El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras afirmó este lunes que el recuento de votos ordenado por el Gobierno saliente de Xiomara Castro no tiene validez jurídica y vulnera el marco constitucional, al tiempo que ratificó los resultados de los comicios presidenciales del 30 de noviembre que dieron como ganador a Nasry “Tito” Asfura.

AFP

La declaración del organismo electoral busca cerrar una escalada institucional iniciada tras la promulgación de una resolución legislativa que instruyó una revisión del escrutinio, medida que el CNE calificó de “inconstitucional e ilegal”.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, sostuvo que las directrices emanadas desde el Ejecutivo y el Congreso “no son vinculantes” y constituyen un intento de “usurpar” atribuciones que la ley asigna de forma exclusiva a la autoridad electoral.

En una comparecencia pública, Hall subrayó que el ordenamiento hondureño establece procedimientos precisos para la impugnación de actas y que cualquier revisión debe tramitarse dentro de esos cauces, sin interferencias externas.

El pronunciamiento del CNE se produjo luego de que el Gobierno de Xiomara Castro promoviera un recuento general de votos, argumentando supuestas irregularidades y “manipulación” del escrutinio.

La presidenta también cuestionó el contexto previo a la elección, al señalar la “injerencia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien respaldó públicamente a Asfura. Sin embargo, el órgano electoral insistió en que el proceso fue auditado conforme a la normativa vigente y que la proclamación del ganador se sustentó en actas verificadas.

Asfura, de 67 años, fue declarado presidente electo el 24 de diciembre por el CNE, con una ventaja inferior a un punto porcentual sobre Salvador Nasralla, quien presentó denuncias de fraude. La estrechez del resultado intensificó la disputa política, pero el CNE reiteró que los mecanismos de revisión ya fueron activados y resueltos dentro del marco legal. Hall remarcó la necesidad de preservar la autonomía institucional y advirtió sobre los riesgos de alterar el orden constitucional.

El respaldo a la declaratoria del CNE también llegó desde las Fuerzas Armadas. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, aseguró que la institución continúa “respaldando la declaratoria del CNE” y garantizó la custodia del material electoral, un punto clave en medio de versiones sobre eventuales presiones para trasladar o intervenir las actas. La afirmación buscó disipar temores sobre un quiebre del orden público y reafirmar el rol constitucional de las Fuerzas Armadas en la protección del proceso.

En el plano internacional, el debate hondureño coincidió con la visita de Asfura a Washington, donde sostendrá una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. La oficina de Rubio había advertido durante el fin de semana que “cualquier intento de revertir ilegalmente las elecciones de Honduras tendrá consecuencias graves”, una señal de atención sobre el respeto a los resultados avalados por la autoridad electoral. Tras conocerse la proclamación, Rubio había felicitado al presidente electo y destacado la cooperación bilateral en seguridad y economía.

Especialistas en derecho constitucional coincidieron con la lectura del CNE. El abogado Oliver Erazo afirmó que el recuento impulsado por el Ejecutivo es “totalmente ilegal” y viola la independencia del organismo electoral. A su juicio, la única vía para imponerlo sería mediante “el uso de la fuerza y de las armas y el desorden social”, un escenario que, advirtió, contravendría la Constitución. Erazo explicó que cualquier modificación normativa podría ser revisada o derogada por el próximo gobierno o el nuevo Congreso.

Honduras atraviesa así un momento decisivo, con el calendario institucional en marcha hacia la toma de posesión del 27 de enero.

En ese contexto, el CNE buscó fijar límites: la autoridad electoral es la instancia competente para administrar, revisar y certificar los resultados. El mensaje, dirigido tanto a actores internos como a la comunidad internacional, apunta a preservar la legalidad del proceso y la continuidad democrática en un escenario de fuerte polarización política.

Durante una rueda de prensa del Psuv, Diosdado Cabello, rechazó las acusaciones sobre la presencia de colectivos armados (grupos paramilitares progubernamentales) en las calles venezolanas, especialmente en Caracas.

La Patilla

Cabello afirmó: “Mientras tanto, bueno, desde Estados Unidos siguen diciendo que aquí en Venezuela pueden preguntarle a quien quiera, que si montan alcabala los colectivos, aquí no hay colectivos montando alcabalas. […] Quisiera Estados Unidos pasar cinco días sin que haya un asesinato en las calles de Estados Unidos. Y aquí los hemos pasado hasta cinco días. […] Es una gran campaña, por eso nosotros, calma y cordura, paciencia, y sigamos avanzando y que nadie nos saque del camino de la revolución bolivariana”.

Estas declaraciones llegan apenas días después de que el Departamento de Estado de EEUU emitiera una alerta de seguridad de Nivel 4 (“No viajar” y “abandonar inmediatamente el país”) para sus ciudadanos en Venezuela.

La advertencia, actualizada alrededor del 10-11 de enero de 2026, señala explícitamente reportes de que grupos de milicias armadas conocidos como colectivos están instalando retenes, bloqueando carreteras y registrando vehículos en busca de ciudadanos estadounidenses o cualquier indicio de apoyo a EEUU.

El contexto se remonta al 3 de enero de 2026, cuando una operación militar estadounidense culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas.

Desde entonces, múltiples testimonios en redes sociales han documentado la presencia activa de estos grupos en la capital, con denuncias de intimidación, revisiones de teléfonos y control territorial en barrios populares.

El reciente video que se ha vuelto viral del líder de los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, podría marcar el inicio de una nueva y peligrosa etapa para los países vecinos de Venezuela, en particular Brasil. En el video, Mordisco, sobre quien pesa una recompensa del gobierno colombiano de 5.000 millones de pesos (1,35 millones de dólares), propone una tregua entre facciones rivales y la convocatoria de una cumbre de comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con el objetivo de coordinar un frente armado “contra el imperialismo” de Estados Unidos. “Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias; ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros. Simón Bolívar nos unió varias décadas atrás; es necesario que su espada vuelva a brillar en nuestras manos unidas. El destino nos grita que es hora de juntarnos”, añadió el cabecilla de las disidencias de las FARC.

Por: Maria Zuppello – Infobae

Si esta alianza llegara a concretarse de cualquier forma, las consecuencias para Brasil podrían ser devastadoras, porque además de una recrudescencia de la violencia en toda la región fronteriza, se redibujaría el mapa del crimen organizado. Los guerrilleros colombianos, que, según fuentes del ejército del presidente Gustavo Petro, en estos días estarían regresando a Colombia desde Venezuela, controlan los tráficos de oro y cocaína y podrían comenzar a desplazarse de manera masiva hacia Brasil, especialmente hacia la región amazónica. Allí el narcotráfico ya había cobrado impulso desde los años 2000 gracias a los vínculos entre Fernandinho Beira-Mar, líder de uno de los dos principales grupos criminales brasileños, el Comando Vermelho (CV), y las FARC colombianas, que proporcionaban laboratorios y rutas. Hoy el CV, aunque originario y fuerte en Río de Janeiro, está presente en diez estados brasileños y participa en los principales conflictos entre facciones del país.

Un informe del International Crisis Group sobre la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, elaborado por el experto Bram Ebus, ya había denunciado en 2024 una nueva y peligrosa alianza que ahora podría fortalecerse: la existente entre el Comando Vermelho y el Frente Carolina Ramírez, una facción disidente de las FARC que está ganando terreno, sobre todo a lo largo del río Caquetá, que atraviesa el departamento colombiano de Amazonas hasta llegar a Brasil. Inicialmente, el grupo colombiano se limitaba a robar equipos a los guardaparques, motores fuera de borda, combustible y GPS. Sin embargo, según Ebus, a partir de 2020 la situación se agravó: los guerrilleros prohibieron a los empleados de los parques trabajar en áreas protegidas como el Parque Nacional Río Puré. El Frente Carolina Ramírez vendía cocaína y marihuana al Comando Vermelho, pero, siempre según Ebus, desde septiembre de 2023 uno de sus líderes (alias El Tigre) creó una nueva unidad llamada Frente Amazonas, especializada en el tráfico de drogas y la extorsión a mineros de oro ilegales. Lo que agrava aún más la situación para Brasil es que muchos miembros del Frente Amazonas son brasileños y el grupo ya está activo en el municipio de Japurá, en Brasil. Esta localidad, situada en el estado de Amazonas pero en la frontera con Colombia, debe su nombre al río que la atraviesa, el Japurá, un influyente afluente del río Solimões. Se trata de un área estratégica para el cultivo de hoja de coca, la refinación y el tráfico de cocaína. Del lado colombiano, de hecho, las plantaciones se concentran en las cuencas de los ríos Japurá e Içá. Todas las rutas confluyen luego en el río Solimões, desde donde la droga es transportada a Manaos y a otras regiones de Brasil. La región del Alto Solimões, situada en el suroeste del estado de Amazonas, se ha consolidado como una de las principales rutas internacionales del narcotráfico en la Amazonía, dominada por la feroz disputa entre el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC). Según el estudio “Cartografías de la Violencia en la Amazonía”, publicado el pasado noviembre por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, esta región, que cuenta con unos 281.000 habitantes, de los cuales el 54% son indígenas, presenta niveles muy elevados de vulnerabilidad social. La mayoría de la población depende de subsidios gubernamentales, lo que la convierte en mano de obra fácilmente reclutable por las redes del narcotráfico.

La situación actual deriva del colapso del grupo criminal local Família do Norte (FDN), que hasta 2018 dominaba el sistema penitenciario y el narcotráfico de la región, y que luego fue desmantelado por masacres, arrestos y divisiones internas. En la actualidad, el Comando Vermelho domina las vías fluviales del río Solimões, aprovechando la navegación natural para transportar cargamentos ilícitos y consolidar el control territorial, mientras que el PCC utiliza pistas de aterrizaje en zonas de minería ilegal, a menudo dentro de reservas indígenas. Las facciones brasileñas también controlan la extracción ilegal de oro y madera, además de impulsar la pesca depredadora. Esta nueva triple frontera amazónica, en particular el tramo comprendido entre la ciudad de Tabatinga, en Brasil, y Leticia, en Colombia, es una frontera terrestre completamente porosa, sin controles migratorios efectivos.

Los recientes cambios políticos en Venezuela podrían trasladar de manera aún más masiva hacia Brasil las dinámicas del narcotráfico venezolano, que desde hace años, en la frontera con Colombia —en el estado venezolano de Apure— almacena cocaína en haciendas gestionadas por el Cartel de los Soles, integrado por militares leales a Maduro, y alberga pistas aéreas clandestinas. Esta red involucra también a pilotos brasileños. En el pasado, su líder fue Paulo Jones da Cruz Flores, un empresario brasileño arrestado en el marco de la Operación Veraneio en 2014 y posteriormente condenado a 82 años de prisión por delitos de narcotráfico, asociación para delinquir con fines de tráfico de drogas, lavado de dinero y criminalidad organizada. Los pilotos brasileños de esta red transportaban la cocaína de las FARC desde Colombia y Venezuela hasta Honduras, donde toneladas de droga eran entregadas a los carteles mexicanos, que luego las enviaban al mercado de Estados Unidos.

Además, desde 2024 ha aumentado el número de aeronaves del narcotráfico procedentes de Venezuela interceptadas por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), casi siempre entre los estados brasileños de Roraima y Amazonas, en la región habitada por los indígenas Yanomami; la última intercepción tuvo lugar el 19 de diciembre. Se trataba de una pequeña Cessna 182P, detectada por las autoridades brasileñas mientras volaba sin plan de vuelo y con matrícula no identificada, probablemente ocultada o falsificada. El piloto, que realizó un aterrizaje forzoso, logró huir. En septiembre fue interceptado un bimotor, también procedente de Venezuela, con más de 300 kilos de cocaína a bordo, y algunos meses antes, en febrero, otra aeronave cargada con droga fue obligada a realizar un aterrizaje de emergencia, con dos pilotos muertos en el acto.

También existe el temor de que los acontecimientos en Venezuela amplifiquen y extiendan en Brasil el tráfico de fentanilo, que los guerrilleros colombianos de la Segunda Marquetalia, facción disidente de las FARC, han comenzado a explotar lentamente. En septiembre de 2025, una operación del Ejército Nacional Colombiano en Puerto Rondón (Arauca) condujo a la incautación de cientos de ampollas de esta potente droga sintética. Estos lotes, registrados ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), estaban destinados a hospitales, pero habían sido robados por los guerrilleros colombianos tanto para tratar a combatientes heridos como para abastecer de droga las zonas fronterizas. En Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, ya en 2023 se habían incautado 180 pastillas de fentanilo en el centro de clasificación de Correos; su destino era Italia.

Por último, preocupa la situación de las minas de oro ilegales del estado brasileño de Roraima, cuya explotación podría aumentar también debido a la presencia en territorio brasileño del grupo criminal venezolano Tren de Aragua. Dos operaciones de la Policía Federal brasileña, FLYGOLD I y II, en 2024, descubrieron una red criminal integrada por venezolanos y brasileños que, entre 2023 y 2024, traficó oro ilegal extraído de la cuenca amazónica de Brasil, principalmente de los estados de Pará y Roraima, hacia Venezuela, por un valor estimado de unos 800 millones de dólares. El oro era transportado en forma de lingotes mediante vuelos comerciales, aviones privados y rutas terrestres, para luego ser “legalizado” en Venezuela a través de empresas fantasma y redirigido hacia mercados negros internacionales, desde el Líbano hasta los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Según el sitio venezolano de investigación Armando.info, la empresa en el centro del esquema era la venezolana Alibaba Gold Center C.A., con sede principal en Tumeremo, en el estado de Bolívar, y sucursales en Upata, El Callao y La Paragua, en el corazón del Arco Minero del Orinoco, el tesoro de la minería ilegal del gobierno de Maduro. Esta empresa funcionaba como el principal punto de lavado del metal precioso brasileño, aprovechando la inversión del flujo: en lugar de oro venezolano hacia Brasil, como ocurría en el pasado, el tráfico iba de allí a Venezuela, para explotar la crisis y las zonas mineras menos controladas. Según la justicia brasileña, once miembros de esta red siguen prófugos y es probable que muchos continúen actividades ilícitas vinculadas al oro en Brasil, en las ciudades de Itaituba, en el estado de Pará, Pacaraima y Boa Vista, en el de Roraima, Manaos y San Pablo Paulo. En este escenario extremadamente delicado, que en los próximos meses podría convertirse en un efecto boomerang para Brasil, el pasado viernes presentó su dimisión el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, por razones —según declaró— “familiares y personales”. En su lugar fue nombrado de forma interina el secretario ejecutivo del ministerio, el jurista Manoel Carlos de Almeida.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, informó este lunes que ha confirmado la excarcelación de 56 presos políticos. Esta cifra surge tras el anuncio del Ministerio del Servicio Penitenciario sobre la liberación de 116 personas.

El Nacional

A través de la red social X, la PUD detalló que, hasta las 13:15 hora local (17:35 GMT), ese era el número de liberaciones verificadas.

«Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares», señaló la plataforma, añadiendo que mantendrá su monitoreo «hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos».

Entre los nombres publicados en la lista de la PUD figuran los cinco ciudadanos españoles, el excandidato presidencial Enrique Márquez, el dirigente Biagio Pilieri, el exdiputado Marco Bozo y la enfermera Yanny González Terán. También se confirmó la liberación del cooperante italiano Alberto Trentini y del empresario italiano Mario Burlò, quienes permanecían encarcelados en Caracas desde finales de 2024.

El anuncio oficial, hecho por el Ministerio del Servicio Penitenciario en un comunicado, hablaba de 116 «nuevas excarcelaciones» en las últimas horas, refiriéndose a personas vinculadas con «hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación».

Esta declaración se produce días después de que Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, anunciara el jueves la liberación de un «número importante» de personas. Hasta el momento, el gobierno no ha hecho pública la cifra total, los nombres ni las condiciones específicas de estas excarcelaciones.

Organizaciones de derechos humanos han ofrecido cifras que no coinciden del todo: el Foro Penal confirma 40 liberaciones, mientras que Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reporta 53. En paralelo, desde el jueves, familiares de presos políticos han acampado frente a centros penitenciarios como El Rodeo I, a la espera de la liberación de sus seres queridos.

Al menos 648 manifestantes han perdido la vida debido a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad de la República Islámica de Irán contra el movimiento de protesta que atraviesa el país, según datos difundidos el lunes por la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

Infobae

La cifra, que corresponde a víctimas verificadas por la organización, podría ser considerablemente superior. Así lo advirtió el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien afirmó que “la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles contra la matanza masiva perpetrada por la República Islámica”, según declaraciones recogidas por AFP.

La ONG indicó que, de acuerdo con algunas estimaciones, el número de fallecidos podría superar los 6.000. No obstante, la entidad subrayó que el bloqueo de Internet impuesto por las autoridades iraníes durante casi cuatro días dificulta “extremadamente” la verificación independiente de la información sobre víctimas, según explicó IHR a AFP.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre tras el colapso del rial iraní, que se desplomó a 1,42 millones por dólar estadounidense, marcando un mínimo histórico y acelerando la inflación. El alza en los precios de alimentos y gasolina generó un estallido social en dos mercados del centro de Teherán y se extendió a más de 280 localidades en 27 provincias. La organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA) reportó que, solo en los primeros días, las fuerzas de seguridad respondieron con represión violenta, cortes de internet y amenazas de pena de muerte. Según la ONG hasta este lunes la cifra de muertos era de al menos 500.

El 29 de diciembre, después de que las protestas se propagaran, el presidente del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin, renunció a su cargo, mientras la policía utilizaba gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Un día después, el presidente iraní Masoud Pezeshkian se reunió con líderes empresariales y prometió atender los problemas económicos. La violencia más intensa se vivió el 1 de enero en Azna, provincia de Lorestán, donde videos difundidos en línea mostraban objetos incendiados y disparos. Además, se reportaron muertes en las provincias de Bakhtiari e Isfahán, así como el asesinato de un voluntario de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a través de su plataforma Truth Social, que si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos intervendría para rescatarlos, en un contexto de reciente tensión tras los bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes. Ayer, el mandatario estadounidense afirmó que Irán propuso negociaciones tras su amenaza de represalias por la represión. Para ese día, los activistas contabilizaban al menos 544 muertos durante las protestas, según HRANA.

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel dijo el lunes que su administración no está en conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos, un día después de que el presidente Donald Trump amenazara a la isla caribeña tras el ataque estadounidense a Venezuela.

AP

Díaz-Canel publicó una serie de breves declaraciones en X después de que Trump sugiriera que Cuba “llegara a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”. No especificó qué tipo de acuerdo.

Díaz-Canel escribió que “para que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba progresen, deben basarse en el derecho internacional y no en la hostilidad, las amenazas y la coacción económica”.

Añadió: “Siempre hemos estado dispuestos a mantener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual, sobre la base de la igualdad soberana, el respeto mutuo, los principios del derecho internacional y el beneficio mutuo, sin injerencia en los asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

No existen conversaciones con el gobierno de EE.UU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio.

1/6— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 12, 2026

Sus declaraciones fueron republicadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en X.

El domingo, Trump escribió que Cuba ya no viviría del petróleo y el dinero de Venezuela, país que Estados Unidos atacó el 3 de enero en una sorprendente operación que causó la muerte de 32 oficiales cubanos y condujo al arresto del dictador Nicolás Maduro.

Cuba recibía aproximadamente 35.000 barriles diarios de Venezuela antes del ataque de Estados Unidos, junto con unos 5.500 barriles diarios de México y unos 7.500 de Rusia, según Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin, que realiza un seguimiento de los envíos.

Incluso con los envíos de petróleo de Venezuela, los apagones generalizados han persistido en toda Cuba debido a la escasez de combustible y al deterioro de la red eléctrica. A los expertos les preocupa que la falta de petróleo no haga más que agravar las múltiples crisis de la isla.

La situación entre Estados Unidos y Cuba es “muy triste y preocupante”, afirmó Andy S. Gómez, decano jubilado de la Escuela de Estudios Internacionales y miembro senior de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami.

Dijo que ve los últimos comentarios de Díaz-Canel “como una forma de intentar ganar un poco de tiempo para que el círculo íntimo decida qué medidas va a tomar”.

Gómez dijo que no imagina que Cuba se ponga en contacto con funcionarios estadounidenses en este momento.

“Tuvieron todas las oportunidades cuando el presidente (Barack) Obama abrió las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y sin embargo ni siquiera pusieron el café cubano sobre la mesa”, dijo Gómez. “Por supuesto, estos son tiempos desesperados para Cuba”.

Michael Galant, investigador sénior y asociado de divulgación del Centro de Investigación Económica y Política de Washington D. C., dijo que cree que Cuba podría estar dispuesta a negociar.

“Cuba ha estado interesada en encontrar formas de aliviar las sanciones”, dijo. “No es que Cuba no coopere”.

Galant dijo que los temas de debate podrían incluir la migración y la seguridad, y añadió que cree que Trump no tiene prisa.

“Trump espera agravar la crisis económica en la isla, y le cuesta poco intentar esperar a que eso suceda”, afirmó. “No creo que sea probable que se produzca ninguna acción drástica en los próximos días, porque no hay prisa por sentarse a la mesa”.

El presidente de Cuba subrayó el X que “no hay conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito de la migración”.

El Gobierno comunista de la isla ha afirmado que las sanciones estadounidenses le han costado al país más de 7500 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

El presidente ruso, Vladímir Putin, reapareció hoy en el Kremlin tras casi dos semanas de ausencia por las fiestas navideñas, pero se abstuvo de comentar la actualidad internacional.

EFE

Putin recibió al viceprimer ministro, Denís Mánturov, con el que abordó la situación en el sector industrial, incluido el militar y el espacial.

En particular, Mánturov destacó que 3,8 millones de personas trabajan a día de hoy en las fábricas militares, de los que 800.000 se sumaron en los últimos tres años.

El jefe del Kremlin, que únicamente había asistido a un acto público en lo que va de año, no ha realizado declaraciones desde finales de 2025.

Putin no ha comentado ni la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, ni las protestas masivas en Irán, ni el apresamiento de petroleros con bandera rusa o la polémica en torno a las pretensiones territoriales estadounidenses sobre Groenlandia.

Sectores ultranacionalistas han criticado duramente en las redes sociales al Kremlin por la ausencia de reacción ante dichos acontecimientos internacionales, ya que, por ejemplo, Maduro era el principal aliado de Moscú en América Latina.

Además, calificaron de “humillación” el apresamiento del petrolero con bandera rusa ´Marinera´ en el Atlántico Norte a manos de la Guardia Costera estadounidense.

Por motivos de seguridad, según la prensa independiente, Putin estuvo en la base secreta de las Fuerzas Aeroespaciales en la localidad de Solnechnogorsk, no lejos de Moscú. Ese es el mismo lugar donde se recluyó cuando el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, protagonizó una sublevación militar en junio de 2023.

A diferencia de otros años, el Kremlin no hizo público en esta ocasión el templo en el que Putin asistió en la noche del 6 de enero a la misa de Navidad, lo que denota la profunda inquietud sobre la seguridad del jefe del Estado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no celebró este lunes su habitual rueda de prensa telefónica para la prensa local y extranjera.

Incautación de petróleo

Rusia condenó enérgicamente el jueves la confiscación de un petrolero por parte de Estados Unidos, anunciando un nuevo enfriamiento en las relaciones entre Moscú y Washington que podría extenderse a otras áreas y afectar los esfuerzos del presidente Donald Trump para persuadir a Rusia de que ponga fin a su guerra de casi cuatro años en Ucrania.

La captura el miércoles del petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte “solo puede conducir a una mayor escalada de las tensiones militares y políticas en la región euroatlántica, así como a una visible reducción del ‘umbral para el uso de la fuerza’ contra la navegación pacífica”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Pero aunque el presidente ruso ha evitado cualquier crítica a Trump, la incautación del petrolero por parte del ejército estadounidense representa un nuevo desafío para el Kremlin.

Los comentaristas belicistas en Moscú criticaron al gobierno por no haber logrado dar una respuesta rápida y argumentaron que Rusia debería desplegar sus activos navales para proteger a los barcos de la flota en la sombra.

Al menos 490 personas han muerto en Irán en el marco de las protestas contra la dictadura de los ayatolás iniciadas hace 15 días en las principales ciudades iraníes, según el último balance publicado este domingo por la ONG con sede en Estados Unidos HRANA.

La Gaceta de la Iberosfera

Además, 10.675 personas han sido detenidas, incluidas 169 menores de edad, según ha explicado la subdirectora de HRANA, Skylar Thompson, en declaraciones a la televisión estadounidense CNN.

La cifra no ha sido corroborada por las autoridades y otras organizaciones sitúan el número de fallecidos muy por debajo. Así, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), con sede en Noruega, informa de 192 fallecidos, aunque reconoce que «algunas fuentes hablan de más de 2.000 muertos». El grupo advierte de que al menos nueve de los fallecidos eran menores de edad.

Las ONG denuncian además que este domingo es el cuarto día sin acceso a internet en Irán, una medida impuesta por las autoridades para atajar las protestas.

La Fiscalía General de Irán ha anunciado por su parte que considera que todos los manifestantes son ‘mohareb’, enemigos de Alá, un delito tipificado que prevé la pena de muerte como castigo. Los medios públicos han confirmado arrestos en masa de «alborotadores».

«Las muertes de manifestantes en los últimos días, en particular desde el corte a nivel nacional de internet, podría ser incluso mayor de lo que nos imaginamos ahora mismo», ha denunciado el director de IHRNGOl, Mahmud Amiri-Moghaddam. «La República Islámica está cometiendo un crimen internacional contra el pueblo de Irán y la comunidad internacional está obligada según el derecho internacional a emplear todos los medios para detener este crimen», ha añadido.

Las protestas comenzaron el 27 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán en relación con el desplome de la moneda nacional, el rial, pero han derivado en movilizaciones generalizadas contra la clase política en las principales ciudades del país.