Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El dirigente opositor Andrés Velásquez calificó este martes las recientes declaraciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez sobre un “nuevo momento político” en Venezuela como una estrategia para ganar tiempo sin compromisos reales con la democracia plena, la liberación total de presos políticos ni el cese de la represión.

MFM

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Velásquez —exgobernador del estado Bolívar y dirigente nacional de La Causa R— señaló que Rodríguez, “integrante del gobierno tiránico de Maduro”, evita mencionar explícitamente palabras como democracia o libertad, y que su plan consiste en “hacer el juego del engaño” sin abandonar la fórmula represiva del chavismo.

“Queda claro que su plan es ganar tiempo haciendo el juego del engaño al que siempre han recurrido, pero no están dispuestos a restablecer libertades, derechos políticos, derechos humanos, cese de persecuciones y represión”, escribió Velásquez, quien exigió “libertad plena para todos los presos políticos”.

Las declaraciones del líder opositor responden directamente a las afirmaciones de Rodríguez del 14 de enero, cuando —flanqueada por su hermano Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional) y Diosdado Cabello (ministro del Interior)— anunció que Venezuela “se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”.

En esa oportunidad, la mandataria encargada confirmó que el proceso de excarcelaciones iniciado tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses seguía abierto, aunque con cifras y ritmos que generan fuerte controversia.

Según el gobierno interino, hasta finales de enero se han registrado más de 600 liberaciones (incluyendo algunas de diciembre), y el proceso forma parte de un “Programa para la Convivencia y la Paz” de 100 días que busca abrir espacios de diálogo. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal verifican cifras mucho menores: alrededor de 250-300 excarcelaciones confirmadas desde el 8 de enero, con cientos de personas aún detenidas por motivos políticos (estimaciones cercanas a 800-850 restantes).La oposición y familiares de detenidos denuncian que muchas liberaciones son parciales, con medidas cautelares restrictivas (prohibición de salida del país, silencio sobre la experiencia carcelaria o presentaciones periódicas), y que no constituyen una verdadera amnistía ni el fin de la persecución.

Mientras Rodríguez insiste en un diálogo “venezolano” sin injerencias externas y propone incluso verificación de la ONU para las excarcelaciones, la Plataforma Unitaria y líderes como María Corina Machado mantienen la exigencia de una transición real hacia elecciones libres, justicia sin selectividad y el desmonte completo de la represión.

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) publicó este martes un análisis que cuestiona directamente las cifras oficiales sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde diciembre de 2025, señalando una brecha significativa entre lo anunciado por el gobierno interino y lo verificado por organizaciones de derechos humanos.

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Según el post difundido en X, el gobierno afirma haber excarcelado alrededor de 800 personas en el marco del proceso iniciado tras los eventos políticos de enero de 2026. Sin embargo, el comité —basado en datos cruzados de varias ONG— sostiene que solo se han confirmado 332 casos hasta el 26 de enero, todos con nombres y apellidos documentados por las organizaciones defensoras. Esto deja una diferencia de 532 personas sin verificación independiente.

La publicación incluye una infografía cronológica que resalta:

  • Anuncios oficiales sin listas nominales públicas.
  • Ausencia de libertad plena para los excarcelados (muchos bajo medidas cautelares, presentaciones periódicas o restricciones).
  • Persistente opacidad que, según el texto, “aumenta la angustia de los familiares de los #PresosPolíticos”.

Organizaciones como Foro Penal —referenciada frecuentemente en el debate— han mantenido cifras más conservadoras en las últimas semanas. Reportes independientes recopilados hasta finales de enero 2026 indican:

  • Alrededor de 266–383 casos verificados desde el 8 de enero (fecha clave de anuncios masivos), dependiendo del corte.
  • Picos puntuales, como ~80–110 excarcelaciones confirmadas en jornadas específicas (ej. 25 de enero).
  • Estimaciones de que aún permanecen más de 700–800 presos políticos en el sistema penitenciario.

El gobierno interino, a través de figuras como Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, ha defendido las cifras elevadas (llegando a mencionar 808 en algunos balances) como parte de un proceso de “pacificación nacional” y “convivencia”, vinculado a compromisos internacionales tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Sin embargo, no ha publicado listas detalladas ni permitido verificaciones exhaustivas por parte de terceros.En respuestas al hilo original, usuarios y cuentas afines al tema expresaron:

  • Apoyo a la exigencia de transparencia y listas nominales.
  • Críticas a la “lentitud” y a la posible inclusión de presos comunes en las cifras oficiales para inflar números.
  • Llamados a mantener la presión por #LibertadPlena y #LiberenALosPresosPoliticos.

Familiares continúan concentrándose en las afueras de penales como Rodeo I, Tocuyito y El Helicoide, donde se reportan esperas prolongadas y dificultades para confirmar salidas individuales.

Hasta el momento, ni el gobierno ni las principales ONG han logrado unificar cifras. La diferencia —que oscila entre 400 y más de 500 personas según la fuente— mantiene viva la controversia sobre la real magnitud y naturaleza del proceso de excarcelaciones en curso.

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales reiteró su demanda central: publicación inmediata de listas oficiales verificables, cese de medidas restrictivas y liberación total sin condiciones para todos los considerados presos políticos.

La organización Laboratorio de Paz emitió un pronunciamiento frente a la reciente propuesta de «diálogo político» y la creación de la «Comisión para la Paz y la Convivencia» por parte del Ejecutivo encargado de Venezuela. Según la ONG, estas iniciativas carecen de validez mientras persistan las causas estructurales que criminalizan los derechos civiles en el país.

Efecto Cocuyo

La propuesta surge tras el anuncio de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien busca convocar a sectores «coincidentes» y «divergentes». Sin embargo, el contexto nacional presenta retos severos: la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el establecimiento de un gobierno bajo tutela de Estados Unidos que promete un plan de transición.

Un espacio cívico bajo amenaza

Para Laboratorio de Paz, la participación ciudadana es imposible bajo el actual estado de las cosas. La organización destaca que el país atraviesa el peor momento de debilidad institucional debido a la aplicación de «terrorismo de Estado», término que empleó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta situación forzó a múltiples líderes sociales a la clandestinidad o al exilio.

«Ningún espacio de participación será real si continúan vigentes las causas que impiden el libre ejercicio de los derechos políticos», ratifica la organización.

Exigencias para un diálogo auténtico

La organización establece una hoja de ruta con garantías mínimas para que la voz de los venezolanos recupere su valor. Entre los puntos principales destacan la excarcelación plena de todos los presos políticos; la suspensión del Decreto de Estado de Conmoción Exterior y cese de los bloqueos a medios por parte de Conatel; la remoción de altos funcionarios responsables de violaciones a derechos humanos y restitución jurídica de los partidos políticos confiscados y garantías de integridad para que los exiliados vuelvan al país y ejerzan sus derechos.

¿Simulación o cambio real?

Esta convocatoria representa el noveno intento de diálogo promovido por las autoridades bolivarianas. En ocasiones anteriores, dichos procesos sirvieron para dilatar el autoritarismo y fragmentar a la oposición democrática.

Laboratorio de Paz concluye que la sociedad civil debe aprovechar la coyuntura abierta tras el 3 de enero para fortalecer sus gremios naturales y superar el miedo estructural. El éxito de esta etapa depende de si la nueva comisión allana el camino hacia la democracia o si se convierte en un nuevo ciclo de simulación política.

Directa, como acostumbra -sin ambages- así fue María Corina de contundente al señalar este objetivo como otra etapa transicional necesaria para el salto cuántico hacia el porvenir del país. El desmontaje del sistema factual lo asumimos como propósito vital e impostergable en esta secuencia y suma de pasos estructurados destinados a alcanzar la consolidación del ansiado Estado de derecho y de sus instituciones democráticas.

Hemos sostenido que la transición del país comenzó desde la histórica demostración del 22/10/24; representó aquel hecho el verdadero punto de inflexión del que han surgido, por vía de consecuencia, todos los demás acontecimientos que -en sí mismos- también asumimos como etapas de esta gran gesta: La contundente victoria de 28J, su desconocimiento y el arrebato mediante el ardid de instituciones secuestradas, impuesto a sangre y fuego con una feroz represión que trajo consigo tal vez el peor momento en los anales de nuestra historia política. Vale recordarlo, por aquello de que “la trampa sale”. 

El 3 de enero pasado, con sus secuelas, está marcando el paso en esta nueva y compleja etapa de un posmadurismo, que se suponía protagonizado por factores y actores comprometidos con la causa democrática. No fue así, ha quedado en manos de sedicentes maduristas que presumen de tal condición solo para el gozo de sus diezmadas huestes. Su principal soporte y también su mayor debilidad es la obediencia, a pies juntillas, a quien ejerce un control real que hoy condiciona sus conductas. Todo un constructo que muestra la inviabilidad de su permanencia y/o supervivencia política en Venezuela, que les impide salirse tramposamente del guion so riesgo del aceleramiento de su caída. 

Sin duda son términos existenciales. La detentación del poder ilegitimo por una funcionaria de facto y sus acólitos, no garantiza que se produzcan las condiciones necesarias que permitan avanzar en el desmantelamiento del sistema; antes por el contrario, para ellos, es cuestión de posicionamiento táctico para demandar impunidad y reconocimiento con miras a mantenerse como referentes políticos -no precisamente democráticos- en los tiempos por venir, todo a contrapelo de la abrumadora voluntad democrática de los venezolanos. El poder secuestrado, ilegítimo por esencia, nunca generará seguridad jurídica.

El definitivo desmantelamiento del sistema bajo el liderazgo de MCM y los aliados es una etapa que nos corresponde. Tenemos que reconstruir institucional y materialmente al país en paz. Ellos no lo harán, su pragmatismo ajeno a cualquier control institucional, es una pantomima que solapa segundas intenciones para avanzar con otros planes en el marco de lo factual, con miras a preservar el poder. El canje de presos como escudos de impunidad por exilios dorados, la amenaza represiva bajo un estado de conmoción, utilizado para criminalizar reivindicaciones populares y la lucha de nuestros jóvenes por el retorno democrático, que solo aplica para inmovilizarnos, nos muestran su verdadera esencia antidemocrática 

Deben salir cuanto antes

Víctor A. Bolívar
X@vabolivar

La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEPVzla) alertó este martes sobre dos casos emblemáticos que ilustran lo que califica como una práctica sistemática de castigo familiar en el marco de la persecución política en Venezuela.

Justicia, Encuentro y Perdón

Se trata de Samantha Sofía Hernández Castillo, una adolescente de 16 años, y Maikelys Borges, una joven madre que dio a luz mientras estaba privada de libertad. Ambas pertenecen a la misma familia y permanecen recluidas, según la ONG, exclusivamente por su parentesco con personas perseguidas por motivos políticos.

De acuerdo con el pronunciamiento difundido por JEPVzla en redes sociales, Samantha fue detenida y sometida a un proceso judicial bajo la legislación antiterrorista, pese a que —según la organización— no existe evidencia que justifique tal calificación. La adolescente es hermana de un militar exiliado y sobrina de una persona víctima de desaparición forzada. La ONG subraya que su privación de libertad viola los estándares internacionales de protección reforzada a niñas, niños y adolescentes, establecidos en tratados ratificados por Venezuela.

Por su parte, Maikelys Borges fue arrestada durante los últimos meses de un embarazo de alto riesgo. Permaneció detenida hasta el momento del parto y actualmente continúa recluida junto a su bebé recién nacido. JEPVzla denuncia que el encarcelamiento responde únicamente a su condición de esposa de una persona perseguida, lo que transforma la maternidad en un elemento de mayor vulnerabilidad en lugar de protección.

“Ambos casos revelan una práctica particularmente lesiva: la utilización de adolescentes y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad como instrumentos de presión política”, afirma el comunicado.

La organización exige la libertad inmediata de Samantha y Maikelys, argumentando que la prolongación de su privación de libertad no persigue fines legítimos de justicia y genera daños irreparables en sus vidas y en las de sus dependientes.

“Samantha necesita estar en libertad para volver a vivir plenamente su adolescencia, para estudiar, para crecer sin miedo. Maikelys necesita estar en libertad para cuidar a su hijo, para ejercer su maternidad con dignidad y sin rejas”, concluye el texto.

El mensaje, acompañado de imágenes y difundido con la etiqueta #JusticiaYLibertad, ha recibido cientos de interacciones, incluyendo repudios al gobierno, comparaciones históricas con prácticas represivas del pasado (como el Sippenhaft nazi) y llamados a la comunidad internacional para visibilizar la situación.

Justicia, Encuentro y Perdón es una organización no gubernamental dedicada a documentar, denunciar y acompañar a víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, con énfasis en la construcción de memoria y la búsqueda de reparación.

Hasta el momento, no se ha recibido respuesta oficial por parte de las autoridades respecto a estos casos específicos.

Omaira Navas, madre del periodista venezolano Ramón Centeno, falleció este martes 27 de enero de 2026, a solo trece días de la excarcelación de su hijo, quien permaneció detenido por casi cuatro años en una prisión del país.

Efecto Cocuyo

Fuentes cercanas a la familia confirmaron la noticia, que generó conmoción en el gremio periodístico y en organizaciones de derechos humanos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresó su pesar a través de un comunicado oficial.

«Con mucho dolor informamos que este 27 de enero falleció la señora Omaira Navas, madre de nuestro colega y amigo Ramón Centeno», indicó la organización en sus redes sociales.

El SNTP destacó el sufrimiento que Navas padeció durante los años de detención de su hijo y resaltó su lucha constante por la libertad de él. Navas, oriunda de Coro, estado Falcón, se convirtió en una figura visible en la defensa de los derechos de los presos políticos en Venezuela.

En diciembre de 2023, escribió en redes sociales que esperaba una llamada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para anunciar la libertad de su hijo, pero esa llamada nunca llegó.

«Esperaba la llamada del TSJ que me dijera que mi hijo quedó libre, pero no sucedió», manifestó en aquel entonces.

Su salud se deterioró progresivamente debido al estrés y a las condiciones de vida precarias que enfrentó mientras abogaba por la excarcelación de Centeno.

Organizaciones como el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y defensores de derechos humanos recordaron que Navas solicitó en múltiples ocasiones medidas humanitarias para su hijo, quien sufrió graves problemas de salud en prisión, incluida una fractura de cadera no atendida que lo dejó en silla de ruedas al momento de su liberación.

«Omaira representó la resiliencia de muchas madres venezolanas que luchan por sus hijos injustamente detenidos», declaró el CNP.

La familia no proporcionó detalles sobre las causas exactas del fallecimiento, pero allegados mencionaron que Navas presentó complicaciones de salud en los últimos días debido a un evento cardiovascular.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) está trabajando discretamente para establecer una presencia permanente de Estados Unidos sobre el terreno en Venezuela, liderando los planes de la administración de Donald Trump para ejercer su nueva influencia sobre el futuro del país, según varias fuentes familiarizadas con la planificación.

Por: Zachary Cohen, Jennifer Hansler y Kylie Atwood – CNN

Las discusiones de planificación entre la CIA y el Departamento de Estado se han centrado en cómo será la presencia estadounidense dentro de Venezuela, tanto a corto como a largo plazo, tras la dramática captura del expresidente chavista Nicolás Maduro a principios de este mes.

Aunque el Departamento de Estado será la principal presencia diplomática estadounidense a largo plazo en el país, es probable que la administración Trump presione fuertemente a la CIA para iniciar ese proceso de reingreso debido a la transición política en curso y la inestable situación de seguridad en Venezuela tras Maduro, añadieron las fuentes.

«El Estado planta la bandera, pero la CIA es realmente la influencia», dijo a CNN una fuente familiarizada con el proceso de planificación, señalando que los objetivos a corto plazo de la agencia incluyen preparar el terreno para los esfuerzos diplomáticos —incluyendo la construcción de relaciones con los locales— y proporcionar seguridad.

A corto plazo, los funcionarios estadounidenses podrían operar desde un anexo de la CIA, antes de la apertura de una embajada oficial, lo que les permitirá empezar a establecer contactos informales con miembros de diferentes facciones del chavismo venezolano, así como con figuras de la oposición, y atacar a terceros que puedan ser amenazas, según la fuente, estableciendo un paralelismo con el trabajo de la agencia en Ucrania.

«Montar un anexo es la prioridad número uno. Antes de los canales diplomáticos, el anexo podrá ayudar a establecer canales de enlace, que serán con la inteligencia venezolana y que permitan conversaciones que los diplomáticos no pueden mantener», dijo un exfuncionario del gobierno estadounidense que se relacionó con los venezolanos.

La CIA declinó hacer comentarios.

Estados Unidos ha enviado rutinariamente a directores de la CIA o altos funcionarios de inteligencia a reuniones delicadas con líderes mundiales para discutir asuntos delicados basados ​​en la recopilación de inteligencia estadounidense. El director de la CIA, John Ratcliffe, fue el 
primer alto funcionario de Trump en visitar Venezuela después de la operación contra Maduro, reuniéndose con la presidenta interina Delcy Rodríguez y líderes militares allí a principios de este mes.

Parte del mensaje de Ratcliffe a los nuevos líderes durante su viaje: Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos.

La CIA probablemente será responsable de informar a los funcionarios venezolanos sobre información de inteligencia estadounidense relevante relacionada con esos adversarios, incluidos China, Rusia e Irán, según otra fuente familiarizada con las discusiones de planificación en curso.

“Si se va a informar a Venezuela sobre las preocupaciones sobre China, Rusia e Irán, no sería el Departamento de Estado quien lo haría. La DNI (Oficina del Director de Inteligencia Nacional) tendría que decidir qué información desclasificar para compartir, y luego los agentes de inteligencia harían la presentación”, dijo el exfuncionario.

Papel clave de la CIA en operación para capturar a Maduro

Agentes de la CIA estuvieron presentes en Venezuela durante los meses previos a la operación contra Maduro. En agosto, la agencia instaló de forma encubierta un pequeño equipo en el país para rastrear los patrones, ubicaciones y movimientos de Maduro, lo que contribuyó a reforzar la operación a principios de este mes, según informaron fuentes familiarizadas con los planes.

Los activos incluían una fuente de la CIA que operaba dentro del gobierno venezolano y que ayudó a Estados Unidos a rastrear la ubicación y los movimientos de Maduro antes de su captura, dijo previamente a CNN una fuente informada sobre la operación.

La decisión política del gobierno de respaldar a Rodríguez en lugar de a la líder opositora María Machado también estuvo basada en un análisis clasificado de la CIA sobre el impacto de que Maduro ya no sea presidente y las implicaciones a corto plazo de su posible destitución, informó CNN.

El producto de inteligencia estrictamente confidencial fue encargado por altos responsables políticos, y se esperaba que la CIA continuara brindando recomendaciones similares sobre la situación del liderazgo en Venezuela en el futuro, dijeron previamente varias fuentes a CNN.

Tras la captura de Maduro, la CIA ahora está centrando su atención en ejercer silenciosamente la influencia estadounidense desde el interior de las fronteras de Venezuela y en evaluar el desempeño del nuevo liderazgo que ayudó a instalar.

Pero los funcionarios estadounidenses que participan en las primeras discusiones de planificación todavía están esperando que la Casa Blanca articule claramente sus objetivos de misión más amplios, dijeron las fuentes, a pesar de la afirmación del presidente Donald Trump de que su administración «dirigiría» el país después de capturar a Maduro.

“Eso lo hace más difícil”, reconoció la primera fuente familiar, agregando que los funcionarios estadounidenses están planeando establecer una presencia dentro de Venezuela y esperan concretar el objetivo real más adelante.

Como resultado, los planes a largo plazo de la administración Trump para Venezuela siguen siendo confusos, incluido su cronograma para reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Estados Unidos retiró a sus diplomáticos y suspendió las operaciones de la embajada en Caracas en 2019. La Unidad de Asuntos de Venezuela ha estado operando con un equipo de diplomáticos estadounidenses en la embajada en Bogotá.

La semana pasada, el Departamento de Estado anunció el nombramiento de la veterana diplomática Laura Dogu para dirigir la Unidad de Asuntos de Venezuela. Anteriormente, el puesto estaba a cargo del embajador interino de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que el plan de la administración para Venezuela “requiere un Encargado de Negocios a tiempo completo en la Unidad de Asuntos de Venezuela” y que “Dogu está bien posicionado para liderar el equipo durante este período de transición”.

Si bien el Departamento de Estado ha identificado algunos funcionarios específicos del servicio exterior que planean enviar de regreso a Venezuela, los funcionarios involucrados en las discusiones de planificación dijeron a CNN que no han recibido ningún plan o dirección cohesiva de los principales funcionarios de la administración o de la Casa Blanca.

Menos de 48 horas después de la inédita operación militar que Estados Unidos lanzó contra Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Suiza anunció que congelaba “todos los activos” que pudiera tener el exgobernante venezolano en el país alpino por espacio de cuatro años.

Transparencia Venezuela

Sin embargo, Maduro no fue el único al que las autoridades helvéticas impusieron esta medida. En la resolución, fechada el 5 de enero, se presenta también una lista de 36 venezolanos cuyas posibles cuentas y bienes en Suiza serán inmovilizados con el propósito de evitar que los “activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza”, se lee en la ordenanza dictada por el Consejo Federal, máximo organismo de Gobierno suizo.

¿Quiénes son esos otros 36 venezolanos objeto de la medida?

Figuran en la lista la esposa de Maduro, Cilia Flores, y los tres hijos de ella —WalterYosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores—, así como su sobrino, Erik Malpica Flores, quien fue el extesorero de Venezuela y ex vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El excanciller y actual diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza; y la exministra de Turismo y esposa de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, Marleny Contreras Hernández, también fueron objeto de la congelación de bienes, por ser considerados “personas políticamente expuestas”. Lo mismo que el exministro de Energía y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez; y su primo , Diego Salazar, quien se encuentra detenido en Venezuela por su participación en hechos de corrupción.

Los presuntos corruptos de siempre

En la lista de personas cuyos posibles bienes en Suiza fueron congelados figuran nombres conocidos por su aparición en connotados casos de corrupción. Ejemplos de ello son los empresarios Alejandro Betancourt LópezFrancisco Convit Gurruceaga y Pedro Trebbau López, directivos de la firma Derwick Associates y quienes tienen procesos abiertos en Estados Unidos, España y Venezuela por su presunta participación en tramas para desfalcar a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante la crisis eléctrica de 2009 y luego legitimar esos capitales en el exterior.

Otros nombres que figuran en la lista suiza y que son conocidos en Venezuela y en otras jurisdicciones, por su vinculación con hechos de corrupción que afectaron a Pdvsa, son los de Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos,  quienes fueron  viceministros de Energía Eléctrica de Hugo Chávez, mientras que Alvarado también fue expresidente de la extinta Electricidad de Caracas.

El extesorero de la Nación y expresidente Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes), Alejandro Andrade; y los propietarios de Globovisión, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, también fueron objeto de la medida. Los tres han sido mencionados en investigaciones sobre la adjudicación irregular de bonos de la República, previo pago de sobornos.

Andrade llegó a un acuerdo con las autoridades judiciales de Estados Unidos y admitió que recibió USD 1.000 millones en sobornos de Raúl Gorrín y otros para facilitarles operaciones cambiarias favorables. Y aunque en 2018 fue condenado a 10 años de prisión, solo pasó una breve temporada tras las rejas por su amplia colaboración para desarticular la red implicada en la trama

La presencia militar en el Caribe evoca viejos dilemas de soberanía y poder en la región. Washington mantiene una fuerza significativa en alerta para evitar que cualquier actor interrumpa sus objetivos estratégicos

ORLANDO VIERA-BLANCO
27/01/2026

Los venezolanos a lo interno y a lo externo de Venezuela vivimos con sentimientos encontrados. El país necesita encarar un proceso de reinstitucionalización urgente para que vuelva la normalidad. No es solo vivir en democracia. Es vivir sin miedo, sin incertidumbre, sin la amenaza de la indefinición.

La viabilidad y conveniencia de una segunda incursión en Venezuela—para capturar a nuevos acusados de narcotráfico y terrorismo— y la posibilidad de que regrese María Corina Machado, es un análisis que merece compostura. Veamos.

¿Una nueva ola geopolítica?

Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Después de décadas de crisis económica, colapso institucional y profunda conflictividad política, el status quo ha cambiado en los primeros días de 2026. No todos sus actores pero sí su actitud y su narrativa. Y sabemos que no es honesta sino condicionada y vigilada.

La operación militar de EEUU resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, acusados de narcotraficantes y otros delitos internacionales vinculados al terrorismo, posesión de armas, facilitadores de las instituciones del estado para delinquir. Fueron trasladados a Nueva York para enfrentar los cargos federales, un momento sin precedentes en las relaciones hemisféricas del siglo XXI. Es este el destino que muchos militares y funcionarios del régimen podrían tener.

¿Basta la amenaza de captura para obedecer las órdenes de la Casa Blanca? ¿Una segunda intervención es viable y conveniente para capturar a otros miembros de la cadena de mando señalados por la justicia norteamericana como parte de redes de narcotráfico y terrorismo, incluída Delcy Rodríguez? ¿O sería contra–productivo desde una perspectiva estratégica, política y geopolítica? ¿Y qué rol podría jugar en el futuro inmediato una figura como María Corina Machado? ¿Es momento de acometer el restablecimiento de la justicia para juzgar a los culpables en Venezuela? ¿Seríauna segunda incursión un accidente improbable [Dixit H.Kissinger] o acaso necesario?

Exploremos estos cuestionamientos o escenarios desde lo jurídico, militar, diplomático, político interno en EEUU y en Venezuela, así como sus implicaciones para la estabilidad regional.

La incursión 3-01-26. ¿La estabilización puede conducir a la desestabilización?

La operación militar estadounidense—que incluyó fuerzas especiales, apoyo aéreo y naval fue una incursión poderosa, inédita por la contundencia del arsenal utilizado, infalible y sin duda, traumática. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a los capturados de los referidos delitos vinculados con el narcotráfico y conspiración internacional para introducir cocaína a EEUU [acusaciones que datan de 2020].

Tras esta operación, Delcy Rodríguez quien hacía las veces de vicepresidenta, juró como ‘presidenta encargada de Venezuela’. Sobre la legitimidad de esta designación, no corresponde el análisis en este ensayo. La ecuación es simple. Si Maduro no era un mandatario legítimo tampoco lo es su cadena de mando. El tema es que ‘el diseño de Washington’ supone una suerte de transición de la transición coexistiendo con el antiguo régimen ‘como colaborador sumiso’. El efecto post traumático de la incursión 3/1/26, genera una extrema e indoblegable obediencia. ¿Pero seguirá siendo así? ¿Habrá otros dispuestos a rebelarse?

Rodríguez ha asegurado que “enfrenta estos eventos con dolor”. Washington busca estabilizar la situación [con ella y otros miembros del gabinete] para avanzar a una fase de recuperación y por último a una transición democrática. ¿Cuánto tiempo puede durar una fase inicial “de estabilización” sin un restablecimiento real de la república en términos de estado de derecho, justicia, libertad y muy importante, regreso a casa? ¿La estabilización es sostenible sin reconstrucción de un Estado ausente?

La presencia militar en el Caribe evoca viejos dilemas de soberanía y poder en la región. Washington mantiene una fuerza significativa en alerta para evitar que cualquier actor interrumpa sus objetivos estratégicos en Caracas o en la región. ¿Esta presencia es indefinida en el tiempo?

Este nuevo escenario crea dinámicas inéditas: una administración estadounidense actuando en otro país para procurar un cambio de régimen y retorno a la democracia. Una suerte de protectorado que sugiere obedecer a cuenta de “sufrir las mismas consecuencias”. La variables que podrían irrumpir en la estrategia de estabilización son las propias disidencias internas contra Delcy et al, un levantamiento de las fuerzas militares que no avizoran impunidad o viabilidad en la transición o del propio pueblo, hastiado de silencios forzados, persecución y hambre.

Delcy Rodríguez: ¿Una aliada útil o frágil?

Delcy Rodríguez aunque no figura formalmente en las acusaciones penales estadounidenses que llevaron a prisión a Maduro y su esposa, si ha estado en el radar de la justicia estadounidense desde antes de 2026. Investigaciones la ubican como “objetivo prioritario” debido a vínculos con lavado de dinero y estructuras de poder dentro del chavismo.

Esto plantea un primer dilema: ¿Es Delcy una aliada útil para Washington en términos de transición y estabilidad, o un objetivo legítimo de captura si se busca erradicar las redes criminales en Venezuela?

La narrativa oficial estadounidense sostiene que Maduro lideró un sistema de narcotráfico y corrupción que actuó como una organización terrorista, designada también como tal por el Departamento de Estado en 2025. Si esa lógica se extiende a otros actores de la élite chavista implicados en narcotráfico o violaciones a DDHH, EEUU podría argumentar que arrestarlos o enfrentarlos a cargos judiciales en cortes federales constituye una continuación de un esfuerzo legítimo legal, no sólo político, para combatir el crimen transnacional. Desde ese ángulo, una segunda captura[s] podría ser presentada como una extensión de la guerra contra las drogas y el terrorismo.

Más allá de los cargos legales, existiría una narrativa de justificación de seguridad hemisférica: reducir las capacidades de redes que conectan el poder político con organizaciones criminales en América Latina. La designación de redes como el Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de EEUU y varios países latinoamericanos, refleja una preocupación más amplia sobre cómo estos flujos afectan tanto la seguridad regional como la doméstica estadounidense.

En contra de una segunda operación militar, también existen argumentos a considerar. El riesgo de comprensión y legitimación de una intervención externa, es un acto de diplomacia de fuerza siempre cuestionable y difícil de digerir. Además otras naciones poderosas podrían verse tentadas a aplicar la misma fórmula. Vale la pena mencionar que la nueva Junta de la Paz del presidente Donald Trump podría ser el prólogo de una muerte anunciada de las Naciones Unidas. Un club de amigos diferentes por recurrir a elementos estructurales distintivos para resolver conflictos armados: i.-Establecer gobiernos legítimos en zonas de posguerras; ii.-Asegurar una paz duradera; Extensión del ámbito de competencia a conflictos globales.

La Junta de Paz es un nuevo instrumento de soberanía supra territorial la integran—por ahora—: Argentina, Hungría, Marruecos, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Turquía, Egipto, y Pakistán. Ellos representan al menos un tercio de las exportaciones mundiales de crudo. Sumar a Venezuela en situación de recuperación sostenible, es un tema geopolítico clave en el hemisferio. ¿Puede añadirse Venezuela estando gobernada por un régimen sub judice? ¿Lo haría otro actor de investidura democrática, sabiendo los compromisos de admisión y alineamiento que la Junta de Paz solicita?

Traemos el tema a colación porque la Junta de Paz resume la doctrina que enmarca la política exterior de hoy de la Casa Blanca. Entonces, ¿es plausible una segunda ola de capturas en Venezuela?

Una II operación de enforcement consolida la percepción internacional de EEUU como un actor de fuerza en otros estados calificados como enemigos por ser narcoterrorista. Esto aliena sectores importantes de la comunidad internacional—incluyendo socios de la OTAN y países latinoamericanos—y alimenta narrativas ‘anti imperiales’ que fortalecen a regímenes autoritarios aliados de Caracas como Cuba o Rusia. Además pone sobre la mesa, ‘pagar con la misma moneda’, intereses de países rivales sobre otros territorios, a cuenta de ‘“asegurar la paz duradera”. ¿Un factor desencadenante?

La experiencia histórica nos dice que incursiones de esta naturaleza, aun siendo contundentes, podrían convertirse en un teatro de insurgencia prolongada. No es bueno emerger como adalid de una ocupación de facto. Ello también conduce a consecuencias impredecibles para la seguridad regional.

En el caso Venezuela, nuevas capturas podrían derrumbar aún más la ya frágil administración estatal venezolana, conduciendo a un vacío de poder y al colapso de servicios básicos esenciales. Esto elevaría el riesgo de un Estado fallido con repuntes en migración, tráfico ilícito, violencia interna y redes criminales más descentralizadas. A partir de estos escenarios, la ruta de enforcement, debe ir de puntillas.

EEUU: ¿Conveniencia o trampa estratégica?. El rol de María Corina Machado

La conveniencia para EEUU de una segunda ola debe medirse en términos de objetivos geoestratégicos concretos, costos políticos internos y externos, y alternativas no militares.

En el capítulo de los intereses estratégicos explícitos tenemos i.-Seguridad interior y lucha contra el narcotráfico y ii.-Control de recursos energéticos. En los costos políticos domésticos para EEUU la opinión pública y la memoria histórica, esto es, electores y compromiso prolongado de intervenciones en el exterior, es un terreno ineludible y minado.

Una pieza crucial del análisis es la oposición política venezolana, con figuras como María Corina Machado, líder opositora histórica al chavismo. Machado ha denunciado a Rodríguez como parte de una estructura criminal y ha pedido apoyo internacional—incluida la intervención—para desmantelarlo.

Un retorno de Machado al escenario político venezolano tras un escenario post–Maduro podría depender de varios factores:

i.-Condiciones de seguridad y legalidad […] Sin seguridad física y garantías legales, su regreso sería extremadamente riesgoso.

La lección reciente de Caracas es que las acciones militares no garantizan automáticamente la estabilidad política interna. Machado podría ser blanco de represalias si no existe un marco de reconstrucción constitucional y de seguridad que la proteja.

ii.-Apoyo internacional vs. apoyo interno. Machado ha liderado esfuerzos desde el extranjero para destacar la situación venezolana. Sin embargo, su eficacia se mide no sólo por el respaldo internacional sino por su capacidad para articular un frente político interno cohesivo e incluyente una vez que se abran espacios electorales y de participación.

iii.-Las tensiones con la administración estadounidense. Aunque el Presidente Donald Trump ha expresado apoyo retórico a Machado—e incluso resaltado su “fantasticidad e impresionante talante” como mujer y líder—, la política oficial de Washington es pragmática: trabajar con el gobierno transicional existente, mientras se mantiene la presión mediante sanciones y levers diplomáticos.

La incorporación de Machado como parte de una Junta de Gobierno podría ser la bisagra de solapamientos entre fases, es decir, el pulmón necesario para evitar un colapso interno por el factor hastío de la gente, combinado por las tensiones que generan en todos los planos sociales, políticos y militares, un estado ausente.

¿Viene una segunda ola?

Un escenario favorable de transición negociada con presión multilateral donde Delcy Rodríguez y la nueva administración venezolana aceptan avanzar hacia elecciones libres, reformas institucionales y cooperación judicial que da lugar a una transición sostenible, es abonar el camino a desenlaces diplomáticos no coercitivos que eviten ‘nuevas olas’.

El aislamiento de los núcleos criminales sin intervención militar es una ruta más plausible. El restablecimiento del estado de derecho unido a la inteligencia conjunta regional y presión judicial internacional para desarticular redes clave de narcotráfico sin operaciones militares de gran escala, luce un camino más sostenible. Esto requeriría alianzas con países de la región y cooperación técnica que reduzca el espacio para que estos actores sigan operando. Esas alianzas son más viables con autoridades legítimas y un sistema judicial reformado, y no con un régimen de facto.

Una segunda intervención podría desencadenar resistencia armada, fragmentación política, y la consolidación de grupos irregulares. Esto tendría costos humanos, económicos y de legitimidad para EEUU y sus aliados. Sin embargo, un caos latente por desobediencia del régimen, brote de la persecución, violación de DDHH, anclaje de los presos políticos y resurgimiento del crimen internacional, pulsaría nuevas incursiones.

En conclusión la idea de una segunda ola de capturas en Venezuela plantea un dilema profundo entre objetivos de seguridad y realidades geopolíticas complejas. Aunque existe una base legal y estratégica para perseguir estructuras de crimen transnacional, una nueva operación militar de gran escala conlleva riesgos significativos desde la legitimidad internacional hasta la estabilidad interna de Venezuela y las relaciones regionales.

En paralelo, figuras como María Corina Machado simbolizan una esperanza para sectores democráticos, pero su papel futuro depende tanto de su capacidad para consolidar apoyo interno, que no se mide sólo en encuestas [que lo tiene] sino con capacidades reales de lograr obediencia de los agentes de orden público interno y reorganización de una sociedad civil libre.

La voluntad de actores internacionales de respaldar procesos institucionales más que soluciones militares, es siempre preferible.

Una segunda ola puede estar sobre la mesa, pero es un tsunami que debe manejarse con extremo cuidado. No una inevitabilidad histórica pero tampoco como una variable que pueda ignorarse en el nuevo contexto geopolítico.

Parafraseando a Kissinger: ¿Un accidente improbable o necesario?. La historia está por escribirse…esperemos que en sana paz.

*Abogado. Ex Embajador de Venezuela en Canadá. Profesor de Cultura Política.
@ovierablanco
vierablanco@gmail.com

El partido Voluntad Popular (VP) alertó este lunes en redes sociales que algunos extorsionadores buscan lucrarse por la aplicación de mensajería móvil WhatsApp a partir de la tragedia de los presos políticos en Venezuela.

La Patilla

A continuación, la denuncia íntegra:

«Desde Voluntad Popular (VP) alertamos que se han reportado varios casos de hermanos activistas que están siendo extorsionados, luego de recibir mensajes en los que les aseguran —de manera falsa— que aparecen en supuestas listas de familiares de presos políticos.

Estas personas se hacen pasar incluso por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), enviando identificaciones falsas y solicitando dinero bajo el pretexto de entregar insumos médicos o ayudas para detenidos.

Rechazamos de forma categórica esta práctica criminal que usa el dolor, la angustia y la desesperación de familiares de presos políticos, quienes hoy siguen esperando la liberación de sus seres queridos, con el fin de delinquir. Esto es una forma cruel de violencia.

Exigimos a las autoridades competentes una investigación inmediata para identificar y frenar a quienes están detrás de estas extorsiones, que ocurren en un contexto donde la ausencia de justicia facilita este tipo de delitos.

Llamamos a todas las personas a mantenerse alertas, no entregar dinero y denunciar cualquier intento de extorsión. No permitiremos que se lucren del sufrimiento de quienes ya han sido víctimas de la persecución.»

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