El director de programa de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Renaud, dijo este jueves en un evento organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que “Venezuela es un narcoestado” que puede movilizar aviones con toneladas de cocaína en vuelos clandestinos.

Por: Gonzalo Ferreira – Infobae

“Hasta que yo llegué a Washington no sabía que había vuelos que llegan de Venezuela de manera ilícita. Luego van a Guyana y Surinam. Venezuela puede movilizar toneladas de cocaína. Imagínense lo que pueden hacer ellos con el oro. Es un narcoestado y de alguna manera deben lavar el dinero en las economías estables”, dijo Renaud durante un foro sobre trata de personas y explotación sexual.

El Departamento Contra Delincuencia Organizada (DDOT), dependiente de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA realizó el tercer conversatorio sobre este tema con expertos de Estados Unidos, España y Ecuador.

Renaud trabaja en el departamento de Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos y junto a la jefa de división de ese organismo, Maria Michel-Manzo realizaron una presentación sobre las acciones que realizan en esa oficina federal para atacar los delitos de tráfico de personas.

Su trabajo se realiza fundamentalmente en la frontera suroeste de Estados Unidos con México. Allí ven muchos casos de tráfico de personas. “En la sede en la que trabajo nos concentramos en el lavado de activos. Cuando trabajamos con los países socios la idea es desmantelar estas organizaciones de lavado de activos, todas están vinculadas a explotación de mujeres, terrorismo, contrabando de oro y por supuesto el narcotrafico”, dijo Renaud.

En ese sentido contó que su oficina muchas veces realiza trabajo de encubierto. “A veces nos hacemos pasar por personas que ofrecen servicios sexuales de mujeres y niños”, relató. “Nuestra oficina tiene un compromiso sólido para desmantelar y desarticular las organizaciones delictivas que realizan estos actos de explotación sexual”, agregó el funcionario estadounidense.

Manzo relató que cuentan con unas 30 oficinas en diferentes ciudades de Estados Unidos y también en el exterior. Según contó, han visto “muchos casos de trata de personas y contrabando de migrantes” y que desde 2014 se incrementó el tráfico de personas, al punto que según sus estimaciones en esta década se incrementó por tres lo que las organizaciones delictivas de este tipo ganan respecto a 2012.

Acuerdos con instituciones bancarias

El mensaje más importante que pasó Estados Unidos en el conversatorio de la DDOT fue que es necesario realizar acuerdos con instituciones bancarias y prestadores de servicios financieros para transferencias, de forma de poder tener mejor información para llegar a los delincuentes.

La embajadora Cyndy Dyer, que está al frente de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado, puso como ejemplo positivo un acuerdo que realizó PayPal y Polaris, una organización que trabaja sobre el tráfico de personas con fines de explotación sexual, porque de esa manera se puede acceder a mejor información sobre el flujo de efectivo de los traficantes y permite enjuiciamientos por delitos financieros.

“Ese acuerdo permitió el fin de la trata para muchas personas y llevar a los culpables a la justicia”, dijo Dyer. “Son muy importantes las alianzas para afrontar la trata de personas. La necesidad de alianzas empieza dentro de nuestros propios gobiernos, con todas las entidades para que el trabajo sea eficaz”, agregó la embajadora.

Manzo, por su parte, destacó que la legislación de Estados Unidos permite intercambiar información y datos con instituciones y aplicaciones financieras. “Es muy bueno tener un contacto de ida y vuelta. Eso realza a las instituciones en el marco de la inteligencia financiera”. Dijo que aplicaciones con Venmo o PayPal, por ejemplo, “no están reguladas y no se las puede obligar a dar información”, motivo por el cuál “las organizaciones delictivas se dirigen a ellas”.

“Que haya trata sigfnica existencia de otros delitos: por ejemplo narcotrafico”, agregó.

Atención a las mujeres

Otra parte importante del foro estuvo centrada en poner una mirada de género a estos temas, dado que las mayor cantidad de víctimas (cerca del 90%) de los casos de trata y explotación sexual son mujeres o niñas.

El secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Ivan Marques, destacó que es muy grande el desafío que tiene el hemisferio en este sentido. “A medida que nuestros gobiernos realizan estrategias es importante que lo hagan con un enfoque centrado en las víctimas”.

“Estos enfoques no solo evitan la doble victimización sino también trabajo más eficiente”, dijo Marques.

Por su parte, Gastón Schulmeister, director de la DDOT dijo que “el combate a la trata desde la perspectiva financiera ha sido denunciado mucho tiempo como un tema tabú —debido a los intereses económicos en juego de sus redes de explotación criminal y el latente factor de la corrupción—, pero ahora ya forma parte crecientemente de la agenda de cooperación internacional”.

La embajadora de España ante la OEA, Carmen Montón, pidió a los países que además de atacar a las personas que explotan sexualmente a las mujeres, también se ataque la demanda y a las personas que pagan por ellas. “Que medie pago no implica consentimiento. Es más, lo elimina”, dijo Montón.

La secretaria de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Alejandra Mora, dijo que le parece “increíble” que en pleno siglo XXI se esté hablando de las mujeres como mercancía. “Es un tema que nos debe conmover. Una vez pude entrevistar una mujer que era víctima de trata que me decía que al inicio ella ni sabía de lo que se trataba esta situación. Hay que colocar la centralidad de las víctimas y la centralidad de la importancia del cuerpo como nuestro territorio”, dijo Mora, que anteriormente fue ministra de la Mujer en Costa Rica.

Se desconoce el paradero actual de Rolando Álvarez, el obispo nicaragüense crítico con el Gobierno de Daniel Ortega, que fue condenado a 26 años de prisión por rebelión en febrero de 2023. Medios internacionales reportaron que el religioso había sido excarcelado por autoridades del país centroamericano, pero que fue devuelto a prisión tras negarse a abandonar Nicaragua.

DW

La situación de Álvarez ha encendido las alarmas de defensores de derechos humanos y la comunidad internacional por el ataque sistemático que sufren las instituciones eclesiásticas y la sociedad civil en el país, desde que estallaran las protestas de 2018.

En entrevista con DW, Juan Carlos Arce, abogado y defensor de derechos humanos del colectivo NicaraguaNunca+, conocedor en persona de Álvarez, relata: «Desde hace meses que demandamos sobre su paradero, si continuaba en ‘El Infiernillo’ -en alusión a una celda de castigo de máxima seguridad-, o si lo habían trasladado al ‘El Chipote’, a la que suelen ir presos políticos».

Según algunas informaciones, Álvarez estaría recluido en el Sistema Penitenciario Nacional, una cácel conocida como «La Modelo». Sin embargo, «la información es incierta», insiste Arce, fundamentalmente por el hermetismo de las autoridades del país, pero también de la Iglesia católica nicaragüense en sí, añade.

«Sin duda, hay un diálogo sobre la libertad del obispo Álvarez, pero Ortega no cede sin ganar algo a cambio. Así que la única forma para saberlo será con el tiempo», lamenta.

El obispo Álvarez, la punta del iceberg

«Álvarez es la punta de lanza de los sentimientos del pueblo», dice a DW un religioso nicaragüense que no quiso ser nombrado. «Y eso incomoda al Gobierno, que quiere deshacerse de él», asegura.

«Él es de los obispos más queridos del país, que habla fuerte y claro, que usaba el púlpito para hablar de la situación del país», comenta Arce. «Eso hizo que se ganara el cariño de la población en general, no solamente de católicos, sino de diferentes religiones, pero también que se volviera el principal enemigo de Ortega», opina el abogado y defensor de derechos humanos.

Álvarez fue declarado culpable en febrero de este año por delitos considerados como «traición a la patria». Un día antes, se había negado a subir a un avión privado junto a 222 personas prisioneras nicaragüenses que eran excarceladas y enviadas a Estados Unidos, un ejemplo de la persecución que sufre la Iglesia en el país centroamericano.

100 religiosos han sido expulsados en el último año o incluso se les ha negado su ingreso al país, mientras a otros 24 se les retiró la nacionalidad, como a numeros periodistas, escritores y otros opositores.

«Están tratando de aniquilar toda esta red social que existe en muchos países relacionada con la Iglesia católica», dice a DW Jimena Reyes, directora para las Americas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

El trato a la Iglesia

Desde la Coalición Nicaragua Lucha señalan a DW que en 2022 se intensificaron los ataques contra miembros de la Iglesia católica y el clero, primero abriendo procesos de criminalización a su trabajo y coartando su libertad de reunión, unos hechos que se agudizaron en semana santa, con la prohibición de procesiones. El colectivo NicaraguaNunca+ también señala que, actualmente, las diócesis tienen las cuentas bancarias intervenidas.

«Lo que está haciendo Ortega es una acción de venganza», dice Arce, de NicaraguaNunca+, en referencia al papel mediador que tuvieron las diócesis, así como ordenes de monjas, durante las protestas en 2018.

«Es un irrespeto completo hacia ese rol de mediador, hacia lo que representa la Iglesia católica en Nicaragua», agrega Reyes, aunque también baraja otras posibilidades, como el hecho que la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, no sea de fe católica, y que el mandatario mismo quiera restablecer un régimen de una línea comunista, señala. «En esas dos líneas va el odio y la voluntad de reprimir a la Iglesia católica», concluye.

Derechos coartados

En Nicaragua«se han cometido y siguen cometiendose crímenes de lesa humanidad», así como «prácticas de persecución, hostigamiento, acoso, y criminalización de personas defensoras de derechos», denuncia a DW la Coalición Nicaragua Lucha, formada por una veintena de organizaciones de víctimas, periodistas, defensores de los derechos humanos y movimientos sociales. Además de monseñor Rolando Álvarez, otros 37 presos políticos permanecen en la cárcel, recuerdan.

«Es una situación profundamente marcada por el temor, por la incertidumbre de no saber lo que te puede pasar», resume Arce. Según el colectivo NicaraguaNunca+, más de 500.000 personas han salido del país por la violencia política en los últimos cuatro años.

Del 29 de junio al 2 de julio pasado se llevó a cabo en Brasilia el XXVI Encuentro del Foro de Sao Paulo (FSP), auspiciado por el Partido de los Trabajadores y el Partido Comunista de Brasil. 

Por: Nitu Pérez Osuna – La Gaceta de la Iberosfera

Según se desprende de los videos que el propio Foro ha colgado en sus redes, sus integrantes se quejan de haber sido víctimas de «fake news» y de una «leyenda» inventada por sus adversarios; y hasta dedicaron un panel a explicar cómo han sido injustamente «demonizados».

Sin embargo, al leer la declaración final del XXVI Encuentro, se hace evidente que son ellos mismos quienes se han demonizado, ya que el Foro de Sao Paulo se enorgullece se defender las peores causas y hacerse de la vista gorda frente a los graves delitos que se cometen en Iberoamérica e, incluso, en otras partes del mundo, como puede constatarse en alguno de los puntos de la declaración final.

En el punto 5 de la declaración, por ejemplo, atacan al gobierno legítimo del Perú, pero nada dicen del golpe de Estado que pretendió dar el expresidente Pedro Castillo, al buscar disolver ilegalmente el Congreso.

Los puntos 10 y 11 están dedicados a promover la misma histeria climática –que no es la sana defensa del medio ambiente– impulsada por los seguidores de la Agenda 2030, usada para ralentizar la economía, destruir fuentes de energía, cerrar industrias y debilitar la producción agroalimentaria.

En el punto 14, el Foro de Sao Paulo propone abiertamente la regulación de los contenidos de las redes sociales, para garantizar una «divulgación científica comprobada, en contra de la utilización de la internet para la divulgación de noticias y teorías sin comprobación». Se refieren, por supuesto, a censurar la información que perjudique a su causa.

En el apartado 16 leemos cómo el Foro se pronuncia en favor de las migraciones indiscriminadas, las cuales están afectando gravemente a Francia en este momento. Según el FSP, las mismas son  producto de «los efectos nocivos del neoliberalismo», pero ni una palabra expresan sobre la migración más grande en la historia de nuestra región, causada por el régimen de Nicolás Maduro, y calificada por analistas como la mayor catástrofe humanitaria de la región.

El punto 17 está dedicado a repetir la cantaleta según la cual los regímenes dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela son víctimas de sanciones norteamericanas, en lugar de reconocer que se trata de tiranías que violan diariamente los derechos humanos de sus habitantes.

El apartado 18 constituye una verdadera oda al cinismo, al acordar de forma unánime declarar la dictadura cubana como «Patrimonio Universal de la Dignidad», autoconfesión que lanza al profundo despeñadero de satán al FSP, ya que desconocen lo que el mundo sabe: la limitación extrema de las libertades en la isla, los juicios sumarios y la criminalización a la libertad de expresión desde hace más de 60 años

El punto 20, nos da otra muestra del descaro y falsedad propio de la organización comunista al condenar nominalmente el colonialismo, pero solo cuando se trata de Estados Unidos e Inglaterra. Nada dice de la entrega de nuestra soberanía a China por parte de numerosos gobiernos progresistas.

Deliberadamente engañoso es el punto 27 en el que manifiestan: «nuestro respaldo a todas las iniciativas en desarrollo que procuran una salida política y diplomática al conflicto en Ucrania. Rechazamos las amenazas a la paz en el Pacífico y los intentos de la OTAN de avanzar sobre esa región»; pero omiten, adrede, señalar que fue Rusia la que invadió a Ucrania y que hasta la fecha continúa bombardeando blancos civiles en ese país.

En el punto 28 el FSP saluda «las iniciativas del presidente Petro por  la paz en Colombia, una política fundamental para lograr la paz en América Latina y el Caribe». La verdad es que lo que Petro está impulsando es la impunidad de los grupos terroristas como el ELN y la Primera Línea, con lo cual jamás se llegará a la paz, sino al recrudecimiento del conflicto en Colombia.

Luego de analizar la declaración final de este XXVI Encuentro, bien haría el Foro de Sao Paulo en reconocer su propia condición totalitaria en lugar de presentarse como víctima de la ultraderecha; eso sería lo honesto… pero eso es mucho pedir a una organización criminal.

Venezuela envía un “mensaje opuesto” a elecciones libres al inhabilitar dirigentes opositores de cara a las presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro buscará la reelección, dijo este jueves el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, en una visita a Guyana.

El Comercio

“Hay una serie de pasos que el régimen en Caracas puede tomar para demostrar que busca el camino hacia elecciones libres y justas” y la inhabilitación de precandidatos como María Corina Machado, anunciada el viernes pasado, “ciertamente envía el mensaje opuesto”, expresó Blinken en rueda de prensa tras una reunión con el presidente guyanés, Irfaan Ali.

“Pienso que es profundamente desafortunado”, añadió.

Tres de los principales aspirantes en las elecciones primarias de la oposición, previstas para el 22 de octubre, están inhabilitados: el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, Machado y Freddy Superlano, postulado por el partido de Juan Guaidó luego de que este huyera a Estados Unidos.

Los tres han dicho que van a participar de las primarias.

El gobierno de Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a levantar de manera progresiva las sanciones financieras que impuso a Venezuela si hay avances en acuerdos entre Maduro y la oposición en vía a las elecciones del próximo año, aún sin fecha fijada.

“Las sanciones son un medio para un fin y ese fin es ayudar al deseo del pueblo venezolano de restaurar la democracia y (…) eso empieza con elecciones libres y justas”, subrayó Blinken, quien llegó a Guyana procedente de Trinidad y Tobago, donde participó en la cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom).

María Corina Machado

Diputada entre 2011 y 2014, Machado había sido inhabilitada por 12 meses por la Contraloría en julio de 2015. Sin embargo, la semana pasada, ese organismo notificó que la sanción fue extendida a 15 años, el máximo establecido por la ley.

La Contraloría vinculó a la exdiputada con casos de “corrupción” vinculados con Guaidó, reconocido entre enero 2019 y enero de 2023 como presidente encargado de Venezuela por Washington y medio centenar de gobiernos, después de que el grueso de la oposición denunciara como un “fraude” la reelección de Maduro en 2018.

Capriles, quien enfrentó al fallecido Hugo Chávez en las elecciones de 2012 y a Maduro en las de 2013, fue inhabilitado en 2017.

La Unión Europea expresó preocupación por las sanciones administrativas que están vigentes contra precandidatos opositores.

El tema estaba en la agenda en negociaciones entre delegados de Maduro y la oposición en México, pero la mesa de diálogo está paralizada desde finales de 2022.