El proyecto de ley francés sobre reforma migratoria fue retirado temporalmente el lunes 11 de diciembre, después de que una mayoría de parlamentarios aprobara  una moción del Partido Verde para rechazar el proyecto de ley .

Por: Hélène de Lauzun – The European Conservative

La ley de inmigración ha atraído una oposición generalizada tanto de izquierda como de derecha. Como resultado de la votación, el ministro del Interior desautorizado, Gérald Darmanin, presentó su dimisión al presidente Emmanuel Macron, quien la rechazó.

El proyecto de ley para reformar la política migratoria francesa se está examinando desde hace muchos meses . Su paso por el Senado provocó una importante reescritura del texto por iniciativa del partido de derecha Les Républicains, que tiene mayoría en la cámara alta. Hicieron una serie de cambios destinados a endurecer la política de acogida de Francia. Luego el proyecto de ley fue devuelto para ser examinado por la Asamblea Nacional. En los comités preparatorios se modificó considerablemente y los miembros de la mayoría gubernamental no mantuvieron los cambios buscados por Les Républicains, proponiendo finalmente una versión mucho más laxa. La versión resultante fue vista como demasiado laxa a los ojos de la derecha, pero todavía demasiado severa a los ojos de la izquierda, y el proyecto de ley obtuvo una oposición unánime.

Los ecologistas del Partido Verde presentaron por tanto una moción de rechazo previo, procedimiento que, si se aprueba la moción, conlleva la retirada de un texto legislativo sin examen. Una coalición de oposición sin precedentes se reunió para aprobar la moción de rechazo a última hora del lunes 11 de diciembre: los votos de la derecha, el partido LR y la Asamblea Nacional se unieron a los de la izquierda para derrotar al gobierno. 270 diputados votaron a favor del rechazo, mientras que 265 votaron en contra.

«Su Gobierno ha permitido que el texto firme del Senado fuera pisoteado en comisión», dijo a Darmanin Olivier Marleix, líder del grupo LR. Marleix pide ahora volver a la versión del texto aprobada por el Senado. Marine Le Pen, líder del grupo parlamentario Asamblea Nacional, se mostró “encantada” por el voto de rechazo : “Hemos protegido al pueblo francés de una ola migratoria”, explicó en los pasillos de la Asamblea, ya que el proyecto de ley “prevé la creación de uno de los mayores canales de inmigración desde la reunificación familiar”. La Asamblea Nacional tiene intención de proponer un nuevo proyecto de ley para frustrar el plan del gobierno. El líder del partido Les Républicains, Eric Ciotti, reiteró su llamamiento a una reforma constitucional en materia de inmigración.

La izquierda se alegró de haber enviado al ejecutivo una señal muy clara de la independencia del Parlamento. “Darmanin ha domesticado a los grupúsculos macronistas. Pero no la Asamblea Nacional”, felicitó Jean-Luc Mélenchon por X.

Tomando nota de este duro rechazo a una reforma que deseaba y con la que estaba personalmente comprometido, Gérald Darmanin presentó su dimisión a Emmanuel Macron, quien la rechazó.

La coalición de oposición dificulta la interpretación de la votación, ya que los motivos del rechazo del texto no son los mismos para los ecologistas del Partido Verde, los republicanos y la Asamblea Nacional. La diputada de La France Insoumise, Mathilde Panot, está encantada de haber “ahorrado al país dos semanas de debates xenófobos y racistas”, mientras que el parlamentario de RN Sébastien Chenu explica que la votación fue “consistente con todos nuestros votantes que nos piden que nos opongamos a estas políticas laxas”.

Gérald Darmanin se ofendió por este rechazo, afirmando que la mayoría de los franceses estaban a favor del texto y habían sido traicionados por sus diputados, lo que no es del todo cierto, ya que las encuestas de opinión sugieren que los franceses están a favor de una ley más estricta que la del plan del gobierno y de un estricto control de la inmigración.

La interpretación más obvia es la de un rechazo generalizado a la política de Emmanuel Macron: el enfoque “al mismo tiempo” ( en même temps ) en una cuestión tan sensible como la inmigración no puede funcionar. Darmanin intentó defender una “línea de cresta”, como él mismo dijo, lo que finalmente no convenció a nadie. Es imposible intentar conciliar firmeza y flexibilidad, de lo contrario los efectos serán contrarios a los pretendidos. 

En palabras de Gérald Darmanin, invitado al telediario vespertino de TF1 el día de la aprobación de la moción de rechazo del proyecto de ley, el texto “debe continuar su camino institucional”. Hay varias soluciones posibles: o se puede cancelar el texto, se puede reintroducir la versión del Senado o se puede pasar directamente a la siguiente etapa, es decir, el comité conjunto, un comité selecto diseñado para alcanzar un texto de compromiso entre los senadores y los Diputados. Por el momento, el gobierno aún no ha decidido qué camino tomar.

Las posibilidades de los venezolanos de organizarse y agruparse para participar en los asuntos públicos y transformar la realidad que los rodea por métodos pacíficos, democráticos y legales son cada vez menores, a pesar de que la Constitución establece en su artículo 52 que «toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos». ¿La razón? Los constantes golpes que las autoridades, incluidas las judiciales, vienen propinando a este derecho. Los últimos dos zarpazos los dio la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en apenas 10 días intervino en los procesos electorales de la Universidad de Carabobo y el Colegio de Abogados de la misma entidad estadal.

Acceso a la Justicia

El primer golpe se registró el pasado 13 de noviembre, cuando la instancia suspendió los comicios que la casa de estudios tenía previsto celebrar el día 29 de noviembre, atendiendo así a una solicitud que le formularon Pedro Antonio Ulacio Pulgar y Hernán Antonio Barrios, el primero trabajador administrativo activo y el segundo jubilado. Cabe agregar que, a mediados de octubre,  la Sala Electoral suspendió las elecciones del gremio de profesores que hace vida en ese recinto universitario.

Las razones para adoptar tal decisión se desconocen, por cuanto el contenido íntegro del fallo n.º 123 todavía no ha sido publicado por el máximo juzgado.

El segundo embate se produjo el día 22, cuando la Sala acogió la denuncia contra la Comisión Electoral del Colegio de Abogados de Carabobo que el 25 de enero le presentaron Roymar Alí Armas Graterol y Gianni Egidio Piva Torres, a través de una acción de amparo constitucional con medida cautelar. Los accionantes acusaron a la instancia encargada de organizar las elecciones de la agrupación gremial de no informar a sus miembros «de manera oportuna, veraz y precisa sobre el proceso electoral» que se terminó celebrando el 3 de febrero de este año.

En su sentencia n.º 124, la Sala no solo suspendió «el acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación del impugnado proceso electoral», sino que además designó a Erwin Gerardo Fernández  Zerpa (presidente), Williams de Jesús Latuf Rodríguez (vicepresidente), César Julio Centeno Ramírez (secretario), Gustavo Alberto Guevara Morales (Tesorero) y Ramón Antonio Navas Martínez (Bibliotecario) como miembros una junta directiva ad hoc del Colegio.

Por último, les ordenó «instalarse de manera inmediata, para ejercer sus respectivos cargos, ejecutando solo actos de simple administración, hasta que se dicte la decisión definitiva en la presente causa».

«Yo quito, yo pongo»

La intervención del Colegio de Abogados se produjo pese a que la Sala consideró que los accionantes utilizaron el recurso judicial incorrecto para exponer su caso. No obstante, en lugar de desechar el asunto, como ha hecho en otras tantas oportunidades, la instancia decidió hacer uso de sus potestades discrecionales y transformarlo.

«El error u omisión en la calificación jurídica que realicen las partes respecto a los hechos alegados no resulta vinculante para el juez en aras de garantizar la tutela judicial efectiva», declaró la Sala, desempolvando un criterio que ya esgrimió en una ocasión en el año 2012.

A continuación dictaminó:

«Considerando la situación fáctica y jurídica denunciada, y atendiendo a la perpetua búsqueda de la verdad y la justicia, esta Sala reconduce la acción ejercida en recurso contencioso electoral conjuntamente con amparo cautelar, mediante el cual lo que se pretende es la nulidad del proceso electoral que se organizó en el Colegio de Abogados del Estado Carabobo, puesto que en refuerzo de ello, solicitaron en el amparo “…la suspensión de las elecciones de [ese] Colegio de abogados”, siendo que la medida por excelencia de los recursos de nulidad está constituida por la suspensión de efectos del acto presuntamente lesivo; todo ello, a decir de los accionantes, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que le atribuye competencia para conocer las demandas contencioso electorales contra actos de naturaleza electoral de organizaciones de la sociedad civil, en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional asume la competencia para conocer y decidir el recurso contencioso electoral interpuesto contra la Comisión Electoral de dicha Corporación Gremial».

La sentencia es producto de una ponencia conjunta redactada por los tres miembros de la Sala, los magistrados Caryslia Beatríz Rodríguez Rodríguez, Fanny Márquez Cordero e Inocencio Figueroa.

No es la primera vez

La Sala Electoral suspendió cautelarmente las elecciones del Colegio de Abogados, por considerar que no tuvieron «la publicidad efectiva para que el mayor número de electores tuvieran conocimiento firme, para garantizarles su participación y de esa forma ejercer el control de cada fase». Esto en virtud de las denuncias realizadas por los accionantes de que la Comisión Electoral solo utilizó la red social X (antigua Twitter) y las carteleras en la sede del Colegio para informar a los miembros de la institución sobre el proceso eleccionario. La instancia no pasó por alto las informaciones de que las carteleras solo se podían consultar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, horario laboral del Colegio.

Esta no es la primera vez que el máximo juzgado interfiere con los comicios para renovar la junta directiva de este gremio en particular. El 25 de mayo de 2022 la Sala Electoral suspendió cautelarmente los comicios convocados y días después, en su sentencia n.º 64 le ordenó de manera definitiva  a la Comisión Electoral del Colegio de Abogados de Carabobo que le solicitara al Consejo Nacional Electoral (CNE) su acompañamiento.

La instrucción estaba sustentada en el numeral 6 del artículo 293 de la Constitución, el cual establece que el organismo comicial debe «organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley».

Las autoridades han utilizado esta disposición del texto fundamental como un arma contra los colegios profesionales, con la cual han buscado

«desarmarlos y despojarlos de su libertad y autonomía, aparte de callarlos y neutralizarlos para que no sigan ejerciendo funciones que comprometan, e incluso amenacen, los intereses del poder del Gobierno, como es denunciar sus acciones y omisiones violadoras del Estado de derecho».

Así lo denunciamos desde Acceso a la Justicia en el informe La toma del poder en los colegios de abogados de Venezuela 2000-2020, en el cual hicimos un repaso de cómo ha sido la estrategia de las autoridades para intervenir a las agrupaciones civiles.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La intervención del Colegio de Abogados de Carabobo es otra prueba de las restricciones que sufre el espacio cívico en Venezuela y, sobre todo, de las intenciones de las autoridades por controlar todos los aspectos de la vida nacional. En lo que va de 2023 al menos siete organizaciones gremiales, profesionales, deportivas o políticas han visto cómo sus autoridades han sido destituidas y se les han impuesto otras designadas a dedo por las salas Electoral y Constitucional del TSJ.

Los casos de la Cruz Roja Venezolana y del Partido Comunista de Venezuela (PCV) fueron los más recientes y los que más ruido generaron dentro y fuera del país, pero no han sido los únicos.

La seccional del estado Bolívar de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), la Federación Venezolana de Surf, la Asociación Civil Puerto Encantado y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) fueron otras organizaciones que corrieron una suerte similar.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se reunió el lunes en Estados Unidos con los directivos de varias empresas de armamento, a los que animó a cooperar con la industria ucraniana para reforzar militarmente a sus respectivos países en el actual contexto internacional.

EFE

“Estamos listos para producir más municiones y material militar, pero necesitamos apoyo”, dijo Zelensky a través de su canal de Telegram sobre la reunión celebrada en Washington, que se produce días después de que otra delegación ucraniana firmara un acuerdo con EEUU para desarrollar proyectos conjuntos en producción militar.

El jefe del Estado ucraniano destacó la “importancia” para Ucrania de “desarrollar la producción conjunta de munición para artillería, sistemas de defensa antiaérea y sistemas de artillería y misiles”.

“Trabajando juntos podemos crear más puestos de trabajo y hacer más fuertes y dar beneficios a nuestros respectivos pueblos”, agregó Zelensky.

El presidente de Ucrania dio las gracias a “todos los trabajadores, ingenieros” y demás empleados de las empresas de defensa estadounidenses que “producen las armas que están salvando a los ucranianos y ayudan a nuestro Ejército a defender el país”. “Es gente que hace mucho por Ucrania”, afirmó.

Ucrania ha firmado acuerdos con las principales industrias de defensa de Occidente para redoblar la producción nacional de armamento y así reducir su dependencia del suministro de armas de sus socios.

Zelensky llegó este lunes a Washington para intentar convencer a los congresistas republicanos de que voten a favor de la partida de ayuda a Ucrania de más de 60.000 millones de dólares propuesta por el presidente Joe Biden, con el que el líder ucraniano se reunirá este martes.

“Ucrania no se ha rendido ni se rendirá. Sabemos qué hacer y pueden contar con Ucrania. Esperamos, igualmente, poder contar con ustedes”, dijo desde la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos en vísperas de reunirse en la Casa Blanca con Biden.

El presidente ucraniano subrayó que su país ha conseguido “más de lo que nadie esperaba” cuando Rusia inició la guerra y lo atribuyó a la “valentía” de su Ejército y a la ayuda “crucial” procedente de Estados Unidos.

“Ucrania está en la batalla contra un Estado nuclear y uno de los mayores Ejércitos”, dijo alertando de que “la actual generación de naciones libres debería aprender de conflictos pasados en Europa que la destrucción provocada por las dictaduras es muy avariciosa y es necesario detenerla desde el principio”.

“La libertad siempre requiere unidad y debe prevalecer cuando se ve cuestionada”, recalcó dejando claro que el verdadero objetivo de la ofensiva de Putin no es Ucrania, sino la “libertad”.

Zelensky también se ha reunido con representantes de organizaciones financieras internacionales que ofrecen apoyo económico a Ucrania.

Sigue la incertidumbre sobre el paradero de Alexei Navalny. El líder opositor ruso, quien lleva una semana sin contactar con sus abogados y que, según sus colaboradores, habría sido trasladado a una nueva prisión, tampoco compareció este martes por videoconferencia en una audiencia judicial.

EFE

La principal portavoz de Navalny, Kira Yarmish, dijo en su cuenta de la red social X que las autoridades han modificado ahora su versión, después de que durante días atribuyeran su incomparecencia en los tribunales a supuestos problemas de conexión.

Un trabajador de la colonia IK-6 confirmó que ya no está en esta cárcel, aunque desconoce su paradero actual, según Yarmish.

“Durante seis días, mintieron (…) sólo para ganar tiempo”, denunció.

Sobre la desaparición de Navalny hoy se pronunció también por primera vez el Kremlin: dijo desconocer el paradero del líder opositor ruso.

“No, nosotros no tenemos ni intención ni posibilidad de conocer la suerte de los presos y los pormenores de su estancia en las correspondientes instituciones penitenciarias”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telemática diaria.

A su vez, tachó de “inadmisible” la injerencia de Estados Unidos en la situación de Navalny.

“Aquí estamos hablando de un preso que fue declarado culpable en virtud de la ley y está cumpliendo la condena que se le dictó. Consideramos inadmisible e imposible cualquier injerencia, sea de quien sea, incluido Estados Unidos”, señaló.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, adelantó que manifestará a Moscú su preocupación por el estado de Navalny.

Los colaboradores, que denuncian desde hace una semana la imposibilidad de contactar con el político, levantaron el lunes la voz de alarma de que éste ya no se encontraba en la prisión número 6 de la región de Vladímir, donde cumplía su condena desde junio de 2022.

“Acaban de decirle a su abogado que el preso Navalny ya no está en la cárcel”, dijo ayer Yarmish.

Por el momento, se desconoce si el líder opositor fue trasladado a una prisión en la parte europea de Rusia o a otra penitenciaría en Siberia.

Silenciarlo después de la nueva postulación de Putin

Sus aliados acusan al Kremlin de querer silenciarlo justo después de que el presidente, Vladímir Putin, anunciara su intención de presentarse a la reelección.

El pasado 7 de diciembre Navalny pidió desde la cárcel votar contra el jefe del Kremlin en las elecciones del 17 de marzo de 2024.

“Ese día llamamos a todos a acudir a las urnas y votar contra Vladímir Putin. Esto se puede hacer poniendo una cruz en la casilla de cualquier otro candidato”, escribió en su canal de Telegram.

Navalny también anunció la puesta en marcha de una página web (neputin.org) que pedía a los rusos a apoyar a cualquier candidato a la presidencia, salvo el actual jefe del Kremlin. Un día después de su lanzamiento el sitio fue bloqueado.

El líder opositor, con varios frentes judiciales abiertos, cumple una condena de 19 años en una colonia de régimen estricto, sin apenas contacto con el exterior.

Sus abogados denunciaron las condiciones en que se encuentra recluido, que han derivado en un empeoramiento de su salud, si bien el Gobierno no ha dado ninguna muestra de clemencia hacia una de las voces más simbólicas de disidencia.

Chile elige el domingo (17.12.2023) por segunda vez si quiere o no una nueva Constitución. En este sufragio obligatorio los chilenos deberán votar «A favor» o «En Contra» del texto planteado.

DW

La propuesta plebiscitada, en gran parte diseñada por el derechista Partido Republicano y los sectores conservadores, es muy diferente al primer texto presentado, de inclinación progresista e izquierdista, que fue desechado abrumadoramente en septiembre de 2022.

Según las encuestas más recientes, los chilenos rechazarían también este segundo texto. Si esto ocurre, Chile mantendría la Constitución actual, que se originó en dictadura, pero fue posteriormente reformada por gobiernos democráticos. ¿Qué tan diferentes son entre sí la actual Carta Magna y el texto propuesto? Expertos consultados por DW entregan algunas claves.

En contra: 59,7% (-6,6)
A favor: 40,3% (+6,6)
Tercer pronóstico electoral. Encuesta de noviembre de @ActivaResearch. #PulsoCiudadano pic.twitter.com/G0BKZ9TxFO

— Danilo Herrera (@daniloherrerad) December 1, 2023

Una propuesta constitucional inclinada a la derecha

«El texto presentado refleja los intereses que se expresaron en la mayoría del Consejo Constitucional. Es decir, refleja una concepción de derecha de la Constitución», cuenta a DW Claudio Fuentes, politólogo y profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP).

El académico explica que esto se expresa en normas sobre la «familia, aborto, protección de la propiedad y asegurar a empresas privadas su participación en diversos ámbitos de la vida nacional». Asimismo, añade, «prioriza una noción centrada en el crecimiento económico más que en la sustentabilidad, y un fuerte acento en aspectos valóricos, en lo que concierne a la identidad nacional, entre otros».

¿Qué diferencias hay entre ambos textos?

Danilo Herrera, analista político especializado en procesos constitucionales, señala a DW que, si se le da «una mirada preliminar al texto presentado, no va a encontrar demasiadas diferencias». El problema, agrega, es que «en el texto particular, en la letra chica, como decimos en Chile, vamos a encontrar una profundización del modelo neoliberal, que el país ha adoptado desde la dictadura de Augusto Pinochet«.

Herrera, que ha seguido de cerca el proceso, menciona, por ejemplo, la constitucionalización «del sistema de Isapres, que es el seguro de salud privado» o de las «Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son empresas privadas que manejan las pensiones en Chile», sistemas que han sido duramente cuestionados por la ciudadanía.

Fuentes, por su parte, dice que «desde el punto de vista ideológico, la propuesta sigue una misma línea, aunque se produce un híbrido entre aspectos conservadores, con la adición de algunos derechos tradicionalmente liberales, como la protección de la libertad de pensamiento, reconocimiento del Estado social de Derecho, y de los pueblos indígenas, por citar algunos».

Asimismo, el experto de la UDP destaca algunas «novedades» en el texto presentado: «Un capítulo especial de partidos políticos y ciudadanía; un capítulo especial de medio ambiente y otro capítulo especial sobre seguridad pública».

Temas de mayor controversia

La discusión en materia de seguridad pública se centra en qué tan efectiva es la nueva propuesta para combatir la migración irregular, la delincuencia y el narcotráfico. El observador constitucional Herrera asegura que expertos constitucionales denunciaron problemas técnicos insalvables en la nueva propuesta, que, a diferencia de la actual Carta Magna, «pueden hacer más difícil la persecución del narcotráfico».

Según el especialista, en la actualidad, el Estado actualiza cada dos meses una lista en detalle con las drogas cuyo comercio se sanciona por narcotráfico. Con la nueva propuesta, subraya, se «obliga a aprobar una nueva ley cada vez que sale una droga nueva para perseguir ese delito en particular, lo que la hace poco eficiente».

Fuentes plantea algo similar: «Se requeriría primero aprobar leyes para implementar las medidas que se establecen en la Constitución. En segundo lugar, sabemos que el control de la delincuencia no es fruto de un texto constitucional, sino que del modo en que se implementen leyes, se desenvuelvan las instituciones y se establezcan recursos para tales objetivos».

El aborto y las contribuciones

Otros temas que modificaría la implementación de la nueva Carta Magna son el posible fin del aborto por tres causales o la eximición del pago de contribuciones, un impuesto para quienes poseen propiedades, que se utiliza para financiar los municipios.

«Los ricos van a dejar de pagar las contribuciones según este texto», indica Herrera. Por lo tanto, concluye, la eliminación de este impuesto, «implicaría un desfalco al presupuesto de todos los municipios del país».

Fuentes también declara que, efectivamente, se trata de «una norma que beneficia a sectores con mayores recursos, dado que solo el 22% de los contribuyentes paga dicho impuesto. Aquello afectaría a sectores populares, que dejarían de percibir los efectos de aquel impuesto redistributivo».

Toda una polémica se ha desatado dentro y fuera de Guatemala luego de los señalamientos de la Fiscalía sobre los resultados de las pasadas elecciones generales en ese país centroamericano. Para algunos políticos hay un golpe de Estado en marcha para impedir la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo, cuyo partido, Movimiento Semilla, pertenece a la Internacional Progresista -frente creado por el senador demócrata estadounidense Bernie Sanders-, para enfrentar el avance de la derecha a nivel mundial en alianza con el Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla.

La Gaceta de la Iberosfera

En respuesta a la controversia suscitada, el pasado viernes 8 de diciembre, el Ministerio Público ofreció una rueda de prensa para explicar su punto de vista basado -según afirma- en una investigación técnica, científica y objetiva. Más de hora y media alcanzó el encuentro entre funcionarios del ente con los medios de comunicación.

Entre los hallazgos exhibidos este 8 de diciembre, el agente fiscal Leonor Morales Lazo afirma que el Movimiento Semilla, partido de Bernardo Arévalo, fue fundado con firmas falsas: «5.542 personas que aparecen adhiriéndose a la organización no existen, en el caso de otras 2.394 no coincide el nombre con el Documento Personal de Identificación (DPI) registrado, 40 personas están fallecidas, 13 personas han declarado que no firmaron adhesión alguna y 132 aparecen repetidas».

Morales Lazo agrega que: «la totalidad de ilegalidades encontradas en las hojas de adhesión ascienden a 8.121 personas«. En otras palabras, el Ministerio Público señala que el partido Movimiento Semilla no obtuvo el número de afiliados que la ley establece para su conformación.

El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), José Rafael Curruchiche, indicó que existen graves incongruencias entre los ingresos y egresos en la campaña, además de aportes anónimos, falta de documentos que soporten los ingresos y posible lavado de dinero u otros activos. Curruchiche agregó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, como es el deber ser, cuando se advierte la posiblilidad de un delito como lo arrojó la auditoria financiera al partido Semilla, que fue realizada por el propio organismo electoral.

El agente fiscal Leonor Morales Lazo, señaló además que: «a consecuencia de los allanamientos realizados el 12 y 29 de septiembre de 2023 en las instalaciones del Centro Operativo del Proceso Electoral (COPE) y la sede del Tribunal Supremo Electoral, se estableció que se incurrió en ilegalidades en el resguardo de las cajas electorales. El Ministerio Público pudo establecer que en dichas cajas no se encontraba el documento 4 que consigna el dato de los votos obtenidos por los candidatos. También pudo establecer que no había uniformidad en los formatos empleados, lo que contradice la propia normativa del TSE».

Morales Lazo también apunta que al departamento de Información y Prensa del Ministerio Público se le solicitó una descarga de todos los acuerdos del TSE para revisar exhaustivamente la normativa y poder así aclarar el punto anterior encontrando que, «en el año 2023, el TSE solo publicó en su página web 55 acuerdos de un total de 1.936 acuerdos suscritos, lo cual constituye una grave irregularidad y atenta contra la transparencia de los procesos electorales«.

Mas adelante, la agente fiscal expresó que «se adquirió de forma sospechosa y con fuertes indicios de sobreprecio un software que sirvió de plataforma para el evento electoral, el cual, siendo manejado por terceros, comprometió la operación regular del proceso electoral dando lugar a vulneración informática que generó resultados irregulares, lo cual irrespeta la voluntad del pueblo».

El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), fue intervenido desde el exterior para introducir votos (no existentes). Existen indicios racionales suficientes para presumir que tales ilícitos fueron cometidos con complicidad de funcionarios del TSE, para hacer que los resultados coincidieran con las actas. Por otra parte, la fiscalía afirma que las actas de escrutinio o «actas No. 4» fueron modificadas, introduciendo un nuevo formato no aprobado por el TSE, así lo destacó Morales Lazo a partir del minuto 55.

Pasada ya una hora de la rueda de prensa, se mencionó que 9 entidades comerciales y particulares fueron contratadas para la impresión del material electoral, pero que solo 4 de ellas fueron reportadas al Ministerio Público por parte del TSE. Los fiscales expresaron sorpresa al conocer que una de las empresas contratadas no está especializada en impresión de documentos sino en la administración y explotación comercial de un centro de convenciones, recepciones y banquetes, así como en la prestación de servicios de alimentación y bebidas.

Otras irregularidades encontradas por la Fiscalía se refieren a que las juntas receptoras modificaron, sin tener la potestad, un sinnúmero de actas No.4, especificándose que solo las juntas electorales municipales pueden hacer modificaciones previo reclamo comprobado. Quienes alteraron las actas No.4 no fueron los miembros de las juntas receptoras, sino individuos vinculados al TSE, una vez entregadas las actas, afirmó la agente

Otra de las puntualizaciones hecha por Morales Lazo durante el encuentro con la prensa fue la referente a los testimonios ofrecidos al Ministerio Público por parte de Digitadores digitales contratados por el TSE quienes confesaron que, luego de la primera vuelta, aproximadamente a las 11 de la noche, sus jefes les indicaron digitalizar actas No. 4 con enmiendas, es decir, ilegales, «para no tardar más». 17 de estos digitadores eran afiliados a Semilla, lo cual, según la normativa vigente es inadmisible. Por otra parte, muchas actas de escrutinio No. 4 carecían de sello, lo cual las invalida. La omisión es culpa del TSE, que no suministró el material necesario.

En el mismo orden de ideas, el Ministerio Público informa que, según la investigación realizada, 68.200 votos no fueron contabilizados por diversas razones -no necesariamente ciertas- como actas supuestamente ilegibles y mesas que, por omisión del TSE, no se pudieron abrir.

Otros hallazgos revelados por la Fiscalía refieren que según confesiones voluntarias de diversos trabajadores del TSE -todas concordantes entre si- las actas de cierre o «actas No. 8», no coincidían con los datos del TREP, por lo cual funcionarios del TSE solicitaron a los representantes de las juntas electorales departamentales modificar dichas actas -en fecha posterior a la contienda electoral- para hacerlas coincidir con el TREP. Además, el TSE ocultó al Ministerio Público 7 mil actas No.4, necesarias para verificar los resultados de las juntas electorales departamentales las cuales tenía en su poder.

El objetivo de este ocultamiento era poder adulterar las actas No.8, tal como lo declararon los testigos. Más grave aún es que según lo arrojado por la investigación, en las actas No.4 ya revisadas, se encontraron 22.981 irregularidades, entre ellas, más votantes que inscritos en las mesas. Pudo además el Ministerio Público establecer que hubo una pre-carga ilegal de datos (o sea, de votos) en el sistema TREP del TSE, horas antes de la hora de cierre de la votación.

Ante tales hallazgos cabe la pregunta: ¿Golpe de Estado en marcha o fraude electoral?

Como venezolana que ha vivido dentro del sistema de opresión y carente de libertades como el de Chávez-Maduro, escuchar declaraciones como las aquí descritas enciende las alarmas. Y es que en 25 años hemos aprendido que el fraude electoral es mucho más que el robo de votos.

Es la protesta violenta como mecanismo de chantaje, son firmas falsas, adulteración del padrón electoral, financiamiento ilegal, normas que se ignoran, muertos que votan, miembros de centros colocados para avalar el fraude, ocultamiento de actas, totalización falseada con software manipulable. Todo esto y más apalancado por una vocería mediática de una maquinaria internacional de izquierda que amenaza y presiona a quienes hablen de fraude.

Como dice mi amigo, el escritor venezolano Alejandro Peña Esclusa, el fraude electoral es «un sistema integral que incluye de manera protagónica el uso del poder político para cooptar todas las instituciones y muy particularmente, las autoridades electorales, para asi pervertir las reglas del juego democrático».

El que no la debe, no la teme, dice un refrán popular, por tanto es un deber de los políticos que aspiran dirigir los destinos del país centroamericano -que es el caso que hoy nos ocupa- argumentar en contrario a lo afirmado por la Fiscalía y no quedarse en simples slogans. Eso es lo que sin duda espera la ciudadanía. Por respeto a ellos, a los que sufragaron en favor de uno u otro candidato y por la salud de la democracia y la libertad, es necesario e indispensable proceder con las aclaratorias ante tamaña denuncia.