Han tenido que pasar casi 80 años. Ese es el tiempo que la economía y la sociedad argentinas han estado en caída libre. En cierto modo, es un testimonio de nuestros mayores temores sobre la democracia y el autogobierno que ningún líder político tuviera los incentivos políticos y el simple valor de romper el statu quo. Ochenta años de implacable inflación y déficit en espiral, seguidos de impagos, devaluaciones monetarias y reinicios antes del 19 de noviembre. Pero finalmente, el pueblo argentino ha rechazado un statu quo fracasado. Javier Milei ganó públicamente por un margen casi aplastante para los estándares argentinos, y si se tiene en cuenta que la probabilidad de que los peronistas hicieran trampas es de aproximadamente el 100%, es probable que el margen fuera mucho mayor. Si la alternativa que han elegido los argentinos «arreglará la situación» o no, no viene al caso por ahora. Han ejercido la única opción que tenían: rechazar a los gobernantes de turno a cambio de la promesa de algo diferente. Eso es todo lo que promete la democracia.

Por: G. Patrick Lynch – El Cato

Javier Milei, a quien hoy llaman «extrema derecha», «radical» y (los muy perezosos) «libertario de extrema derecha», es ahora el presidente de uno de los mayores Estados fallidos de nuestras vidas. Es difícil explicar del todo lo mal gobernada que ha estado Argentina por su larga serie de gobiernos peronistas distinguidos por su derroche de gastos, su asombrosa corrupción, sus tendencias autocráticas y su nacionalismo económico. Las estadísticas económicas son alucinantes. Impagos, tasas de inflación anuales regulares superiores al 100%, un enorme estado del bienestar resultante, sindicatos del sector público parasitarios y políticos «centristas» en gran medida cómplices: todo esto es ahora el deprimente paisaje de la economía política argentina.

Sin embargo, si uno no viviera esta realidad, sino que se limitara a sacar conclusiones sobre la elección y Milei de la prensa internacional (sobre todo estadounidense), podría pensar que Argentina ha caído en un estado de delirio colectivo, eligiendo una versión latinoamericana de Trump demente y cubierta de patillas sin más razón que algunas vagas referencias a la inflación y el pago de la deuda. La prensa internacional ha enterrado el punto más importante de esta historia.

Milei intenta hacer frente a la desastrosa situación argentina, pero medios como Reuters lo calificaron de «terapia de choque» en una no tan sutil referencia al libro de Naomi Klein La doctrina del shock. Klein argumenta que la naturaleza o la guerra pueden crear desastres y dar oportunidades al «capitalismo» (antropomorfizado a través de Milton Friedman) para dedicarse a la explotación mediante el establecimiento de políticas extremistas como los derechos de propiedad privada y los mercados. En este caso, sin embargo, es el legado de las políticas exactas que Klein y los de su calaña apoyan lo que ha creado el desastre sin paliativos. La impresión de dinero, un Estado del bienestar inflado, el énfasis en la «independencia» económica y otras prominentes recetas económicas de la izquierda han provocado este desastre, pero la ironía se les escapa a la gente de Reuters.

Las principales propuestas políticas de Milei se enmarcan en este contexto. Su firme compromiso de abolir la banca central argentina y recortar el gasto social está sacado directamente de Ludwig von Mises y Milton Friedman, y es completamente apropiado dadas las circunstancias. La única forma de que un «anarco-capitalista» pudiera ser elegido era en una situación de fracaso de la gobernanza y de estatismo del bienestar tan grave que pudiera abrir ligeramente la puerta e introducir ideas desconocidas por la intelectualidad dominante, por no hablar del argentino medio de la calle.

El lenguaje utilizado por los medios de comunicación internacionales, la gigantesca «masa» de intereses del Banco Mundial y la comunidad de ayuda internacional, y los economistas de la corriente dominante que se oponen a él está diseñado para deslegitimar a Milei. No quieren otra historia de éxito como la de Chile en la región. Dos naciones que adoptan políticas «neoliberales» que funcionan significan que sus puestos de trabajo y sus narrativas están en peligro. Están y deberían estar aterrorizados.

El problema es que sus términos son como los insultos que se lanzan en un patio de colegio. No son ni coherentes ni consistentes. Pensemos en los tres políticos más destacados que han recibido el tratamiento de «extrema derecha» por parte de la prensa dominante: el salvadoreño Nayib Bukele, la italiana Giorgia Meloni y ahora Milei. ¿Qué tienen en común? Sustancialmente, la respuesta es muy poco. Bukele ha emprendido una ofensiva contra las bandas y la delincuencia que implica violaciones generalizadas de las garantías procesales y los derechos civiles, pero que ha provocado una caída en picado de los índices de criminalidad. Meloni es conocida como una cruzada antiinmigración, pero también apoya la guerra de Ucrania y, al igual que Bukele, tiene unos índices de aprobación por las nubes. Milei quiere abolir la banca central y, aunque está a favor de la vida, también es un soltero que alardea de su vida sexual y defiende la apertura de los mercados y el comercio con Estados Unidos. Sin embargo, para un periodista de los medios tradicionales, todos ellos forman parte de lo que se ha dado en llamar la «extrema derecha». No satisfechos con que describir a los políticos como «conservadores» o «de derecha» sea suficiente para asustar a sus lectores, las cadenas de noticias, los periódicos nacionales y los servicios de noticias han decidido añadir un calificativo al término. El crecimiento en el uso del término es un ejemplo más de cómo la honestidad intelectual, la coherencia filosófica y el respeto por el discurso liberal están completamente ausentes de nuestros debates públicos.

Al tener raíces europeas, los términos que utilizamos para describir la izquierda y la derecha evolucionaron a partir de las divisiones durante una época de cambio democrático y consolidación nacional. Pero como los contextos eran diferentes en Europa y en otros lugares, los términos nunca se aplicaron de forma nítida. En el siglo XIX, el auge del socialismo, y más tarde del comunismo, junto con los debates sobre el lugar del liberalismo y la naturaleza del conservadurismo, provocaron considerables cambios en el significado de los términos. Liberales como John Stuart Mill solían asociarse con algún tipo de límites a los mercados, pero se oponían a las arraigadas opiniones de los conservadores sobre la estabilidad del orden económico y social. Sin embargo, el comunismo soviético y el fascismo europeo en el siglo XX proporcionaron el tipo de contrastes superficiales que los términos parecían implicar, aunque ninguno de ellos proporcionó una gran alternativa en lo que respecta a la libertad. Ambas formas de gobierno apoyaban la planificación económica y limitaban la libertad individual.

Una vez derrotado el fascismo, las alternativas al socialismo se agruparon de repente en la derecha, incluido el liberalismo europeo. Cuando los liberales y los defensores del laissez-faire se reunieron en el primer encuentro de la Sociedad Mont Pelerin en Suiza, el organizador, F.A. Hayek, buscaba una visión intelectual de consenso sobre cómo podría ser una alternativa liberal al apoyo abrumador a la planificación en todo el espectro. Como el fascismo estaba fuera, los «ganadores» de la izquierda empezaron a describir a los liberales pro-mercado como «conservadores», sobre todo en Estados Unidos.

Pero cuando vemos que los medios de comunicación fuerzan a estos políticos a meterse en una camisa de fuerza bidimensional, no se trata sólo de un problema de categorías. También se trata de los límites de la formación y la educación de las élites. Como señaló acertadamente David Brooks en su reciente columna del New York Times, los medios de comunicación nacionales se parecen mucho en formación y educación. Las instituciones educativas que produjeron estas figuras apoyan las opiniones consensuadas y la creación de políticas por parte de expertos, que coinciden con sus propias preferencias. En pocas palabras, esto significa soluciones gubernamentales a problemas gubernamentales. Estas soluciones implican la contratación de expertos políticos para «arreglar» las cosas. Pero, ¿qué pasa cuando el consenso está equivocado? ¿Y si la teoría no se ajusta a la realidad? ¿Qué ocurre cuando la delincuencia campa a sus anchas en El Salvador a pesar de las mejores intenciones de los responsables políticos occidentales? ¿Qué ocurre cuando el banco central de Argentina lleva la inflación a niveles inimaginables con un inmenso costo social? Surgen respuestas poco convencionales y la democracia le da energía.

Cuando los responsables políticos ven que las políticas siguen fracasando y pueden vincular esos fracasos con oportunidades políticas, es cuando las cosas se ponen interesantes. Bukele, Meloni y Milei explotaron ese contexto.

La prensa y las élites políticas no pueden abordar quién es Milei ni lo que propone en cuanto al fondo porque no encaja en su visión del mundo. La hiperinflación no está causada por el cambio climático, el racismo o la oposición al desplazamiento de género. No es una construcción social ni un acontecimiento aleatorio, sobre todo cuando se produce de forma continuada durante casi 80 años y destruye una sociedad mayoritariamente de clase media alta. La hiperinflación es el fracaso político y económico que resulta de la explotación política y la planificación central. La burocracia argentina y los formadores de opinión han fallado a los ciudadanos durante décadas. Conocemos la causa, y Milei también. Sus adversarios querían hacer las cosas un poco menos mal, posiblemente durante unos años hasta que volvieron a hacerlas mucho peor. El peronismo es la relación abusiva, la adicción, el concepto de que no es necesaria ninguna responsabilidad tras años de irresponsabilidad. Milei es la medicina, y no será una píldora fácil de tragar.

La posibilidad de «Galt’s Gulch»* en Argentina es básicamente nula. Se enfrenta a desafíos políticos casi insolubles para lograr incluso un pequeño porcentaje de su agenda legislativa. Y, sin embargo, si logra un objetivo, podría permitir a Argentina emprender un camino diferente. Dolarizar la economía podría obligar al Estado a la responsabilidad fiscal y poner fin a la locura monetaria que reina actualmente. Será doloroso, pero tal vez no tanto como décadas más del efecto adormecedor de más estímulos que acaban degradando la moneda.

No hay soluciones fáciles, lo cual es parte de la razón por la que los medios de comunicación y sus anquilosadas influencias intelectuales no tienen soluciones que ofrecer. Sólo les queda el lenguaje vago, las tácticas de miedo y el etiquetado. Lo que se tardó 80 años en destruir se tardará décadas, quizá siglos, en recrear. Mucho antes de que ganara la primera vuelta electoral en septiembre, le preguntaron a Milei cuál era su modelo para Argentina. Respondió que Irlanda. Irlanda, por supuesto, es famosa por haber recortado impuestos y regulaciones, liberando su economía y estimulando un rápido crecimiento económico. A Argentina le puede ir peor que a Irlanda, pero cualquier cosa que se aparte de su trayectoria actual será una mejora.

Cuando el Partido Verde del Reino Unido reveló a Melissa Poulton como su candidata parlamentaria por Bromsgrove la semana pasada, quedó bastante claro que Poulton era un hombre biológico. Puede que se llamara mujer y se describiera como una “lesbiana orgullosa”, pero pocos estaban convencidos. Nada menos que Rachel Maclean, diputada por Redditch y vicepresidenta del Partido Conservador. El viernes pasado, acudió a X para compartir una publicación que se refería a Poulton como un «hombre con peluca». Añadió que “aunque los Verdes no saben lo que es una mujer, mis vecinos de Worcestershire, la gente de Bromsgrove, ciertamente sí lo saben”.

Spiked

Se produjo un enfrentamiento en línea, en el que activistas trans llamaron a Maclean una transfóbica vil y odiosa. Incluso fue denunciada a la policía por sus comentarios. spiked se reunió con Maclean para conocer su versión de los hechos.

spiked: ¿Qué dijiste sobre Melissa Poulton y cuál fue la respuesta?

Rachel Maclean: Quiero comenzar diciendo que apoyo los derechos de las personas trans y que debemos tratarnos unos a otros con respeto en la política. No dije nada específicamente sobre el candidato del Partido Verde en cuestión. Sin embargo, retuiteé el comentario de otra persona, que pensé que era perfectamente legítimo dentro de los límites del discurso político normal en una plataforma de redes sociales. Y eso provocó una reacción violenta. Pero no debería ser controvertido diferenciar entre una mujer trans y una mujer biológica. El hecho de que se haya vuelto tan controvertido ilustra el meollo del problema.

A la mayoría de las personas en el Reino Unido esto les preocupa y no saben muy bien cómo afrontarlo. Por supuesto, todo el mundo quiere ser amable. Mucha gente tiene amigos transgénero. Pero cuando se trata de tomar decisiones de política pública sobre atención médica y justicia penal, debemos ser claros al respecto. Tenemos que basar nuestras políticas en hechos biológicos, más que en sentimientos.

spiked: Te han llamado transfóbica, vil y odiosa. Incluso fuiste denunciada a la policía. ¿Qué le dices a las personas que parecen dispuestas a silenciarte?

Maclean: Sí, fui denunciada a la policía por un ‘incidente de odio no relacionado con un delito’, lo cual cuestiono con el argumento de que mi denuncia tuvo una motivación enteramente política. Es una total pérdida de tiempo policial. Muchos de mis electores sufren comportamientos antisociales, delitos relacionados con vehículos, robos en tiendas, etc. Y eso es lo que la policía debería abordar, no perder el tiempo con esto.

Lo que dije no fue nada transfóbico. No es odioso. No es desagradable. Y, de hecho, tengo derecho –protegido por las leyes de libertad de expresión en este país– a decir que existe una diferencia entre una mujer transgénero y una mujer biológica. Y que una mujer transgénero no puede ser lesbiana. Alguien tiene que levantarse y decirlo. No me importa si me atacan. Pero es realmente difícil para los profesores comunes y corrientes de una escuela, por ejemplo, o para las enfermeras de un hospital hacer lo mismo. He escuchado testimonios de muchas de estas personas que lo demuestran. Por eso es importante que la gente sepa que pueden hablar.

spiked: ¿Crees que este tipo de historias están despertando a la gente sobre cuán fuera de control se ha vuelto la ideología de género?

Maclean: Sinceramente, no lo sé. Mi preocupación es que, en nuestro clima político actual, los conservadores sean los únicos que salen y dicen las cosas correctas. Keir Starmer ha sido muy confuso al respecto. La última vez que revisé, dijo que el 0,01 por ciento de las mujeres pueden tener pene. Esto no es aceptable.

Obviamente, la gente vota por los gobiernos en una enorme cantidad de cuestiones. Y el tema trans es sólo uno de muchos de los que hablo. Sin embargo, es un tema del que los políticos a menudo no hablan, aunque la gente quiere que digamos cosas de sentido común como que un hombre no puede ser mujer. El problema está muy extendido en nuestras instituciones y servicios públicos, desde el NHS hasta el sistema de justicia penal, y las consecuencias son aterradoras. Pedimos a estas organizaciones que utilicen su criterio razonable, pero ese criterio claramente ha caído en el lado equivocado demasiadas veces.

spiked: ¿Qué les dices a las personas que restan importancia al tema trans como poco más que un tema de conversación sobre la guerra cultural, en lugar de un tema serio?

Maclean: Esta es una guerra sobre cómo usamos el lenguaje y los hechos. Se trata del derecho a decir cosas que son verdad, incluso si la gente te dice que no lo es. Es fácil ver cómo, si niegas la existencia del sexo biológico, rápidamente puedes pasar al espacio en el que niegas la existencia de muchas otras cosas. Todo surge de la priorización de diferentes identidades que nos separan en lugar de lo que nos mantiene unidos a todos. Y una vez que empieces a seguir ese camino, terminarás con una jerarquía competitiva de grupos vulnerables peleándose por quién merece más.

En cambio, deberíamos pensar en lo que todos necesitan, independientemente de su raza o identidad de género. Y la mayoría de nuestras necesidades son muy similares. Toda la filosofía de la política de identidad es realmente inútil y sólo logra crear divisiones en las comunidades. Deberíamos pensar en nuestra humanidad compartida y nuestras aspiraciones futuras, no en si soy más vulnerable que tú por mi color de piel, mis orígenes y mis desventajas. Esa madriguera del conejo no tiene fin.

No se nos debería decir que se trata de problemas pequeños que a nadie le importan, porque a la gente realmente le importan. Dondequiera que estemos en el ciclo político, las verdades universales siguen siendo las mismas y no deberíamos tener miedo de hablar de ellas.

El régimen autoritario de Venezuela celebró a principios del mes un referéndum en el que, según fuentes oficiales, el 95 por ciento de los votantes respaldó las pretensiones de Nicolás Maduro sobre la región petrolera de Esequibo, en la vecina Guyana. Aunque los analistas especulan con que Maduro no invadirá Guyana, no se puede negar que tiene varias razones de peso para hacerlo.

Por: Daniel Raisbeck – El Cato

Según Reuters,

«Esequibo constituye más de dos tercios de la masa terrestre total de Guyana. Las reclamaciones de Venezuela sobre el Esequiba, que han sido fuente de una larga disputa territorial, se reavivaron en los últimos años tras el descubrimiento por parte de Guyana de petróleo y gas cerca de la frontera marítima».

El referéndum se produce tras la creciente tensión militar en la frontera entre Venezuela y Guyana. Brasil, que comparte fronteras con ambos países, «intensificó las acciones defensivas» el 29 de noviembre, según su Ministerio de Defensa.

El referéndum venezolano pedía a los votantes que respaldaran el rechazo del régimen a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo y «aceptaran un plan para incorporarla y crear un Estado llamado Guayana Esequiba«.

También pretendía «conceder a su población la ciudadanía venezolana». En octubre, el gobierno de Guyana, encabezado por el presidente Mohamed Irfaan Ali, pidió explicaciones al embajador venezolano en Georgetown sobre el aumento de los movimientos de tropas en las regiones fronterizas.

En medio de la incertidumbre, hay motivos para la preocupación. Los incentivos nacionalistas de Maduro, su suerte política interna, el equilibrio militar entre Venezuela y Guyana, la política regional y la alineación de los intereses de las grandes potencias confluyen de tal manera que podrían sugerir una acción militar.

El ángulo nacionalista

La reclamación de Venezuela sobre el Esequibo viene de lejos. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de abril cuando la CIJ declaró que tenía jurisdicción sobre el asunto, tras una solicitud presentada en 2018 por Guyana para proceder contra Venezuela. El fallo fue significativo. El régimen de Maduro teme claramente un resultado adverso. El propio Maduro no quiere que Venezuela pierda su reclamación legal sobre el Esequibo de forma permanente bajo su mandato. Sería una humillación nacional que podría debilitar su control del poder.

Es posible que vea venir un fallo desfavorable, de ahí su intento de negar por completo la jurisdicción del tribunal sobre el asunto. El referéndum, presentado como prueba del abrumador apoyo popular a su reivindicación nacionalista del Esequibo, podría verse como una preparación política para la acción militar.

El ángulo político/electoral interno

Maduro es impopular. Además, ahora se enfrenta a una seria amenaza electoral por primera vez en más de una década. En octubre, la oposición organizó y celebró unas elecciones primarias en las que María Corina Machado, liberal clásica y ex diputada, ganó con el 93% de los votos (más de 2,4 millones de votantes emitieron su voto tanto en Venezuela como en el extranjero).

No obstante, el régimen de Maduro ha intentado deslegitimar el referéndum y, durante años, ha prohibido a Machado ser candidata en cualquier elección oficial futura. Sin embargo, el régimen se ve presionado para celebrar elecciones libres y justas. Incluso acordó con la oposición, en principio, celebrar elecciones «más libres» en 2024. Se entiende que el acuerdo implicaba la posterior relajación de las sanciones impuestas por Estados Unidos, especialmente contra la petrolera estatal PDVSA.

Maduro podría esperar que, tras el referéndum, la anexión de gran parte de Guyana –con el cínico pretexto del «antiimperialismo» y la recuperación de las tierras perdidas de Venezuela– reúna al menos a parte de la población en torno al régimen.

Más importante aún, un estado de guerra permitiría a Maduro declarar el estado de emergencia y así posponer o cancelar por completo las elecciones presidenciales de 2024. Incluso podría señalar cínicamente a Ucrania, que recientemente hizo lo mismo (con la notable diferencia de que Ucrania fue invadida, no el invasor, por supuesto).

El equilibrio militar entre Venezuela y Guyana

El equilibrio de poder entre Venezuela y Guyana favorece en gran medida a Venezuela, lo que también podría sugerir el uso de la fuerza. Según cifras publicadas por el diario brasileño Folha de Sao Paulo, el ejército venezolano cuenta con 123.000 efectivos en activo, frente a los 3.400 de Guyana. Este último país está muy superado en términos de armamento, como vehículos blindados (514 frente a 6).

Los analistas militares, según Igor Gielow, de Folha, creen que la crisis económica provocada por el socialismo en Venezuela ha hecho que su capacidad para hacer la guerra parezca mucho mayor sobre el papel de lo que es en realidad. Por ejemplo, aproximadamente la mitad de la flota de 24 aviones de combate Sukhoi Su-30 de fabricación rusa se considera apta para volar.

«Pero incluso como tigre de papel», añade Gielow, Venezuela «es un coloso comparado con Guyana». En cuanto a la viabilidad de una invasión: «buena parte de los 800 kilómetros de frontera entre Venezuela y el Esequibo consiste en una densa jungla, impenetrable salvo para pequeñas unidades», mientras que las operaciones con vehículos blindados son «prohibitivas».

Dado que una invasión venezolana a través de Brasil es poco plausible, «la posibilidad más lógica para el dictador Nicolás Maduro es una combinación de ataque aéreo contra los pocos centros urbanos del Esequibo y un desembarco anfibio en el Caribe». La acción militar es siempre incierta y arriesgada, pero el equilibrio militar entre los dos países no es un gran obstáculo para la invasión.

Política regional

Los recientes acontecimientos en dos vecinos importantes también podrían considerarse como más favorables de lo que habían sido anteriormente para Venezuela. Los cambios políticos internos tanto en Colombia como en Brasil pueden hacer que el cálculo de Maduro sea algo más proclive a la guerra de lo que había sido anteriormente.

Colombia ha sido el aliado más cercano de Estados Unidos en la región desde finales de la década de 1990. Sin embargo, ese país dio un giro brusco hacia la izquierda extrema con la elección del ex guerrillero Gustavo Petro en 2022. Mientras que el ex presidente Iván Duque se negó a reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, una postura que llevó al cierre de los pasos oficiales a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, Petro no solo ha reconocido a Maduro, sino que ha forjado una alianza de facto con su régimen.

Petro ya ha visitado Caracas cuatro veces desde que asumió el cargo, la última en noviembre, cuando anunció una alianza entre Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana, y PDVSA. Cuando visitó la Casa Blanca en abril, Petro se centró en presionar para que se pusiera fin a todas las sanciones estadounidenses contra Venezuela.

Debido a sus estrechos vínculos con Petro, que fue asesor de Hugo Chávez, Maduro no verá ninguna amenaza militar potencial por parte de Colombia mientras el líder colombiano esté en el poder. Esta es una gran diferencia en comparación con las últimas décadas y sólo está garantizado que dure hasta 2026, cuando se supone que Petro dejará el cargo. Petro podría incluso prestar cobertura diplomática a Maduro si invade Guyana.

En las últimas décadas, Brasil ha fomentado una alianza con Guyana, que ha incluido la cooperación militar, para reforzar su influencia en el norte de Sudamérica. Es probable que el gobierno brasileño, que apoya la jurisdicción de la CIJ sobre el Esequibo, prefiera que prevalezca el statu quo. El 22 de noviembre, Celso Amorim, principal asesor del presidente brasileño Lula Da Silva, visitó a Maduro e intentó reducir las tensiones. El propio Da Silva ha hablado de su deseo de evitar una guerra entre ambas naciones.

Militarmente, Brasil es la única potencia regional que puede operar en Guyana con la menor dificultad logística. Como tal, es el elemento disuasorio más serio, o al menos podría serlo. Hasta ahora, Brasil ha realizado los esfuerzos diplomáticos antes mencionados para evitar el conflicto y ha intentado asegurar sus propias fronteras. Pero la seguridad no está garantizada.

El problema para Da Silva al intentar persuadir a Maduro de que se mantenga alejado de Guyana es que, al menos hasta cierto punto, se enfrenta a una criatura de su propia creación. Durante su primera etapa en el poder, Da Silva fue un estrecho aliado de Hugo Chávez. El apoyo de Da Silva contribuyó incluso a legitimar a Chávez en el establecimiento de un Estado autoritario, aunque su proximidad ideológica no se tradujera en una plena alineación geopolítica. Antes de tomar posesión de nuevo a finales de 2022, Da Silva anunció que reconocería a Maduro tras un interludio de tres años y medio. Una vez en el cargo, también dio la bienvenida a Maduro a Brasilia e incluso relativizó la importancia de las elecciones democráticas cuando se le preguntó por la postura de su gobierno ante la tiranía venezolana.

En resumen, Maduro no percibirá al gobierno de Da Silva como hostil a sus intereses. Por otro lado, cualquier movimiento dictatorial, al estilo de Leopoldo Galtieri, contra Guyana en nombre de Maduro debería dejar a Da Silva con preguntas que responder, especialmente en lo que respecta a la sensatez de dar crédito a los dictadores en primer lugar.

Intereses de las grandes potencias

Las sanciones contra regímenes canallas tienden a fracasar, incluso a ser contraproducentes. No obstante, Maduro parece envalentonado por la relajación por parte de la Casa Blanca de las sanciones de la era Trump contra Venezuela y PDVSA en particular. Es posible que Maduro perciba que el gobierno de Biden está ansioso –quizás desesperado– por mantener un flujo constante de petróleo venezolano en los mercados mundiales. En este sentido, Maduro podría pensar que apoderarse por la fuerza de una zona con grandes reservas de petróleo no hará sino reforzar su posición frente a Washington. Por decirlo suavemente, América Latina no ha sido un foco de atención de la política exterior estadounidense en los últimos años.

Por su parte, tanto Rusia como China mantienen estrechos vínculos militares y políticos con el régimen de Maduro, que ha sido un importante comprador de armamento ruso. Según un informe de 2021 sobre el papel de Rusia y China en la región: «Combinadas, estas ‘potencias globales’ están convirtiendo a Venezuela en un serio frente de conflicto de la zona gris –uno que proporciona un desafío estratégico y operativo a los socios de Estados Unidos en la región, a saber, Colombia y Guyana».

Al mismo tiempo, China ha invertido en Guyana. ¿Llevará esto a presionar a Maduro para que se quede quieto, o Pekín se beneficiaría más de las molestias causadas a Estados Unidos por la invasión de un pequeño país sudamericano, especialmente uno en el que las empresas estadounidenses están fuertemente invertidas? En el caso de Rusia, la respuesta parece más clara.

Los expertos aseguran que Maduro no invadirá Guyana, que sería la opción más prudente. Al mismo tiempo, sería negligente negar que tiene más de un incentivo para hacerlo.

La ONG venezolana Acceso a la Justicia dijo este lunes que espera que la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, cuya apertura está prevista para el próximo año, tenga una comunicación permanente y directa con la sociedad civil.

EFE

En una nota de prensa, señaló que las diferentes organizaciones de derechos humanos y las víctimas o sus familiares pueden brindar información relevante sobre el avance de sus casos en las instancias nacionales del sistema de justicia, lo que considera fundamental a los efectos de la complementariedad.

«La Fiscalía debe contar con la voz de las víctimas, sus familiares, abogados y de las organizaciones de la sociedad civil, quienes interactúan directamente con el sistema de justicia venezolano», señaló la ONG.

En junio de este año, el fiscal de la CPI, Karim Khan, confirmó la apertura de una oficina de asistencia técnica en Venezuela, con la firma de un memorando de entendimiento suscrito en Caracas con el mandatario Nicolás Maduro.

El fiscal adelantó entonces que él y su equipo visitaron el local en el que será instalada la oficina, un paso que, aseguró, permitirá una mayor colaboración para garantizar que haya más justicia en la nación.

La inauguración de la oficina está prevista para 2024, y permitirá profundizar su colaboración con las autoridades nacionales venezolanas, a fin de fortalecer la base para el objetivo de una acción interna significativa, según el informe anual de la Fiscalía del tribunal de La Haya.

En este sentido, Acceso a la Justicia sostuvo que debe tomarse en cuenta «de manera activa, directa y permanente a la sociedad civil y a las víctimas, pues estas últimas son la razón de ser de la Corte Penal Internacional».

El pasado junio, la CPI autorizó al fiscal a reanudar su investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al considerar que los procesos penales internos de Caracas no reflejan suficientemente el alcance del caso y hay periodos de inactividad inexplicables.

Por su parte, el gobierno de Maduro aseguró en noviembre que el caso sobre su país «ha sido fraudulentamente creado a través de una serie de erráticas acciones por parte de la Fiscalía de la CPI, con motivaciones políticas y ningún soporte jurídico».

El secretario de Estado británico para las Américas y el Caribe, David Rutley, visita este lunes Guyana para expresar su apoyo al país en su disputa con Venezuela, que ha criticado duramente la supuesta injerencia del Reino Unido.

EFE

Rutley se reunirá con el presidente guyanés, Irfaan Ali, y altos funcionarios gubernamentales y militares, según el comunicado oficial del Gobierno de Guyana.

“Estoy en Guyana, como miembro de la Commonwealth, para ofrecer el respaldo inequívoco del Reino Unido a nuestros amigos guyaneses”, dijo el secretario de Estado británico.

Guyana fue colonia británica hasta su independencia en 1966, cuando empezó a administrar como propio el territorio de Esequibo, que había quedado bajo dominio del Reino Unido con el Laudo Arbitral de 1899, un resultado rechazado por Venezuela.

Rutley aseguró que “las fronteras soberanas deben respetarse en cualquier parte del mundo” y acogió con satisfacción el resultado de la reciente reunión entre Ali y el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Caracas y Georgetown acordaron el jueves pasado no amenazarse ni utilizar la fuerza “en circunstancia alguna”, incluyendo las “derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados”, como la disputa por el Esequibo.

“El Reino Unido seguirá trabajando con socios en la región, así como a través de organismos internacionales, para garantizar que se respete la integridad territorial de Guyana”, concluyó Rutley.

Durante su visita, también se reunirá con los embajadores de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, para discutir el apoyo internacional a Guyana.

Además, depositará una corona de flores en honor a cinco militares de Guyana que murieron en un reciente accidente de helicóptero cuando se disponían a visitar tropas destacadas cerca de la frontera con Venezuela.

El pasado sábado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestionó al ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, y le pidió quedarse “callado” y no “hablar tonterías” sobre el tema de la controversia con Guyana por el Esequibo.

Señaló que esa disputa “se va a tratar, para buscar soluciones”, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Comunidad del Caribe (Caricom), como se acordó en la reunión del jueves pasado.

“Así que ningún actor extrarregional venga a meter sus manos en esto”, advirtió Maduro tras las declaraciones de apoyo de Cameron a Guyana y el anuncio de la visita de Rutley.

La controversia escaló luego de que Venezuela aprobara el 3 de diciembre en un referendo unilateral anexionarse el Esequibo y el Gobierno de Maduro ordenara el asentamiento de una división militar cerca del área en litigio, entre otras medias.

Este domingo anunciaron un paquete de medidas para el tránsito de gandolas en Venezuela, estableciendo también un nuevo límite de velocidad.

2001

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, fue quien dio el anuncio del nuevo paquete de medidas de seguridad vial para el tránsito de gandolas en el país. Señalando que este paquete forma parte del operativo «Navidades Seguras 2023».

La Resolución 190 se activó desde el pasado 15 de diciembre, según detalló el ministro. El documento destaca que los vehículos de carga pesada o gandolas podrán transitar a una velocidad máxima de 40 kilómetro por hora.

Asimismo, Ceballos aseguró que los funcionarios policiales deberán garantizar que estos vehículos circulen por el canal derecho, como lo establece la ley. Al tiempo que detalló el proceso para quienes transportan sustancias o materiales peligrosos.

«Todos los vehículos serán chequeados y verificados, los de carga pesada, con pesos y sistemas para verificar que cumplen con las leyes», aseguró el ministro. Señalando que esta norma será ejecutada durante el período de Navidad y Año Nuevo.

Con respecto a las normas para las gandolas, para ellas también se les estableció un horario de tránsito, en el que no podrán transitar: lunes a viernes entre 6:00 am y 9:00 am, luego entre 5:00 pm y 7:00 pm.

El ministro Ceballos instó a la ciudadanía a la «máxima prevención, respeto a la ley, no ir a exceso de velocidad y no consumir bebidas alcohólicas al manejar».