A estas alturas, no parece exagerado afirmar que no existe, dentro de la administración estadounidense (y probablemente en buena parte del sistema político internacional), un dirigente con mayor claridad conceptual, histórica y estratégica sobre lo que ocurre en Venezuela que el secretario de Estado Marco Rubio. No se trata solo de conocimiento técnico o de acumulación de información: Rubio entiende la naturaleza del chavismo. Entiende su lógica de poder, su condición criminal, su entramado internacional y, sobre todo, el tipo de respuestas que una tiranía como la chavista exige para ser efectivamente desmontada.
Rubio sabe lo que es la barbarie chavista. Sabe cuál ha sido el tamaño de su destrucción institucional, económica y moral. Sabe de sus alianzas con autocracias extrahemisféricas, con redes de narcotráfico y con organizaciones terroristas. Y sabe, también, que ponerle fin no es el resultado de un gesto único ni de una solución mágica, sino de una secuencia de acciones, de etapas claramente diferenciadas y de un tiempo prudencial que combine presión, control y conducción política. Pero sabe algo aún más importante: que no hay salida posible que no implique el fin definitivo de la tiranía.
Ese punto, central e innegociable, ya fue decidido por los venezolanos. En las urnas, cuando derrotaron a Nicolás Maduro en julio de 2024. Pero también, y quizá con mayor profundidad, en la vida cotidiana, en las conversaciones familiares, en el exilio forzado, en el miedo acumulado y en el rechazo masivo a un régimen que convirtió al país en una plataforma criminal. Rubio parte de ese dato: el chavismo no gobierna por consenso ni por hegemonía ideológica, sino por coerción, miedo y corrupción.
No es casual, entonces, que en su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado haya sido tan explícito al describir al régimen: un Estado capturado por un narcotraficante acusado, convertido en base de operaciones de Irán, socio estratégico de Rusia, proveedor de petróleo barato para China y articulador regional de grupos como las FARC y el ELN. No en un rincón remoto del mundo, sino en pleno hemisferio occidental.
Lo que presentó, en esencia, fue una hoja de ruta. Todavía incompleta (han pasado apenas 25 días desde la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores), pero suficientemente clara como para entender la arquitectura general del proceso en marcha.
El esquema es nítido: trabajar con lo que queda del chavismo en el poder formal (Delcy y Jorge Rodríguez, fundamentalmente), pero no bajo ninguna lógica de alianza ni de co-gobierno. Se trata de cooperación bajo tutela. Una relación vertical, no horizontal. No hay negociación entre pares, sino exigencias concretas que deben cumplirse. Desde la política energética y el desmontaje del marco socialista heredado de Chávez, hasta la liberación total de los presos políticos, que el propio Rubio estima en alrededor de dos mil personas.
Aquí hay un punto clave: el chavismo residual es obligado a administrarse a sí mismo en su propia demolición. Debe desmantelar su entramado criminal, romper con sus alianzas internacionales tóxicas, colaborar en la neutralización de grupos narcoterroristas —propios y extranjeros— y, al mismo tiempo, desmontar el aparato de terror interno que sostuvo al régimen durante años. Todo ello bajo supervisión externa y con evaluación permanente basada en hechos, no en discursos.
La llamada fase de “estabilización” no es solo humanitaria. Es también, y sobre todo, una fase de seguridad. Por eso Rubio insiste en la necesidad de presencia estadounidense en el terreno: reapertura de la embajada, despliegue diplomático y cooperación directa con agencias de inteligencia y seguridad. No como ocupación, sino como garantía de control del proceso. Nada de esto es improvisado. Nada de esto es simbólico.
En paralelo, se establece un mecanismo financiero transitorio que busca evitar la repetición del saqueo sistemático de la renta petrolera. Los ingresos no quedan a discreción de la cleptocracia chavista, sino que pasan por cuentas controladas, primero en Qatar y luego en el Departamento del Tesoro estadounidense. El uso de esos fondos está estrictamente condicionado a gastos previamente aprobados: salud, insumos, equipos, atención básica. Es un esquema de corto plazo que apunta a cubrir urgencias sin financiar corrupción.
No se trata de un “Plan Marshall” para Venezuela. No hace falta. El dinero existe. Los recursos están ahí. El problema histórico no fue la falta de riqueza, sino su administración criminal. Esta vez, el control es externo, la rendición de cuentas es obligatoria y la discrecionalidad quedó atrás.
Todo este proceso tiene un horizonte claro: la transición democrática. No hay, todavía, una fecha cerrada. Y es lógico que no la haya. Las transición, para que sea realmente democrática, requieren condiciones mínimas: liberación total de presos políticos, apertura del espacio público, garantías para la oposición, seguridad jurídica y presencia institucional efectiva. Rubio fue claro: hoy no hay condiciones para elecciones. Pero el objetivo final es ese.
Y aquí aparece otro elemento central de su lectura: el liderazgo. Rubio sabe, porque lo ha visto durante años, que existe una líder indiscutible del proceso democrático venezolano: María Corina Machado. No solo la conoce; la ha respaldado de manera explícita, al punto de haberla postulado al Premio Nobel de la Paz, que ganó. Sabe que representa algo más profundo que una candidatura: representa una ruptura ética, una coherencia política y una conexión real con la sociedad.
Sabe, también, que la oposición venezolana es diversa. Que incluye a antiguos chavistas desencantados, a demócratas de larga data y a una diáspora que debe ser parte del proceso. De ahí su insistencia en una reconciliación nacional auténtica, no impuesta, donde todos los sectores estén representados. Pero también sabe distinguir lo accesorio de lo indispensable: Delcy puede ser funcional por un tiempo corto; María Corina es estructural.
Hay, además, un mensaje que Rubio repite y que conviene subrayar: la reconstrucción de Venezuela es, en última instancia, tarea de los venezolanos. Estados Unidos ayuda (y ayuda porque le conviene geopolíticamente), pero no reemplaza a la sociedad venezolana ni a su liderazgo democrático.
Mientras escribía este texto, María Corina Machado está reunida con Marco Rubio. Probablemente hablando del plan de reconstrucción, pero también —y quizás sobre todo— del regreso al país, del acompañamiento a los familiares de los presos políticos y del rol que le toca jugar al frente del mayor movimiento social de liberación que haya conocido Venezuela. Ella es la garantía. Lo saben. Por eso la protegen, aunque para algunos propagandistas se trata de otra cosa (ya saben, esos que antes decían que todo era “humo”).
Porque a esta altura ya es evidente para todos los actores relevantes: Rubio lo sabe, Trump lo sabe, y el mundo lo empieza a asumir. El chavismo residual puede ser útil durante una transición controlada. Pero la Venezuela libre, próspera y democrática que viene solo es imaginable con María Corina Machado al frente.
