Una gran tormenta invernal avanzó el domingo desde el sur y el centro hacia el noreste de Estados Unidos tras afectar a dos tercios del país, dejar al menos once muertos, provocar apagones en más de un millón de hogares y generar el peor día de cancelaciones aéreas desde la pandemia, según autoridades y sitios de monitoreo.

EFE

El fenómeno, considerado por meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente “catastróficas”, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS). En total, 20 estados y el Distrito de Columbia declararon el estado de emergencia.

“Los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar”, señaló el NWS.

Durante la jornada se reportaron muertes vinculadas al frío extremo. El Departamento de Salud de Luisiana informó que dos personas murieron por hipotermia. Además, The Washington Post indicó que, desde el inicio de la tormenta, se registró una muerte en Texas y tres en Tennessee, también por hipotermia.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el fin de semana en medio de temperaturas gélidas. Aunque no confirmó que las muertes estuvieran relacionadas con el clima, declaró a periodistas: “No hay un recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo”. Las autoridades locales señalaron que tres de los fallecidos en Nueva York parecían ser personas sin hogar.

Apagones

El sitio especializado PowerOutage.us mostró durante el domingo más de un millón de cortes en el suministro eléctrico, principalmente en el sur del país, donde la tormenta comenzó el sábado. A las 21:41 hora local (2:41 GMT), el número de hogares afectados descendía a 870.735.

El estado más afectado fue Tennessee, donde más de 300.000 clientes, cerca del 9% del total, seguían sin electricidad el domingo por la noche, según PowerOutage.us. Misisipi y Luisiana registraron más de 125.000 clientes sin suministro cada uno.

Las autoridades advirtieron que los cortes eléctricos resultan especialmente peligrosos debido a un frío inusual que podría batir récords. Decenas de miles de hogares también permanecían sin luz en Kentucky y Georgia.

Desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York, las autoridades pidieron a la población que evitara desplazamientos. “Eviten las carreteras, salvo que sea absolutamente necesario”, publicó la División de Manejo de Emergencias de Texas en X.

Nieve, vuelos cancelados y supermercados vacíos

El NWS reportó nevadas en el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos lugares registraban 20 centímetros de nieve acumulada. La tormenta avanzó hacia el noreste y dejó nieve y aguanieve sobre ciudades densamente pobladas como Filadelfia, Nueva York y Boston.

En Washington, los residentes despertaron con varios centímetros de nieve en aceras y carreteras. Las oficinas federales anunciaron el cierre preventivo para el lunes.

Los aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York registraron casi todos los vuelos cancelados. Durante el fin de semana, más de 15.000 vuelos con origen o destino en Estados Unidos fueron cancelados y miles sufrieron retrasos, según FlightAware. Para este lunes, ya figuran unas 2.500 cancelaciones.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que la tormenta provocó el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de la covid-19 en 2020, con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos.

En una entrevista con Fox, dijo: “Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo”. Agregó que “no hay capacidad en las aerolíneas para reubicar a dos días y medio de personas en aviones”.

Duffy también señaló afectaciones en las carreteras. “Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut han cerrado sus carreteras al transporte comercial. Tenemos 17 estados a lo largo de esta franja de la tormenta que han cerrado carriles para permitir el paso de quitanieves y echar sal”, explicó.

Numerosos supermercados mostraron estantes vacíos ante los pronósticos meteorológicos. El NWS advirtió que el hielo podría causar “cortes de electricidad de larga duración, daños a árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables”.

La tormenta, descrita por el NWS como “inusualmente extensa y de larga duración”, se debe a la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá. Las bajas temperaturas posteriores podrían prolongarse hasta una semana, con sensaciones térmicas incluso por debajo de los -45ºC en algunos lugares.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que el lunes no habrá clases presenciales. “Será un día de clases a distancia para las escuelas de la ciudad de Nueva York con el fin de garantizar la seguridad de todos ante las condiciones climáticas adversas”, indicó en un comunicado.

Una serie de investigaciones periodísticas publicadas en los últimos días por Iran International, The Media Line, The New York Times, TIME y Breitbart apuntan a que el régimen iraní llevó a cabo una de las represiones más letales documentadas en la historia contemporánea. Según documentos internos filtrados, testimonios médicos contrastados y material audiovisual verificado, las fuerzas de seguridad de la República Islámica habrían causado más de 36.500 muertos en apenas 48 horas durante la ofensiva contra las protestas iniciadas a finales de diciembre.

La Gaceta de la Iberosfera

De acuerdo con la información publicada por Iran International, la represión se activó tras un discurso pronunciado el 9 de enero por el líder supremo Ali Jamenei, después del cual altos mandos de la Guardia Revolucionaria y de las milicias Basij recibieron órdenes directas para aplastar las protestas por «cualquier medio necesario». Documentos de inteligencia revisados por este medio señalan que se autorizó explícitamente el uso de munición real y una estrategia definida internamente como «victoria mediante el terror».

Según estos informes, los días 8 y 9 de enero se desplegaron unidades armadas en más de 400 ciudades y localidades de todo el país, con miles de puntos de enfrentamiento simultáneos. Paralelamente, el régimen impuso un apagón casi total de internet y de las comunicaciones móviles, con el objetivo de impedir la salida de información al exterior y ocultar el alcance real de la matanza.

Las revelaciones más estremecedoras proceden de The Media Line, que cita testimonios recopilados por el Iran Human Rights Documentation Center. Según esta investigación, fuerzas de seguridad trasladaron a manifestantes heridos —aún con vida— en bolsas mortuorias hasta instalaciones forenses, donde eran ejecutados si mostraban signos de movimiento. Un superviviente relató haber fingido su muerte durante tres días dentro de una bolsa, escuchando disparos dirigidos contra otros heridos, y sólo logró escapar cuando familiares irrumpieron en el recinto buscando a desaparecidos.

Un especialista en medicina forense de Teherán confirmó a este medio que pacientes fueron retirados de quirófanos y salas de urgencias en pleno tratamiento, algunos con tubos de oxígeno, catéteres y monitores cardíacos aún conectados. Personal sanitario describió escenas de ejecuciones dentro de hospitales y ambulancias, y varios médicos reconocieron haber sufrido colapsos psicológicos tras presenciar la violencia ejercida por las fuerzas del régimen.

Iran International detalla además cómo los propios recuentos internos del régimen fueron elevándose de forma progresiva. Un primer informe del IRGC entregado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional el 11 de enero hablaba de al menos 12.000 muertos. Documentos posteriores remitidos a una comisión parlamentaria elevaron la cifra a 27.500, mientras que informes de inteligencia fechados el 22 y el 24 de enero situaban el número de fallecidos por encima de los 36.500. Estas cifras, según las fuentes consultadas, no incluyen a víctimas enterradas de forma clandestina ni a aquellas trasladadas a hospitales militares, lo que sugiere que el balance final podría ser aún mayor.

Por su parte, The New York Times publicó una reconstrucción detallada de la represión tras verificar cientos de vídeos y entrevistar a testigos, médicos y familiares bajo anonimato. El diario describe disparos desde azoteas, persecuciones con motocicletas, ejecuciones por la espalda y hospitales colapsados que operaban en condiciones propias de un escenario de guerra urbana. Las familias se vieron obligadas a identificar cadáveres a través de fotografías numeradas en centros forenses desbordados.

TIME, citando a dos altos funcionarios del Ministerio de Sanidad iraní, informó de que hasta 30.000 personas podrían haber muerto en las calles en apenas 48 horas, lo que obligó a las autoridades a utilizar camiones de gran tonelaje ante la falta de bolsas mortuorias. Expertos consultados por la revista señalaron que el único episodio histórico comparable por volumen y rapidez sería la masacre de Babyn Yar en 1941.

Pese a la magnitud de las revelaciones, el régimen iraní reconoce oficialmente sólo 3.117 fallecidos, atribuyendo la violencia a supuestas «células terroristas» y acusando a Estados Unidos e Israel de instigar las protestas. Las investigaciones coinciden en advertir de una ocultación sistemática de cadáveres, presión sobre las familias y enterramientos silenciosos, lo que podría impedir conocer nunca la cifra real de víctimas.

Los jugadores del Domino Park deben cumplir ciertas reglas que han respetado por años: hablar bajo, no cargar con bebidas alcohólicas, ni llegar en chancletas, y ser un residente de Miami de no menos de 55 años. Nadie sabe explicar por qué ese es el límite de edad, pero ofrece ciertas garantías internas a los jugadores: no sentarse con novatos ni con turistas entusiastas de la Calle Ocho que retratan los murales nostálgicos del exilio cubano, y sí poder jugar mano a mano con los suyos, conocedores de la Pequeña Habana, gente que salió de Cuba y ayudó a levantar una ciudad sobre “el pantano que era Miami”, que pasa largas horas pensando cómo sería un regreso y que no para de hablar de política. Durante una tarde rara y fría de enero, a casi un mes de la captura de Nicolás Maduro, los jugadores en la mesa se preguntaban cuál había sido el momento en que el régimen cubano estuvo más cerca de desaparecer.

Por: Carla Gloria Colomé – El País

“Cuando la Caída del Campo Socialista, que se quedó sin sostén económico, ¡qué golpe aquel!“, dice Flavio César Crombet, de 60 años, licenciado en Derecho en Cuba y a quien Lázaro Jordás, un ex ingeniero de 79 años, interrumpe para contradecirlo. “Qué va, el peor momento es ahora con Maduro, y si México le corta el petróleo, en cinco días se acaba Cuba». Un tercer jugador se mantiene en silencio, pero un cuarto, Raimundo Escarrás, ex comerciante de 82 años, cree que, si el Gobierno de Cuba cae algún día, ninguno de ellos estará vivo para verlo. “Al final, Estados Unidos nunca ha querido derribar aquello, y tanto en Bahía de Cochinos como ahora, el pueblo de Cuba siempre ha estado con los Castro”. Crombet se adelanta a rectificar: “En aquel momento sí, pero ahora no queda Castro”. Luego lanza una profecía: “Recuerden esto, si Trump invade, va a hacerlo en abril, por las mismas fechas que Playa Girón”.

A unas cuadras de la mesa de juego, después de atravesar una peluquería, un supermercado y varios restaurantes que ofertan mojito y lechón asado, está el Parque de la Memoria Cubana, donde se alza en mármol negro el monumento a la invasión de Bahía de Cochinos —o el ataque a Playa Girón—, con una llama eterna que honra a los más de 100 exiliados fallecidos durante la invasión de abril de 1961, el primer intento de eliminar a los Castro del poder.

Pasaron solo dos años del triunfo de la Revolución y Tony Costa se presentó en una oficina de Miami para inscribirse en la brigada 2506, un grupo integrado por unos 1.600 hombres, algunos jóvenes obreros o estudiantes que entrenaban en los patios de las casas del South West, con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el fin de desembarcar en Girón para “liberar a Cuba”.

Costa luchó, primero, contra el dictador Fulgencio Batista, incendió neumáticos y protestó en las calles de Pinar del Río, y no dudó en apoyar a los guerrilleros en 1959. “Castro se presentó como una alternativa de democracia”, cuenta en su elegantísima casa del vistoso barrio de Coral Gables. Poco tiempo después, él y su padre intuyeron que las cosas no iban bien con Fidel, que había comenzado a atentar contra la propiedad privada, una medida que los perjudicaba directamente a ellos, familia de agricultores, dueños de cientos de acres de tierra donde hacían crecer el tomate que luego vendían a su principal mercado: Estados Unidos.

Para aquellos tiempos, Costa visitaba Miami desde Cuba como si se tratara de un solo lugar. Junto a su padre, montaba su auto en un ferry y descendían horas después en Cayo Hueso. Hablaba inglés y fue enviado a estudiar en la Universidad de Florida. Después de la Revolución, la familia supo que tenía que irse definitivamente de la isla. Se mudaron a Florida, adquirieron tierras en Homestead, sembraron tomates y luego apostaron por las plantas ornamentales, hasta llegar a levantar el Costa Farms, el vivero más grande del país, con más de 1.500 variedades cultivadas en unos 5.200 acres. El deseo por regresar a Cuba, sin embargo, estaba ahí.

En abril de 1961 se sentía listo para unirse a la invasión. “Dijimos: ‘Hay que pelear, hay que liberar a Cuba, no podemos dejar que el comunismo se la coja’”. Tenía 21 años. Un grupo de la Brigada 2506 fue trasladado a Guatemala y Nicaragua, para de ahí salir a Cuba. Por decisiones estratégicas, Costa arribaría luego. El 15 de abril, varios aviones comenzaron a atacar aeropuertos en la isla. El 17, llegaron armados los miembros de la Brigada. Pero cuando habían pasado 72 horas, la contraofensiva cubana, que tuvo 176 bajas, hizo frente a la invasión. Aún hoy, los exiliados culpan del fracaso al presidente estadounidense John F. Kennedy, quien no los suplió con el apoyo aéreo que necesitaban. “Era un presidente novato, que heredó de Eisenhower la idea de eliminar a Castro, pero ese no era su proyecto. De ahí en adelante hemos estado pagando ese fallo, porque en ese momento se pudo haber resuelto el comunismo en Cuba”. Fue por esos días que Fidel declaró el carácter “socialista y marxista” de su Revolución.

Costa nunca pudo sumarse a la invasión, y aunque el recuerdo de tantos compañeros muertos es un luto que sigue guardando, ha vuelto a sentirse estos días, dice, emocionado. No cree que el momento más cercano de una derrota al castrismo hubiese sido Bahía de Cochinos, sino ahora. “Llevo más de 60 años esperando esto”, asegura. “La cosa ahora es en serio. Es un punto de optimismo e inmediatez. Tenemos a la gente correcta en este gobierno para aplicar la política. Yo tengo pospuesta la muerte hasta que Cuba no se libere”.

“¿Hasta cuándo voy a esperar?”

Si algo lamenta Arnaldo Iglesias, ahora que tiene 88 años, es no haber podido unirse a Bahía de Cochinos, porque cuando lo supo ya no estaban reclutando. Después de la derrota, sin embargo, se involucró en la Operación Mangosta, otro intento financiado por la CIA para acabar con los Castro. Iglesias fue uno de los responsables del incendio del central Pilón, en Matanzas, una de las tantas acciones que hicieron para desestabilizar el poder en la isla. Salió de Cuba en 1960, siempre con la idea de regresar. “Llevo 67 años esperando, y llega un momento en que dices: ‘¿Hasta cuándo voy a esperar?”.

Para finales de los ochenta e inicio de los noventa, Iglesias integró la organización Hermanos al Rescate, que con exiliados y ayuda de la Guardia Costera estadounidense hacía labores de búsqueda y rescate en el Estrecho de Florida, para auxiliar a quienes se lanzaban al mar desde Cuba. Les tiraban walkie talkies, ropa seca o pomos de agua para aliviar la deshidratación, y avisaban a las autoridades para el rescate. “Vi, literalmente, tiburones devorando balseros”, cuenta.

También se dedicaban a lanzar octavillas al norte de La Habana. Calculaban la distancia, la altura o cómo se comportaban los vientos, y echaban al aire mensajes con los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Castro nos acusó de propaganda subversiva”, dice.

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Una investigación sobre la contratación estatal durante el Gobierno de Gustavo Petro reveló un aumento significativo en la nómina por prestación de servicios, lo que ha sido denominado como una nómina paralela.

Por Semana

De acuerdo con el análisis, el valor de estos contratos pasó de $ 12,1 billones en 2022 a $ 19,3 billones en 2025, lo que representa un incremento de $ 7,2 billones en tres años.

El estudio fue realizado por el investigador y experto en gestión pública José David Castellanos, candidato a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, quien examinó más de 105.000 contratos firmados en todos los ministerios, con base en la información registrada en las plataformas Secop I y II.

Según los resultados, el número de puestos vinculados mediante contratos de prestación de servicios aumentó de 11.851 a 18.685, lo que equivale a cerca de 7.000 cargos creados a través de distintas modalidades de contratación.

“En solo tres años, la contratación de servicios pasó de 11.851 puestos a 18.685, lo que equivale a cerca de 7.000 cargos creados mediante distintas formas de contratación discrecional”, advirtió Castellanos.

El investigador señaló que los recursos adicionales destinados a este esquema ascienden a $ 7,2 billones y que parte de estos contratos fueron otorgados tanto a personas naturales como a empresas contratistas del Estado. Esta cifra equivale a casi la mitad de los $ 16 billones que se solicitaban en la más reciente reforma tributaria.

El análisis también identificó incrementos relevantes en varios ministerios. En el Ministerio de Salud, la nómina paralela creció un 154 %; en Agricultura, 127 %; en Ambiente, 117 %; y en Trabajo, 285 %. El mayor aumento se presentó en el Ministerio de Cultura, donde el crecimiento fue de 1.985 % desde 2022, según los datos examinados.

Castellanos indicó que este aumento del gasto se ha sostenido mediante endeudamiento, uso de ahorros y compromisos a futuro. “Como la plata no alcanza, el Gobierno recurrió al crédito. Solo en enero de 2026 se realizó la mayor emisión de deuda externa de la historia, por 4.950 millones de dólares, que pagarán los colombianos con intereses”, afirmó.

Al comparar con el gobierno de Iván Duque, el estudio señala cambios en la duración de los contratos. Mientras que antes el 45 % tenía una vigencia de nueve meses o más, actualmente esa proporción es del 34,5 %.

En contraste, aumentaron los contratos de corta duración. “En la práctica, el Gobierno Petro reemplazó contratos estables por contratos temporales”, concluyó Castellanos.

Delcy Rodríguez rechazó la injerencia extranjera en Venezuela durante un discurso petrolero en Anzoátegui tras la captura de Maduro y la transición política en Caracas.

Israel Noticias

Discurso en Anzoátegui con rechazo a injerencias y foco petrolero

En enero de 2026, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló ante trabajadores petroleros en la refinería de Puerto La Cruz, en Anzoátegui, y rechazó la influencia externa en los asuntos internos. “Basta ya de órdenes de Washington sobre los políticos de Venezuela”, afirmó. Pidió resolver diferencias internamente y negó espacio a potencias extranjeras. El discurso siguió a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y a la transición posterior en Caracas.

Medios estatales transmitieron el acto y resaltaron la prioridad del gobierno interino: elevar la actividad hidrocarburífera como base de la recuperación económica. La administración de Rodríguez fijó metas en producción y refinación. Ese mensaje apareció mientras las autoridades atendían un período de inestabilidad institucional tras el derrocamiento del gobierno anterior. La refinería de Puerto La Cruz sirvió como escenario simbólico para presentar esa agenda ante personal técnico y obreros locales.

El 25 de enero de 2026, Rodríguez colocó a la industria petrolera en el centro de la recuperación nacional. Planteó reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para atraer inversiones extranjeras sin ceder control sobre decisiones soberanas. Venezolana de Televisión difundió mensajes de aliento atribuidos a Maduro, detenido en Estados Unidos. La presidenta interina pidió unidad entre trabajadores y llamó a proteger los activos estratégicos, con metas de aumento de producción y mejora de capacidades logísticas.

Fuentes del Ministerio de Petróleo describieron discusiones sobre reactivar refinerías, con énfasis en inclusión económica como base para la paz social en el país. Rodríguez afirmó que no existe paz social sin inclusión económica y destacó el papel de los trabajadores en la agenda nacional. Ese enfoque coincidió con políticas previas del chavismo para ampliar alianzas energéticas con empresas rusas y chinas, mientras crecían presiones asociadas a negociaciones con Estados Unidos.

Datos clave del discurso y su contexto

• 3 de enero de 2026: fuerzas de Estados Unidos detuvieron a Nicolás Maduro en Caracas.
• Cargos por narcotráfico y corrupción basados en acusaciones de 2020 del Departamento de Justicia.
• 4 de enero de 2026: el Tribunal Supremo designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina.
• Mandato interino de 90 días para organizar elecciones, con opción de extensión por inestabilidad.
• Producción de crudo por debajo de 500.000 barriles diarios en 2025, según el Banco Central.

Operación estadounidense y detención de Maduro con protestas y alertas

El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron una operación nocturna en Caracas con explosiones y sobrevuelos, y detuvieron al entonces presidente y a Cilia Flores. Informes del Departamento de Justicia señalaron el traslado de Maduro a territorio estadounidense para enfrentar cargos ligados a narcotráfico y corrupción. Esos cargos derivaron de acusaciones formales de 2020. La acción formó parte de una escalada de presiones que también incluyó sanciones contra PDVSA y funcionarios.

Posteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su administración asumiría de forma temporal el control de Venezuela para “restaurar el orden”, sin indicar un plazo para la devolución de la soberanía. Tras esa afirmación, se registraron protestas en varias ciudades y en el exterior. Hubo manifestaciones de apoyo a Maduro y de rechazo a la intervención militar extranjera. Amnistía Internacional y Human Rights Watch advirtieron sobre riesgos de violaciones de derechos humanos durante el proceso.

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos acumularon tensiones desde la etapa de Chávez, con un punto alto bajo Trump y Biden. Sanciones impuestas desde 2017 bloquearon activos venezolanos y afectaron la capacidad operativa de PDVSA. Tras la salida de Maduro, la administración interina alternó cooperación de tipo práctico con un discurso centrado en la soberanía. Rodríguez invitó a Washington a definir una agenda de cooperación energética y admitió la necesidad de inversiones para elevar producción.

Presiones citadas por medios como The Guardian incluyeron exigencias de reformas políticas, entre ellas la liberación de presos y la convocatoria a elecciones libres, lo que elevó la fricción bilateral. Las reacciones internacionales mostraron posiciones dispares. Rusia pidió la liberación inmediata de Maduro y calificó la captura como agresión imperialista. La oposición venezolana, con Edmundo González Urrutia, exigió garantías democráticas, mientras la Unión Europea reclamó un diálogo inclusivo con supervisión de organismos internacionales.

Crisis previa, huelgas petroleras y caída histórica de producción

Antes de estos hechos, Venezuela atravesó una crisis política y económica prolongada bajo el mandato de Maduro, quien asumió la presidencia en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. El chavismo aplicó controles estatales sobre la economía y sostuvo alianzas con Rusia, China e Irán. Varios gobiernos occidentales presentaron acusaciones de autoritarismo. Hacia finales de 2025, huelgas masivas en el sector petrolero ocuparon un lugar relevante en la desestabilización del gobierno y afectaron operaciones críticas.

Documentos del Banco Central de Venezuela señalaron una producción de crudo por debajo de 500.000 barriles diarios en 2025. Sanciones internacionales limitaron exportaciones y acceso a tecnología. Sindicatos independientes organizaron las huelgas y sectores de la oposición ofrecieron respaldo. Como resultado, instalaciones clave en Anzoátegui y Zulia quedaron paralizadas, con caídas de disponibilidad operativa. Ese cuadro deterioró apoyos internos, incluido el apoyo militar, y abrió espacio para presiones externas sobre la conducción del gobierno en Caracas.

Fuentes del Ministerio de Petróleo, citadas en informes de la OPEP, atribuyeron las protestas laborales a salarios insuficientes y a condiciones precarias. Esa presión social convergió con una hiperinflación superior al 200% anual, según datos del Fondo Monetario Internacional. La combinación de pérdida de ingresos, deterioro técnico e inflación elevó costos operativos y complicó el abastecimiento de insumos. La capacidad de inversión quedó limitada por sanciones y por restricciones financieras en los mercados internacionales.

En el plano interno, el gobierno interino enfrentó problemas asociados con colectivos armados y con la represión de disidentes. Reportes del New York Times documentaron marchas en Caracas para exigir la liberación de Maduro. Datos de ACNUR indicaron un éxodo de más de ocho millones de venezolanos. Especialistas señalaron una posible reducción del flujo si aparecía estabilidad, aunque advirtieron riesgos de nuevos desplazamientos en caso de un incremento de la inestabilidad política y social.

Transición interina, reformas petroleras y negociaciones internacionales

A finales de enero de 2026, la transición interina avanzó bajo un mandato constitucional de 90 días para organizar elecciones, según documentos del Tribunal Supremo de Justicia. Ese plazo admitía solicitudes de extensión si persistía la inestabilidad. Reportes del Pentágono indicaron presencia militar estadounidense en bases clave con un objetivo declarado de seguridad. Persistieron vacíos de información sobre el estatus de detenidos políticos y sobre el acceso a documentos clasificados relacionados con la operación de captura.

Transparencia Internacional señaló falta de claridad en la gestión de activos recuperados, aunque no existieron informes públicos que confirmaran irregularidades durante este período inicial. El panorama mostró una situación en evolución, con atención prioritaria a la estabilización económica y a la resolución de conflictos internos mediante mecanismos institucionales. El gobierno interino colocó su narrativa en la soberanía y en la recuperación productiva, con énfasis en resultados en producción, exportaciones y empleo dentro del sector energético.

Fuentes parlamentarias indicaron que la Asamblea Nacional, con mayoría chavista, debatía modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para facilitar asociaciones con empresas extranjeras y mantener control estatal sobre los recursos. Trabajadores presentes en el acto ratificaron compromiso con la producción, según el Ministerio de Petróleo. El petróleo representó más del 90% de las exportaciones venezolanas, según la OPEP, aunque la producción cayó desde niveles cercanos a tres millones de barriles diarios en los años 2000.

La postura de Rodríguez generó efectos en foros internacionales. La Casa Blanca confirmó planes para una visita de la presidenta interina a Washington para negociar acuerdos en energía y seguridad. Analistas del Consejo de Relaciones Exteriores advirtieron que un discurso de rechazo a la influencia externa podía complicar negociaciones sobre extradiciones y sobre tránsito hacia elecciones con supervisión internacional. En América Latina, Brasil y Colombia respaldaron un proceso democrático, mientras Cuba y Nicaragua condenaron la intervención.

A dos semanas de la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, navega en aguas movidas. Por un lado, busca satisfacer las exigencias que le fueron impuestas por la Casa Blanca; por otro, intenta mantener a lo interno su posición de poder y el respaldo del chavismo.

Por: Ramón Cardozo – DW

Uno de los principales requerimientos de la Casa Blanca en su hoja de ruta para la transición venezolana —y que Miraflores se ha apresurado a acatar— es asegurar a las empresas estadounidenses acceso al mercado petrolero venezolano en condiciones favorables, bajo un marco de estabilidad y seguridad jurídica.   

En esa dirección, el pasado 15 de enero, durante la presentación de su Mensaje Anual a la Nación, Rodríguez consignó ante la Asamblea Nacional chavista un proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH). Según explicó entonces, el objetivo central del proyecto es incorporar en la LOH el modelo de los «Contratos de Participación Productiva (CPP)» previstos en la Ley Antibloqueo.

«Privatización encubierta» y discrecional

El esquema contractual petrolero que Delcy Rodríguez presenta como exitoso y quiere institucionalizar y «blindar» en la LOH es el mismo que ella aplicó durante 2024 y 2025 como ministra de Hidrocarburos del gabinete de Maduro. Un modelo que fue cuestionado por constituir una «privatización encubierta» de dudosa constitucionalidad y legalidad.

Bajo ese esquema, amparado en la total opacidad y discrecionalidad que otorga la Ley Antibloqueo, el Ejecutivo Nacional asignó campos estratégicos sin licitaciones públicas ni control parlamentario. Investigaciones de Transparencia Venezuela y de la plataforma de periodismo investigativo Armando.Info, documentaron que varias de las empresas favorecidas con CPP eran de reciente creación, sin experiencia petrolera demostrable y con estructuras de propiedad poco transparentes, algunas presuntamente vinculadas a aliados políticos y comerciales del régimen y de la propia Rodríguez.       

El proyecto de reforma de la LOH aprobado en primera discusión este jueves 22 de enero de 2026 por una mayoría calificada en la Asamblea Nacional chavista, no resuelve las dudas de fondo sobre la constitucionalidad de los CPP, ni tampoco las preocupaciones sobre la transparencia, asignación discrecional y protección del interés nacional. Más bien, las institucionaliza. 

CPP de Maduro: un cambio clandestino del modelo estatista de Hugo Chávez

Los CPP fueron creados por el régimen de Nicolás Maduro en 2020, con el objetivo declarado de atraer inversión extranjera de forma urgente y evadir las sanciones estadounidenses impuestas a PDVSA.  Estos modelos contractuales concebidos bajo el hermetismo de la Ley Antibloqueo otorgaron al sector privado ventajas económicas y operativas que revirtieron de forma clandestina las políticas de estricto control estatal sobre la industria petrolera venezolana impuestas durante el Gobierno de Hugo Chávez.

De acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos promovida por Chávez en 2006, la participación privada en la industria petrolera venezolana solo podía realizarse a través de empresas mixtas donde el Estado (PDVSA) debía tener la mayoría accionaria (generalmente superior al 60%), y, por ende, detentaba el control estratégico y operativo de los yacimientos.

En contraste con el modelo fuertemente estatista de Chávez, los modelos contractuales CPP introducidos por Maduro en la Ley Antibloqueo  de 2020 permitieron que inversionistas privados firmaran contratos de arrendamiento por activos de PDVSA y asumieran la responsabilidad total de la operación en campos estratégicos: invirtieran capital, operaran los pozos, produjeran y comercializaran el crudo, controlaran el flujo de caja y recuperaran su inversión cobrándose directamente con parte de la producción. Como incentivos adicionales, a este tipo de contratos les fueron otorgados largos plazos de duración (entre 15 y 25 años), gozando además de ventajas fiscales, como la reducción en el pago de regalías y del Impuesto de Extracción. 

La dudosa constitucionalidad de los CPP

El nuevo artículo 40 de la LOH propuesto en el proyecto de reforma, permite expresamente que «empresas privadas domiciliadas en Venezuela», mediante contratos con empresas del Estado, asuman —a su exclusivo costo, cuenta y riesgo— la gestión integral del ejercicio de las actividades primarias (exploración, extracción y almacenamiento). Con ello se legaliza «formalmente» la cesión, por parte del Estado, del control operacional de la actividad petrolera a empresas privadas.

Sin embargo, subsiste la duda constitucional: esta cesión por ley a empresas privadas de la «gestión integral del ejercicio» de las actividades petroleras estaría violando el artículo 302 de la Constitución, que establece que el Estado venezolano se reserva para sí, por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera. Si una empresa privada asume las actividades primarias, el Estado dejaría de ejercer materialmente la actividad que la Constitución declara reservada, aun si el recurso no cambia de dueño.  

Eliminación del control parlamentario 

El proyecto de reforma tampoco despeja las preocupaciones sobre la discrecionalidad en la asignación de estos contratos ni sobre los mecanismos de control. El nuevo artículo 34 de la LOH, propuesto en el proyecto de reforma, elimina el requisito —vigente hasta ahora— de aprobación previa de la Asamblea Nacional para constituir empresas mixtas en el sector petrolero, y lo sustituye por una simple «notificación» posterior.

Al mismo tiempo, los nuevos artículos que regulan los CPP (40 al 45) no incorporan ninguna referencia al control parlamentario en la adjudicación, con lo cual, todo lo relativo a la asignación de estos contratos quedaría en manos del Ejecutivo.

El «blindaje» de lo ya otorgado por el régimen de Maduro

Otro aspecto que llama la atención del proyecto de reforma está contenido en su artículo 16 (disposición transitoria tercera), el cual establece que todos los CPP y modelos contractuales suscritos anteriormente bajo la Ley Antibloqueo «mantendrán su plena validez y eficacia jurídica».

Esto significa que se convalidan «todos» los contratos que Delcy Rodríguez, como ministra de Hidrocarburos, asignó entre 2024 y 2025: adjudicaciones realizadas de forma opaca y discrecional, sin licitaciones públicas y sin control parlamentario. Con el agravante de que varias de las empresas beneficiadas han sido cuestionadas públicamente por presuntamente no cumplir los requisitos indispensables para realizar este tipo de actividades. 

Institucionalización de la reducción de la participación del Estado en la renta petrolera

En materia de incentivos fiscales a los inversores privados, el proyecto de reforma institucionaliza la reducción de la participación del Estado venezolano en la renta petrolera que el régimen de Nicolás Maduro, al amparo de la Ley Antibloqueo, ya venía otorgando de forma discrecional y opaca en 2024 y 2025.

El nuevo artículo 52 de la LOH faculta al Ejecutivo a rebajar las regalías del 30 % hasta un mínimo de 20 % en los CPP, y a un 15 % en el caso de las empresas mixtas. A su vez, el nuevo artículo 56, autoriza a reducir el Impuesto de Extracción en los mismos términos.

El proyecto de reforma, sin embargo, no fija criterios ni límites claros, ni establece condiciones de transparencia y control para otorgar esas ventajas fiscales. El resultado es un modelo en el que una parte significativa de la renta petrolera queda sujeta a la discrecionalidad política del Ejecutivo.

Facilitación del arbitraje internacional contra un mandato constitucional

Finalmente, el nuevo artículo 8 del proyecto de reforma de la LOH, dispone que las controversias derivadas de actividades petroleras «podrán ser decididas por los Tribunales competentes de la República, o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes».

Esta norma abre un potencial conflicto con el artículo 151 de la Constitución, que establece que, en los contratos de interés público, se considerará incorporada —aunque no esté expresamente escrita— una cláusula según la cual las dudas y controversias deberán ser decididas por los tribunales competentes de la República.

En síntesis, este proyecto de ley parece diseñado, en buena medida, para blindar los intereses de quienes ocupan los cargos de poder en Venezuela, y solo en apariencia, dar respuesta a algunas de las exigencias de la Casa Blanca. Una reforma apresurada y sesgada de la principal industria estratégica del país, tramitada además con la exclusión total de una representación legítima del pueblo venezolano que defienda el interés nacional, difícilmente puede considerarse una verdadera modernización del sector y más bien prolonga la misma lógica chavista que condujo al colapso petrolero. Por ello, resulta poco probable que, en el mediano y largo plazo, genere la estabilidad y la seguridad jurídica que demandan los inversionistas extranjeros y que requiere el país para su desarrollo.