El partido Voluntad Popular (VP) alertó este lunes en redes sociales que algunos extorsionadores buscan lucrarse por la aplicación de mensajería móvil WhatsApp a partir de la tragedia de los presos políticos en Venezuela.

La Patilla

A continuación, la denuncia íntegra:

«Desde Voluntad Popular (VP) alertamos que se han reportado varios casos de hermanos activistas que están siendo extorsionados, luego de recibir mensajes en los que les aseguran —de manera falsa— que aparecen en supuestas listas de familiares de presos políticos.

Estas personas se hacen pasar incluso por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), enviando identificaciones falsas y solicitando dinero bajo el pretexto de entregar insumos médicos o ayudas para detenidos.

Rechazamos de forma categórica esta práctica criminal que usa el dolor, la angustia y la desesperación de familiares de presos políticos, quienes hoy siguen esperando la liberación de sus seres queridos, con el fin de delinquir. Esto es una forma cruel de violencia.

Exigimos a las autoridades competentes una investigación inmediata para identificar y frenar a quienes están detrás de estas extorsiones, que ocurren en un contexto donde la ausencia de justicia facilita este tipo de delitos.

Llamamos a todas las personas a mantenerse alertas, no entregar dinero y denunciar cualquier intento de extorsión. No permitiremos que se lucren del sufrimiento de quienes ya han sido víctimas de la persecución.»

Cuando en un medio de comunicación convencional o de YouTube, el conductor del espacio renuncia a la verificación de los hechos, prescinde deliberadamente de pruebas,  reproduce falsedades de manera reiterada y difama de forma sistemática a las mismas personas, deja de ejercer el periodismo y pasa a incurrir en prácticas comunicacionales sospechosas.

Esta campaña tiene como objetivo atribuirnos la captación de influencers y comunicadores por parte de mi esposa Nitu Pérez Osuna, para que  expresen en sus plataformas y redes sociales  respaldo a María Corina Machado, siendo yo el supuesto pagador por dicho apoyo con dineros provenientes de la corrupción del régimen.

El mecanismo es claro y constituye una práctica extorsiva:

— Si se habla favorablemente de María Corina Machado, se señala al comunicador de subordinado y beneficiario de supuestos fondos ilícitos.
— Si, por el contrario, se ataca a María Corina Machado y a su equipo —mediante afirmaciones falsas, injuriosas o manifiestamente absurdas— se le otorga legitimidad pública y  reputacional y…otras cosas.

Esta campaña de difamación agravada, intimidación y extorsión,  es ejecutada por dos comunicadores quienes durante meses  han entrevistado en sus canales de YouTube  a Jorge Elías Castro Fernández, quien dice ser investigador, oriundo de Anzoátegui y con antecedentes penales por extorsión en Venezuela, Panamá y España.

Desde hace tiempo —y lo reitero con total claridad— se nos acusa de manejar fondos ilícitos. De pagar influencers que en muchos casos, ni siquiera conocemos. Y hasta de ser operadores de ciertos chavistas a quienes hemos denunciado y enfrentado durante años: Rafael Ramírez, señalado de la debacle de PDVSA, Miguel Rodríguez Torres, el torturador y creador de la tumba, y José Luis Rodríguez Zapatero, una vergüenza para España.
Y, como siempre, no presentan una sola prueba.

Han llegado incluso a afirmar que yo, Vladimir Petit Medina, estoy siendo querellado por una ONG ante las autoridades españolas,
por ser operador político y financiero de esos tres impresentables.

¡FALSO!

La propia ONG —con documento firmado por su presidente, Luis Ortiz—ha desmentido de manera categórica esa versión.

Alejandro Marcano, en varios programas desde los cuales su entrevistado se ha dedicado a difamarnos, no exigió ni mostró un solo documento que respaldara esas acusaciones. Actuó únicamente como un amplificador acrítico, ofreciendo un supuesto derecho a réplica
que, por cierto, nunca hemos solicitado.

El que Alejandro Marcano permitiera la reiteración sistemática de una mentira le hace personalmente responsable, copartícipe de una difamación.

No basta preguntar… ¿Tienes pruebas?… Debes exigirlas y mostrarlas. Exactamente lo que no hizo Marcano.

La reiteración del ilícito destruye cualquier alegato de neutralidad.

En Florida, donde vive Marcano, este hecho configura lo que llaman desprecio temerario por la verdad….“You didn’t just fail to know — you chose not to know” traducido al español: “No solo no supiste la verdad, sino que elegiste no saberla”. El que selecciona, edita y publica, responde. La Primera Enmienda protege al periodista crítico; no al anfitrión complaciente y cómplice.

La ley de Florida exige también solicitar retractación previa por parte del agresor antes de iniciar una demanda.

Entonces, Alejandro Marcano Santelli. Esta mañana recibiste esa notificación previa entregada en tu domicilio, por el funcionario del correo certificado exigido por la ley en el Doral.

De no retractarte públicamente de tamaña infamia en los cinco días hábiles siguientes, nos veremos en la Corte donde esta barbaridad tendrá que pagarla.

A Plomo Parejo, alias de Ivan Ballesteros, le advertí en contacto por zoom de esta campaña y de los antecedentes del denunciador de oficio…y continuó con la amplificación de la difamación y la extorsión. Pero de él nos ocuparemos cuando finalmente nos ocupemos de Diosdado Cabello. Él sabe porqué.

Alejandro Marcano y Plomo Parejo, no nos importa Jorge Castro y su delirio. Nos interesan uds y su responsabilidad. La respetabilidad de María Corina Machado, Nitu Pérez Osuna y Vladimir Petit Medina está muy por encima de uds.

Ya basta de tanta falsedad.

No más

Vladimir Petit Medina

Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela en 2013, el gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista negra a 120 funcionarios y ex funcionarios venezolanos, acusándolos de actos antidemocráticos, corrupción y violaciones a derechos humanos.

Por: Laura Sánchez Ley – Milenio

Una investigación de MILENIO con base en los archivos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, órgano del Departamento del Tesoro) encontró que durante los últimos 12 años, que corresponden a la gestión del presidente Maduro, generales del ejército, secretarios de Estado, burócratas, policías y militares fueron incluidos en el programa de sanciones estadunidense.

Las sanciones implican la prohibición a cualquier ciudadano o empresa de Estados Unidos de realizar transacciones con tales personas, lo cual sirve como una herramienta de presión financiera y diplomática para el poder en Venezuela. En algunos casos Washington ha condicionado el levantamiento de estas medidas a que los sancionados se distancien públicamente de Nicolás Maduro.

La mayor parte de las sanciones han ocurrido durante las administraciones de Donald Trump: la primera, que abarcó de 2017 a 2021, y la segunda, que inició en enero de 2025. Durante estos periodos fueron señalados 98 funcionarios ligados al gobierno venezolano, es decir el 82 por ciento del total.

Mientras que algunos casos documentan acusaciones específicas de represión a ciudadanos por parte de órganos estatales, en otros las justificaciones son más vagas. El mismo presidente Maduro fue incluido en la lista de sancionados el 31 de julio de 2017, un día después de que su gobierno celebrara las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente.

Esta Asamblea es, según la Constitución venezolana de 1999, un cuerpo especial y temporal convocado para revisar o reescribir la Carta Magna, con autoridad para reestructurar el Estado y sus instituciones. Pero fue precisamente la convocatoria de 2017 la que acabó convirtiéndose en el principal punto de quiebre entre Venezuela y Estados Unidos.

Washington calificó el proceso de ilegítimo y acusó al gobierno de Maduro de buscar “usurpar el papel constitucional de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario”.

El gobierno venezolano, por su parte, argumentó que el órgano constituyente era un mecanismo legal contemplado en la Constitución y necesario para enfrentar la crisis política del país.

El dedo acusador contra 120 maduristas

Actualmente hay 52 funcionarios y ex funcionarios señalados por actos que Estados Unidos considera antidemocráticos, 46 acusados de diversos actos de corrupción y 22 vinculados a acusaciones de violaciones a derechos humanos. En total, sobre 120 personas pesan los señalamientos.

El gobierno venezolano ha denunciado sistemáticamente estas medidas como injerencia en sus asuntos internos y parte de una estrategia para forzar un cambio en el poder. Añade que las sanciones constituyen un “bloqueo económico” ilegal que ha agravado la crisis humanitaria en el país.

Lo cierto es que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela tiene raíces que van más allá de las acusaciones de violaciones a derechos humanos. Incluye disputas sobre la nacionalización del petróleo desde el gobierno de Hugo Chávez, el control de las enormes reservas petroleras del país y tensiones geopolíticas relacionadas con las alianzas de Venezuela con Rusia, China e Irán.

Las primeras figuras de alto nivel del gobierno venezolano en ser sancionadas fueron funcionarios cercanos a Maduro. En septiembre de 2018, el Tesoro estadunidense dijo estar señalando al “círculo interno” del presidente por corrupción.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a Milenio

José Camargo, subdirector nacional de los Círculos Bolivarianos, fue detenido el viernes en el sector 18 de Octubre, Maracaibo, por su presunta vinculación con el delito de incitación al odio.

Versión Final

El procedimiento se registró alrededor de las 6:00 de la tarde y estuvo a cargo de funcionarios de la División de Investigación Penal (DIP), adscrita a la Dirección de Investigaciones Estratégicas y Tácticas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Cpnb).

De acuerdo con la minuta policial que trascendió a los medios, la aprehensión se produjo tras labores de patrullaje cibernético realizadas en las redes sociales TikTok e Instagram. En el reporte se señala que los funcionarios detectaron contenidos que, presuntamente, formarían parte de una “guerra mediática para desestabilizar bases fundamentales del Estado venezolano”, así como llamados que generarían temor mediante la supuesta convocatoria de civiles armados en el municipio Maracaibo y zonas adyacentes.

Durante el procedimiento, a Camargo, de 53 años de edad, le incautaron un teléfono celular iPhone 16 Pro Max, color beige, y un equipo marca Poco, color negro.

Medios locales destacan que, en sus publicaciones más recientes en TikTok, Camargo había difundido una denuncia relacionada con una presunta irregularidad en el suministro de gas vehicular en la estación de servicio El Palotal, ubicada frente al Jardín Botánico de Maracaibo

Irán advirtió este lunes que responderá de forma «contundente» ante cualquier agresión de Estados Unidos, coincidiendo con el refuerzo de la presencia militar estadounidense en Medio Oriente con la llegada de un portaviones.

AFP

La cancillería impuesta emitió este mensaje en un momento en que una oenegé con sede en Estados Unidos afirmó que la represión de las protestas ha dejado cerca de 6.000 muertos y que está investigando miles de casos más con dificultades por el bloqueo de internet que se mantiene desde hace 18 días.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre con marchas por la crisis económica y derivaron en un movimiento masivo contra el régimen teocrático, establecido desde la revolución de 1979, con manifestaciones masivas a partir del 8 de enero.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió este lunes de una «respuesta contundente» que provocará «arrepentimiento ante cualquier agresión», en declaraciones emitidas justo cuando el portaviones estadounidenses USS Abraham Lincoln llegó a Medio Oriente.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, declaró que Irán tiene «confianza en sus propias capacidades».

En una aparente referencia al portaviones, el vocero añadió: «La llegada de un buque de guerra de este tipo no afectará la determinación y seriedad de Irán».

El Comando Central (Centcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central, anunció que el navío «está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regional».

«Siembra vientos, cosecha tempestades»

Las autoridades iraníes instalaron en una céntrica plaza de Teherán un enorme panel que muestra un portaviones destruidos.

«El que siembra vientos, cosecha tempestades», reza el cartel.

El grupo Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en EE UU, afirmó más temprano que confirmó la muerte de casi 6.000 personas en la oleada de protestas en Irán, pero enfatizó que el número real podría ser mayor.

La oenegé afirmó que corroboró la muerte de 5.848 personas, entre ellas 209 miembros de las fuerzas de seguridad.

No obstante, el grupo señaló que aún investiga otras 17.091 posibles muertes. La organización agregó que al menos 41.283 personas han sido detenidas.

Represión y bloqueo de Internet

Grupos de derechos humanos acusan a las autoridades de disparar directamente contra los manifestantes y de haber bloqueado el acceso a Internet desde el 8 de enero para ocultar la magnitud de la represión.

Los líderes clericales siguen en el poder pese al desafío que suponen las protestas, y los opositores al sistema ven en la intervención exterior el motor más probable del cambio.

Las oenegés que monitorean el número de víctimas de la represión denunciaron que su trabajo se ha visto obstaculizado por el bloqueo de internet. También advirtieron que las cifras citadas por las autoridades probablemente sean muy inferiores al número real de víctimas.

En su primer balance oficial de las protestas, las autoridades iraníes dieron cuenta la semana pasada de 3.117 decesos, la mayoría de los miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes asesinados por «alborotadores».

«Estamos vigilando a Irán»

La organización especializada en ciberseguridad Netblocks confirmó que el bloqueo de internet sigue vigente y afirmó que busca ocultar «el alcance de la represión mortal contra la población civil».

Mientras tanto, Estados Unidos concentra fuerzas en la región y el presidente Donald Trump mantiene abierta la posibilidad de una intervención militar, tras amenazar a Teherán en el momento álgido de las protestas.

«Estamos vigilando a Irán», advirtió el mandatario estadounidense la semana pasada. «Prefiero que no pase nada, pero los estamos vigilando muy de cerca», insistió.

Estados Unidos en junio intervino brevemente en la guerra de Israel contra Irán, atacando sus instalaciones nucleares.

En Líbano, el grupo chiíta Hezbolá, respaldado por Irán, organizó una manifestación en apoyo a la república islámica con un discurso de su líder Naim Qasem, quien advirtió que «esta vez una guerra contra Irán incendiará la región».

Simultáneamente, Emiratos Árabes Unidos, que alberga una base aérea estadounidense, declaró que no permitiría que se lanzaran ataques contra Irán desde su territorio.

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, instó este lunes a la Unión Europea (UE) a incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en la lista de «organizaciones terroristas».

Tajani dijo que planteará la idea «en coordinación con otros socios» en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE que se celebrará el jueves en Bruselas.

«Las pérdidas sufridas por la población civil durante las protestas exigen una respuesta clara», escribió en X. También pidió a la UE que imponga sanciones individuales a los responsables.

El embajador ruso en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, afirmó que durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero que culminó con la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, el ejército venezolano realizó dos disparos fallidos con baterías antiaéreas de fabricación rusa contra tropas estadounidenses. El diplomático, en declaraciones al canal Rossiya-24, atribuyó el fracaso a la falta de capacitación del personal militar local en el manejo de los sistemas Iglá, subrayando que “además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla”.

Infobae

Melik-Bagdasárov explicó que le informaron sobre la ejecución de al menos dos intentos de disparo por parte de los sistemas de defensa rusos, ambos sin éxito. Reconoció que la cooperación militar entre Rusia y Venezuela continúa y que el mantenimiento de los sistemas de armas suministrados por Moscú seguirá vigente durante décadas. El diplomático sostuvo que la colaboración no se ha cancelado y que Rusia mantiene sus compromisos en la región.

La operación estadounidense, denominada “Resolución Absoluta”, incluyó ataques a objetivos militares en Caracas y otras zonas, y finalizó con la detención de Maduro y de su esposa Cilia Flores, quienes posteriormente comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo. Tras la captura, Delcy Rodríguez asumió la jefatura del régimen chavista y procedió a la designación de doce oficiales superiores en mandos regionales y a la reestructuración de la cúpula de seguridad, incluyendo la jefatura de la guardia presidencial y la dirección de la agencia de contrainteligencia militar.

El embajador ruso no solo responsabilizó a los militares venezolanos por la falta de capacitación, sino que denunció negligencia y deslealtad dentro de las fuerzas de seguridad. Melik-Bagdasárov aseguró que agentes venezolanos colaboraron con la inteligencia estadounidense y facilitaron la operación de captura, afirmando que Moscú “conoce los nombres de estos traidores” que huyeron tras el operativo. Indicó que muchos agentes del orden no actuaron con la diligencia esperada y que los problemas de lealtad antecedieron a los hechos del tres de enero.

Anteriormente, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sugirió que los sistemas de defensa antiaérea rusos suministrados a Venezuela —como las baterías S-300 y los sistemas Buk— fueron inutilizados por medios de guerra electrónica durante la incursión. Esta situación reavivó cuestionamientos internacionales sobre la eficacia de la tecnología militar rusa como garantía de seguridad para sus aliados.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reiteró el interés de Rusia en mantener la inversión y los proyectos en Venezuela, afirmando que Moscú ha sostenido contacto permanente con las autoridades venezolanas y que “conoce bien” a la presidenta encargada Rodríguez. En 2025, Rusia reportó la construcción de una fábrica de munición para fusiles Kaláshnikov y el avance de otra planta para fusiles de asalto, ampliando la infraestructura de la industria militar rusa en el país sudamericano.