El año 2023 cierra con 6.973 muertes violentas, correspondientes a 1.956 víctimas de homicidios cometidos por delincuentes, 953 fallecidos en acciones de intervención policial y 4.064 muertos violentamente y cuya causa e intencionalidad está en averiguación.
Observatorio Venezolano de Violencia
Estas cifras representan un cambio en la tendencia reciente, pues ocurrió una disminución del 25% en relación con los años 2021 y 2022, cuyos totales de muertes violentas fueron de 9.447 y 9.367, respectivamente. Magnitudes muy similares y que habían mostrado un estancamiento, sin reducción ni incremento, en relación a las muertes violentas en el bienio previo.
Al convertir el número de muertes violentas en 2023 en tasas, ajustándola con la base poblacional estimada en 26 millones de habitantes, obtuvimos una tasa de 26,8 muertes por cada cien mil habitantes. Esto supone una importante reducción de 8,5 puntos respecto a las registradas durante 2021 y 2022, que se situaron en 34,9 y 35,3 fallecidos por cada cien mil habitantes, respectivamente.
Conclusiones
En 2023 se pudo observar en Venezuela una reducción de la violencia que atribuimos a la disminución de la delincuencia que podemos calificar de “desorganizada” y la concentración y monopolización de la violencia vinculada a las organizaciones criminales poderosas y su focalización en algunos nichos de oportunidades.
La disminución de la violencia “desorganizada”, que provoca alta letalidad, se ha reducido por la pérdida de oportunidades del crimen, con la consecuente salida del país de criminales y bandas delictivas, y las altas cifras de emigración de los jóvenes, quienes históricamente han sido las principales víctimas de los delitos.
La reducción de la letalidad en la violencia en el país ha estado vinculada a los acuerdos de distribución de tareas en las fases de los negocios o a la delimitación de las zonas de actuación que se ha dado entre las bandas criminales, lo cual ha permitido su expansión y fortalecimiento. Sin embargo, en los municipios en disputa, aquellos donde no hay acuerdos o donde no han logrado consolidarse dominios o gobernanzas criminales, persisten los eventos violentos.
A pesar de la emigración de millones de jóvenes en los años recientes, se mantiene en el país una población juvenil que se encuentra fuera del sistema escolar y sin posibilidades de empleo y que tiene un riesgo alto de ingresar a la criminalidad y de convertirse en la generación de reemplazo de los jóvenes que emigraron, bien sea creando sus nuevas pandillas locales o integrándose a las bandas delincuenciales organizadas.
La reducción de las muertes por intervención policial es positiva, aunque sigue siendo muy alta y no existe información sobre las actuaciones que permitan diferenciar la legalidad o ilegalidad que ha tenido el uso de la fuerza por parte de las autoridades.
Aunque observamos una reducción de las cifras de muertes violentas en el país, la tasa estimada para Venezuela, a nivel nacional, es superior a la de países como México, Colombia, Brasil siendo sólo superado por Ecuador y Honduras que encabezan las cifras de violencia en la región.
La censura, la ausencia de información y la opacidad con la cual se tratan los casos calificados como averiguaciones de muerte, que representan el porcentaje más alto de las muertes violentas, y las altas cifras de muertes por intervención policial, mantienen la incertidumbre sobre la situación real de la violencia y la criminalidad en el país e impiden una más adecuada interpretación y diseño de políticas públicas.
Aunque no se cuenta con información pública que permita monitorear indicadores de eficacia de la gestión del Ministerio Público en relación al delito de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, reconocemos lo valioso de la actuación policial y de la administración de justicia en la persecución y sanción legal de los delitos de abuso sexual, trato cruel, negligencia, entre otros. Sin embargo, no se conocen medidas institucionales para el resguardo y la protección integral de las víctimas, ni sobre el incremento de programas y servicios públicos de prevención, para la oportuna atención a la población vulnerable y no sólo actuar, cuando ya el daño, la agresión y la muerte han ocurrido.
La violencia de género se mantiene invisibilizada por la inexistencia de información oficial en la que los organismos públicos documenten los casos, lo que permitiría identificar factores de riesgo y los necesarios servicios y recursos de protección. Por otra parte, una dificultad real es la de formación especializada para el registro apropiado de los casos de feminicidios, trata, explotación sexual, lesiones, ya que mientras no se establezcan criterios e indicadores con datos desagregados, con enfoque de género y desde una perspectiva de derechos humanos, sólo será posible contar con datos dispersos, inexactos y poco confiables para conocer la naturaleza de la violencia contra las mujeres en la sociedad venezolana.
La victimización de las mujeres tiene consecuencias e impactos considerables en la sociedad. Las muertes de mujeres por feminicidios, implican la orfandad, exclusión y abandono de los hijos que tenía a cargo; las mujeres sobrevivientes de lesiones personales, violaciones, amenazas, asumen el desafío de afrontar los daños, lesiones y amenazas sin programas de apoyo, con recursos propios y sin servicios u oportunidades de protección y desarrollo. En el contexto de privaciones, pobreza y de violencia estructural propio de la emergencia humanitaria compleja que vive el país, la mayoría de las mujeres violentadas, siguen asumiendo sus responsabilidades como madres, jefas de hogar y responsables del cuido y protección de sus familias.
La fluctuación del nivel numérico de la tasa de muertes por suicidio en Venezuela, sigue el ritmo que le imprime principalmente los altibajos de la emergencia humanitaria y sus impactos asociados, en conjunto con el peso que puedan tener sobre las personas diferentes factores de riesgo relacionados con conductas suicidas. Ratificamos una vez más que, mientras no acontezcan en el país cambios estructurales económicos y político-institucionales que frenen la crisis actual y que mejoren sustancialmente las condiciones de vida y abran un horizonte de progreso para los venezolanos, y en tanto no se pongan en práctica políticas públicas en materia de prevención-control de la violencia auto infligida; difícilmente se conseguirá estabilidad emocional y salud mental en la mayoría de la población, por ende, el comportamiento suicida continuará siendo un problema de salud pública y de preocupación.
La reducción de los casos y las tasas de muertes violentas ocurrida es importante y valioso para los derechos y la calidad de vida la población, sin embargo, se mantiene una tasa de 26,8 víctimas de muertes violentas por cada cien mil habitantes, una cifra muy alta y que sigue estando entre las de mayor magnitud del continente y del mundo.