La ONG Prisoners Defenders elevó el martes (14.11.2023) hasta 1.062 la cifra de personas que considera como presos políticos en Cuba, frente a los 1.052 registrados en octubre pasado.

DW

La organización, con sede en Madrid, detalló en su informe al cierre de octubre que en los últimos seis meses añadió a su lista «96 nuevos presos políticos».

El documento publicado en la página web de la ONG registra entre los detenidos a 34 menores de edad, de los cuales 28 cumplen sentencia y seis están siendo procesados penalmente.

Agrega que 224 manifestantes, de los 1.062 prisioneros políticos, han sido acusados de sedición y al menos 209 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.

Preocupa situación de mujeres presas

Prisioners Defenders denunció además que hay 118 prisioneras (incluyendo varias transgénero), «que siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia».

«Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual», alertó la organización.

El reporte mencionó el Examen Periódico Universal (EPU) que Cuba presentará el 15 de noviembre ante el Consejo de Derechos Humanos. Según PD, «los cargos de la judicatura y la fiscalía en Cuba se ganan por proposición del Partido único».

Esta es una revisión de la situación de los derechos humanos que todos los países llevan a cabo cada cuatro años y medio y en la que los Estados reciben recomendaciones de sus iguales.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este martes a Israel de cometer «varios actos de terrorismo», al matar «niños» e «inocentes» en sus bombardeos en la Franja de Gaza, donde libra una guerra con el grupo islamista Hamás.

AFP

«Si Hamás cometió un acto de terrorismo e hizo lo que hizo (al matar a unas 1.200 personas en un ataque el 7 de octubre), el Estado de Israel también está cometiendo varios actos de terrorismo, al no tener en cuenta que ni los niños ni las mujeres están en guerra», dijo el mandatario al recibir un vuelo con repatriados brasileños de Gaza.

«No están matando soldados, sino niños», enfatizó ante medios en la Base Aérea de Brasilia.

Lula, de 78 años, dijo «nunca» haber visto «una violencia tan brutal e inhumana contra inocentes».

El lunes cerca de la medianoche, el mandatario renovó sus críticas a Israel al recibir un vuelo con 22 brasileños y 10 familiares, entre ellos 17 niños, que fueron evacuados de Gaza el domingo por la frontera terrestre con Egipto tras más de un mes de espera en la zona de conflicto.

El presidente izquierdista había señalado el lunes que después del ataque del movimiento islamista «la solución de Israel ha sido tan grave como la de Hamás», al discursar durante una ceremonia oficial en Brasilia.

También allí había acusado al Estado de Israel de «matar inocentes sin ningún criterio» en la guerra, «lanzando bombas ahí donde hay niños, hospitales, bajo pretexto de que un terrorista se encuentra allí».

Representantes de la comunidad judía en Brasil reaccionaron ante las palabras «equivocadas», «injustas» y «peligrosas» de Lula por «equiparar» a Israel con Hamás.

Y defendieron los esfuerzos «comprobados» de las autoridades israelíes «para salvar a civiles palestinos».

Este martes Lula celebró el arribo de los repatriados que, dijo, es «el coronamiento de un trabajo muy serio de muchas personas».

Y les prometió que intentará aprobar una segunda lista de personas que están en Gaza y esperan llegar a Brasil.

Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre en territorio israelí, el Estado hebreo ha atacado la Franja de Gaza con un saldo de más de 11.200 muertos, según el grupo islamista.

La semana pasada, Celso Amorim, un asesor muy cercano a Lula, dijo durante una conferencia humanitaria sobre Gaza en París que la muerte de miles de niños palestinos en los bombardeos israelíes hacía pensar en un «genocidio».

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha presentado este martes la querella en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y ha señalado que «este golpe se puede detener en los tribunales y en el Senado».

La Gaceta de la Iberosfera

La querella, que se ha extendido al todavía prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, y «a las organizaciones golpistas PSOE y Junts», se ha presentado por delitos de cohecho, colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del poder judicial y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Además, como medida cautelar, VOX solicita la suspensión inmediata del debate de investidura, previsto para el miércoles y el jueves.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que el propio tribunal y las asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su oposición a la ley de amnistía, recordando que han hablado en «términos alarmantes» de «inicio del fin de la democracia, de abolición del Estado de Derecho y de ataque a la división de poderes». «La ley de amnistía supone un cambio de régimen por la puerta de atrás. Va contra la Constitución porque supone un proceso constituyente», ha añadido.

«Mañana se inicia un periodo trágico de la historia de España si no lo evitamos, un presidente en funciones sin ningún tipo de escrúpulos se dispone a pisotear el Estado de Derecho, a acabar con la igualdad de los españoles ante la ley, a pisotear la independencia judicial. «Si esta investidura se produce, los españoles van a padecer un Gobierno ilegal.

Abascal ha reiterado que las movilizaciones contra el golpe del PSOE son «absolutamente necesarias». «En función de si la investidura se produce o no, igual no tienen que ser 12 días sino 1.400 días». Y ha recordado que presentarán una querella contra los miembros de la Mesa del Congreso si admiten a trámite la ley de amnistía, y harán lo mismo con la Mesa del Senado.

«A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito». Esta fue la justificación del Gobierno —firmada por el exministro Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional— hace casi dos años y medio del indulto a los golpistas separatistas que les permitió salir de la cárcel tras ser condenados por delitos de sedición y malversación.

La Gaceta de la Iberosfera

Ahora, a cambio del apoyo de ERC y Junts en la investidura de Pedro Sánchez, ha registrado una amnistía con un alcance total y urgente. Y lo hace afirmando que «la amnistía, lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia española».

El texto incluye a todos los delincuentes con delitos en el marco del «procés» (desde el año 2012 hasta la actualidad), lo que abre la puerta a amnistiar la corrupción «sistémica y criminal» de la familia Pujol.

Son múltiples las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de sus ministros y de cargos socialistas negando la amnistía que ahora quieren aprobar «en el nombre de España y en el interés de España».

«No está contemplada en la Constitución Española» (Luis Planas, ministro de Agricultura y Pesca); «La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico» (Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior); y «La amnistía no cabe en nuestra Constitución» (Adriana Lastra, diputada socialista).

«¿Planteemos la amnistía? La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial» (Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno); «No es constitucional» (María Jesús Mointero, ministra de Hacienda); «No va a haber amnistía» (Miquel Iceta, hoy ministro de Cultura); y «Ni amnistía ni nada eso» (Salvador Illa, exministro de Sanidad y hoy primer secretario de PSC).

«¿Una amnistía? Eso es inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional» (Pedro Sánchez, hoy presidente del Gobierno en funciones); y «El independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía y no hay referéndum de autodeterminación ni lo habrá» (Pedro Sánchez, dos días antes de las elecciones del 23J).

El reconocido investigador Yohir Akerman dio a conocer una indagación sobre la supuesta implicación de empresas, ONG y personas en Colombia en el financiamiento y entrenamiento del grupo terrorista Hezbolá.

La Patilla

A través de su columna de opinión “La operación de Hezbolá en Colombia”, Akerman presentó un video con hallazgos que involucran a empresas nacionales, familias de la costa, delincuentes locales en esta red y sus oscuras conexiones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El analista sostiene haber revelado el papel de dicha red en las actividades de la organización chiita en territorio colombiano.

Su investigación aportaría luces sobre cómo este grupo habría establecido redes de apoyo en Colombia y Venezuela para sus fines.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe titulado «Personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela», en el cual concluyen que los países de la región deben reconocer como refugiados a los venezolanos que huyan de su país de origen.

Tal Cual

El informe detalla las razones por las que la diáspora se ha masificado y denuncia la persecución que padecen millones de venezolanos en el país, sustento para luego enlistar una serie de recomendaciones entre las cuales se encuentra el reconocimiento de la condición de «refugiado» para quienes huyeron del país en busca de protección o satisfacción de necesidades urgentes.

En este sentido, la CIDH recomienda «garantizar el ingreso al territorio a las personas venezolanas para buscar protección internacional o para satisfacer necesidades humanitarias urgentes, incluyendo el reconocimiento de la condición de refugiado y de apátrida, así como la regularización de su condición jurídica según proceda».

En cuanto al procesamiento de solicitudes de estatus migratorios que determinen sus condiciones como personas refugiadas, la CIDH pide garantizar estos trámites a quienes tengan un temor fundado de persecución en caso de retorno a Venezuela.

«Este reconocimiento debe darse a través de procedimientos justos y eficientes que garanticen el derecho de los solicitantes de asilo a recibir asistencia para satisfacer necesidades básicas o permitirles trabajar para su auto sostenimiento durante el estudio de su solicitud», añade el documento.

También propone fortalecer la asistencia técnica y financiera para los países receptores de venezolanos, así como la humanitaria a las personas que permanecen en Venezuela en situaciones precarias.

El documento solo le hace dos recomendaciones al estado venezolano: garantizar el acceso a documentos y trámites relacionados con la identidad del ciudadano y asegurar que las personas que se postulen al Plan Vuelta a la Patria lo hagan de manera «libre, voluntaria e informada».

En su exposición, la CIDH recalca que desde 2015 unos 7 millones de personas han abandonado Venezuela, muchas de ellas obligadas a «realizar travesías peligrosas para llegar a su destino, cruzando rutas migratorias irregulares, zonas fronterizas insalubres o viajando en embarcaciones precarias».