La legítima Asamblea Nacional electa en 2015 contó este jueves con variadas intervenciones en distintos puntos tratados.

Opinión y Noticias

Uno de ellos, el primero, relativo al trabajo. Allí intervinieron, entre otros, el diputado Luis Barragán y, como invitado, el profesor William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la USB. Barragán abordó el tema desde la calle, frente a una edificación en construcción:

«El desempleo reina en Venezuela. No existe cifra alguna en relación a la desocupación, porque no existen datos precisos. El salario ha perdido conceptualmente su condición en favor de las bonificaciones. Desde Encuentro Ciudadano, de la mano certera de nuestra candidata, Delsa Solórzano, se le plantean al país soluciones económicas que, por supuesto, incluyen la atención de la grave problemática laboral en busca de resolverla.

Por su parte, el profesor William Anseume interrogó acerca de «¿Cuando fue que en el país la educación y el trabajo dejaron de ser los procesos fundamentales del Estado? Ambos han sido vulnerados desde el poder. Será imposible acabar con la impuesta explotación laboral, con la impuesta esclavitud moderna, mientras Nicolás Maduro y sus secuaces permanezcan en el poder», aseveró.

La sesión continuó con temas como detenciones arbitrarias y torturas en el marco de las protestas de calle, día internacional de la mujer indígena, encubrimiento a Tarek el Aissami por parte del régimen, la elección primaria y derechos civiles y políticos de los venezolanos en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ha advertido este jueves en su discurso de apertura del Año Judicial de que «en nuestros días» las democracias «mueren» no sólo con «un golpe militar o una revolución» sino también con el «lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la prensa y la erosión global de las normas políticas tradicionales».

El Mundo

Ante la atenta mirada del Rey Felipe VI, la primera cita de Marín en su discurso ha sido a la obra Cómo Mueren las Democracias (Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Ariel). El magistrado ha recalcado que la «separación de poderes es clave para el funcionamiento de cualquier democracia», avisando de que en un «contexto fuertemente polarizado decae la visión del Estado y se impone con radicalidad de partido». Camino de cumplirse cinco años sin renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha pedido a las fuerzas políticas altura de miras: «Es la hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas».

Gran parte del discurso del presidente en funciones del Supremo -que no ha lucido el gran collar de la Justicia, visibilizando así la anómala situación que padece el Poder Judicial- ha estado dirigido a las fuerzas políticas, a las que ha instado a «renovar» el CGPJ.

«Es pues imprescindible, si queremos preservar la calidad democrática del sistema, no solo asegurarnos de que el armazón constitucional provea de todos los controles y equilibrios necesarios para asegurar la independencia y buen funcionamiento del Poder Judicial. También lo es que exista un verdadero compromiso democrático de cooperación leal entre los diferentes actores políticos», ha sostenido el también presidente de la Sala Civil del Supremo.

El magistrado ha añadido que la situación del Tribunal Supremo de «desoladora» ante la imposibilidad de renovar sus bajas, y ha asegurado que la «primera víctima de la situación es sin duda el justiciable: el ciudadano».

REFERENCIAS EUROPEAS

El discurso ha estado repleto de referencias a Europa, en cuyas instituciones se ha depositado la esperanza de forzar al PSOE y el PP a renovar el Consejo. Marín ha arrancado su intervención indicando que la cooperación leal entre instituciones «es una exigencia del propio Tratado de la Unión Europea«.

También ha resaltado que la preocupación por la situación crítica del Poder Judicial ha rebasado nuestras fronteras. Lo ha hecho recordando la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ en un intento de forzar el acuerdo político. Fue «consecuencia de un movimiento sísmico institucional de efectos devastadores para nuestro sistema de justicia», unos efectos que «se han trasladado también al ámbito europeo».

Ha añadido que el propio Tribunal de Estrasburgo «ha denunciado, de manera muy clara, la situación en la que hoy nos encontramos», recordando que para las Cortes es «obligatorio» renovar el CGPJ y hacerlo en «un plazo específico». Y pese a ello, el procedimiento «ha permanecido pendiente ante las Cámaras, en su fase inicial, durante tres legislaturas consecutivas».

La última de la decena de referencias internacionales ha sido para sumarse a la petición de la Comisión Europea de proceder con urgencia a la renovación e, inmediatamente, al cambio del sistema de nombramiento: «La elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial debería efectuarse con arreglo a lo previsto en la Constitución y atendiendo a los estándares marcados por Europa».

La ceremonia solemne, que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Alto Tribunal, ha estado marcada por la inédita situación que padece el tercer poder del Estado, con el Tribunal Supremo con un presidente en funciones; con el Consejo General del Poder Judicial presidido por el vocal Vicente Guilarte (en funciones de sustitución); con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también en funciones; y con la sombra de la amnistía para quienes tensionaron el Estado hasta el extremo en el año 2017 con el procés, de fondo.

LA DIRECCIÓN PENAL, PARA EL FISCAL

Por otro lado, durante su discurso -el primero que pronuncia ante el jefe del Estado ya que el año pasado tuvo que ausentarse de la ceremonia por tener Covid-19-, el fiscal general del Estado ha instado al futuro Gobierno a llevar a cabo el modelo del sistema penal en nuestro país, donde se otorgue al fiscal la dirección de las instrucciones penales.

«Cuarenta años después de que el legislador definiera el modelo propuesto por la Constitución para la configuración del Ministerio Fiscal en España, la Fiscalía está abierta a cambios y a asumir nuevos retos y responsabilidades», sostuvo García Ortiz.

Asimismo, el fiscal general en funciones ha señalado este jueves que esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «ha de ser pausada y meditada, acorde con nuestro modelo constitucional y destinada, como no puede ser de otra manera, como no podría ser de otra forma, a mejorar la eficacia de la justicia y la prestación del mejor servicio público, en una España plural y democrática».

Por otro lado, García Ortiz -nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la marcha voluntaria de su antecesora Dolores Delgado– ha tratado de reivindicar su legado y defenderse de «los ataques a la figura del fiscal general del Estado».

El mandato del actual fiscal general, no por breve, ha estado exento de grandes polémicas. El pasado mes de junio, la Carrera Fiscal se puso en pie de guerra -con una actuación sin precedentes del Consejo Fiscal– cuando decidió, a las puertas de las elecciones generales, entregar a la ex ministra Delgado la plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos pese a que este nombramiento erosionaba la imagen del Ministerio Público por la actividad profesional de su pareja, el ex juez Baltasar Garzón. El polémico nombramiento ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por la asociación mayoritaria de fiscales y por uno de los aspirantes de la plaza.

Pese a esta circunstancia, Álvaro García Ortiz ha sostenido hoy ante el jefe del Estado que «no hay decisión del fiscal general que no esté sometida a los principios de motivación, publicidad y, me atrevería a decir, que de consenso».

Una batalla campal se vive en el seno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en México a propósito de las encuestas realizadas en todo el país para elegir al candidato que irá a las elecciones presidenciales de 2024 como eventual sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. El motivo es que más allá de que Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México, haya sido seleccionada para asumir esa tarea, el proceso terminó por abrir la puerta a fuertes pugnas internas.

Por: Oriana Rivas – Panampost

Sheinbaum obtuvo “el mejor posicionamiento” en las cinco encuestas nacionales que dieron una ponderación de 75 % a la pregunta de quién es la opción preferida, mientras que el otro 25 % se centró en captar la percepción de las personas consultadas sobre la puntuación de los contendientes en cinco preguntas relacionadas con su conocimiento del país, proximidad y valores.

Sheinbaum consiguió 39,4 % en la primera encuesta; 39,3 % en la segunda; 41,1 % en la tercera; 36,6 % en la cuarta y 40,5 % en la quinta. Le siguió el excanciller Marcelo Ebrard con 25,6 %; 25,9 %; 26,4 %; 26,1 % y 25 % respectivamente.

Fueron seis candidatos los que competían para convertirse en abanderado definitivo de Morena: el excanciller Ebrard (quien no estuvo en el anuncio de resultados), el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; el diputado Gerardo Fernández Noroña; los senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco; y finalmente, la exalcaldesa de Ciudad de México, quien resultó vencedora. Como resultado, el oficialismo mexicano tiene a su representante para enfrentarse a Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición opositora por el Frente Amplio. Pero las cosas no están bien dentro del partido izquierdista que lidera Andrés Manuel López Obrador.

Ebrard pide repetir el proceso

Horas antes de que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, comenzara a anunciar resultados, el excanciller Marcelo Ebrard denunciaba supuestas irregularidades. Oficialmente, la discordia había comenzado.

“Estamos sorprendidos porque pensábamos que iba a haber ciertas (incidencias), pero nos sorprendió cuántas hay”, agregó Daniel Sibaja, diputado y asesor del excanciller. Así, repitieron una y otra vez el argumento —sin detallar cantidad y tipo de incidencias— hasta que más llegada la hora de dar a conocer los resultados, Ebrard exigió repetir el proceso de selección y reveló que lo impugnará.

“Nosotros afirmamos que esto debe reponerse, ya no tiene remedio. Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no se han contado votos”, dijo en una rueda de prensa. Por su parte, AMLO señaló que “todo marchó bien”, aunque sus palabras rápidamente perdieron validez.

Ha sido tal la presión por las incidencias denunciadas en la encuesta de Morena, que el propio partido no para de publicar aclaraciones en redes sociales contra “información falsa que se ha difundido”. También ha publicado comunicados de apoyo de diputados o gobernadores afines. Sin embargo, la fractura es obvia. El propio excanciller informó que a su equipo le prohibieron el paso al lugar donde se contaban las boletas y asomó su posible salida del partido.

“Un circo y una farsa”

Desde la oposición observan el escándalo y también coinciden con que Morena se viene abajo. Por ejemplo, para Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se trata de “un circo y una farsa”. Otras opiniones apuntan a que el proceso solo buscaba legitimar a Sheinbaum, como mencionó el economista mexicano, Guillermo Barba: “Lo que hay en Morena es un ‘dedazo de alto nivel’ para ungir a Claudia Sheinbaum”, escribió en X.

En los aspectos técnicos, la encuesta de Morena fue realizada del lunes 28 de agosto hasta el domingo 3 de septiembre. Cuatro firmas encuestadoras y el propio partido se encargaron del proceso y del conteo, hecho del 4 al 6 de septiembre. En esos días, Marcelo Ebrard señalaba a Sheinbaum por presunto uso de recursos públicos de parte de Morena para reforzar la campaña de la exalcaldesa, así como presiones para convocar mayor cantidad de asistentes a sus concentraciones.