Armando Esteban Quito

La política es, en muchas ocasiones, un terreno fértil para sorpresas y giros inesperados. En un movimiento que muchos anticipaban, los partidos Cambio Democrático (CD) y Panameñista han anunciado una alianza de cara a las elecciones de mayo de 2024. Esto marca un cambio en el panorama político panameño y plantea preguntas interesantes sobre el futuro de la nación.

Por: Enrique Arosemena – Radio Panamá

Durante dos años, estos dos partidos han llevado a cabo una serie de encuentros públicos y privados, acuerdos y negociaciones, finalmente culminando en la elección de Rómulo Roux como candidato presidencial y José Isabel Blandón como su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Esto, en sí mismo, no es algo completamente inusual, ya que ambos líderes ya habían competido en las elecciones presidenciales de 2019 por sus respectivos partidos. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente es la unión de dos partidos que durante muchos años se consideraron irreconciliables.

La última vez que estos partidos se unieron para competir en las urnas fue en 2009, y ganaron. Este precedente podría hacer pensar a algunos que su alianza actual es una estrategia ganadora, basada en el argumento de que «juntos somos más fuertes». Sin embargo, el contexto político y social de Panamá ha cambiado significativamente desde entonces, y es difícil predecir si la misma fórmula seguirá funcionando.

La pregunta clave aquí es si esta alianza es realmente en beneficio del país o si es una estrategia oportunista para ganar poder. Los líderes de ambos partidos argumentan que están pensando en «los mejores intereses del país», pero es importante que los votantes panameños evalúen críticamente si esta unión representa genuinamente una visión compartida para el futuro de Panamá o si es simplemente una táctica política para mantenerse en el poder.

El hecho de que ambos partidos se consideren «grandes» en términos de membresía no debe eclipsar el hecho de que los ciudadanos merecen un debate político sustantivo y una elección informada.

Por Panamá están entrando miles de migrantes irregulares y pareciera que las autoridades panameñas han perdido el control de este tema, tanto en la zona fronteriza con Colombia, como con la de Costa Rica, donde incluso empresarios y lugareños se están viendo afectados.

Panamá América

Tanto el Servicio Nacional de Migración (SNM) en la parte administrativa, como el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la parte operativa, no están cumpliendo con sus funciones de resguardar la seguridad en la frontera con Colombia, esto porque están siendo superados por la cantidad de personas que están ingresando al territorio nacional. Aunque hay quienes indican que este no es problema del Servicio de Migración y del Senafront, sino que se trata de un tema de Estado que tiene que ser resuelto a través de la diplomacia panameña.

En la actualidad, no se sabe qué tipo de personas están entrando por esa frontera, por la cual en lo que va de este año han ingresado más de 360 mil personas, en su mayoría venezolanos, quienes huyen de su país natal en busca de mejores días. Incluso, en días pasados se habló que miembros de la organización delincuencial «El Tren del Aragua», estaban aprovechando este flujo para infiltrarse entre los migrantes que pasan por el Darién.

Algo que, de ser cierto, le traería un serio problema de inseguridad a Panamá.

Para el general retirado, Rubén Darío Paredes, lo que se está viviendo con la migración irregular en Panamá, es un tema sumamente delicado y que su solución no está en aumentar el pie de fuerza en esta zona remota del país.

Indicó que lo que se está viviendo es un tema de estado, el cual incluso rebasa nuestras fronteras.
Indicó que este es un tema que no se resuelve con bayonetas y fusiles está migración, algo que serie inhumano, pero tampoco se puede permitir que se distorsione y descomponga el país, tal como ha estado sucediendo, donde se ha perdido el equilibrio social entre los panameños.’

Paredes reiteró que hemos estado perdiendo el control de esta zona, aunque reconoce el esfuerzo que han hecho las autoridades en este tema, lo cierto es que el flujo es «devastador» y supera por calle los esfuerzos que están haciendo las autoridades.

«Ya el estado no supera el peso de la migración irregular, tanto económicamente, como físicamente», comentó el experto.

El Canal de Panamá prevé ingresos de US$4,776.5 millones para el año fiscal 2024 (Del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre del 2024), y contempla entregar al Tesoro Nacional US$2,470.8 millones en concepto de excedentes y derecho por toneladas, esto sujeto a la aprobación de la Junta Directiva del Canal.

ANPanamá

La Autoridad del Canal de Panamá (APC), indicó que a pesar de la escasez de agua, los ingresos presupuestados para el 2024 superan en un 2.7% los del 2023, producto del esquema de peajes escalonado que fue implementado en enero de este año y que culmina en el 2025.

Según las estimaciones del Canal, los tránsitos totales, así como las toneladas, disminuirán en 6.9% y 4.6%, respectivamente, mientras que las inversiones y reservas de capital para proyectos futuros crecerán un 26.4%.

En tanto, las inversiones futuras contemplan las soluciones hídricas, consolidación de instalaciones en el Atlántico y Pacífico, iniciativas de desarrollo sostenible y descarbonización, actividades conexas que complementan el funcionamiento del Canal, entre otros proyectos.

Los ingresos del Canal para el año fiscal 2024 provendrán en un 74.56% por concepto de peajes; 23.21% por otros ingresos de servicios marítimos; 1.05% por venta de energía eléctrica; 0.73% por venta de agua potable, y 0.45% por otros conceptos.

Según el Administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, la estrategia de mediano y largo plazo es continuar gestionando adecuadamente el recurso hídrico, conseguir nuevas fuentes de agua y aprovechar la posición geográfica de Panamá con servicios conexos que aumenten la competitividad del Canal de Panamá.

Pese a que se ha visto obligado a restringir el calado y número de tránsitos de los buques para gestionar el recurso hídrico, el Canal sigue operativo, en cumplimiento de sus compromisos con la comunidad internacional y su misión con el país.

Sin embargo, si el patrón de lluvias observado continúa, el Canal mantendrá un promedio de tránsitos inferior a su capacidad máxima y un calado de 44 pies, el cual sigue siendo competitivo, ya que el 70 % de los buques transitan regularmente con menos de este calado.

Los desechos electrónicos están aumentando. Ahora, la Royal Mint del Reino Unido ha encontrado una nueva forma de extraer los metales preciosos escondidos en computadoras portátiles y teléfonos para reducir nuestra dependencia de las materias primas.

BBC Future

Equipado con un par de gafas de seguridad y una bata de laboratorio blanca, me llevan detrás de escena en la Royal Mint cerca de Cardiff, Gales del Sur, un lugar mundialmente conocido por fabricar miles de millones de monedas para más de 30 países. Durante dos años, la Royal Mint, el productor oficial de monedas del Reino Unido, ha estado desarrollando una nueva y misteriosa forma de recuperar metales de los desechos electrónicos.

Mientras entro en su pequeño laboratorio de demostración, Hayley Messenger, una química especializada en metales preciosos sostenibles, explica por qué aquí nada tiene la etiqueta: «¡Todo es un secreto!». dice, vertiendo una «solución verde mágica» en un matraz de vidrio de un litro de capacidad con placas de circuito fragmentadas.

Ella y un equipo de químicos y analistas químicos, junto con la nueva empresa canadiense Excir, han inventado y patentado una forma limpia y energéticamente eficiente que, según afirman, extrae el 99% del oro de las placas de circuito impreso que se encuentran dentro de portátiles y teléfonos móviles viejos desechados. A finales de este año, Royal Mint abrirá una nueva fábrica de varios millones de libras que podrá procesar 90 toneladas de placas de circuito por semana una vez que esté en pleno funcionamiento, recuperando cientos de kilogramos de oro cada año.

Cuando la mezcla luminosa comienza a burbujear, Messenger enrosca la tapa y luego coloca el matraz en una máquina giratoria para agitar el contenido. En sólo cuatro minutos, el oro se disuelve y se filtra al líquido.

«Todo esto sucede a temperatura ambiente y es muy rápido», dice Messenger, quien explica que esta solución química se reutiliza hasta 20 veces, y la concentración de oro disuelto aumenta cada vez.

Cuando se agrega otra solución misteriosa, el oro vuelve a convertirse en metal sólido. Este polvo se filtra y se funde en un horno en pepitas del tamaño de una miniatura. Estas pepitas pueden luego transformarse en collares con colgantes, aretes y gemelos. Pero la verdadera belleza de estos metales preciosos reciclados radica en la escalabilidad de este proceso químico súper optimizado.

La Royal Mint ha licenciado tecnología química para extraer oro de placas de circuitos encontradas dentro de computadoras portátiles y teléfonos móviles viejos desechados (Crédito: The Royal Mint)

Una solución química

Los desechos electrónicos (también conocidos como desechos de aparatos eléctricos y electrónicos o RAEE) son el flujo de desechos de más rápido crecimiento en el mundo . Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se estima que cada año se producen en todo el mundo 50 millones de toneladas de desechos electrónicos , lo que pesa más que todos los aviones comerciales jamás fabricados. Pero sólo el 20% de esa cantidad se recicla formalmente , y la mayor parte se desecha y se envía a vertederos o se incinera. El año pasado, un estudio realizado por el servicio de comparación de precios USwitch encontró que el Reino Unido produce la segunda mayor cantidad de desechos electrónicos por persona, con Noruega en primer lugar y Estados Unidos en octava posición.

A medida que crece la demanda de más dispositivos portátiles y productos electrónicos rápidos, también lo hará la montaña de desechos electrónicos. En 2019, el Foro Económico Mundial estimó que para 2050 , la producción anual de desechos electrónicos se duplicará con creces hasta alcanzar los 120 millones de toneladas.

Como todas las materias primas críticas, el oro es un recurso finito; sin embargo, el 7% del oro del mundo se encuentra actualmente en productos electrónicos en desuso . La extracción de oro suele implicar la exportación de dispositivos a la UE o Asia, donde los desechos electrónicos se funden a temperaturas extremadamente altas en un proceso muy crudo y con muchas emisiones de carbono .

«Queremos recuperar la mayor cantidad posible de metales preciosos de objetos que actualmente son residuos», dice Messenger. «Nuestro objetivo es hacer esto de forma sostenible en el Reino Unido, utilizando un proceso que sea eficaz a temperatura ambiente y que al mismo tiempo produzca muchas menos emisiones de gases de efecto invernadero que la fundición».

«Si producimos residuos, debería ser nuestra responsabilidad clasificarlos, no deberíamos enviarlos a otro país para que los separe por nosotros», dice Mark Loveridge, director comercial de Royal Mint. Dice que desarrollar cadenas de suministro de residuos electrónicos alrededor de plantas de reciclaje localizadas reduciría drásticamente los kilómetros de residuos necesarios para transportar productos electrónicos desechados por mar, aire y carretera, y la Royal Mint ya está en conversaciones con socios de todo el mundo con la ambición de globalizar esto. tecnología.

Cambiando mi bata de laboratorio por un casco naranja, una chaqueta de alta visibilidad y botas negras con puntera de acero, me dirijo a la nueva planta de procesamiento. Docenas de enormes bolsas rechonchas están apiladas en el rincón más alejado de esta fábrica de 3.000 metros cuadrados (32.292 pies cuadrados), cada una llena de coloridas placas de circuitos. Estos han sido retirados de computadoras portátiles y teléfonos móviles y entregados a la fábrica por una red de 50 proveedores de desechos electrónicos en todo el país.

A su llegada, las placas de circuito se inspeccionan y se introducen en una gran tolva plateada que canaliza esta materia prima hacia una enorme máquina multicolor. Tony Baker, director de innovación de fabricación que supervisa la instalación de esta planta, explica que a medida que las placas de circuito se separan y rompen mecánicamente, los componentes que no son de oro se mantienen a un lado, mientras que las piezas que contienen oro, como los puertos USB, se mantienen a un lado. detectado digitalmente y enviado a un reactor de 500 litros (110 galones). Aquí se añade la «solución verde mágica» a una escala mucho mayor, se extrae arena dorada y, de nuevo, se producen pepitas.

Debido a que al principio se elimina tanta materia no dorada, el procesamiento químico solo se aplica a los fragmentos que contienen oro, como explica Baker. La materia prima utilizada por Royal Mint se compone de placas de circuitos, en lugar de ordenadores portátiles o teléfonos móviles completos. Una vez que se ha extraído el oro, los componentes sobrantes que no son de oro se envían a diferentes partes de la cadena de suministro para su reutilización, de modo que no se desperdicie nada. Según Loveridge, el contenido de oro varía entre 60 partes por millón y 900 partes por millón, dependiendo de la materia prima. 

Si bien actualmente la planta de reprocesamiento de desechos de Royal Mint solo se especializa en el reciclaje de oro a una escala relativamente pequeña, la ambición es eventualmente diversificarse y recuperar otros metales preciosos de la misma materia prima de la placa de circuito a medida que este sistema se expanda. Y cuando se procesa cualquier resto de plástico o fibra de vidrio, parte de la energía producida se convierte en gas sintético que se alimenta a la propia planta de energía local de la Casa de la Moneda, por lo que se utilizará directamente para generar electricidad y energía en el sitio. Esto es parte del plan de la compañía para generar el 70% de la energía necesaria para hacer funcionar todo el sitio de fabricación a través de energías renovables como la solar, la eólica, la combinación de calor y energía, además de almacenamiento en baterías.

Si la química Excir se puede adaptar para recuperar una variedad más amplia de metales preciosos, y si todo el sistema puede funcionar con energías renovables producidas localmente, hay posibilidades de replicar esto en otras refinerías de todo el país de una manera de bajo impacto y desviar los desechos electrónicos. antes de ser exportado. El mayor desafío es garantizar que esta red de proveedores y procesadores de desechos electrónicos crezca de manera que priorice e incentive la reutilización cerca de casa, dice Loveridge.  

«Cuanto más puedas separar al principio, menos esfuerzo tendrás que poner, más puro será y mejor valor obtendremos», dice Baker. «Necesitamos los metales preciosos, algo muy importante para nosotros como fuente de material, pero no se trata sólo de sacar el metal y desechar el resto. Queríamos encontrar un hogar para cada parte de estas placas de circuito».

Una vez que se ha eliminado el oro, lo que queda se muele en partículas finas con los desechos electrónicos que no son de oro. Luego se divide en diferentes fracciones. Los recipientes de concentrado de cobre, acero y estaño se venden y envían a recicladores especializados para su reutilización, mientras que el carbón restante del procesamiento de los restos de fibra de vidrio se envía a una fábrica de cemento local. La solución de lixiviación utilizada en el proceso químico también se envía a reciclaje una vez que se ha reutilizado hasta 20 veces. Una vez que esté en pleno funcionamiento, el objetivo será cero residuos, dice Loveridge.

La minería urbana (recuperar metales preciosos de productos de desecho existentes, como estas placas de circuito) es una tendencia floreciente y ciertamente hay muchos desechos electrónicos disponibles.

Kate Hinton, responsable de relaciones exteriores de Material Focus, la organización sin ánimo de lucro detrás de la campaña Recicla tus aparatos eléctricos , señala que los hogares del Reino Unido están acaparando 527 millones de pequeños aparatos eléctricos viejos, incluidos 31 millones de ordenadores portátiles viejos, que pesan alrededor de 190.000 toneladas . En Estados Unidos, cada año se desechan teléfonos móviles que contienen 60 millones de dólares (47 millones de libras esterlinas) en oro y plata . Un informe de 2022 del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley calculó que más de mil millones de dispositivos electrónicos podrían desecharse anualmente en Estados Unidos dentro de una década, y que estos dispositivos electrónicos podrían convertirse en una fuente de aproximadamente la mitad de la cantidad de oro que se extrae actualmente allí.

Los expertos sostienen que los metales son » eminentemente reciclables «, especialmente porque el coste medioambiental de extraer mineral para obtener sólo una pequeña cantidad de oro es enorme.

El joyero estadounidense Ring Bear ya está trabajando con oro recuperado. Pandora se ha fijado el objetivo de utilizar únicamente oro y plata reciclados para 2025. Para los Juegos Olímpicos de Tokio, se extrajo metal de seis millones de teléfonos móviles y casi 72.000 toneladas de residuos electrónicos para fabricar  5.000 medallas de oro, plata y bronce .

Cada año se tiran 155.000 toneladas de pequeños residuos eléctricos , dice Hinton, que quiere que el reciclaje de residuos electrónicos se convierta en una norma social. Si bien acepta que el reciclaje no resolverá todos los problemas, dice que parece «una locura» desperdiciar materiales fundamentales necesarios para crear tecnología verde en el futuro.

«Necesitamos recursos para hacer que los dispositivos inteligentes sean inteligentes o para hacer funcionar las energías renovables. Actualmente estamos dejando que muchos de ellos se pierdan porque no se reciclan», afirma Hinton. «El desafío con la tecnología es que se nos presenta como increíble, limpia y brillante, y realmente no pensamos en lo que hay dentro. Valoremos los materiales que permiten que esa tecnología funcione y mantengamos [estas materias primas críticas] en el sistema durante el mayor tiempo posible».

Más de 500 plataformas y asociaciones de mujeres de siete países del mundo colaboran este martes en una acción conjunta dirigida a los ministros y consejeros de Sanidad de sus respectivos países en contra de los bloqueadores de pubertad y la hormonación para menores autodiagnosticados como trans.

La Gaceta de la Iberosfera

En España, siete asociaciones se han adherido a esta iniciativa del Front Féministe que pide que se dé marcha atrás en las leyes y protocolos trans que permiten la «autodeterminación de género».

En la carta, dirigida al ministro de Sanidad en funciones, José Manuel Miñones, y a las Consejerías de Sanidad de todas las Comunidades Autónomas, se recuerda que, pese a que el artículo 149.1 del Código Penal español en vigor se prohíbe la prescripción mantenida durante cuatro o más años de supresores de la pubertad en menores, en España se sigue haciendo.

«Se está prescribiendo hormonación cruzada a menores de edad, lo que puede suponer, aparte de problemas graves de salud general, anorgasmia u orgasmos dolorosos en las chicas y problemas de impotencia en los chicos. Y se están extirpando órganos sanos, también a menores de edad, lo cual contraviene el artículo 149.2. del C.P», explican en la misiva firmada por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, Amanda, Confluencia Movimiento Feminista, Feministas al Congreso, Feministes de Catalunya y Fórum de Política feminista.

Estas siete agrupaciones respaldan el movimiento promovido desde Francia que recuerda que los países que en el pasado eligieron el tratamiento afirmativo en menores—que no pone en duda la transexualidad del paciente— ya han dado marcha atrás en sus normativas tras conocer las consecuencias perjudiciales que tienen para la salud estos tratamientos.

«Suecia, Finlandia, Noruega, Reino Unido o Dinamarca han reconocido que el uso de bloqueadores de la pubertad para tratar la disforia es experimental, que los estudios que avalan este uso son incompletos e insuficientes. Estos países han limitado ese uso a entornos de investigación y priorizan ya el acompañamiento y la ayuda psicológica como el mejor abordaje para aliviar los malestares de género de menores», detallan en un comunicado emitido de manera conjunta este lunes.

Estas organizaciones ponen en el foco del problema la Ley 4/2023, de 28 de febreropara la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI —la conocida como ley trans—, así como a las diferentes leyes trans autonómicas, que «permiten que todas las intervenciones quirúrgicas y farmacológicas se realicen sin que esas personas que no asumen su sexo biológico tengan que consultar previamente con ningún especialista en salud mental». En este punto, inciden en que esas leyes tienden a calificar toda ayuda psicológica que se ofrezca a los pacientes como «terapia de conversión».

Ante esta «alarmante situación», las organizaciones piden que el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las Comunidades Autónomas «tengan en cuenta los argumentos de las familias, de las asociaciones de mujeres y de todas las sociedades médicas y científicas, incluido el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), cuyos posicionamientos frente a este modo de intervención se incluyen también en la documentación entregada al ministro de Sanidad y a las consejerías autonómicas».

Por todo ello, insisten en que lo que sucede en España se trata de un «escándalo sanitario que aumenta diariamente», y urgen a los responsables a que tomen medidas «para frenar estos experimentos sobre menores y adolescentes, como ya han hecho en otros países de nuestro entorno». 

La transición médica, una competencia autonómica

Todas las regiones, salvo Castilla y León y Asturias, han legislado sobre la cuestión trans. En casos como los de Galicia (2014), Extremadura (2015) y Murcia (2016), la ley se aprobó con el gobierno del PP y el apoyo del PSOE.

En comunidades como Andalucía (2014), Aragón (2018), Canarias (2021) o Castilla la Mancha (2022), fueron los gobiernos del PSOE quienes impulsaron leyes trans, las cuales también contaron con el apoyo del PP, quien además favoreció su aprobación en otros lugares con su abstención.

Como en Madrid (2016), donde el PP se abstuvo en el momento de la aprobación de la norma, pero no la ha derogado durante los años posteriores que ha estado en el poder.

«Aunque las leyes autonómicas y la estatal no regulan exactamente las mismas situaciones (el Registro civil es competencia estatal, la transición médica es competencia autonómica), en todos los casos se reconoce la autodeterminación de género, por lo que es razonable cuestionar que el rechazo de la ley nacional responde a la oportunidad política por estar en la oposición al Gobierno y no a una postura antropológica y científica fundamentada», señala el informe Transexualidad y ley trans en España de la doctora Teresa Pueyo-Toquero publicado por la Fundación Disenso.

España, uno de los únicos tres países que regula la autodeterminación de género en menores

En la Unión Europea sólo hay seis países que regulen la libre autodeterminación de género a partir de los 18 años: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Portugal. Sin embargo, sólo dos —además de España—, Países Bajos y Noruega, lo permiten a partir de los 16, según un informe elaborado por la Asociación Internacional de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (ILGA).

Con todo, la mayoría de Estados miembros siguen pidiendo condiciones médicas previas, no así en España.

Respecto a la rapidez del proceso, España también gana. Noruega, Finlandia y Dinamarca piden esperar seis meses entre la declaración y el cambio registral y, en Suecia, el requerimiento es de un año, mientras que en España esa espera está en torno a cuatro meses.

Los republicanos de la Cámara de Representantes celebrarán su primera audiencia pública sobre la investigación de juicio político contra el presidente Biden el 28 de septiembre, según se enteró The Post.

The New York Post

Un portavoz del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijo el martes que la audiencia se centraría en “cuestiones constitucionales y legales relacionadas con la participación del presidente en corrupción y abuso de cargos públicos”.

Antes de la audiencia, el panel encabezado por el representante James Comer (R-Ky.) planea citar los registros bancarios del primer hijo Hunter Biden y del primer hermano James Biden, cuyos intereses comerciales en el extranjero están en el centro de la investigación de juicio político anunciada por El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (republicano por California), la semana pasada.

Las citaciones están destinadas a determinar si fondos de países como China y Ucrania fluyeron hacia Joe Biden, y es probable que desencadenen una larga pelea judicial sobre el derecho del Congreso a la información.

«El Comité de Supervisión seguirá el rastro de las pruebas y el dinero para proporcionar la transparencia y la rendición de cuentas que los estadounidenses exigen de su gobierno», dijo el portavoz.

El presidente interactuó habitualmente con los socios comerciales internacionales de su hijo y su hermano durante su vicepresidencia, y Hunter, ahora de 53 años, se quejó en un mensaje recuperado de su computadora portátil abandonada de que tenía que pagar “la mitad” de sus ingresos a su padre .

La historia semántica del término «cancelado» no es difícil de rastrear. Se utilizó por primera vez en su significado contemporáneo como una línea en el thriller policial estadounidense de 1991, New Jack City . Llegó a una audiencia más amplia con un episodio del popular reality show de VH1, Love and Hip-Hop: New York , que se emitió el 22 de diciembre de 2014 ante 2,17 millones de espectadores , donde uno de los personajes le dice a su novia: «¡Estás cancelada!». , durante una acalorada pelea al aire libre. Luego, el término se filtró en el ‘Twitter negro’, y de allí al público en general, donde se transformó en un arma léxica para galvanizar la oposición a los delitos percibidos, en particular los cometidos por celebridades u otras figuras poderosas, a menudo acompañados de un llamado a boicotear.

Por: Umut Özkirimli – Spiked

El sello de aprobación final provino del Oxford English Dictionary , que introdujo una nueva definición coloquial del término ‘cancelar’ en marzo de 2021: ‘Descartar, rechazar o deshacerse de (una persona o cosa). En uso posterior, especialmente en el contexto de las redes sociales: boicotear públicamente, excluir o retirar el apoyo a una persona, institución, etc. que se cree que promueve ideas culturalmente inaceptables. También hay una entrada sobre ‘cultura de la cancelación’: ‘La acción o práctica de boicotear, excluir o retirar el apoyo públicamente a una persona, institución, etc. que se cree que promueve ideas culturalmente inaceptables’.

Pero ¿qué son las «ideas culturalmente inaceptables»? ¿Quién o qué autoridad decide qué es culturalmente aceptable y qué no lo es en un momento dado? ¿Y cuál debería ser la postura de la izquierda frente a las ideas culturalmente inaceptables, cualesquiera que sean? Esta última pregunta es la que más me importa porque, como progresista con carnet, no me interesa especialmente la derecha.

Por la forma en que la define el OED y otras fuentes, la “cultura de la cancelación” parece no ser más que la última encarnación de la censura y la caza de brujas, las características distintivas del pensamiento conservador y reaccionario a lo largo de los siglos. El problema es que la cultura de la cancelación también la practican los círculos progresistas, en particular aquellos que abrazan alguna forma de política de identidad radical. Al parecer, ciertas ideas se han vuelto culturalmente inapropiadas para la izquierda, y ahora corresponde a los autoproclamados guardianes de la nueva ortodoxia asegurarse de que sigan siendo inapropiadas. La cancelación se ve como un medio para alcanzar un fin superior, y en el universo alternativo de la izquierda contemporánea, el fin siempre justifica los medios.

Hay tres tipos de respuestas para cancelar la cultura de la izquierda. Algunos simplemente creen que la cultura de la cancelación no existe. Lo retratan como un mito, o el proverbial monstruo debajo de la cama. Otros lo tratan como un ejemplo de pánico moral instigado por la derecha, argumentando que aquellos que son los receptores de las campañas de cancelación en realidad no sufren ninguna consecuencia en la vida real. Estas versiones del negacionismo de la cultura de la cancelación son como el terraplanismo: frívolas y demasiado fáciles de desacreditar. Pero la tercera y última respuesta de la izquierda para la cultura de la cancelación es un argumento serio a favor de ello, por lo que es necesario abordarla adecuadamente.

Para un buen número de sus defensores, la cultura de la cancelación tiene que ver con la responsabilidad y la agencia. Se trata de desmantelar las relaciones de poder existentes y conferir autoridad a las experiencias vividas por las personas oprimidas. Estos izquierdistas afirman que cancelar la cultura no es un ataque a la libertad de expresión, sino un recordatorio de que la expresión tiene consecuencias y que los individuos tradicionalmente privilegiados deben ser tratados como todos los demás.

Hay varios problemas con estos argumentos. En primer lugar, todos ellos se basan en una comprensión estática de las relaciones de poder. Esta presunción sigue siendo cierta a nivel sistémico (las personas de color, las mujeres, las personas LGBTQ+ y los pobres efectivamente enfrentan más discriminación), pero eso no explica los casos individuales. No todos los intentos de cancelación pueden interpretarse como un último llamamiento a la justicia por parte de los que no tienen poder. Por el contrario, en algunos casos, estos intentos no cobran impulso hasta que «los poderosos» asumen la causa.

Tomemos como ejemplo #MeToo. El ‘movimiento Me Too’ original y sin etiquetas fue fundado por Tarana Burke, una activista negra de derechos civiles en el Bronx, quien fue abusada sexualmente y violada cuando era niña y adolescente. En 1997, después de que una joven le dijera que el novio de su madre había abusado de ella, no supo qué decir. Después, deseó haber dicho: «Yo también». Esto la llevó a fundar primero la organización sin fines de lucro Just Be Inc, para niñas de grupos minoritarios de edades comprendidas entre 12 y 18 años, que, como dice su sitio web, «se centra en la salud, el bienestar y la integridad de las niñas morenas de todo el mundo». Luego, en 2006, fundó el movimiento Me Too , utilizando una página de MySpace.

Sin embargo, el movimiento no se volvió viral hasta el 15 de octubre de 2017, después de que la actriz blanca estadounidense Alyssa Milano creara el hashtag #MeToo para llamar la atención sobre la agresión y el acoso sexual a las mujeres en Hollywood. Su mensaje fue retuiteado casi un millón de veces en 48 horas y difundido a otras plataformas de redes sociales como Facebook, donde fue compartido más de 12 millones de veces en 24 horas.

¿Fue este un caso de puñetazo? Lo fue, pero nadie se enteró hasta que una mujer blanca con privilegios y una gran plataforma se hizo cargo del movimiento. ¿Fue una victoria para los impotentes? Sin duda, derribó a varios abusadores poderosos como Harvey Weinstein y Bill Cosby. Pero no todo fue blanco y negro. Como comentó su fundadora original, Tarana Burke, en una entrevista que concedió en 2018, #MeToo también provocó «esta reacción extrema». El hashtag trajo consigo la sensación de que se había convertido en «una caza de brujas», dijo Burke. «Básicamente, el simple hecho de ver la idea de Me Too convertirse en un arma ha sido un desafío», añadió.

En segundo lugar, la dinámica de poder cambia, incluso a nivel sistémico. Las personas transgénero siguen siendo un grupo desfavorecido, especialmente si además no son blancos y son pobres. Pero también existe hoy un influyente movimiento por los derechos de las personas trans, en el que participan importantes organizaciones benéficas como Stonewall (con más de 900 organizaciones en todo el Reino Unido registradas en su programa Diversity Champions) y Mermaids; ONG, como GLAAD (Alianza de Gays y Lesbianas Contra la Difamación) en Estados Unidos; y, además de estos, gobiernos y políticos amigos, organizaciones de medios, grupos de presión y corporaciones multinacionales. Es revelador que la mayoría de los comentaristas «progresistas» que supuestamente rechazan la cultura de la cancelación sean también sus principales practicantes cuando se trata de debates sobre los derechos de las personas trans, liderando campañas de cancelación contra mujeres, lesbianas y, sí, personas transgénero.

En tercer lugar, no son sólo las celebridades o los poderosos los que se convierten en el blanco de las turbas indignadas. La gente común y corriente también es cancelada por publicar un comentario improvisado, usar sin darse cuenta un término políticamente incorrecto o estar en «el lado equivocado de la historia» sin siquiera saber cuáles son los lados correcto e incorrecto.

Pocos habían oído hablar de Justine Sacco, directora senior de comunicaciones corporativas de IAC, un holding propietario de Daily Beast , OKCupid y Vimeo, hasta que compartió un tuit de mal gusto con sus 170 seguidores, durante una escala en Heathrow de camino a Sudáfrica el 20 de diciembre de 2013. ‘Ir a África. Espero no contraer SIDA. Es una broma. ¡Soy blanca!’, escribió. Luego abordó su avión y durmió durante un vuelo de 11 horas. Volvió a encender su teléfono cuando el avión aterrizó en Ciudad del Cabo, sólo para darse cuenta de que su tweet se había vuelto viral. Entre los miles de comentarios, hubo uno de un compañero de trabajo que dijo: «Soy un empleado de IAC y no quiero que @JustineSacco vuelva a comunicarse en nuestro nombre». A esto siguió un tweet del empleador de Sacco: ‘Este es un comentario escandaloso y ofensivo. El empleado en cuestión actualmente no está disponible en un vuelo [internacional].’

La ira pronto se convirtió en emoción, señala el periodista Jon Ronson, quien entrevistó a Sacco para su libro, Así que te han avergonzado públicamente . Un hashtag comenzó a ser tendencia en todo el mundo: #HasJustineLandedYet. Algunas personas incluso descubrieron en qué vuelo estaba y vincularon el hashtag a un sitio web de seguimiento de vuelos para que todos pudieran ver su progreso en tiempo real. En 24 horas, la habían despedido.

Durante los 11 días transcurridos entre el 20 de diciembre y finales de diciembre, el nombre de Sacco fue buscado en Google 1.220.000 veces (frente a las 30 de los meses anteriores). Sacco tardó meses en encontrar un nuevo trabajo. Pero Internet nunca olvida. Al momento de escribir este artículo, el infame tweet sigue siendo lo primero que encontramos cuando escribimos su nombre en una búsqueda en Google. No existe plazo de prescripción ni para los cancelantes ni para los cancelados.

Finalmente, el estrecho enfoque en las relaciones de poder también oculta las propias posiciones privilegiadas de los protagonistas. Casi todos los defensores abiertos de la cultura de la cancelación son ellos mismos intelectuales o figuras públicas prominentes, no blogueros al azar o víctimas desventuradas de la opresión sistémica sin otra plataforma que una cuenta anónima de Twitter. De hecho, ¿qué pasaría si los defensores de la cultura de la cancelación fueran ellos mismos las nuevas élites? No sólo pueblan los campus universitarios. También forman parte de los medios heredados, de la industria cultural y de una parte importante del mundo empresarial.

Es cierto que hay varios medios reaccionarios con escritorios dedicados a desenterrar cada intento de cancelación en Estados Unidos y el Reino Unido. Pero también tenemos un número igual de las llamadas plataformas progresistas con unidades de contrainsurgencia listas para ser activadas en el momento en que un intento de cancelación aparece en los titulares de la derecha, ya sea defendiendo la cancelación o negando que constituya una cancelación. No sabemos hasta qué punto estos medios izquierdistas se preocupan por el bienestar de los grupos marginados, pero podemos asumir con seguridad que les preocupan las ganancias, el principal impulsor de las políticas identitarias de todos los matices.

¿Significa todo esto que debemos abstenernos de denunciar injusticias sistémicas o ejemplos de prejuicios cuando asoman la cabeza? Por supuesto que no. Pero la cultura de la cancelación no es una crítica. Las diferencias a veces pueden ser difíciles de observar en la práctica, pero como nos recuerda el autor y periodista estadounidense Jonathan Rauch en su libro de 2021, La constitución del conocimiento: una defensa de la verdad :

‘La crítica busca entablar conversaciones e identificar errores; cancelar busca estigmatizar las conversaciones y castigar al errante. A la crítica le importa si las declaraciones son verdaderas; cancelar se preocupa por sus efectos sociales… La crítica es un sustituto del castigo social (matamos nuestras hipótesis en lugar de matarnos unos a otros); cancelar es una forma de castigo social (matamos tu hipótesis matándote socialmente)’.

La cultura de la cancelación es en realidad un conflicto sobre lo que se puede y lo que no se puede decir, y quién toma esa decisión. Y es aquí donde los reaccionarios y los progresistas se unen, mientras ambos luchan para determinar qué es y qué no es culturalmente aceptable. De ahí que la derecha esté completamente ciega ante las campañas reaccionarias de cancelación o, más en general, el ataque a los derechos y libertades fundamentales por parte de legislaturas y ejecutivos conservadores en todo el mundo. Y los identitarios radicales están más preocupados por vigilar el discurso e identificar microagresiones entre compañeros progresistas que por construir un frente común contra las transgresiones de la derecha. La izquierda es invariablemente ajena a las violaciones atroces de las libertades fundamentales cuando son cometidas por lo que percibe como grupos desfavorecidos, reclamando la autoridad para determinar quiénes son las víctimas y los perpetradores.

Pero ¿por qué los nuevos activistas de izquierda se retiran a la indignación performativa y a la señalización de virtudes en lugar de luchar por un cambio real? Una respuesta a esta pregunta se puede encontrar en el libro fundamental de los académicos Jeffrey M Berry y Sarah Sobieraj, The Outrage Industry: Political Opinion Media and the New Incivility . La indignación provoca respuestas emocionales en la audiencia, argumentan los autores , mediante el uso de «generalizaciones excesivas, sensacionalismo, información engañosa o claramente inexacta, ataques ad hominem y burlas despectivas de los oponentes». Más importante aún, «evita los confusos matices de cuestiones políticas complejas en favor del melodrama, la exageración tergiversada, la burla y los pronósticos hiperbólicos de una catástrofe inminente». Crea un espacio seguro para quienes piensan igual, no solo reduciendo los riesgos potenciales para los participantes, sino también produciendo un sentido de comunidad y pertenencia, aislándolos en cámaras de eco. Y, como resultado, la indignación mata a la política.

La izquierda contemporánea se está minando a sí misma. Necesita romper el ciclo de indignación y desarrollar una visión social y económica genuinamente progresista, en lugar de intentar anular a sus oponentes. Esa es la única manera de abordar realmente la desigualdad y la injusticia.

El barco Resilient Africa salió hoy (19.09.2023) cargado con 3.000 toneladas de trigo del puerto de Chornomorsk, en la región ucraniana de Odesa, convirtiéndose así en el primer barco civil que desafía al bloqueo militar declarado por Rusia en el Mar Negro el pasado 20 de julio.

DW

«El barco Resilient Africa con 3.000 toneladas de trigo ha salido del puerto de Chornomorsk y se dirige al Bósforo”, ha escrito en su cuenta de la red social X (antigua Twitter) el ministro ucraniano de Infraestructuras, Oleksandr Kubrakov.

Otro barco comercial, el Aroyat, se encuentra en el puerto de Chornomorsk cargado de trigo que tiene como destino Egipto. Los cargueros Resilient Africa y Aroyat, ambos con bandera de la república-archipiélago de Palau, en Oceanía, entraron juntos en el Mar Negro la semana pasada a través del Bósforo para cargar cerca de 20.000 toneladas de grano que han de ser exportadas a África y Asia.

Kubrakov explicó el pasado sábado (16.09.2023) que los dos cargueros son «los primeros barcos civiles que utilizan el corredor temporal para llegar a puertos ucranianos”. El ministro de Infraestructuras ucraniano ha escrito este martes en X que ese corredor ha sido «establecido por la Armada ucraniana”.

Rusia dio por terminado a mediados de julio el acuerdo por el que durante un año se comprometió con Turquía y la ONU a permitir la navegación de barcos destinados a la exportación de cereal de tres puertos ucranianos de la región de Odesa. Días después de comunicar su salida del acuerdo, la Federación Rusa anunció que consideraría objetivo militar legítimo, en tanto que sospechoso de transportar material de guerra, todo barco que entrara en el Mar Negro y se dirigiera a puertos ucranianos.

Ucrania respondió con una declaración recíproca e intensificó los ataques a barcos militares rusos en el Mar Negro. Drones y misiles ucranianos han dañado varios buques rusos en las últimas semanas, poniendo en cuestión el dominio del Mar Negro por parte de la Federación Rusa.

El restablecimiento de la navegación comercial dedicada a exportaciones agrícolas desde puertos ucranianos sin el acuerdo de Rusia supone un nuevo desafío para la hegemonía marítima rusa.

Francisco Palmieri, encargado de negocios de EEUU en Colombia y jefe de misión de EEUU para Venezuela dijo el lunes ver una posibilidad de avances en las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, si hay muestras de “buena fe”.

La Voz de América

“Aceptan acciones concretas específicas y luego cumplen esos compromisos”, dijo el lunes durante el evento “¿Qué sigue para la respuesta internacional a Venezuela?”, organizado por el centro de pensamiento estadounidense, Atlantic Council.

Palmieri dijo tener reportes de conversaciones “productivas” entre el gobierno de Maduro y representantes de la Plataforma Unitaria de la oposición, que pudieran estar orientadas a concretar un regreso a las conversaciones en México.

“Si estas conversaciones resultan en un regreso formal al proceso en México, facilitado por Noruega, será un paso positivo”, manifestó.

La semana pasada el secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, Omar Barboza, aseguró que los representantes de la coalición en el proceso en México mantienen “conversaciones de todo tipo” con su contraparte del oficialismo para buscar un acuerdo que derive en garantías electorales.

Palmieri alertó sobre cualquier intento de promover “negociaciones separadas” que apunten a dividir a la oposición venezolana e insistió en la importancia de la primaria presidencial prevista para el 22 de octubre.

Al respecto, destacó que las inhabilitaciones deben ser levantadas y precisó que en unas elecciones libres y justas quienes están en el poder no pueden escoger a sus oponentes.

Además, destacó que la comunidad internacional tiene un rol importante para abordar los problemas de larga data de Venezuela que incluye las “deudas y activos”, “apoyo humanitario” para sectores vulnerables y los asuntos de grupos de crimen trasnacional operando en el país.

También saludó que la declaración final de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela del mes de abril en Colombia haya subrayado la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes, con plenas garantías y que haya mencionado la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021.

El diplomático recordó que funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden han declarado que si Maduro toma acciones concretas para restaurar la democracia en Venezuela, incluyendo garantías para elecciones libres y justas en 2024, EEUU está preparado para relajar sanciones.

Durante el evento Tamara Taraciuk, directora del Programa Peter Bell Rule sobre Estado de Derecho de Diálogo Interamericano, planteó varias interrogantes centradas en cómo crear incentivos para lograr abrir la puerta a una transición a la democracia que “actualmente está cerrada”.

“La pregunta que hay que responder es cómo proveer un puente de oro a personas en el poder para que permitan que esta transición se concrete (…) la cuestión aquí no es sólo quién debe rendir cuentas y por cuales crímenes, sino cuánta impunidad se puede ofrecer y por cuáles crímenes para crear incentivos”, planteó.

Geoff Ramsey, miembro senior del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, reiteró que Venezuela acoge una de las peores emergencias humanitarias en el hemisferio, lo que, aseguró, vuelve “más urgente que nunca” que la comunidad internacional facilite una solución pacífica y democrática a la crisis, que sea liderada por venezolanos”.

El camino “no va a ser fácil”

Sin embargo, al resaltar denuncias sobre el cierre del espacio cívico, el incremento de actos de represión y otras violaciones a los DDHH, así como las inhabilitaciones contra líderes opositores, insistió en que “el camino a seguir no va a ser fácil”.

“Los acontecimientos recientes han demostrados que una solución negociada será cuesta arriba. Hay un número importante de respuestas que no han sido aclaradas, con suerte habrá más claridad en las próximas semanas y eso incluye qué pasará con las negociaciones”, dijo.

El oficialismo y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron en noviembre del año pasado en México un acuerdo para crear un Fondo de 3.000 millones de dólares para la Atención Socialcon recursos congelados en el exterior que será administrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU). para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, pero aún no ha sido concretado.

​Maduro ha insistido en que no tiene “motivación” para volver a la mesa de diálogo, como demandan varios países, y ha acusado a la oposición de no cumplir con el acuerdo firmado en México.

La oposición niega un incumplimiento del acuerdo, ha insistido en que no se establecieron lapsos para la liberación de recursos y ha destacado que es necesario que se lleve a cabo un trabajo conjunto para buscar soluciones a problemas “jurídicos previsibles”.

El gobierno condiciona el regreso a la mesa de diálogo a la liberación de los fondos, el levantamiento de sanciones, la libertad del empresario colombiano Alex Saab y el cese de “políticas de ataques” a través de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya fiscalía recientemente obtuvo autorización para reiniciar la investigación a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Venezuela exportará aguacate y café a China como parte de un acuerdo bilateral, informó el presidente de la nación suramericana, Nicolás Maduro, quien retornó ayer a Caracas luego de una gira internacional de 10 días, que incluyó una visita oficial de casi una semana al gigante asiático.

EFE

«Firmamos un acuerdo con el presidente (chino) Xi Jinping para dar ya los permisos, como han sido dados, y vamos a vender café venezolano, aguacate», dijo en su programa semanal «Con Maduro +», transmitido por el canal estatal VTV.

Señaló que, durante su visita al país asiático, expuso las «oportunidades de inversión» en Venezuela, sus «posibilidades de exportación» y la calidad de productos como el café, el aguacate y el mango, el «mejor del mundo», que también está «listo para ser exportado».

Asimismo, destacó las potencialidades del país suramericano «en petróleo, gas, oro, diamantes, coltán, hierro, aluminio, tierras productivas», entre otros sectores.

Ambos países firmaron 31 acuerdos de cooperación en agricultura, lucha contra la pobreza, economía y comercio, energía, minería, cultura, educación, ciencia, tecnología, industria y desarrollo aeroespacial, según el Ejecutivo venezolano.

La producción de alimentos en Venezuela aumentó un 5,34% el año pasado respecto a 2021, al subir de 17,40 millones de toneladas a 18,33 millones, tanto de productos de origen vegetal como de origen animal, según el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras.

El país caribeño pasó de producir 1.573.000 quintales de café en 2016, a 3.618.637 en 2022, según esta cartera de Estado, que proyecta para este año una producción de 4.077.918 quintales, suficiente para satisfacer la demanda nacional y exportar, de acuerdo con el Gobierno.

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