Con más del 50% de los votos escrutados y con una tendencia irreversible, Chile rechazó este domingo una segunda propuesta de nueva Constitución y decidió mantener el texto actual, heredado de la dictadura militar (1973-1990). La opción “En contra” se impone con poco más del 55% de los sufragios, frente a un 44 del “A favor”.

Infobae

El partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), que apoyó el nuevo documento, fue el primero en salir a reconocer los resultados y su líder, Javier Macaya, dijo que los chilenos “no quieren un cambio constitucional”.

Este domingo los chilenos volvieron a las urnas para votar “A favor” o “En contra” de una nueva propuesta de Constitución, elaborada esta vez por un Consejo Constitucional dominado por una mayoría de miembros del Partido Republicano y Chile Vamos, la derecha tradicional chilena.

Con el triunfo de la opción “En Contra” – apoyada por el gobierno y la izquierda y la que lidera todas las encuestas-, se mantiene vigente la actual Constitución, impuesta en 1980 por el régimen de Augusto Pinochet y reformada por el presidente socialista Ricardo Lagos en 2005. Es decir, un triunfo pírrico, con sabor a derrota para Boric y su gobierno, pues los partidos de izquierda perdieron el año pasado la oportunidad de instalar una Constitución a su pinta y ya firmaron una declaración conjunta donde se comprometieron a no impulsar un tercer proceso constituyente, producto del cansancio de los electores.

Los chilenos volvieron a rechazar una propuesta para cambiar la Constitución (REUTERS/Juan Gonzalez)

Un poco de historia

¿Pero cómo llegaron los chilenos a enfrascarse en un proceso constitucional que ha implicado cuatro años de dimes y diretes entre izquierda y derecha, un intento fallido de cambiar la Constitución actual y millones de dólares despilfarrados, sin resultado positivo alguno?

La crisis se desató con el estallido social del 18 de octubre de 2019, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, cuando a modo de protesta por el aumento del precio del pasaje del Metro en $30 pesos (3 centavos de dólar), estudiantes hicieron evasiones masivas en el metro, rompiendo torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar. Pronto la violencia se tomó las calles de Santiago, con quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas.

El gobierno decretó estado de emergencia y toque de queda, desplegando en las calles a los militares. Pero rápidamente el gobierno de Piñera se vio forzado a ceder y anunció la suspensión del alza en la tarifa del metro, afirmando que había escuchado “con humildad la voz de la gente”.

Un trabajador electoral junta en montones los votos para el conteo tras el cierre de urnas en Santiago, (AP Foto/Esteban Félix)

Sin embargo, este anuncio no atenuó la furia de los chilenos que corrió como reguero de pólvora: los días siguientes ciudades grandes como Santiago, Valparaíso y Concepción y otras más pequeñas, fueron vandalizadas y amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera.

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“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible”, dijo entonces Piñera en un mensaje televisado el domingo 20 de octubre.

Durante casi un mes las protestas se sucedieron a diario y el gobierno reprimió con dureza a los manifestantes: al menos 19 personas murieron y 400 sufrieron trauma ocular por parte de efectivos policiales. “No son 30 pesos, son 30 años”, era la consigna: la gente clamaba descontenta contra el modelo económico y político chileno, probablemente uno de los más desiguales de Latinoamérica, instaurado con la Constitución de Pinochet en 1980.

Los partidarios del texto propuesto de una nueva Constitución realizan una campaña de cierre en Santiago. (AP Foto/Esteban Félix)

Primera propuesta

Como las manifestaciones parecían no apaciguarse, la mayoría de los partidos políticos firmaron un acuerdo para redactar una nueva constitución política y descomprimir la caótica situación. El plebiscito fue convocado para el 26 de abril de 2020, pero a consecuencia de la pandemia, fue postergado para el 25 de octubre de ese año.

Este plebiscito tuvo la mayor participación en la historia de Chile desde la instauración del voto voluntario, y un 78,3% de los chilenos decidió de manera abrumadora aprobar un proceso constitucional, cuyo texto debía elaborar una Convención Constitucional compuesta por miembros elegidos democráticamente. Esta Convención fue la primera en el mundo en ser paritaria (78 hombres y 77 mujeres), tenía 17 escaños reservados para los pueblos originarios y estuvo dominada por partidos de izquierda, quienes aseguraron que esta vez “nosotros pondremos las reglas”.

Tras un año de funcionamiento que se vio empañado por el escándalo Rojas Vade – vicepresidente adjunto de la Convención que fingió cáncer para estafar a amigos y seguidores -, el país se polarizó producto de campañas de desacreditación y fake news por ambas partes. Finalmente, el texto evacuado por la Convención fue rechazado por un 62% de los electores el 4 de septiembre de 2021, dando por el traste con las pretensiones de la izquierda de instaurar una Constitución afín a sus intereses.

Segunda propuesta

Al día siguiente, el presidente Boric comenzó una serie de conversaciones con los diversos actores políticos para dar continuidad al proceso, atendiendo al 78,3% de los chilenos que habían votado por cambiar la Constitución de 1980. Tras varias tratativas, se acordó elegir un Comité de Expertos de 24 personas– designados por el Congreso Nacional-, que elaboraría un anteproyecto el cual sería refrendado por un Consejo Constitucional, compuesto por 50 miembros elegidos por votación popular. Dicho Consejo quedó, esta vez en manos de los partidos de derecha, y es justamente esta propuesta la que se vota este domingo, con pocas probabilidades de ser aprobada, según todas las encuestas.

Una mujer lee la nueva propuesta constitucional en Santiago. EFE/ Rodrigo Sáez

Normas polémicas

¿Pero por qué las encuestas son tan poco auspiciosas con esta segunda propuesta constitucional? Lo cierto es que este anteproyecto elaborado por el Consejo Constitucional ha recibido diversas críticas no sólo desde la izquierda, sino también de organizaciones feministas, agrupaciones de derechos humanos, sindicatos de trabajadores, grupos medioambientalistas, profesores de derecho constitucional y hasta expertos tributarios. He aquí algunas de sus normas más polémicas:

Aborto

La nueva propuesta constitucional asegura a todas las personas el derecho a la vida e indica que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Esa mención, aunque muy similar, contiene un matiz a la de la Carta Magna vigente, en donde se recoge que “la ley protege la vida del que está por nacer”.

El oficialismo teme que, de aprobarse el artículo con esa redacción, pueda colisionar con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales: cuando peligra la vida de la madre, por inviabilidad del feto y en caso de violación.

Eliminación del impuesto a la vivienda

A pesar de tratarse de una enmienda popular, los datos demuestran que la gran mayoría de los chilenos no paga este impuesto, y quienes lo hacen son -por lo general- las propietarios de más altos ingresos.

«Esta sería una medida muy regresiva, y por regresiva se entiende que beneficiaría mucho a las personas de altos ingresos. Recordemos que tan solo un 23% de las propiedades pagan contribuciones (…) las propiedades más caras de chile están dentro de este 23%», advierte el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica Kenzo Asahi.

Presos por delitos de lesa humanidad

Con votos a favor del Partido Republicano y Chile Vamos se aprobó la enmienda que indica que “las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos han alertado que esta enmienda iría en directo beneficio de los reos de Punta Peuco, quienes se encuentran cumpliendo penas por delitos de lesa humanidad. Lo anterior debido a que 153 de los 265 presos mayores de 75 años que hoy cumplen penas en el país están condenados por violaciones a los derechos humanos.

Limitaciones al derecho a huelga

Una de las enmiendas aprobadas establece que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, o a la economía o seguridad del país. La ley establecerá́ los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición del presente literal”.

Otra modificación enmarcó la huelga solo en el marco de la negociación colectiva: mientras el anteproyecto de la Comisión Experta establecía que «esta comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga”, la derecha reemplazó la última frase por la siguiente «y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva».

Constitucionalización del Sistema de Salud y Previsional

La propuesta constitucional también consagra la denominada “libertad de elegir” en todas las prestaciones sociales. En salud, esto se plasma en el artículo que señala que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.

Sin embargo, el oficialismo ha denunciado que esta norma, en la práctica, consolidaría el modelo de salud privado (Isapres) a nivel constitucional.

Algo similar ocurre en el sistema previsional. Otra enmienda aprobada por Republicanos y Chile Vamos señala que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.

Y si bien la propiedad exclusiva de los trabajadores sobre sus fondos de pensiones es una demanda sentida por la ciudadanía, expertos señalan que esto impediría generar mecanismos «solidarios» o de reparto en el actual modelo previsional, lo que dejaría intocable el sistema privado de pensiones (AFP).

A través de un comunicado, se conocieron este sábado los detalles de la presentación de María Corina Machado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la tarde de este viernes. En el texto, se ratifica que sobre la candidata de la oposición no existe ningún acto de inhabilitación y que «ahora le corresponde a Nicolás Maduro cumplir con los compromisos que asumió en el Acuerdo de Barbados».

Vente Venezuela

#Comunicado A la opinión pública y a la comunidad internacional sobre la reclamación contra las vías de hecho que pretenden impedir los derechos políticos de @mariacorinaya. pic.twitter.com/cahGg73kqc

— Vente Venezuela (@VenteVenezuela) December 16, 2023

María Corina Machado, fundadora del movimiento político Vente Venezuela y arrolladora vencedora de los comicios primarios de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las esperadas elecciones presidenciales del próximo año, se negó a recurrir contra la inhabilitación que le impediría postularse y cuyo plazo venció el viernes.

El Nacional

“Si a mí no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente puede haber lapso alguno corriendo, ¿verdad?”, dijo la exdiputada al alegar que no ha sido notificada formalmente de una inhabilitación.

Si bien, expertos señalan que su negativa podría empeorar las cosas dentro de la mesa de negociación entre la oposición y el Gobierno, la candidata se siente “respaldada” por el pueblo venezolano y segura de que está en la vía correcta para derrotar al chavismo.

Usted ha señalado que su inhabilitación para poder ser candidata en las elecciones de 2024 es un asunto político y no jurídico, por lo que debe resolverse con negociaciones. ¿Por qué decidió no recurrir el tema ante el Tribunal Supremo de Justicia?

Este es un tema que los venezolanos lo entendemos bien porque sabemos lo absurdo que significa en estos momentos hablar de justicia en el país. En Venezuela no hay ley, el régimen controla totalmente el poder judicial y lo usa para para perseguir o para dañar a personas que no son aliados del sistema. El caso de mi inhabilitación se trata verdaderamente de un exabrupto porque no hay un acto, no hay un procedimiento, yo no he recibido ni un papelito donde me especifiquen en qué consiste la supuesta inhabilitación que es totalmente inconstitucional. En ese sentido, yo ya lo he dicho claramente: los plazos los pone la ley y no los puede poner el régimen y, en mi caso, ni siquiera ha empezado a correr ningún plazo porque no hay nada que recurrir. No hay acto en mi contra que deba defender.

Lo cierto es que, si pesa dicha inhabilitación, usted no se podrá inscribir como candidata. Se habla de que Gerardo Blyde, el negociador de la oposición con el Gobierno, podría sustituirla. ¿Es esta la propuesta?

Absolutamente no existe esa opción. Sencillamente no hay otro plan porque la sociedad venezolana ya decidió al respecto el 22 de octubre, cuando celebramos las consultas primarias, y fue una decisión muy consciente porque vale recordar que el anuncio de esta supuesta inhabilitación fue en el mes de junio. O sea que la gente estaba clarísima cuando fue a votar de por qué y por quién lo estaba haciendo. De modo que no es Maduro el que va a escoger quién lo va a enfrentar. Yo voy a inscribirme y voy a enfrentar al que ellos pongan, sea Maduro o al candidato que les dé la gana y lo vamos a derrotar. Cada cosa en su momento.

¿Le preocupa que el gobierno de Nicolás Maduro evite a toda costa que usted pueda ser candidata?

Créeme que esto no es un punto que a mí me preocupe en este momento. Llegará el momento de atenderlo como lo que es: un acto de orden político que demuestra que el régimen tiene miedo de enfrentarme porque sabe que vamos a derrotarlos. Pero, por ahora, nuestro foco tiene que estar en lo que depende de nosotros, que es la construcción de fuerzas ciudadanas en organización. Por eso, estoy hablando con todas las organizaciones sociales, con los movimientos culturales, religiosos, comunitarios, con los demás partidos políticos, con todo el mundo. Tenemos tareas y en eso es que yo me concentro en estos momentos.

Si bien usted ganó las primarias con el 92,3% de los votos, sin duda, el gran desafío de la oposición en los últimos años ha sido la unidad. ¿Cuál es su relación en estos momentos con los otros partidos opositores?

Si algo dañino nos hizo este sistema en estos más de 20 años ha sido tratar de fragmentar y dividir a la sociedad venezolana con base en todos los criterios: ricos y pobres, blancos y negros izquierda y derecha, los que estamos en Venezuela, los que se han ido… Pero, este año creo que hemos visto un movimiento de reencuentro alrededor de lo que la mayoría queremos: que nuestros hijos vivan en un país con futuro, donde tengamos la mejor educación del mundo, donde la gente pueda llegar a la tercera edad con dignidad, donde nuestros seres amados puedan sentirse seguros de regresar a Venezuela. Eso es un sentimiento tan poderoso que creo que en estos momentos la oposición en conjunto lucha por ese sentimiento que no es más que una lucha espiritual.

Usted ha hecho llamados al presidente Gustavo Petro para intervenir en el caso de su inhabilitación, ¿ha recibido respuesta?

Estoy convencida de que el presidente de Colombia, por muchas razones, tiene una voz importante que debe hacer valer en este momento. En primer lugar, porque dada nuestra historia y nuestra cercanía, todo lo que pasa en Venezuela se refleja e impacta a Colombia. La migración es lo más tangible y todos sabemos a estas alturas que la migración venezolana no se va a detener mientras Maduro está en el poder porque al final la gente no tiene otra opción cuando no ve un futuro en su país.

De modo que yo siento que Colombia sería uno de los primeros interesados en que existiese una transición pacífica y ordenada por la vía electoral en Venezuela. Hablando particularmente del actual gobierno colombiano, recordemos que fue el presidente Petro el que convocó a una conferencia internacional en abril donde 20 países estuvieron de acuerdo en que en Venezuela tienen que haber elecciones libres y competitivas.

Lea la entrevista completa siguiendo este enlace a El Nacional

El Ejecutivo de Venezuela ha guardado silencio este viernes en su reclamo por el Esequibo, el territorio en litigio con Guyana, una causa que acaparó el discurso del chavismo en las últimas semanas. Esto con anuncios estridentes y palabras altisonantes, y que prácticamente no fue mencionaron este viernes en el discurso gubernamental luego de la reunión de ayer entre los mandatarios de ambos países.

EFE

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, no tuvo apariciones públicas durante la jornada, tiempo en el que el canal estatal VTV también rebajó los términos y la propaganda anexionista, exacerbada desde el 3 de diciembre, cuando la mayoría de personas que votaron en un referendo unilateral aprobaron agregar a Venezuela la zona disputada, bajo control de Georgetown.

Luego del encuentro en San Vicente y las Granadinas de Maduro con su homólogo guyanés, Irfaan Ali, -auspiciado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)- el Ejecutivo habla de «triunfo de la paz» y «victoria de la diplomacia», sin mencionar los planes de días atrás, que incluían el otorgamiento de licencias para la explotación petrolera en el Esequibo.

Así se empieza a cumplir el acuerdo bilateral suscrito el jueves, con el que las partes se comprometieron a no amenazarse mutuamente ni usar la fuerza en ninguna circunstancia relacionada con este litigio que, insistió Guyana, está en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pese al rechazo de Caracas.

Suspenso y silencio

Luego de una semana de consultas, el Parlamento debía aprobar el miércoles pasado la ley de anexión de la Guayana Esequiba como nuevo estado del país, según lo aprobado en el referendo. Pero, pese a la promesa de tener lista la legislación, los diputados chavistas dejaron de hablar de este proyecto, al menos en las últimas 72 horas.

Entre las acciones más sonadas de Venezuela destacan la entrega de nacionalidad a los esequibanos y la puesta en marcha de un gobierno remoto para este territorio, así como de una división militar, ambas instancias con sede en la localidad de Tumeremo, a unos 100 kilómetros del punto en el que empieza el territorio disputado.

Al respecto, el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) explicó que en esa localidad se han hecho jornadas para la entrega de cédulas a lugareños, sin reportar, por ahora, la primera entrega de nacionalidad a alguien que venga de fuera de las fronteras incuestionables del país.

Asimismo, la autoridad única designada por Maduro para esta zona, el general Alexis Rodríguez Cabello, visitó la localidad de San Martín de Turumbáng, la más cercana al Esequibo, donde el gobierno prevé construir unas 120 casas para familias locales y asentar una oficina en la que se puedan gestionar los beneficios de los numerosos programas sociales.

La causa por el Esequibo sigue

Pese al silencio, la apuesta de Venezuela por anexionarse los 160.000 kilómetros cuadrados en disputa parece avanzar en pequeñas acciones dadas a conocer este viernes. Entre ellas está la continuidad en la distribución del nuevo mapa nacional, donde la «zona en reclamación» la muestran como parte íntegra del territorio. Esto despojaría a Guyana de dos tercios de su superficie.

Por ejemplo, la Embajada de Venezuela en Bolivia develó el «nuevo mapa» en su oficina, la misma cartografía que han instalado en las instituciones venezolanas en los últimos días y que hoy fue menor.

Asimismo, según el presupuesto estatal de 2024, al que EFE tuvo acceso hoy, habrá una partida de casi 680 millones de dólares para «incrementar la capacidad logística, operacional y de infraestructura» de Venezuela «en la zona limítrofe» con el Esequibo.

El gobierno también destinará, entre otras cantidades menores, casi 30 millones de dólares en «recopilar pruebas históricas, jurídicas, geográficas y políticas» sobre esta controversia y poco más de 40 millones en «establecer diálogos con Guyana», que se prevé que continúen en los próximos tres meses.

Esto revela que, pese al reciente silencio, que viene a rebajar la tensión, como acordaron ayer Maduro y Ali, la pretensión de Venezuela sigue latente, con una previsión de recursos para «defender» un área que, ha insistido, le «pertenece».