Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

NTN24 tuvo acceso a un documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el que detalla vínculos directos entre el régimen de Irán y la dictadura de Nicolás Maduro.

NTN24

En el documento se explica que: «el Departamento del Tesoro está exigiendo responsabilidad de Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas letales en todo el mundo. Seguiremos tomando medidas rápidas para privar de acceso al sistema financiero norteamericano a quienes facilitan el acceso de complejos militar-industrial iraní».

Este informe fue elaborado el pasado 30 de diciembre de 2025, días antes del operativo que Estados Unidos llevó a cabo en Caracas y que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Además, un informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) detalla la relación que tendrían el régimen de venezolano, los ayatolás y las FARC de Colombia.

«Estas redes se conectan con la triple frontera, estructuras criminales colombianas y ecuatorianas, remanentes de las FARC y carteles mexicanos, formando un ecosistema híbrido de crimen transnacional y terrorismo alineado con los intereses iraníes», puntualiza el documento.

El coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Eric Rojo, conversó sobre este tema con el programa Club de Prensa Washington de NTN24.

El invitado señaló que «la relación entre Irán, Hezbolá, y Hamás, y el régimen tanto de Chávez como de Maduro no era un secreto; ellos les permitieron entrar a Venezuela» y que tanto Irán como Hezbolá y Hamás «usaron a Venezuela como un trampolín para entrar a Estados Unidos con pasaportes venezolanos».

Otra parte del informa señala la manera en el que el régimen iraní lograba evadir las sanciones de Estados Unidos, ante ello, el analista político señaló que los ayatolas «siempre han sido una amenaza, el régimen de Chávez era una amenaza, lo mismo era Maduro; lo que lo llevó a la punta fue el tráfico de drogas».

«Por eso Venezuela se demarcó como un país que promueve el terrorismo por su relación con Irán, Hezbolá y Hamás», agregó.

Alvin Hellerstein, el juez estadounidense a cargo del caso contra el depuesto Nicolás Maduro, es un hombre de 92 años de edad, de carácter firme con una larga lista de casos de alto perfil en su hoja de vida.

El Nacional

Pero al ser uno de los jueces federales más viejos, algunos no están seguros de que sea el más indicado para presidir el que podría ser un prolongado juicio contra el exmandatario venezolano, que enfrenta cargos de narcotráfico.

«El tema de la edad no puede ser ignorado», dijo a la AFP Shira Scheindlin, exjueza federal de Nueva York.

Aún así, elogia a Hellerstein, nacido en 1933, como un juez «muy inteligente y astuto».

Graduado de la universidad de Columbia, Hellerstein fue abogado militar en el seno del cuerpo jurídico de las fuerzas armadas entre 1957 y 1960.

Fue nominado por el expresidente Bill Clinton en 1998 como juez del distrito sur de Nueva York.

«Una reputación merecida»

Entre sus casos más notables figuran los juicios civiles vinculados a los atentados del 11 de septiembre de 2001, los relacionados con el trato de la CIA a detenidos acusados de «terrorismo» o aquellos sobre abusos infligidos a presos de cárceles estadounidenses en Irak y Afganistán.

El magistrado se encarga desde 2011 del proceso por narcotráfico contra Hugo «El Pollo» Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano, en el que aparece Maduro desde 2020.

Hellerstein ya condenó a otro acusado en este caso, el exgeneral venezolano Cliver Alcalá, a 21 años y ocho meses de prisión en 2024.

También ha tenido enfrentamientos con el presidente Donald Trump, a quien rechazó una solicitud de traslado de Nueva York a un tribunal federal de su juicio por falsificación de registros para enmascarar pagos hechos a la exactriz de cine porno Stormy Daniels.

Y el año pasado impidió que el gobierno de Trump deportara a presuntos miembros de pandillas venezolanas sin una audiencia judicial.

«Hellerstein goza de una merecida reputación por buscar hacer justicia en cada caso y por ser independiente e imparcial», dijo el profesor de derecho Carl Tobias de la Universidad de Richmond.

En un notable fallo de 2015, Hellerstein ordenó al gobierno de Estados Unidos que difundiera un gran número de fotografías que mostraban abusos contra detenidos en Irak y Afganistán.

También se encargó del juicio en el que el banco francés BNP Paribas fue declarado en octubre cómplice de atrocidades en Sudán.

El jurado condenó al banco a pagar 20,75 millones de dólares a las víctimas.

Un juicio de interés público

El sorprendente arresto de Maduro en enero, en un ataque militar de Estados Unidos en Caracas, ha atraído la atención pública hacia el caso y hacia el juez a cargo.

Según The New York Times, a Hellerstein se le vio quedarse dormido durante un juicio el año pasado y tuvo que ser despertado por sus colegas.

Su concentración será observada con atención en el caso de Maduro, ya que el forcejeo entre la defensa y la fiscalía amenaza con prolongar el proceso.

«Este caso podría no ir a juicio por al menos un año o quizá dos. Para ese momento, él tendría 93 o 94 años», mencionó Scheindlin.

«No tengo ninguna duda de que estaría en condiciones de juzgar el caso mañana. Pero el caso no se juzgará mañana», añadió.

La próxima audiencia de Maduro ante el tribunal está prevista para el jueves, día en que deberá comparecer ante el juez, junto con su esposa Cilia Flores, quien también se ha declarado inocente.

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el proceso de selección de las nuevas autoridades del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, carece de garantías de transparencia, participación ciudadana e independencia, lo que podría debilitar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en el país.

La Patilla

Diversas organizaciones civiles expresaron este lunes 23 de marzo, su preocupación por los procesos de designación de los titulares de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo que adelanta la Asamblea Nacional controlada por el régimen chavista, al considerar que se realizan sin cumplir estándares mínimos de transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas.

A través de un comunicado, las organizaciones advirtieron que estas deficiencias generan el riesgo de que se designen personas sin independencia ni idoneidad para ejercer dichos cargos, lo que podría debilitar aún más el sistema de justicia y la protección de los derechos humanos en el país.

El pasado 25 de febrero de 2026, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz presentaron sus renuncias a los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo, respectivamente, ante la Asamblea Nacional.

Ese mismo día, el Parlamento procedió a conformar el Comité de Evaluación de Postulaciones, instancia requerida por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ciudadano para la selección de estas autoridades, además de designar a funcionarios interinos mientras se desarrolla el proceso de nombramiento.

Sin embargo, las organizaciones denunciaron que el comité fue integrado únicamente por diputados en funciones, en su mayoría vinculados al partido oficialista, sin incluir representantes de distintos sectores de la sociedad civil, como lo establecen la normativa vigente.

Las organizaciones también señalaron que, aunque el lunes 16 de marzo fue publicada la lista de postulantes, hasta la fecha no se ha divulgado información clave sobre el proceso de selección.

Entre los documentos que aún no han sido publicados se encuentran: El reglamento que regirá el proceso. El cronograma aprobado el 27 de febrero de 2026. El baremo o criterios de evaluación de los aspirantes.

Según las ONG, la ausencia de reglas claras y públicas limita el escrutinio ciudadano y restringe la participación informada de la población, lo que debilita la legitimidad del proceso y abre la posibilidad de decisiones discrecionales en lugar de una selección basada en méritos y criterios técnicos.

En el comunicado, las organizaciones hicieron un llamado a la Asamblea Nacional a garantizar que el proceso de selección se ajuste a los principios de: Transparencia. Participación ciudadana. Imparcialidad. Rendición de cuentas.

Asimismo, insistieron en la necesidad de designar autoridades independientes y con probidad profesional, en concordancia con la Constitución venezolana y los estándares internacionales en materia de designación de funcionarios que cumplen funciones esenciales para el Estado de Derecho.

Las organizaciones firmantes también instaron a organismos internacionales a monitorear el proceso de designación de las nuevas autoridades del sistema de justicia venezolano.

Según indicaron, la supervisión internacional resulta fundamental debido al impacto directo que este proceso tiene en la recuperación de la independencia institucional, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en Venezuela.

El comunicado fue suscrito por las siguientes organizaciones nacionales e internacionales: Acceso a la Justicia. Alerta Venezuela. Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ASO DDHH). Aula Abierta. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Centro de Justicia y Paz (Cepaz). CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana. Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Justicia, Encuentro y Perdón (JEP Venezuela). Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

 El ingeniero nuclear Leancy Clemente aseveró que Venezuela tiene instalada una capacidad de 30 mil megavatios en su red eléctrica, de los cuales solo necesita 15 mil para un funcionamiento pleno pero actualmente solo están operando 12 mil. Sin embargo, con las inversiones adecuadas se podría estabilizar el sistema eléctrico en un año y en un promedio de dos años se podría tener una buena generación eléctrica.

Unión Radio

A su juicio, el déficit es considerable dado que los 3 mil megavatios restantes podrían alimentar las zonas de Caracas, Miranda y La Guaira.

Clemente acotó que el parque eléctrico venezolano se puede recuperar al modernizar y hacer mantenimiento en la distribución, generación y transmisión de electricidad.

En cuanto al plan de racionamiento eléctrico en diversas zonas del país por parte del ejecutivo nacional, el ingeniero explicó que la incidencia perpendicular de los rayos solares causa daños colaterales por las deficiencias del sistema.

Es decir, con el aumento de la temperatura la demanda de artefactos como el aire acondicionado aumenta, por lo que los rayos calientan las líneas de transmisión, los cables comienzan a curvarse y si estos tocan el piso ocasionan incendios.

Asimismo, el experto planteó alternativas al sistema hidroeléctrico como la energía solar, la energía eólica e incluso la energía nuclear.

En el caso de la energía solar, Venezuela es uno de los países con mayor incidencia de rayos solares. Es una alternativa costosa pero podría ser financiada por el estado. 

En el mismo sentido, para producir energía eólica Venezuela tiene dos sitios donde hay velocidad de viento ideal para producirla. 

Y finalmente, para generar energía nuclear Venezuela figura como el país con la quinta reserva de torio del mundo; un elemento que produce menos reactividad y no debe atravesar procesos de enriquecimiento como el uranio.

Sin embargo, el ingeniero acotó que para incursionar en estas alternativas es necesario impulsar una modificación de la legislación vigente.

Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, negoció en el aeropuerto de Barajas (Madrid) con José Luis Ábalos los 6 millones de barriles de crudo estipulados en el sobre que Víctor de Aldama ha entregado en la Audiencia Nacional.

Por: Jorge Calabrés y David Vicente –  El Español

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, la documentación entregada por Aldama y su declaración vinculan la visita de Delcy Rodríguez a España el 20 de enero de 2020 con el cupo de petróleo que iba a financiar al PSOE y a la Internacional Socialista, que preside Pedro Sánchez desde 2022, con 250 millones de euros.

La información aportada por el empresario apunta a que la visita a Madrid de la entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro era para, entre otros asuntos, negociar la puesta a disposición del PSOE de barriles de crudo de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

El material ha sido incorporado a la causa secreta que instruye el juez Ismael Moreno y que conecta aquella noche en el aeropuerto de Barajas con una operación económica de gran calado para financiar a los socialistas.

Tal y como ha revelado este periódico, el sobre contiene documentos que acreditan la puesta a disposición de un cupo de crudo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares.

Entre ellos figura un certificado fechado el 4 de febrero de 2020 que ofrece seis millones de barriles de crudo Boscán, con un plazo de vencimiento de 45 días.

La operación, según la investigación, no llegó a materializarse completamente. Sin embargo, sí se habría producido un anticipo de cinco millones de euros que terminó en una cuenta bancaria en Rusia.

Este elemento es considerado clave por los investigadores, ya que demostraría que la negociación fue más allá de un simple planteamiento teórico.

La entrega de la puesta a disposición de seis millones de crudo Boscán se produjo 15 días exactos después de la visita de Delcy Rodríguez a España.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ya recogió en sus informes que Pedro Sánchez había dado el visto bueno a la visita de Delcy Rodríguez, tal y como quedó demostrado en una captura de pantalla que Ábalos envió a Koldo.

Por otro lado, Rafael Pérez, exsecretario de Estado del Ministerio del Interior, se encargó de asegurar la vivienda en la que se iba a hospedar la mano derecha de Maduro.

La casa, situada en la calle Oquendo de Madrid, había sido alquilada por Víctor de Aldama y en el programa de actos de la entonces vicepresidenta de Venezuela se incluía una cena con varios miembros del Gobierno.

«Tendrá que entrar por autoridades. Llega sobre las 23h», aclaró Koldo García en whatsapps a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. «Lo último es donde se va a alojar», especificó el asesor de José Luis Ábalos tras compartir con Rafael Pérez varias fotografías.

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El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato a la Presidencia de Perú por el ultraconservador partido Renovación Popular que él lidera, aseguró que, de ganar las elecciones, expulsará a los extranjeros ilegales antes incluso de asumir el mando, y reiteró su iniciativa de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

EFE

«Vamos a expulsar a los extranjeros antes del 28 de julio de este año», afirmó López Aliaga durante su intervención en el debate presidencial, al indicar que «(los ilegales) tienen un corto plazo para volver a su Venezuela querida».

Perú acoge a la segunda mayor comunidad de venezolanos en el exterior, con alrededor de 1,6 millones, la mayoría de ellos concentrados en Lima y muchos en condición irregular, señalados por ciertos sectores políticos de estar detrás de un auge de violencia criminal en las calles.

López Aliaga, que renunció al cargo de alcalde de Lima para ser por segunda vez candidato presidencial, reiteró su propuesta de que Perú se salga del Pacto de San José para desvincularse de los mandatos de la Corte IDH, para así poder aplicar «la pena de muerte y los jueces sin rostro» contra los delincuentes.

Perú ya fue condenado anteriormente por componer tribunales con «jueces sin rostro» que condenar por terrorismo a integrantes de los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), quienes iniciaron el conflicto armado interno (1980-2000) en Perú.

El exalcalde de Lima, que llegó diez minutos tarde al inicio del debate electoral, también prometió construir cárceles en los puntos más alejados de la selva amazónica «sin luz y sin internet».

«Por cada peruano muerto, no se comerá en las cárceles de estos delincuentes que extorsionan y matan», sostuvo el líder de Renovación Popular, que lidera las encuestas de intención de voto junto a Keiko Fujimori

López Aliaga es uno de los once candidatos presidenciales que participan en la primera de las seis sesiones que tendrá el debate presidencial en Perú, por donde pasarán los 35 candidatos presidenciales en segmentos de dos horas y media cada uno, para un total de quince horas.

En las primeras tres sesiones se aborda la seguridad ciudadana, que se ha convertido en la mayor preocupación de los peruanos de cara a estas elecciones, debido al auge de la criminalidad causada por mafias que extorsionan a la población y exigen cobro de cupos de dinero bajo amenazas de muerte.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis y la convulsión, al haber pasado por el sillón presidencia ocho mandatarios en cerca de diez años. 

La recuperación económica es una condición de sostenibilidad, pero también lo es la justicia. Distanciar esos dos puntos es inconveniente

ORLANDO VIERA-BLANCO
24/03/2026

Por décadas el estudio de las transiciones políticas ha demostrado una verdad incómoda pero persistente: las democracias rara vez nacen de rupturas puras. Manejamos la tesis que aun habiendo elecciones sólo un nuevo pacto de gobernabilidad garantizará la materialización del proceso de redemocratización en Venezuela.

La transiciones a la democracia emergen de equilibrios inestables, negociaciones y pactos imperfectos [pre y post] que permiten desmontar progresivamente estructuras autoritarias. Venezuela atraviesa precisamente un dilema histórico: ¿Es posible una transición real hacia la democracia sin ruptura total del régimen mediante una estrategia de convivencia, con tutelaje internacional y recuperación económica?

Responder esta pregunta exige combinar teoría política comparada con el análisis del caso venezolano, particularmente desde los aportes del politólogo venezolano John Magdaleno y de autores clásicos como Robert Dahl, Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter, Giovanni Sartori y Juan Linz.

La transición como proceso incierto: bases teóricas

Las transiciones democráticas no son eventos, sino procesos. Como señala la literatura clásica, constituyen intervalos donde “las reglas del juego político no están bien definidas” y los actores se adaptan estratégicamente en medio de la incertidumbre.

Esta ambigüedad es clave: durante una transición coexisten elementos del viejo régimen con instituciones emergentes. Lo esencial es entender que la decantación de poder no es un. Evento suma cero. La apertura de espacios políticos supone concesiones de del poder autoritario que por serlo en condiciones normales no lo hubiese hecho.

Esa concesiones vienen precedidas de acciones de fuerza y control, que como veremos en este análisis, generan un factor de obediencia en el gendarme, que posibilita el proceso de difusión de su propio dominio. Por eso hablar de elecciones y entrada ‘al patio’ del liderazgo político opositor d’de un día a otro’ es idealista.

Robert Dahl, con su concepto de “poliarquía”, estableció que la democracia no es un ideal absoluto sino un sistema gradual caracterizado por elecciones libres, pluralismo y libertades públicas.

La pregunta [en el caso venezolano] sería: ¿Después de 27 años de poli-anarquía es posible lograr un salto inmediato a elecciones libres, pluralismo y libertades publicas? No sólo es imposible, sino que aun habiendo elecciones, aun seria necesario continuar el proceso de consolidación de poliárquico.

Lo anterior implica que la democratización no ocurre de forma binaria (dictadura vs. democracia) sino como un proceso incremental.

Bajar el costo de tolerar a la oposición reduce la voluntad represiva. A partir del 3 de Enero 2026, el aumento de la voluntad represiva del régimen y el costo de tolerar a la oposición bajó, porque es reconociéndola como EEUU—la variable dependiente de poder—también tolerará su ‘permanencia’.

Nada ocurre sin el 3 de enero 2026

Entonces debemos aceptar y comprender las concesiones y fases de cambio de poder, decantación y transición del país tutor.

Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter profundizaron esta idea al identificar fases de transición: liberalización, democratización y consolidación. En este marco, la liberalización—la apertura inicial del régimen—suele ser impulsada desde dentro del poder, no desde su colapso. Esto es vital comprenderlo. El cambio liberador no es en un acto. Comporta una sucesión de eventos graduales, de lo interno del poder [régimen] a lo externo [cambio apreciable].

La Sra. Rodriguez ejecuta una cartilla de decantación de poder. Se mantienen actores autoritarios. Pero es la manera de garantizar que ella misma sea obedecida. Al final, todos tendrán que aceptar la fase final de restauración. Sin embargo, aun resultando victoriosa la oposición, la transición no termina ahí. Será necesario un gran pacto de convivencia y redención política nacional.

Giovanni Sartori advirtió que la democracia no puede reducirse a elecciones: requiere condiciones reales de competencia, participación y control del poder. Sin estas, lo que emerge es un “régimen híbrido”, una categoría particularmente relevante para Venezuela. Sin control del poder, el voto se convierte en un referente ciudadano pero no en autoridad y aseguramiento democrático.

Finalmente, Juan Linz distinguió entre tres tipos de transición: reforma, ruptura y “ruptura pactada”. La evidencia histórica muestra que la reforma negociada es la vía más frecuente y estable [aunque la mediación venga condicionada a un factor coercitivo]. Aquí estamos.

El modelo pactado: la lógica de la convivencia

Uno de los consensos más sólidos en la literatura comparada es que las transiciones exitosas suelen estar mediadas por pactos entre élites.

Huntington denominó a este proceso “traspaso”, caracterizado por acuerdos explícitos entre sectores del régimen y la oposición. Por años Venezuela se ha convertido en el epicentro de pactos profanados por lo cual no fue posible el nacimiento de un nuevo pacto de consagración democrática. El ‘traspaso’ se convierte en transmutación forzosa y degeneración de poder. Ahora es posible un traspaso vigilado que impida fraudes, despojo y represión.

El caso español tras la muerte de Franco es el ejemplo paradigmático de consenso plausible: Una transición sin ruptura total basada en acuerdos políticos y garantías mutuas. El garante fue el desmontaje gradual de reforma, profesionalización y subordinación de las FFAA españolas al poder civil. En Venezuela este proceso aun no comienza.

El modelo de convivencia implica una tensión ética y política: la coexistencia temporal con estructuras autoritarias. La justicia transicional se posterga o modera, y sectores de la oposición también deben aceptar concesiones incómodas. Venezuela lo ensaya con la vigilancia progresiva de un agente tutelar. Sin embargo aun no entramos en fase de reforma plena a la democracia sino de depuración [disolución] gradual de la coalición dominante.

Venezuela de un régimen híbrido a la democracia. Maria Corina como punto de llegada, no de partida

La caracterización de Venezuela como un régimen híbrido es ampliamente aceptada. Estos sistemas combinan fachadas instituciones con prácticas autoritarias, incluyendo elecciones controladas, criminalización de la política y restricciones a la competencia política. Antes del 3 de Enero 2026, ya habíamos pasado de híbrido a autoritarismo absoluto. Hoy se abona el camino para aliviar las cargas autoritarias, descriminalizar la política e instaurar condiciones de competitividad política.

Sin estas condiciones es difícil que Maria Corina regrese a Venezuela. Ella es un catalizador de la reforma política. No un punto de partida, que es la coerción sobre la coalición dominante que facilita su proceso de difusión gradual. Es el punto de llegada y consagración de una nueva democracia.

Esto tiene una implicación crucial. La transición no parte de cero. Hay estructuras que pueden reformarse en lugar de destruirse. Este diagnóstico es consistente con la literatura de O’Donnell sobre “democracias delegativas” y regímenes incompletos. No se trata de destruir el TSJ o CNE o las FFAA. Lo inteligente es reformarlas y adaptarlas a la nueva democracia. La redemocratización no ocurre al revés. Y esas reformas comportan también la fase de estabilización propuesta por EEUU.

John Magdaleno introduce la idea del realismo estratégico, aportando condiciones objetivas de transición, desarrollando una de las aproximaciones más ‘exactas’ al caso venezolano. Su análisis comparado de más de 100 transiciones destaca varios elementos claves.

[Magdaleno] explica el rol central de las élites y los militares. Subraya que en muchos procesos de transición los militares juegan un papel decisivo, sea facilitando o bloqueando el cambio. Ignorar este factor en Venezuela sería un error estratégico. Esto implica que cualquier transición viable debe incluir garantías para sectores clave del poder, incluyendo: i.-Seguridad personal y jurídica; ii.-Participación en el nuevo orden; Incentivos para aceptar la apertura.

Uno de los “mitos” que Magdaleno identifica es la creencia en una caída súbita del régimen [en un solo acto]. “La evidencia empírica muestra que la mayoría de las transiciones son graduales, negociadas y con continuidad parcial de actores”.

Esto nos conduce en el análisis al equilibrio de fuerzas. Las transiciones pactadas suelen ocurrir cuando existe un equilibrio relativo entre gobierno y oposición. Ninguno puede imponerse completamente, lo que incentiva la negociación.

Sabemos que el actor que favorece una negociación real, es la amenaza real o miedo creíble del régimen de [tener] que obedecer a cuenta de terminar en ‘Brooklyn’ […] María Corina regresará. Es la única que puede llevarnos al denominado proceso de redención política. Pero debe hacerlo cuando las circunstancias de control, fuerza, cumplimiento y rigor institucional hayan sido instaladas para evitar un retroceso histórico peligroso.

El papel del tutelaje internacional: ¿condición necesaria? Zanahorias y palas

La literatura comparada reconoce que el contexto internacional puede ser determinante. Las transiciones del sur de Europa, estuvieron favorecidas por incentivos externos como la integración europea […] En el caso venezolano, el rol de EEUU y otros actores internacionales puede ser clave en tres dimensiones: i.- Garantías y verificación [negociación creíble]; ii.-Incentivos económicos; iii.-Presión selectiva.

La combinación de presión y apertura [carrots and sticks (Zanahorias y palas] ha sido central en múltiples transiciones. No obstante, el tutelaje internacional tiene límites. Las transiciones no pueden imponerse de forma absoluta por un factor externo. Deben ser o bien internalizadas por los actores nacionales o apreciadas por eficaces.

En Venezuela un salario oficial de 1$/mes o una pensión inferior a un dólar/mes, más sensibles carencias en los sectores salud, agua o comida, no hace sostenible una fase vigilada de estabilización, incluyendo enroques políticos de la coalición dominante. Las concesiones del Estado tutor pasan irremisiblemente por un plan eficaz de recuperación del estómago y las condiciones de vida,. Esto también es ciudadanía.

Las garantías de cambio del modelo económico, no se agotan en una apertura vigilada ni en la presión selectiva para evitar el reciclaje de represiones autoritarias. La incertidumbre se derrota con definición de calendarios electorales, habilitación política de actores y partidos políticos, regreso a Venezuela de líderes perseguidos y tutela a los inversionistas. El proceso de liberación debe enfatizar: libertad de presos políticos, una amnistía no selectiva, apertura de espacios públicos, libertad de expresión y canalización de la reforma de los poderes del Estado.

La recuperación económica es una condición de sostenibilidad, pero también lo es la justicia. Distanciar esos dos puntos es inconveniente. La consolidación democrática requiere que el sistema sea percibido como eficaz en lo económico y legítimo en lo político.

En Venezuela, la crisis económica ha sido tanto causa como consecuencia del colapso institucional. Por tanto, una transición sostenible requiere: i.-Estabilización macroeconómica; ii.-Recuperación del sector petrolero; iii.-Reinstitucionalización del sistema financiero; iv.- Atracción de inversión internacional. Estamos de acuerdo, que la fase de estabilización debe privilegiar estos factores.

Sin estos elementos el riesgo de retroceso autoritario—lo que la literatura denomina “erosión democrática”—es alto. Un error frecuente es asumir que las elecciones son el punto de partida de la democratización. En realidad, según O’Donnell y Schmitter, las elecciones competitivas son el resultado de una fase previa de liberalización. Pero si no se logra apurar la liberación del estomago corremos el riesgo de no llegar a la fase de liberación del voto.

La concreción visible [calendario] y sostenible [una población equilibrada en lo económico] del evento electoral es vital. Esto implica que en Venezuela: i.- Debe ampliarse el espacio político (libertades, legalización de actores); ii.-Deben establecerse garantías electorales y iii.-Deben celebrarse elecciones competitivas. Invertir esta secuencia —elecciones sin garantías—tiende a perpetuar el autoritarismo electoral.

Riesgos de la estrategia de convivencia

La estrategia de convivencia con el régimen plantea riesgos evidentes: En primer lugar la cooptación de la oposición. El régimen puede utilizar el diálogo para dividir y debilitar a sus adversarios. Ha sucedido innumerables veces.

La normalización del autoritarismo es otro factor de cuidado. La coexistencia prolongada puede legitimar prácticas antidemocráticas. El enroque de autoridades reconocidas como criminales de lesa humanidad desalienta y debilita la fase de estabilización.

Muchos países quedan atrapados en regímenes híbridos durante décadas. Estos riesgos han sido documentados ampliamente en la literatura comparada y en la crítica a la “tercera ola” de democratización .

¿Es viable una transición pactada en Venezuela? A la luz de la teoría y la evidencia comparada, una transición pactada en Venezuela es posible, pero bajo condiciones estrictas: i.- Equilibrio de poder entre régimen y oposición; ii.- Unidad estratégica de la oposición; iii.- Divisiones internas en el régimen; iv.-Participación de actores internacionales como garantes; v.-Incentivos creíbles para el oficialismo; vi.Hoja de ruta clara hacia elecciones libres. Salvo los numerales ii y vi, todos las variables de plausibilidad tradicional están en marcha.

La paradoja venezolana

La transición venezolana enfrenta una paradoja central: para desmontar el autoritarismo probablemente será necesario convivir con él. Esta tensión entre pragmatismo y principios ha estado presente en casi todas las transiciones exitosas del mundo.

En este contexto la estrategia de convivencia—bien diseñada, con garantías, presión internacional y una clara orientación hacia elecciones libres—no es una claudicación sino una concesión realista hacia la liberación.

Como advertía Dahl, la democracia no es un destino, sino un proceso en construcción permanente. Y como muestran O’Donnell y Schmitter, ese proceso comienza casi siempre, con acuerdos entre adversarios que entienden que el conflicto sin reglas conduce al colapso. El entendimiento es tanto nuestro como de ellos…y de EEUU.

Venezuela aún no ha cruzado ese umbral. Pero tampoco está fuera de la historia comparada de las transiciones. Su desenlace dependerá—en última instancia—de la capacidad de sus actores para reconocer que, incluso en medio de la confrontación, la liberación no es un evento para una de las partes sino para ambas. Y liberación no es sólo electoral, es también pluralidad, libertades públicas y restauración cultural…que es ir a una redención socio-política histórica.

*Abogado. Activista DDHH
Ex Embajador de Venezuela en Canadá
@ovierablanco. vierablanco@gmail.com

Está atrapada en una trampa de viajes de alto costo. Pagar una fortuna por los vuelos puede ser un verdadero suplicio, pero para Summer Robert, una viajera frecuente con 25 kilos de pecho (talla R), pagar un ojo de la cara solo para caber cómodamente en un asiento de avión es una injusticia que arruina su presupuesto, afirma la cantante, que ha gastado más de 50.000 dólares en pasar de clase económica a clase ejecutiva para tener más espacio.

The New York Post

“Existe un costo físico y financiero real al navegar por un mundo que parece estar cada vez más diseñado para un estándar único para todos”, dijo Robert, de 28 años, en un comunicado, criticando a la industria aérea por imponer un “impuesto a los senos” a su físico de figura voluptuosa. 

“El mayor problema es la comodidad, sobre todo en vuelos de larga distancia”, continuó la exuberante belleza, modelo de OnlyFans originaria de Escocia. “Siempre termino con la persona sentada a mi lado tocándome los pechos, y eso nos incomoda a ambos”.

Recientemente, desembolsó la friolera de 14.686 dólares por un vuelo de ida desde Los Ángeles, California, a Melbourne, Australia, pagando un precio superior para realizar el viaje de 16 horas con tranquilidad, calificando los cargos adicionales de descarada «apropiación indebida de dinero».  

—La falta de espacio en clase económica me impide hacerlo —se quejó Robert—. Incluso algo tan sencillo como bajar la mesita plegable para cenar es muy difícil; no baja del todo.

“Necesito conseguir clientes, o no podré cenar en un avión ni que otro pasajero me toque.”

Es el alto precio de ser una turista voluptuosa. 

Los pasajeros con curvas, corpulentos o de talla grande, en todo el mundo, a menudo se ven perjudicados por las prácticas abusivas de la industria aérea, ya que las aerolíneas comerciales siguen imponiendo costes excesivos a las personas con sobrepeso.

Las controvertidas normativas, como la nueva política de «clientes de tamaño» de Southwest Airlines, que obliga a los pasajeros con sobrepeso a comprar un asiento adicional antes del despegue, han provocado una oleada de indignación entre los críticos de todas las categorías de peso. 

United Airlines también ha sido objeto de críticas recientemente  después de que, supuestamente, una azafata le dijera a la modelo de tallas grandes Tess Holliday que «adelgazara» en pleno vuelo. 

Y aunque el exceso de peso de Robert se concentra principalmente en su sostén, la insensibilidad de la industria turística pesa mucho sobre la modelo, que padece macromastia. Se trata de una afección poco común, que afecta a unas 300 personas en todo el mundo, y que provoca un crecimiento mamario excesivo y continuo, lo que suele desencadenar angustia física y emocional, según la Clínica Cleveland. 

“Siento muchísimo calor porque llevo mucho peso en el pecho”, dijo Robert. “En una cabina llena de gente, esta tensión física se vuelve insoportable”.

La austeridad de los viajes en clase económica también ha perjudicado a la voluptuosa diva.

“Me quemé los pechos hace apenas dos o tres semanas”, se quejó. “Se me derramó té hirviendo encima y me los quemé por completo. Ahora mismo los tengo rojos, en carne viva, quemados”.

Más allá de sus frustraciones financieras y físicas, Robert afirma que a menudo es cosificada por imbéciles en los aeropuertos, incluidos los agentes de puerta de embarque, lo que convierte los viajes en una triple dosis de «infierno» para esta mujer fatal de la alta sociedad. 

“Quiero que la gente sepa que no todo es glamour y ostentación”, dijo Robert sobre sus pechos, famosos en internet. “Es divertido, sin duda, amo mi cuerpo, pero también tiene sus desventajas”.

Un día como hoy, en 1874, nacía en Budapest (entonces parte del Imperio austrohúngaro) Erik Weisz, quien pasaría a la historia como Harry Houdini, el ilusionista, escapista y showman que desafió los límites de lo imposible y se convirtió en uno de los artistas más fascinantes del siglo XX.

MFM

Houdini llegó a Estados Unidos siendo apenas un niño de cuatro años junto a su familia judía, encabezada por su padre, un rabino. Se crio en Appleton, Wisconsin, y desde muy joven mostró una fascinación por la magia y el atletismo. Adoptó su nombre artístico en homenaje al famoso mago francés Jean-Eugène Robert-Houdin, y pronto transformó su pasión en una carrera que lo llevaría a la fama mundial.

Sus presentaciones eran puro espectáculo y riesgo: se liberaba de esposas, cadenas, camisas de fuerza y jaulas sumergidas en agua, a menudo ante miles de espectadores boquiabiertos. Entre sus números más célebres destacan la Cámara de Tortura China (colgado cabeza abajo en un tanque lleno de agua) y el Bidón de Leche, donde escapaba de un recipiente sellado y sumergido. También saltó desde puentes esposado y se liberó de celdas de prisión. Su fuerza física, agilidad y maestría con cerraduras lo convertían en un maestro del escapismo que combinaba habilidad real con un genio innato para el marketing.

No solo fue escapista: actuó en vodeviles, protagonizó películas mudas, fue pionero de la aviación (realizó el primer vuelo motorizado en Australia) y se convirtió en un feroz detractor de los médiums y espiritistas fraudulentos, a quienes desenmascaró públicamente tras la muerte de su madre.

Incluso estableció un código secreto con su esposa Bess para intentar comunicarse desde el más allá, un pacto que nunca se cumplió.

Houdini murió trágicamente el 31 de octubre de 1926 (Halloween), a los 52 años, en Detroit. La causa oficial fue una peritonitis derivada de una apendicitis agravada por un golpe accidental en el abdomen durante una prueba de resistencia en la Universidad McGill de Montreal.

A pesar de las leyendas urbanas que rodean su muerte, los hechos apuntan a una infección que no pudo superar, incluso después de varias actuaciones con fiebre.

Ciento cincuenta y dos años después de su nacimiento, la figura de Houdini sigue cautivando. Sus trucos inspiran a magos actuales, sus escapes simbolizan la lucha contra lo imposible y su escepticismo racional sigue siendo un referente. Películas, libros y documentales continúan recordándolo como el inmigrante pobre que se convirtió en estrella global, un hombre que escapó de todo… menos de su propio destino.

Un grupo de 15 ONG de Venezuela advirtió sobre el riesgo de agravar el daño ambiental en la Amazonía ante la posible aprobación de la ley de minería que actualmente se debate en el Parlamento, de mayoría chavista. Las organizaciones señalaron que el texto legal presenta “grandes vacíos” en materia de regulación y gobernanza.

Infobae

Según un comunicado difundido en la web de Provea, “aunque menciona los estudios de impacto ambiental, no los establece como requisito obligatorio para otorgar concesiones. La exclusión territorial depende de planes de ordenamiento, en su mayoría inexistentes o desactualizados”.

Las ONG subrayaron que la normativa propuesta solo exige responsabilidad después del daño, no incorpora un enfoque preventivo y omite garantías financieras para la restauración o regulación de residuos. Indicaron además: “Tampoco prevé monitoreo ambiental independiente, acceso público a información ni auditorías externas”.

Las organizaciones consideran que el proyecto vulnera los derechos de los pueblos indígenas del área minera al omitir referencias al derecho a la demarcación de sus territorios y no contemplar el consentimiento libre, previo e informado, estándar internacional vigente.

Manifestaron su rechazo a la militarización de los territorios donde se planea otorgar concesiones mineras. “La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas”, afirmaron.

Las ONG solicitaron que la ley incluya mecanismos claros de transparencia y acceso público a la información sobre todos los procesos administrativos, desde autorizaciones hasta operaciones de las empresas mineras. También recomendaron que se establezca la obligación constitucional de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural para cada proyecto de explotación de recursos, junto con mecanismos de control y aseguramiento ambiental que permitan desarrollar sistemas sólidos de gestión ambiental.

El jueves, el Parlamento venezolano postergó para una futura sesión la segunda discusión necesaria para aprobar la ley de minas, una normativa que podría habilitar la entrada de inversión privada y extranjera en el sector, en medio del interés declarado de Estados Unidos en el oro venezolano.

Durante la sesión parlamentaria, se leyeron 12 de los 130 artículos del proyecto y se decidió aplazar el debate a propuesta del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, quien presentó la propuesta la semana previa. Camacho justificó el aplazamiento señalando la necesidad de “más tiempo para escuchar a más ciudadanos que participan activamente en la comisión parlamentaria y en los debates a nivel nacional”.

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