El reciente video que se ha vuelto viral del líder de los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, podría marcar el inicio de una nueva y peligrosa etapa para los países vecinos de Venezuela, en particular Brasil. En el video, Mordisco, sobre quien pesa una recompensa del gobierno colombiano de 5.000 millones de pesos (1,35 millones de dólares), propone una tregua entre facciones rivales y la convocatoria de una cumbre de comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con el objetivo de coordinar un frente armado “contra el imperialismo” de Estados Unidos. “Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias; ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros. Simón Bolívar nos unió varias décadas atrás; es necesario que su espada vuelva a brillar en nuestras manos unidas. El destino nos grita que es hora de juntarnos”, añadió el cabecilla de las disidencias de las FARC.
Por: Maria Zuppello – Infobae
Si esta alianza llegara a concretarse de cualquier forma, las consecuencias para Brasil podrían ser devastadoras, porque además de una recrudescencia de la violencia en toda la región fronteriza, se redibujaría el mapa del crimen organizado. Los guerrilleros colombianos, que, según fuentes del ejército del presidente Gustavo Petro, en estos días estarían regresando a Colombia desde Venezuela, controlan los tráficos de oro y cocaína y podrían comenzar a desplazarse de manera masiva hacia Brasil, especialmente hacia la región amazónica. Allí el narcotráfico ya había cobrado impulso desde los años 2000 gracias a los vínculos entre Fernandinho Beira-Mar, líder de uno de los dos principales grupos criminales brasileños, el Comando Vermelho (CV), y las FARC colombianas, que proporcionaban laboratorios y rutas. Hoy el CV, aunque originario y fuerte en Río de Janeiro, está presente en diez estados brasileños y participa en los principales conflictos entre facciones del país.
Un informe del International Crisis Group sobre la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, elaborado por el experto Bram Ebus, ya había denunciado en 2024 una nueva y peligrosa alianza que ahora podría fortalecerse: la existente entre el Comando Vermelho y el Frente Carolina Ramírez, una facción disidente de las FARC que está ganando terreno, sobre todo a lo largo del río Caquetá, que atraviesa el departamento colombiano de Amazonas hasta llegar a Brasil. Inicialmente, el grupo colombiano se limitaba a robar equipos a los guardaparques, motores fuera de borda, combustible y GPS. Sin embargo, según Ebus, a partir de 2020 la situación se agravó: los guerrilleros prohibieron a los empleados de los parques trabajar en áreas protegidas como el Parque Nacional Río Puré. El Frente Carolina Ramírez vendía cocaína y marihuana al Comando Vermelho, pero, siempre según Ebus, desde septiembre de 2023 uno de sus líderes (alias El Tigre) creó una nueva unidad llamada Frente Amazonas, especializada en el tráfico de drogas y la extorsión a mineros de oro ilegales. Lo que agrava aún más la situación para Brasil es que muchos miembros del Frente Amazonas son brasileños y el grupo ya está activo en el municipio de Japurá, en Brasil. Esta localidad, situada en el estado de Amazonas pero en la frontera con Colombia, debe su nombre al río que la atraviesa, el Japurá, un influyente afluente del río Solimões. Se trata de un área estratégica para el cultivo de hoja de coca, la refinación y el tráfico de cocaína. Del lado colombiano, de hecho, las plantaciones se concentran en las cuencas de los ríos Japurá e Içá. Todas las rutas confluyen luego en el río Solimões, desde donde la droga es transportada a Manaos y a otras regiones de Brasil. La región del Alto Solimões, situada en el suroeste del estado de Amazonas, se ha consolidado como una de las principales rutas internacionales del narcotráfico en la Amazonía, dominada por la feroz disputa entre el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC). Según el estudio “Cartografías de la Violencia en la Amazonía”, publicado el pasado noviembre por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, esta región, que cuenta con unos 281.000 habitantes, de los cuales el 54% son indígenas, presenta niveles muy elevados de vulnerabilidad social. La mayoría de la población depende de subsidios gubernamentales, lo que la convierte en mano de obra fácilmente reclutable por las redes del narcotráfico.
La situación actual deriva del colapso del grupo criminal local Família do Norte (FDN), que hasta 2018 dominaba el sistema penitenciario y el narcotráfico de la región, y que luego fue desmantelado por masacres, arrestos y divisiones internas. En la actualidad, el Comando Vermelho domina las vías fluviales del río Solimões, aprovechando la navegación natural para transportar cargamentos ilícitos y consolidar el control territorial, mientras que el PCC utiliza pistas de aterrizaje en zonas de minería ilegal, a menudo dentro de reservas indígenas. Las facciones brasileñas también controlan la extracción ilegal de oro y madera, además de impulsar la pesca depredadora. Esta nueva triple frontera amazónica, en particular el tramo comprendido entre la ciudad de Tabatinga, en Brasil, y Leticia, en Colombia, es una frontera terrestre completamente porosa, sin controles migratorios efectivos.
Los recientes cambios políticos en Venezuela podrían trasladar de manera aún más masiva hacia Brasil las dinámicas del narcotráfico venezolano, que desde hace años, en la frontera con Colombia —en el estado venezolano de Apure— almacena cocaína en haciendas gestionadas por el Cartel de los Soles, integrado por militares leales a Maduro, y alberga pistas aéreas clandestinas. Esta red involucra también a pilotos brasileños. En el pasado, su líder fue Paulo Jones da Cruz Flores, un empresario brasileño arrestado en el marco de la Operación Veraneio en 2014 y posteriormente condenado a 82 años de prisión por delitos de narcotráfico, asociación para delinquir con fines de tráfico de drogas, lavado de dinero y criminalidad organizada. Los pilotos brasileños de esta red transportaban la cocaína de las FARC desde Colombia y Venezuela hasta Honduras, donde toneladas de droga eran entregadas a los carteles mexicanos, que luego las enviaban al mercado de Estados Unidos.
Además, desde 2024 ha aumentado el número de aeronaves del narcotráfico procedentes de Venezuela interceptadas por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), casi siempre entre los estados brasileños de Roraima y Amazonas, en la región habitada por los indígenas Yanomami; la última intercepción tuvo lugar el 19 de diciembre. Se trataba de una pequeña Cessna 182P, detectada por las autoridades brasileñas mientras volaba sin plan de vuelo y con matrícula no identificada, probablemente ocultada o falsificada. El piloto, que realizó un aterrizaje forzoso, logró huir. En septiembre fue interceptado un bimotor, también procedente de Venezuela, con más de 300 kilos de cocaína a bordo, y algunos meses antes, en febrero, otra aeronave cargada con droga fue obligada a realizar un aterrizaje de emergencia, con dos pilotos muertos en el acto.
También existe el temor de que los acontecimientos en Venezuela amplifiquen y extiendan en Brasil el tráfico de fentanilo, que los guerrilleros colombianos de la Segunda Marquetalia, facción disidente de las FARC, han comenzado a explotar lentamente. En septiembre de 2025, una operación del Ejército Nacional Colombiano en Puerto Rondón (Arauca) condujo a la incautación de cientos de ampollas de esta potente droga sintética. Estos lotes, registrados ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), estaban destinados a hospitales, pero habían sido robados por los guerrilleros colombianos tanto para tratar a combatientes heridos como para abastecer de droga las zonas fronterizas. En Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, ya en 2023 se habían incautado 180 pastillas de fentanilo en el centro de clasificación de Correos; su destino era Italia.
Por último, preocupa la situación de las minas de oro ilegales del estado brasileño de Roraima, cuya explotación podría aumentar también debido a la presencia en territorio brasileño del grupo criminal venezolano Tren de Aragua. Dos operaciones de la Policía Federal brasileña, FLYGOLD I y II, en 2024, descubrieron una red criminal integrada por venezolanos y brasileños que, entre 2023 y 2024, traficó oro ilegal extraído de la cuenca amazónica de Brasil, principalmente de los estados de Pará y Roraima, hacia Venezuela, por un valor estimado de unos 800 millones de dólares. El oro era transportado en forma de lingotes mediante vuelos comerciales, aviones privados y rutas terrestres, para luego ser “legalizado” en Venezuela a través de empresas fantasma y redirigido hacia mercados negros internacionales, desde el Líbano hasta los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Según el sitio venezolano de investigación Armando.info, la empresa en el centro del esquema era la venezolana Alibaba Gold Center C.A., con sede principal en Tumeremo, en el estado de Bolívar, y sucursales en Upata, El Callao y La Paragua, en el corazón del Arco Minero del Orinoco, el tesoro de la minería ilegal del gobierno de Maduro. Esta empresa funcionaba como el principal punto de lavado del metal precioso brasileño, aprovechando la inversión del flujo: en lugar de oro venezolano hacia Brasil, como ocurría en el pasado, el tráfico iba de allí a Venezuela, para explotar la crisis y las zonas mineras menos controladas. Según la justicia brasileña, once miembros de esta red siguen prófugos y es probable que muchos continúen actividades ilícitas vinculadas al oro en Brasil, en las ciudades de Itaituba, en el estado de Pará, Pacaraima y Boa Vista, en el de Roraima, Manaos y San Pablo Paulo. En este escenario extremadamente delicado, que en los próximos meses podría convertirse en un efecto boomerang para Brasil, el pasado viernes presentó su dimisión el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, por razones —según declaró— “familiares y personales”. En su lugar fue nombrado de forma interina el secretario ejecutivo del ministerio, el jurista Manoel Carlos de Almeida.
