florida).

Venezuela cumple 100 días de haber celebrado un referendo que hasta ahora no alcanza su propósito de anexionar al país el Esequibo, el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que controla y explota Guyana.

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Luego de la consulta unilateral que promovió el gobierno, en la que casi la totalidad de participantes aprobaron la anexión, todos los poderes del Estado anunciaron acciones que incluían una legislación para la creación de una región venezolana en el área bajo pleito y la extracción de sus riquezas, que siguen manejadas por Georgetown.

Aunque Venezuela insiste en que el Esequibo, que no controla desde 1899, le «pertenece», el gobierno no ha puesto un pie en el territorio, mientras Guyana, que hace menos ruido en relación con la disputa, espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resuelva la controversia, pese al rechazo de Caracas a esta vía.

El silencio venezolano

100 días después del referendo, el gobierno no habla del despliegue militar que ordenó el presidente Nicolás Maduro para una zona cercana al Esequibo, ni sobre el plan de entrega de nacionalidad a quienes viven en ese territorio, ni sobre las concesiones que debían emitirse «de inmediato» para explotar el petróleo en el lugar.

Tampoco hay una palabra sobre la orden presidencial de expulsar en tres meses a las empresas que allí operan con el permiso de Guyana, que siguen trabajando sin problemas, ni sobre la polémica Ley de Defensa de la Guayana Esequiba, el marco con el que Venezuela prometió formalizar la anexión y cuya discusión quedó paralizada en el Parlamento el 9 de enero.

Las escasas declaraciones que brinda el gobierno sobre el Esequibo giran en torno al derecho de Venezuela sobre el área y a la búsqueda de soluciones amistosas con Guyana, sin comentarios sobre todos los planes anunciados o el dinero gastado en esta operación.

La ventana diplomática

Luego de la tensión y las preocupaciones de la comunidad internacional por la posibilidad de una escalada violenta, ambos países se encaminaron, a instancias de terceros, a una vía diplomática que empezó con una reunión entre Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, a mediados de diciembre.

Este encuentro, promovido por el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, extinguió el fuego discursivo y dio paso a otras acciones que terminaron por enfriar el asunto, como la designación bilateral de embajadores y la reunión entre los cancilleres.

El 25 de enero, los jefes de la diplomacia de Venezuela y Guyana, Yván Gil y Hugh Todd, respectivamente, instalaron una comisión, en Brasil, para mantener un diálogo pacífico y sin amenazas sobre la disputa, con el compromiso de volverse a reunir en marzo, en una fecha que aún no se conoce.

En estas conversaciones, Caracas ratificó la vigencia del Acuerdo de Ginebra, que establece la necesidad de buscar una solución a través de negociaciones directas, especialmente en las aguas que considera «pendientes por delimitar», en las que se hallan grandes reservas de hidrocarburos.

Más allá de las negociaciones, Maduro reiteró este mes que Venezuela no acatará ninguna decisión de la CIJ y que, sea cual sea su sentencia, Guyana se verá obligada a pactar con Caracas sobre el Esequibo, que representa dos tercios de su territorio.

La campaña presidencial

En la Venezuela que hace 100 días solo se hablaba del Esequibo, el tema se fue esfumando hasta llegar a marzo, cuando el anuncio de la fecha de las elecciones presidenciales terminó por enterrar el interés informativo sobre esta disputa, lo que deja las negociaciones entre Caracas y Georgetown prácticamente sin vigilancia.

Con el llamado a las urnas para el 28 de julio, queda la duda sobre el lugar que ocupará la controversia territorial, y todo el dinero gastado en el referendo del 3 de diciembre, en la campaña política, que arrancará formalmente el 4 de julio.

El presidente aseguró que tiene un plan para «hacer tangible» la anexión, una promesa que, de concretarse, reactivaría la amenaza de conflicto bélico.

Un total de 633.000 personas recibieron algún tipo de ayuda humanitaria en Venezuela durante el mes de enero, gestionada por organizaciones locales e internacionales, de acuerdo con un reporte difundido este lunes por la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (OCHA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

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En su primer balance del año sobre la asistencia humanitaria en Venezuela, el organismo multilateral explicó que el trabajo de 70 organizaciones, entre ellas varias agencias de Naciones Unidas, llegó a 220 de los 335 municipios que existen en el país.

La cantidad de beneficiarios representa el 12 % de la meta establecida para 2024, cuando la ONU prevé que 5,1 millones de personas en extrema pobreza sean atendidas en el país sudamericano.

Según los datos reportados por los actores humanitarios a OCHA, cerca de 500.000 personas accedieron a algún tipo de ayuda para mejorar su seguridad alimentaria y medios de vida, mientras que otras 133.000 obtuvieron asistencia en el área de la salud y unas 10.000 en materia educativa.

Asimismo, unas 16.000 personas “participaron en actividades de sensibilización” sobre la protección contra la explotación y los abusos sexuales.

“Esto no significa que sus necesidades hayan sido cubiertas”, aclara el reporte, que no incluye datos sobre el trabajo que hacen para luchar contra la desnutrición, con respecto al número de beneficiarios.

La ayuda humanitaria alcanzó a 2,7 millones de personas en 2023, lo que representa el 51,92 % de la meta planteada, de llegar a 5,2 millones de personas con carencias urgentes.

Casi 4 millones de niños tienen necesidades básicas insatisfechas
Un total de 3,8 millones de niños de Venezuela tienen necesidades humanitarias que deberán ser cubiertas en 2024, según estimaciones difundidas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que requiere unos 147 millones de dólares para sus programas de ayuda en el país.

En el documento llamado “Acción humanitaria por los niños”, la agencia recuerda que -según cálculos de la ONU- 7,7 millones de personas viven en la pobreza, con carencias acuciantes, de los cuales 3,8 millones son niños y adolescentes.

En este sentido, Unicef espera recibir este año las donaciones necesarias, sin las cuales, advierte, será incapaz de proveer los servicios de ayuda que brinda a los niños en Venezuela con el propósito de “proteger sus derechos”.

Entre las áreas a cubrir en 2024 destacan la entrega de micronutrientes en polvo a 300.000 niños y proveer de materiales de aprendizaje a otros 516.500 infantes.

Ucrania lanzó este martes, en vísperas de las elecciones presidenciales en Rusia, un ataque masivo con drones contra diez regiones rusas, acción que estuvo acompañada por incursiones fronterizas por parte de unidades de voluntarios rusos que combaten en las filas del Ejército ucraniano.

Ucrania lanzó más de dos docenas de aviones teledirigidos contra Rusia durante la noche, según informaron las autoridades, que provocaron incendios en dos depósitos de combustible y algunos de los proyectiles se adentraron en territorio ruso.

El Ministerio de Defensa ruso informó el martes de que había destruido 25 drones durante la noche, dos de ellos en la región de Moscú, uno en la región de Leningrado (norte), 11 en las regiones fronterizas ucranianas de Belgorod y Kursk, y uno en otra región fronteriza, Briansk.

Los ataques con drones también incendiaron depósitos de combustible en las localidades de Oryol y Kstovo, a unos 160 kilómetros y 828 kilómetros, respectivamente, de la frontera con Ucrania.

En Kstovo, un complejo de combustible y energía fue atacado por drones, según el gobernador regional.

“Ahora los servicios especiales están trabajando sobre el terreno, utilizando todas las fuerzas y medios necesarios para localizar el incendio en una de las instalaciones de refinado de petróleo”, dijo Gleb Nikitin en la aplicación de mensajería Telegram. “Según los datos preliminares, no hay víctimas”.

Antes, en Oryol, un dron se estrelló contra un depósito de combustible y provocó un incendio, según el gobernador de la región.

“Fue atacada una instalación del complejo de combustible y energía. Los servicios especiales están trabajando en el lugar para contener el fuego. No hubo víctimas”, escribió Andrey Klychkov en la aplicación de mensajería Telegram.

Un vídeo difundido por testigos presenciales mostró columnas de humo oscuro que se elevaban desde la instalación.

La lluvia de drones comenzó de madrugada, pero continuó a lo largo del día, pues las autoridades de la región fronteriza Belgorod informaron de daños en el edificio de la Alcaldía por impacto de un aparato no tripulado y en la vecina Kursk mandaron a sus alumnos a casa para estudiar telemáticamente hasta final de esta semana, como mínimo.

Según el gobernador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, siete comunidades se quedaron sin electricidad como consecuencia del ataque.

Se trata de uno de los mayores ataques contra territorio ruso que efectúa Ucrania y que precede a las elecciones presidenciales rusas, programadas para el 15, 16 y 17 de marzo.

Solo en la región sureña rusa de Rostov, el pasado fin de semana fueron derribados más de 40 drones ucranianos en un día, según las autoridades locales.

Hoy además un avión ruso de transporte militar Il-76 se estrelló en la región de Ivánovo, en el centro de Rusia, con quince personas a bordo, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Incursiones con tanques

Además de los aparatos no tripulados, Rusia sufrió este martes una incursión de grupos de milicianos rusos contrarios al Kremlin.

Tres milicias de voluntarios rusos que luchan con Ucrania contra las fuerzas del Kremlin anunciaron la nueva incursión en territorio de Rusia, en la que habrían tomado el control de una localidad de Belgorod, según asegura el ex diputado ruso exiliado Iliá Ponomariov.

“La Legión Libertad para Rusia, el Cuerpo de Voluntarios Rusos y el batallón Siberiano han entrado en las regiones de la Federación Rusa de Kursk y Bélgorod en el marco de una operación conjunta”, escribió en su cuenta de Facebook Ponomariov, que está considerado el jefe político de la Legión Libertad para Rusia.

El opositor ruso agregó que la localidad de “Lozovaya Rudka (Bélgorod) está bajo el control total de las fuerzas de liberación”.

Más tarde, la legión escribió en su canal de Telegram que también continúan los combates en la aldea de Tiotkino, en Kursk.

“Las formaciones terroristas ucranianas, con el apoyo de tanques y vehículos blindados de combate, intentaron invadir el territorio de la Federación Rusa”, señaló el Ministerio de Defensa ruso en su canal de Telegram.

Los atacantes, añade el parte castrense, fueron rechazados por las tropas rusas, que con el apoyo de la aviación y artillería, les causaron 60 bajas mortales.

Mientras, el representante de la inteligencia militar ucraniana (GUR), Andrí Yusov, destacó que “no se trata de la primera operación” en Rusia de esas milicias y aseguró que Kiev no los controla.

En cuanto a los ataques con drones contra objetivos en territorio ruso, aseguró que estos continuarán con especial énfasis en las instalaciones de doble ruso, civil y militar.

La Legión Libertad para Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos están formadas por combatientes rusos contrarios al presidente, Vladímir Putin, que buscará este domingo su reelección para un quinto mandato.

La anterior incursión en territorio ruso de grupos paramilitares ucranianos tuvo lugar en mayo de 2023.

Un ex empleado de Boeing que se convirtió en denunciante contra la compañía fue encontrado muerto en medio de una demanda en la que había estado ayudando.

BreitBart

John Barnett murió el 9 de marzo a la edad de 62 años por lo que la policía describió como una “herida autoinfligida”. Antes de su muerte, había “estado testificando en una demanda de denuncia de irregularidades contra la empresa”, según la  BBC . Barnett se había retirado de la compañía en 2017 por motivos de salud tras trabajar con Boeing durante 32 años. La BBC escribe:

Desde 2010, trabajó como director de calidad en la planta de North Charleston fabricando el 787 Dreamliner, un avión de pasajeros de última generación utilizado principalmente en rutas de larga distancia.

En 2019, Barnett le dijo a la BBC que los trabajadores bajo presión habían estado instalando deliberadamente piezas de calidad inferior a los aviones en la línea de producción.

También dijo que había descubierto problemas graves con los sistemas de oxígeno, lo que podría significar que una de cada cuatro máscaras respiratorias no funcionaría en caso de emergencia.

Barnett dijo además que los sistemas de oxígeno de emergencia para el Boeing 787 tuvieron una tasa de falla del 25 por ciento en una emergencia de la vida real, y agregó que alertó a la alta dirección sobre los problemas. Si bien Boeing negó todas sus afirmaciones, la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó en 2017 que algunos de sus argumentos tenían mérito, determinando que la ubicación de al menos 53 piezas “no conformes” en la fábrica se consideraban perdidas, exigiendo que Boeing tomar “medidas correctivas”.
Barnett había estado en Charleston en el momento de su muerte e incluso hizo una declaración formal la semana pasada. El 9 de marzo fue encontrado muerto en su camioneta en el estacionamiento del hotel donde residía. Su abogado calificó la muerte de “trágica” y Boeing expresó sus condolencias a su familia.

«Estamos tristes por el fallecimiento del Sr. Barnett y nuestros pensamientos están con su familia y amigos», dijo la compañía.