A imagen y semejanza de la apertura en el sector hidrocarburos, la Ley de Minas que está por aprobarse en Venezuela busca abrir la puerta a la inversión extranjera e incorporar el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, dos aspectos considerados positivos por analistas, aunque el borrador enfrenta escollos por temas como las regalías y el impacto ambiental.

EFE

Lleva casi un mes en debate y en 130 artículos esta iniciativa intenta integrar, ordenar, mejorar y corregir el antiguo marco legal que regulaba este sector, favorecido en las últimas semanas por una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos en medio del interés del presidente Donald Trump en el oro venezolano y del nuevo escenario tras el ataque militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Venezuela hasta ahora tenía una ley de minas de 1999 y un decreto de ley del oro de 2015 que reservaba este mineral al Estado; en la primera se precisa el arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos solo ante tribunales nacionales y en el segundo no está contemplado.

El nuevo proyecto, del que han sido avalados hasta la fecha 55 artículos, no solo unifica estas dos normas otorgando la posibilidad de la compra de oro a terceros, aunque con preferencia al Estado durante los primeros cinco días después de su extracción, sino que propone los tribunales de la República, la mediación y el arbitraje frente a posibles disputas sin expresar taxativamente ante cuál jurisdicción.

La propuesta de ley «tiene un avance porque permite el ejercicio de la minería al Estado, a empresas mixtas donde el Estado tenga mayoría accionaria, empresas donde el privado tenga mayoría accionaria y empresas que solamente son privadas», señaló en una conversación telefónica con EFE el exdiputado e ingeniero Elías Matta, en referencia al artículo 11 de la ley.

Sin embargo, apuntó que en cuanto al tema del arbitraje es necesaria una precisión para dejar claro que se permitirá el mecanismo ante una jurisdicción internacional.

Otros expertos consultados por EFE coinciden en que aún bajo este escenario la ley ofrece garantías jurídicas atractivas para las compañías foráneas.

El profesor e investigador de la Universidad Católica del Táchira y vicepresidente para Venezuela de la Alianza Minera de América Latina, José Pernía, explicó a EFE que el tema del arbitraje se puede definir cuando se redacten los contratos de concesión o el derecho minero que se vaya a otorgar.

«Se incorpora una cláusula en la que se permita acudir al arbitraje o a la mediación», dijo.

Materia pendiente

El proyecto tiene pendiente discutir el tema de las regalías y otros impuestos y Matta llama la atención sobre este particular debido a que la propuesta sitúa hasta en 13 % las primeras y un máximo del 12 % los tributos.

Este porcentaje está fuera del promedio de la región, algo que el exlegislador no ve favorable para entrar a competir en el mercado.

«Si yo soy una empresa de oro y resulta ser que me ponen 13 % de regalía y 12 % de impuestos mineros, llevo ya 25 %. Eso está fuera de la media en el mundo», alertó.

El también exdiputado en el exilio y economista José Guerra coincide en que la regalía «es muy elevada».

«Creo que lo procedente sería que las regalías se establecieran por tipo de mineral de una vez en la propia ley y no quedase a la discrecionalidad del Gobierno. Sencillamente a mayor dificultad de extracción del mineral, la regalía obviamente sería más baja», planteó Guerra.

Otra materia pendiente es el impacto ambiental. En el último debate, de hecho, este fue un punto de discusión debido a que un partido ecologista pidió incluir explícitamente que los recursos generados por la actividad minera también sean destinados para temas de ambiente.

La solicitud fue negada por la mayoría chavista, que argumentó que el artículo 6 establece los principios de la ley en los que se habla de la «prevención y remediación ambiental» y de la «conservación del ambiente».

ONG han advertido igualmente que el proyecto de ley no establece como requisito obligatorio los estudios de impacto ambiental para otorgar concesiones y recuerdan que en las zonas mineras operan grupos irregulares armados a quienes acusan de explotar el suelo con «complicidad» de autoridades.

Por medio de un mensaje en redes sociales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó que gracias a Pam Bondi, fiscal General del país vecino del norte que dejará el cargo el próximo 1 de mayo, Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, fue abatido e Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de cargos federales en Estados Unidos.

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En el mismo mensaje se señaló que fue también con Pam Bondi que se logró que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuviera fuera del poder y bajo custodia de Estados Unidos.

Se señaló que fue gracias a Pam Bondi y a Todd Blanche, quien tomará el cargo de Fiscal General en EEUU, bajo el liderazgo de Trump, que el Departamento de Justicia estadounidense ha acusado a más de 125 mil personas de delitos desde el inicio de la segunda administración de Trump.

“Gracias a @AGPamBondi y @DAGToddBlanche, bajo el liderazgo de Trump, este Departamento de Justicia ha acusado a más de 125.000 personas de delitos desde el inicio de la segunda administración Trump y ha diezmado a los cárteles de la droga y a sus líderes: El Mencho, líder del CJNG, está muerto; Nicolás Maduro está fuera del poder y bajo custodia de Estados Unidos; El Mayo, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de cargos federales”, señala el mensaje posteado en la cuenta de X de la dependencia estadounidense.

Cabe destacar que el Gobierno de México ha aceptado que en el operativo en el que se buscaba capturar a El Mencho, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hubo intercambio de información con Estados Unidos. Incluso, se ha revelado que fue gracias a un dron estadounidense que se pudo localizar al capo.

El pasado 4 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que se hubiera desplegado el operativo por alguna presión de Estados Unidos. “No se hizo de ninguna manera ni por la presión de Estados Unidos ni mucho menos. Claro, hay información de inteligencia de los Estados Unidos que se utilizó”, señaló Sheinbaum.

El Mencho fue asesinado en un operativo que se llevó a cabo por parte del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero, a los 59 años de edad.

Por su parte,El Mayo Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa, fue entregado a autoridades estadounidenses en julio de 2024. El capo del Cártel de Sinaloa fue llevado en un avión privado desde México contra su voluntad tras ser engañado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien también se entregó a las autoridades estadounidenses.

Tras esta “traición”, inició una “guerra” interna dentro del cártel, que lo ha dividido en la facción de Los Chapitos y Los Mayos, y que ha provocado una intensa ola de violencia en la región.

El reciente anuncio del régimen cubano sobre el indulto a 2.010 reclusos suscitó fuertes críticas entre presos políticos, sus familiares y organizaciones de derechos humanos, que denunciaron la exclusión de quienes cumplen condena por motivos políticos. El caso de Lisandro Betancourt Escalona, uno de los presos políticos más antiguos del país, se convirtió en un emblema de estas acciones.

Por: Gastón Calvo – Infobae

Desde la prisión El Típico, en Las Tunas, Betancourt, de 63 años, enfermo y con discapacidad física, denunció en un audio difundido por el grupo de asesoría legal Cubalex su exclusión del indulto anunciado por el régimen. “Yo quiero darle a conocer al mundo la verdad del famoso indulto que dio el Gobierno tiránico de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, que es una farsa más y una mentira más“, afirmó.

Betancourt, quien lleva más de 35 años tras las rejas, detalló que en el penal solo fueron indultados seis reclusos, a quienes correspondía la libertad condicional y no les había sido otorgada. “Los demás indultos que se dieron, fueron a personas que ya estaban pasadas de libertad condicional hacía mucho tiempo y les dieron un famoso indulto. Eso es una farsa más del comunismo y el mundo tiene que conocer eso”, subrayó.

El preso político, que tiene amputadas ambas manos, carece de visión en un ojo y padece diabetes, hipertensión, cardiopatía, artritis, gota y un aneurisma, resaltó: “Personas enfermas y con discapacidad como yo no han sido beneficiadas”.

Betancourt Escalona es actualmente uno de los presos políticos de más larga data en las cárceles de Cuba. Fue condenado hace 36 años por “atentado” y “otros actos contra la seguridad del Estado”, figuras penales que la dictadura de la isla utiliza con frecuencia para castigar el disenso abierto.

En el audio, anunció además que comenzará una huelga de hambre como protesta por la arbitrariedad del indulto y su exclusión.

El régimen cubano había presentado el indulto como un gesto “humanitario”, basado en un análisis de la conducta, tiempo cumplido y estado de salud de los sancionados. Según el anuncio oficial, los beneficiados incluirían “jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”.

Sin embargo, la nota difundida por la prensa estatal aclaraba que no serían objeto de la medida quienes hubieran cometido “delitos contra la autoridad”. Justamente esta categoría incluye figuras como “desacato”, “atentado” y “resistencia”, imputaciones habituales contra manifestantes y opositores.

Organizaciones y fuentes consultadas por Infobae consideran que esta exclusión reduce de manera drástica el alcance real de la medida para los presos políticos.

La ONG Prisoners Defenders documentó que la excarcelación se limitó a presos comunes. Javier Larrondo, presidente de la organización, confirmó a Infobae: “En la Prisión de Trabajos Forzosos Toledo 2, Marianao, La Habana, han soltado a 41 presos, todos comunes. Ni uno solo es preso político. Igualmente en la Prisión de Trabajos Forzosos El Yabú. Todos comunes. Se confirma el jueguecito del régimen para intentar engañar a la prensa, a costa de mortificar a los familiares”, expresó.

Larrondo detalló que la situación se repite en otros centros penitenciarios de todo el país, como Boniato, en Santiago de Cuba, Taco Taco, Remedios y La Lima, donde solo han sido liberados presos comunes. “Es un drenaje carcelario de presos comunes por todo el país para abaratar costes penitenciarios al tener la mayor tasa de presos del mundo: 90 mil para 9 millones de habitantes”, destacó a Infobae.

De acuerdo con Prisoners Defenders, Cuba cuenta con 242 centros penitenciarios y correccionales, y las cifras de excarcelados coinciden con la media de liberaciones esperadas por cada centro. “Pero ni un solo preso político excarcelado. Y muchas decenas de nuevos presos políticos se suma cada mes que pasa”, concluyó Larrondo.

El caso de Betancourt Escalona refleja el impacto de la medida en la población penitenciaria política. Mientras tanto, familiares y organizaciones denuncian que la situación en las cárceles cubanas sigue inalterada para los presos políticos, quienes continúan reportando arbitrariedades y condiciones de detención incompatibles con los derechos humanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició este miércoles su discurso televisado al país y destacó la colaboración con Venezuela en producción y venta de petróleo crudo, país al que calificó como un “verdadero socio”.

Infobae

“Ahora estamos trabajando codo con codo con Venezuela, somos —en el sentido más estricto de la palabra— socios en una empresa conjunta”, afirmó Trump en el discurso nocturno, el cual también utilizó para detallar la operación “Furia Épica” en Medio Oriente.

El mandatario subrayó el nuevo vínculo de Washington y Caracas tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro, bajo el régimen liderado por Delcy Rodríguez: “Nos estamos entendiendo de maravilla en lo que respecta a la producción y venta de masivas cantidades de petróleo y gas, las segundas mayores reservas de la Tierra, solo por detrás de las de los Estados Unidos”.

Trump subrayó que Estados Unidos es “totalmente independiente de Medio Oriente” en materia energética, pero aun así mantuvo su presencia en la región para brindar apoyo a los países del Golfo en medio de la guerra contra el régimen iraní.

“No tendríamos por qué estar allí”, señaló respecto a las operaciones en Irán, conflicto en el cual Teherán cerró por la fuerza el estrecho de Ormuz y poner en crisis la economía global.

El presidente estadounidense resaltó en varias ocasiones los avances alcanzados con Venezuela, país con el que se estableció un marco legal para que empresas estadounidenses puedan participar en la comercialización del petróleo venezolano.

No obstante, el Departamento del Tesoro estadounidense mantiene bajo control los ingresos por la venta de crudo venezolano, que son depositados en cuentas supervisadas por autoridades estadounidenses.

Trump pronunció estas declaraciones el mismo día en que su administración levantó las sanciones impuestas a Delcy Rodríguez.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a Rodríguez de la lista de individuos sancionados, donde había sido incluida en septiembre de 2018, durante el primer mandato de Trump.

La medida representa el último paso en el proceso de deshielo entre Washington y Caracas, tras la captura en enero del ex dictador Nicolás Maduro, quien enfrenta un juicio por narcotráfico y otros cargos en Nueva York.

El pasado lunes, Estados Unidos reanudó oficialmente las operaciones de su embajada en Caracas, después de que ambos gobiernos restablecieran relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019.

Rodríguez solicitó el miércoles que su exclusión de la lista de sancionados por parte de Washington sea el primer paso para el levantamiento total de las restricciones impuestas a Venezuela, en el contexto del deshielo diplomático y la reapertura de relaciones formales entre Caracas y Estados Unidos.

Rodríguez se pronunció tras la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de eliminar su nombre del registro de individuos sancionados.

“Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos”, expresó Rodríguez en redes sociales.

Rodríguez calificó la decisión del gobierno de Trump como “un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones”.

En su mensaje, instó a avanzar hacia “la construcción de una Venezuela próspera para todos”, reiterando su llamado al levantamiento de las sanciones sectoriales y personales que aún pesan sobre funcionarios y segmentos estratégicos de la economía venezolana.

La presidenta encargad intenta semana a semana mostrar una imagen de pragmatismo y disposición al diálogo con Washington, promoviendo además una amnistía política limitada y la renovación de figuras clave en la administración pública.

El coronel retirado del Ejército venezolano Antonio María Guevara Fernández sostiene que la Operación Resolución Absoluta, ejecutada hace tres meses, el 3 de enero de 2026, “más que un relevo de mando simboliza el reconocimiento de que el Estado-nación venezolano había perdido su capacidad de autocorrección y abre una etapa de “transición tutelada”, comparable a la de Japón tras 1945.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

Guevara lo expuso en una reciente conferencia en la École Centrale Lyon, en el campus universitario de Écully (Francia). En su presentación, calificó la intervención como una operación “de precisión” ejecutada por fuerzas estadounidenses y precedida por un cerco aeronaval, que culminó con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa para enfrentar cargos de narcoterrorismo, marcando el inicio de lo que llamó la “octava nacionalidad”.

Según su análisis, Venezuela entraría en un proceso de reconstrucción institucional bajo supervisión de una potencia externa, con una “dualidad operativa”: mientras la vicepresidenta, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, asumiría funciones ejecutivas para sostener la operatividad mínima del Estado, la dirección estratégica recaería en un protectorado estadounidense, personificado en el presidente Donald Trump.

El militar en retiro señaló que, aunque “algunos sectores de la sociedad están suspirando por la conversión en el estado de la unión número 51”, desde una perspectiva estratégica esta “octava nacionalidad” sería “la admisión de un fracaso sistémico”. Asegura que no se trata simplemente de una pérdida de soberanía, “sino de la intervención quirúrgica sobre un ‘Estado fallido’ para restaurar el imperio de la ley”, dijo.

A su juicio, el protectorado estadounidense, “ante la incapacidad del sector opositor de convertirse en opción”, se presentaría como garantía de que el territorio no volvería a convertirse en un vacío institucional explotado por grupos criminales, y como vía para encauzar un proceso electoral considerado legítimo, orientado al cambio político y a la consolidación de la democracia y el Estado de derecho.

Estado forajido

El coronel Guevara Fernández dice que “el siglo XIX comenzó con un colapso institucional en la metrópoli que forzó un cambio de identidad impuesto. La Abdicación de Bayona, en 1808, marcó un punto de quiebre: al ceder los derechos de la corona a Napoleón Bonaparte, la provincia de Venezuela habría quedado, de hecho y de derecho, bajo una “quinta nacionalidad”, definida como francesa”.

Recuerda cómo las élites locales, utilizaron la defensa de los derechos de Fernando VII para iniciar el proceso insurgente el 19 de abril de 1810, que desembocó en la Declaración de Independencia el 5 de julio de 1811.

La batalla de Carabobo es el fin de una década de guerra, que culminó en 1821 y así el país, sostiene Guevara, transitó por una “sexta nacionalidad”, la grancolombiana, 1819. Da paso a una “séptima nacionalidad”, la Venezuela independiente, 1830. “Pese a la victoria militar, el reconocimiento diplomático de España no llegó sino hasta 1845, evidenciando la fragilidad de la nueva soberanía”.

Durante buena parte del siglo XIX, Venezuela se mantuvo como una sociedad rural “dominada por el caudillismo y gobiernos militares”. La ausencia de instituciones sólidas alimentó un ciclo de guerras civiles e inestabilidad que solo empezaría a romperse con la aparición de un nuevo motor económico en 1914, cuando el modelo agrario comenzó a transformarse en un “Estado petrolero”.

Considera el coronel Guevara Fernández que el hallazgo de hidrocarburos en 1914, “alteró el ADN sociológico” del país. Y así, la renta petrolera permitió construir un Estado moderno, pero también habría facilitado una autocracia rentista.

“Tras el periodo de estabilidad democrática de 1958 a 1998, la llegada de la Revolución Bolivariana, bajo el mando del teniente coronel Hugo Chávez y posteriormente a la muerte de este, de Nicolás Maduro radicalizó el uso del recurso, convirtiendo el petróleo en un arma geopolítica de desestabilización hemisférica para exportar globalmente el socialismo del siglo XXI”.

Afirma el oficial retirado que además es Especialista en Operaciones e Inteligencia (OPSIC) que, con la revolución bolivariana en el poder, “Venezuela sufrió una degradación institucional hasta convertirse en un ‘Estado forajido’ o conglomerado criminal, donde las funciones estatales fueron suplantadas por nexos con el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo internacional y graves violaciones a los derechos humanos”.

El santuario

Sostiene Antonio Guevara que el régimen bolivariano se alejó de los valores geopolíticos occidentales, la democracia liberal y el Estado de derecho, a través de alianzas con un eje autocrático (Cuba, Nicaragua, Irán, China, Rusia y Corea del Norte), además de vínculos con el ELN y las FARC en la frontera con Colombia.

“Los expedientes por crímenes de lesa humanidad y represión a la oposición democrática considerada como el enemigo interno, el narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos convirtieron a Venezuela en un foco de inestabilidad regional que provoca una diáspora de 8 millones de venezolanos alrededor del mundo y generando graves problemas de migración a los países vecinos”.

No deja de estar en el análisis el impacto del desconocimiento del mandato popular, el 28 de julio 2024, “que dieron como ganador en las elecciones presidenciales al señor Edmundo González Urrutia” lo que precipitaron al país a un aislamiento total.

Aunado a eso “el uso del territorio, como santuario para actores del terrorismo internacional”, el país pasó a ser visto como “amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos”, lo que habría justificado las operaciones de exclusión y cerco iniciadas en agosto 2025 y culminadas con la incursión militar y la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores para enfrentar cargos por narcoterrorismo en una cárcel federal en Nueva York.

Riqueza y destino político

A lo largo de 528 años, sostiene el coronel, la trayectoria de Venezuela mostraría que su soberanía ha estado condicionada por quién busca controlar sus recursos naturales. Especias, oro y petróleo, los tres grandes motores económicos, habrían dictado los términos de la relación del país con el mundo.

Por ello afirma que “la recurrencia de la intervención externa, desde la cesión a los Welser en el siglo XVI hasta el protectorado norteamericano que se inicia el 3 de enero de 2026, subraya una vulnerabilidad histórica vinculada a la renta de la tierra”. Los Welser fue una familia de banqueros alemanes, que encabezó Bartolomé Welser “El Viejo”, y que entre 1525 y 1546 patrocinaron grandes expediciones en Venezuela.

El oficial en retiro insiste en una vulnerabilidad histórica asociada a la renta de la tierra. “El desafío sociológico para la Venezuela post-2026 es romper esta inercia de cinco siglos. Construir una identidad que no dependa del tutelaje extranjero ni de la explotación primaria requiere una reforma estructural del pacto social”, asevera.

Solo con una evaluación y un reconocimiento de las “ocho nacionalidades”, argumenta Guevara, y con cambios orientados a superar el modelo rentista, Venezuela podría aspirar a una soberanía sustentada en instituciones sólidas y no exclusivamente en la riqueza del subsuelo. “Mientras eso no ocurra, todas las órdenes proceden desde Washington”.