Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El líder de Restore Britain, Rupert Lowe, ha aprovechado un debate en el Westminster Hall (Reino Unido) para confrontar a los parlamentarios con el desgarrador testimonio de niñas y mujeres blancas que fueron violadas, torturadas, víctimas de trata y degradadas por bandas de explotación sexual de inmigrantes, y abandonadas por las mismas autoridades que deberían haberlas protegido.

La Gaceta de la Iberosfera

El político subrayó que todos los presentes en la Cámara tienen la obligación inmediata de pasar de las palabras a los hechos concretos, porque ya no caben más excusas para la inercia. Anunció que el informe final de su pesquisa independiente verá la luz en los próximos días y que transformará el panorama británico de manera irreversible. «No se trata de discursos, sino de actuar de una vez por todas», insistió.

Este foro parlamentario surgió tras la firma de una petición masiva que reunió a más de 260.000 ciudadanos británicos exigiendo que la institución abordara de frente el escándalo de las redes de depredadores sexuales. Lowe comenzó su intervención expresando gratitud a todos los que respaldaron la iniciativa y dando la bienvenida a las supervivientes que asistieron en persona. Dejó claro que el tema trascendía cualquier disputa partidista y se centraba exclusivamente en ellas.

Antes incluso de que el Ejecutivo anunciara una investigación oficial a escala nacional —que detectó indicios de abusos sistemáticos en decenas de municipios—, el dirigente de Restore Britain puso en marcha su propia comisión independiente. Durante dos semanas de sesiones exhaustivas, recopiló evidencias que, según él, jamás deberían haber sido necesarias. «Quiero que el planeta entero escuche lo que nosotros escuchamos», declaró.

Entre los relatos más estremecedores que compartió ante los legisladores figuraba el de una joven que, con sólo doce o trece años, fue forzada y luego agredida con una botella de vidrio rota introducida violentamente. Otra superviviente describió cómo varios hombres la sujetaron para violarla de forma sucesiva, la golpearon y la intimidaron con matar a sus familiares si abría la boca. Un testimonio adicional mencionó haber sido atacada por entre seiscientos y setecientos agresores distintos a lo largo de tres años, desde que tenía trece.

Los abusos, según las declaraciones recogidas, se agravaban especialmente durante las celebraciones del Eid y otras fiestas religiosas, cuando las reuniones se volvían más multitudinarias, brutales y caóticas, con mayor número de participantes y más menores involucradas. Una víctima relató haber presenciado una furgoneta abierta donde entre quince y veinte chicas permanecían encerradas en jaulas para perros. Otra contó que, en pleno asalto, trajeron canes mientras los agresores grababan, se burlaban y apostaban; uno de los animales la atacó sexualmente mientras un hombre le inmovilizaba la cabeza y la miraba fijamente a los ojos, deseando verla derrumbarse.

Las pruebas también apuntaban a una selección intencionada de las víctimas. Varias supervivientes afirmaron que los perpetradores mencionaban constantemente «chicas blancas» y «chicas cristianas», argumentando que poseían «valores inferiores» o «menos moralidad», en contraste con las niñas musulmanas, a las que atribuían «dignidad y ética superiores». Una de ellas aseguró sin rodeos que el factor étnico «sí determinó» la elección de las afectadas y que todas las menores con las que coincidió en su calvario eran «prácticamente solo blancas».

El informe destaca además cómo los menores bajo protección estatal eran, en la práctica, entregados a los verdugos. Una testigo recordó que los delincuentes tocaban el claxon frente a un centro de acogida y un empleado sacaba directamente a una niña hasta la puerta. «En todos los hogares donde estuve, solo había chicas blancas», añadió otra.

Las instituciones fallaron de manera sistemática. Una adolescente de quince años acudió a urgencias tras una agresión, sangrando y tan inflamada que no podía sentarse; el personal le recetó analgésicos y la envió a casa tras oír una versión edulcorada sobre una bebida adulterada, sin formular ni una sola pregunta incisiva. Otras denunciaron haber sido violadas por agentes de policía en diferentes regiones del país. Un relato incluyó el horror de un agresor apagando un cigarrillo en el rostro de un bebé.

El ataque no se limitaba al cuerpo: también buscaba destruir la identidad y la fe de las víctimas. Una joven cristiana narró cómo los abusadores usaron su crucifijo para someterla y le gritaban: «¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Te ha dejado sola tu Dios?».

Lowe advirtió que podría haber continuado leyendo estas declaraciones durante horas enteras. Concluyó que el Parlamento ya no dispone de justificación alguna para seguir paralizado y que la publicación inminente del documento marcará un antes y un después en la historia del Reino Unido.

“No podemos permitir que nuestro presos políticos cambien de centro de tortura», dijo una familiar. «Ellos deben ser liberados, no trasladados”

Activistas y familiares de presos políticos denunciaron este miércoles que los detenidos en El Helicoide son trasladados a otros centros de reclusión. Exigieron la excarcelación inmediata de los afectados.

El Nacional

Familiares denunciaron que tenían visita pero la suspendieron debido a un traslado, después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijera que El Helicoide estaba cerrado.

No podemos permitir que nuestro presos políticos cambien de centro de tortura. Ellos deben ser liberados, no trasladados”, dijo una familiar.

La denuncia fue reforzada por el politólogo Nicmer Evans, quien en la red social X aseguró que el operativo involucraría a los últimos presos políticos recluidos en esas instalaciones.

“Están trasladando en este momento a los presos políticos y politizados que quedaban en El Helicoide, se estima que son más de 25”, escribió Evans.

Indicó que entre los afectados estarían detenidos vinculados con los casos Pdvsa-Cripto, Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela, así como el exministro Hugo Cabezas.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a El Nacional

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, urgió este miércoles a establecer a la brevedad posible las condiciones institucionales para la celebración de comicios en Venezuela. Destacó que la creación de una nueva comisión electoral transparente e independiente constituye un paso prioritario e impostergable.

EFE

«Nos gustaría verla lo antes posible, pero recuerden que han pasado cinco meses (desde la captura de Nicolás Maduro), ni cinco años, ni 50 meses. Cinco meses no es mucho tiempo para un país que ha pasado por lo que ese país ha pasado, pero claramente necesitamos una nueva comisión electoral», declaró el jefe de la diplomacia estadounidense en audiencia de control ante la Cámara de Representantes en Washington.

Rubio insistió en que el objetivo estratégico de la política exterior de la administración de Donald Trump hacia el país es la realización de «unas elecciones multipartidistas, libres y justas», aunque evitó plantear una fecha tentativa para la convocatoria a las urnas.

El funcionario argumentó que además de un árbitro electoral confiable que reemplace al actual Consejo Nacional Electoral (CNE) –históricamente controlado por el chavismo–, la reconstrucción democrática del país exige el restablecimiento pleno de otras garantías civiles fundamentales.

Subrayó la urgencia de consolidar una prensa libre y sin censura, indicando que si bien se han registrado avances en la dirección correcta, el proceso no ha culminado.

Señaló asimismo que el Ejecutivo venezolano debe «dar espacio a los partidos políticos para que se organicen y se movilicen» sin persecuciones institucionales.

El debate sobre la legitimidad electoral en Venezuela se mantiene abierto desde los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el CNE proclamó la reelección de Nicolás Maduro sin consignar ni publicar las actas de votación de las mesas electorales.

Aquel proceso fue catalogado como fraudulento por la oposición mayoritaria, que reivindicó la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia –actualmente asilado en España–, y detonó el desconocimiento diplomático generalizado de la comunidad internacional.

La geopolítica regional dio un vuelco drástico tras la captura de Nicolás Maduro, que enfrenta cargos por presunto narcotráfico en una corte federal de Nueva York.

A raíz de ese acontecimiento, la Casa Blanca restableció relaciones diplomáticas con Caracas y estrechó lazos de cooperación con el gobierno de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, quien ejercía como vicepresidenta ejeutiva.

En Washington aseguran mantener un papel de tutelaje y acompañamiento político sobre la gestión de Rodríguez, que ha impulsado medidas de apertura económica como la liberalización del sector petrolero nacional y la aprobación de decretos de amnistía a favor de decenas de presos políticos.

El tablero político nacional sumó un elemento de presión la semana pasada, luego de que la líder de la oposición venezolana y premio nobel de la paz de 2025 María Corina Machado confirmó desde Estados Unidos su intención de regresar «pronto» al territorio venezolano con el objetivo firme de postular su candidatura presidencial en elecciones que califica de «limpias y libres».

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, realizó este miércoles 3 de junio de 2026 una visita oficial a Caracas, marcando su primer viaje al país desde que asumió el cargo, según informó el Estado Mayor Conjunto estadounidense a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

La Patilla

De acuerdo con la publicación oficial, el alto mando militar sostuvo conversaciones bilaterales con dirigentes del gobierno interino de Venezuela, además de reunirse con personal de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

“El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, visitó hoy Caracas, Venezuela, en su primera visita oficial al país”, indicó el mensaje divulgado por la institución militar estadounidense durante la tarde del miércoles.

Asimismo, detalló que el funcionario participó en reuniones con altos representantes del gobierno interino y personal diplomático estadounidense destacado en la nación sudamericana.

Como parte de la agenda, Caine también visitó la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina de la Embajada de Estados Unidos, donde expresó su reconocimiento a los efectivos destacados en la sede diplomática.

Según el reporte oficial, el presidente del Estado Mayor Conjunto agradeció personalmente a los infantes de marina por su trabajo y manifestó su “profunda gratitud” por la labor que desempeñan en materia de seguridad.

El general Dan “Razin” Caine es el actual presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el máximo cargo militar dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Fue confirmado para el puesto en 2025 y cuenta con experiencia en operaciones especiales, aviación militar y coordinación estratégica de defensa.

CARTA PUBLICA

Al excelentísimo ciudadano John M. Barret, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a las autoridades democráticas del mundo, a los medios de comunicación, y a todos aquellos comprometidos con la independencia judicial y el Estado de derecho:

Han transcurrido más de dieciséis años desde que la juez penal venezolana María Lourdes Afiuni Mora fue detenida por cumplir con su deber. Su caso no es únicamente la historia de una mujer perseguida por ejercer la función judicial, es también la historia de cómo un sistema de justicia puede ser utilizado como instrumento de represalia política y de cómo una injusticia individual puede transformarse en un mecanismo de intimidación colectiva.

El 10 de diciembre de 2009, la juez María Lourdes Afiuni Mora dictó una decisión judicial en el ejercicio de sus funciones mediante la cual otorgó medidas cautelares al ciudadano Eligio Cedeño, cuya privación de libertad había devenido en arbitraria según la legislación venezolana y según decisión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por esa decisión, adoptada dentro de sus atribuciones legales y respaldada además por el referido pronunciamiento internacional, fue detenida, encarcelada, torturada física y mentalmente, y sometida a un proceso injusto que continúa hasta el día de hoy.

Su medida privativa de libertad fue precedida por declaraciones públicas del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien exigió su condena en cadena nacional de radio y televisión, e incluso llegó a manifestar que, en tiempos de Simón Bolívar, la juez María Lourdes Afiuni Mora habría sido ejecutada por la decisión que había adoptado. Aquellas declaraciones no solo comprometieron gravemente la independencia judicial, sino que enviaron un mensaje inequívoco a todo el sistema de justicia venezolano: decidir conforme a la ley y al derecho podía tener consecuencias personales devastadoras.

Lo que siguió es ampliamente conocido, María Lourdes Afiuni Mora fue recluida en una cárcel común, aun cuando por su investidura le correspondía ir un centro de reclusión especial; fue sometida a condiciones de detención absolutamente incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, y fue víctima de graves abusos físicos, psicológicos y sexuales que dejaron secuelas irreparables en su salud.

Paradójicamente, la propia fiscal encargada del caso dejó constancia de que nunca existió beneficio económico, pago, promesa o contraprestación alguna relacionada con la decisión judicial que motivó la acusación, circunstancia que quedó asentada textualmente en el expediente. Ante ese hecho, la referida representante fiscal recurrió a un delito que no se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico venezolano, al que denominó “corrupción espiritual”. No obstante lo anterior, María Lourdes Afiuni Mora fue igualmente condenada por el delito de corrupción propia, pese a que la norma que tipifica dicho ilícito penal exige para su consumación, la existencia de una contraprestación a cambio de la decisión adoptada por el funcionario judicial.

El caso de María Lourdes Afiuni Mora trascendió las fronteras nacionales y alcanzó notoriedad internacional, suscitando múltiples pronunciamientos de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos, juristas, relatores especiales y gobiernos democráticos. Asimismo, fue presentado ante diversos foros internacionales como uno de los ejemplos más graves de persecución contra una mujer por el ejercicio de sus convicciones y el cumplimiento de sus responsabilidades profesionales en el ámbito judicial.

Pero, dieciséis años después, la injusticia no ha terminado, y aunque ya cumplió con creces cualquier tiempo relacionado con la pena que le fue impuesta, la juez María Lourdes Afiuni Mora continúa atrapada en un limbo jurídico que le impide recuperar plenamente sus derechos. El proceso permanece abierto, las restricciones continúan vigentes, y las solicitudes destinadas a poner fin definitivo a esta situación permanecen sin una respuesta efectiva.

El costo humano ha sido inmenso y despiadado, durante años la referida ciudadana ha estado impedida de reunirse libremente con su única hija y con sus dos nietos, ciudadanos estadounidenses que residen en los Estados Unidos desde sus nacimientos; y ha visto transcurrir más de una década de vida familiar separada por decisiones judiciales que carecen de toda justificación razonable y proporcional.

Sin embargo, el daño causado trasciende a la propia María Lourdes Afiuni, su caso produjo lo que hoy es conocido dentro y fuera de Venezuela como el “Efecto Afiuni”, que no es otra cosa que el miedo de jueces y funcionarios judiciales a actuar con independencia frente a asuntos comprometidos políticamente. Por lo tanto, la detención  y posterior tortura de una juez por tomar una decisión jurisdiccional ajustada a derecho, se convirtió en un mensaje ejemplarizante para todo el Poder Judicial en nuestro país, y en uno de los símbolos más visibles de la pérdida de autonomía institucional en Venezuela.

Por otra parte, meses atrás fue aprobada en Venezuela una Ley de Amnistía presentada como un instrumento orientado a promover la reconciliación nacional. Sin embargo, dicha normativa excluyó a la jueza María Lourdes Afiuni Mora. Asimismo, en fechas recientes, la ciudadana Delcy Rodríguez anunció la realización de una amplia consulta nacional destinada a impulsar una reforma de la justicia penal, con el propósito de transformar el sistema judicial. En este contexto, resulta imposible concebir una reconciliación genuina mientras se continúe ignorando a las víctimas y no se reparen los daños ocasionados por procesos judiciales utilizados como mecanismos de persecución y revancha política. 

De igual manera, no puede hablarse de una justicia plena y efectiva ni de una verdadera transformación del sistema de justicia mientras casos tan emblemáticos y sensibles para el ámbito judicial, como el de María Lourdes Afiuni Mora, permanezcan sin una resolución definitiva que restablezca plenamente sus derechos y reivindique la independencia del Poder Judicial en nuestro país.

Por ello, hacemos un llamado respetuoso pero urgente a las representaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela, en especial a la de Estados Unidos, a los gobiernos democráticos, a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a los relatores de Naciones Unidas, a los medios de comunicación, y a todas las instituciones comprometidas con la defensa del Estado de derecho para que mantengan su atención sobre este caso y contribuyan, dentro de sus competencias, a impulsar una solución definitiva.

Cerrar este expediente no es solamente reparar una injusticia contra una persona, es también enviar un mensaje en favor de la independencia judicial, de la dignidad humana y de la necesidad de que ningún juez vuelva a ser perseguido por aplicar la ley.

Después de dieciséis años, María Lourdes Afiuni Mora merece justicia y Venezuela necesita que esta página oscura de su historia judicial sea finalmente cerrada.

NELSON AFIUNI MORA

Hermano de la Juez María Lourdes Afiuni Mora

ABG. THELMA FERNANDEZ

Representante legal de la familia Afiuni Mora

El expresidente Joe Biden sorprendió a los asistentes al irrumpir en la gira de promoción del nuevo libro de su esposa, la ex primera dama Jill Biden, durante un evento en el 92nd Street Y de Nueva York.

MFM

El incidente ocurrió mientras Jill Biden participaba en una conversación con la moderadora Whoopi Goldberg sobre su memoir titulado “A View from the East Wing”, que aborda sus años en la Casa Blanca y momentos difíciles de la campaña de 2024. Biden, que se encontraba entre el público, se levantó de su asiento y se acercó al borde del escenario para interrumpir el evento.

“¿Quién amas más en el mundo?”, preguntó Biden. Jill Biden respondió entre risas: “Whoopi”, refiriéndose a la conductora del programa The View. Biden reaccionó encogiéndose de hombros ante la respuesta, mientras el público reía. El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó.

El suceso ha generado reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios lo describieron como un momento “incómodo” o “cringey” que robó el protagonismo a Jill Biden, mientras otros lo defendieron como una broma familiar inofensiva o un gesto espontáneo. Medios como Fox News y el New York Post destacaron el carácter “awkward” del intercambio.

Jill Biden continúa su gira de promoción del libro, en la que ha reflexionado sobre los desafíos de la campaña electoral pasada y ha defendido aspectos de la gestión de su esposo. El evento del martes formaba parte de esa serie de presentaciones.

Hasta el momento, ni la oficina de los Biden ni los organizadores han emitido declaraciones adicionales sobre el incidente. El video del momento sigue circulando ampliamente en plataformas como X.

La presión contra el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se incrementa por todos los flancos: mientras las organizaciones que piden su renuncia ratificaron la continuidad de los bloqueos, otros sectores le exigen que actúe para poner fin a los conflictos y restablecer el orden en el país.

Por: María Silvia Trigo – Infobae

Este miércoles se cumplen cuatro semanas de bloqueos que iniciaron en la región andina del país y se expandieron a siete de los nueve departamentos. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay al menos 90 piquetes que tienen paralizada a gran parte del país.

En ese escenario, varios sectores —entre ellos transportistas, empresarios, médicos y miembros de la oposición— están presionando al Gobierno para poner fin a los conflictos.

Este martes, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia lanzó un ultimátum a la administración de Paz y le dio un plazo de 48 horas para que ordene el despeje de las rutas que están bloqueadas. “¿Qué tiene que ver el transporte para sufrir en todas las carreteras?”, cuestionó el dirigente Lucio Gómez, quien denunció que los conductores están varados “como rehenes” desde hace un mes.

“Señor presidente, señores ministros, le advertimos, no dan solución en el término de 48 horas, nos veremos de frente con el transporte boliviano”, advirtió en una conferencia de prensa y luego agregó: “basta de jueguitos, basta de no dar soluciones”.

También hubo pronunciamientos en el sector empresarial de Santa Cruz. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) Jean Pierre Antelo, manifestó en un video que “la confianza depositada no es solo un mandato para salir de la crisis, es también un mandato para gobernar en medio de ella” y pidió acciones para garantizar la vida y los derechos de los bolivianos, luego de que se reportaran fallecimientos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos.

Días antes, el jefe de la oposición y expresidente del país Jorge Quiroga (2001-2002) arremetió contra el primer mandatario y lo instó a tomar decisiones para salir de la crisis. “Gobernar es decidir, no es disfrutar, no es viajar, no es pasarla bomba, no es irse a estar con el rey de España, ni ir a visitar a Trump a sacarse fotos; gobernar es manejar y administrar esta crisis”, afirmó el líder de la opositora de derecha Alianza Libre en conferencia de prensa, junto a diputados y senadores.

Desde que iniciaron los cortes de carreteras el 6 de mayo, la administración de Rodrigo Paz manifestó que apostaría por el diálogo, pero no hubo ningún espacio real de concertación con los protagonistas de las protestas. Si bien por un lado se lograron acuerdos con quienes tenían demandas sindicales y se creó un Consejo Económico y Social que busca incluir sectores sociales en el debate de políticas públicas, el Ejecutivo descartó inicialmente sentarse a negociar con quienes piden su renuncia y los acusó de recibir financiamiento del narcotráfico.

“Cuando uno de los actores solo busca desestabilizar la democracia, la economía, generar zozobra y pide renuncia del presidente , ¿qué se podría negociar en ese sentido? No hay nada que negociar, no se negocia la democracia, no se negocia la ley”, afirmó en una entrevista con el periódico El Deber, el canciller Fernando Aramayo.

En un punto que parece de no retorno y en el que tampoco se vislumbran salidas consensuadas, la Central Obrera Boliviana y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto determinaron continuar con la medida de presión hasta lograr la renuncia del primer mandatario, en línea con la decisión asumida el domingo por la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari que detonó los pedidos de dimisión.

En medio del conflicto han surgido iniciativas de diálogo en la Vicepresidencia del Estado (que no han prosperado), se ha propuesto llamar a un referéndum revocatorio (pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe antes de la mitad del mandato) y se ha abrogado una ley que ponía límites a la implementación de un estado de excepción.

Hasta ahora se han reportado al menos ocho fallecimientos a causa de los bloqueos, la mayoría por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna y otros que sucedieron en medio de los conflictos, pero cuyas circunstancias aún se están investigando. También se ha informado sobre pérdidas millonarias para sectores como el transporte, la industria y el turismo, y una afectación sin precedentes a la población de La Paz que enfrenta escasez de alimentos, de combustible y la interrupción de servicios de salud y de transporte, además del incremento de los precios de productos básicos.

Con cada vez menos cartas en las manos, el Gobierno enfrenta horas decisivas para asumir acciones: “el tiempo se acaba”, advirtió el presidente Paz hace seis días. Muchos en Bolivia creen que ya se acabó.

El fotógrafo canadiense Ulric Collette dedicó años al desarrollo de Genetic Portraits, una serie que fusiona a la perfección los rostros de padres e hijos, hermanos, primos y otros familiares en un solo retrato.

Vía: Art Daily Dose

Los resultados son fascinantes e inquietantes a la vez. Al combinar a los miembros de la familia en un solo rostro, Collette revela similitudes que suelen pasar desapercibidas, transformando la genética en algo visible. Rasgos que parecen distintos se alinean repentinamente, creando retratos que resultan extrañamente familiares y completamente nuevos al mismo tiempo.

Lanzado en 2008, el proyecto explora la herencia, la identidad y los lazos familiares, convirtiendo el ADN en una poderosa experiencia visual y haciendo imposible ignorar los rasgos que compartimos con nuestros seres queridos.



El presidente de Alianza del Lápiz y diputado a la Asamblea Nacional, Antonio Ecarri, anunció que su organización política se incorporará de lleno a las jornadas de consulta nacional sobre la reforma del sistema de justicia penal en Venezuela.

MFM

El objetivo principal, según detalló Ecarri, es “rescatar la presunción de inocencia y evitar violaciones al debido proceso”. El dirigente opositor instruyó a la directiva nacional, a los parlamentarios regionales y a las estructuras del partido para que se desplieguen en los espacios de diálogo y recojan propuestas, especialmente de los sectores más vulnerables.

“Ya hemos dado instrucciones precisas para que nos integremos plenamente en estos procesos de consulta”, afirmó Ecarri durante una rueda de prensa.

Esta participación se enmarca en el debate abierto sobre la reforma penal impulsado por las autoridades, en un contexto donde diversas voces —incluyendo la del propio Ecarri— han denunciado abusos judiciales, extorsiones por parte de funcionarios y retrasos en procesos como la aplicación de la ley de amnistía.

Ecarri, abogado de profesión y figura con trayectoria en la oposición centrista, ha insistido en las últimas semanas en la urgencia de sanear el sistema judicial, considerado por él como “el más corrompido de todos”. Ha propuesto, entre otras medidas, la creación de una Fiscalía Nacional Antiextorsión y mecanismos para proteger a las víctimas y garantizar una justicia más expedita e independiente.

La consulta nacional sobre la reforma penal se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda política reciente, con participación de distintos actores que buscan incidir en cambios profundos al Código Orgánico Procesal Penal y al funcionamiento del Poder Judicial.

Alianza del Lápiz, a través de este anuncio, busca posicionarse como un actor activo en la discusión, priorizando la atención a testimonios ciudadanos y la promoción de medidas concretas de reconciliación nacional.

Henry Nowak era un joven de dieciocho años de Southampton que había empezado la universidad hacía tres meses y que salió a celebrarlo con sus compañeros de equipo de fútbol una noche del diciembre pasado. De regreso a casa, sobre las once, se cruzó con Vickrum Digwa, inglés de ascendencia sij, hindú, que se tomó a mal que le preguntara si era de los malos por lucir un cuchillo  preceptivo en su religión. Enfurecido, acuchilló varias veces a Nowak, al que grabó después mientras trataba de huir.

Vickrum Digwa contó a su familia, encubridora, que había sido objeto de una agresión racista y eso le hicieron saber a los policías cuando se personaron en el lugar donde Nowak, en el suelo, repetía que le habían apuñalado. «No lo creo, amigo», contestaba el policía.

El vídeo impresiona. Mientras Nowak agoniza, los policías, a los que sólo falta comerse un donut, lo tratan con una mezcla de frialdad y burocratismo. «No puedo respirar», repite mientras le esposan.

«Tenemos que comprobarlo», pero cuando lo hacen, Nowak ya ha muerto.

La noticia es un escándalo en Inglaterra, pero incluso en quienes la tratan como algo más que «otro problema con los cuchillos» el enfoque es asombroso. Hasta la indignación aparece ya reeducada. Lamentan la negligencia policial, un nuevo ejemplo de sistema de dos niveles: dureza para unos, blandura para otros.

El asesino justificó su crimen por el racismo sufrido, y la policía le creyó. El «no puedo respirar» de Nowak no se ha hecho mundialmente famoso como el de Floyd porque a los policías no se les puede acusar en ningún caso de racismo. Es un «no puedo respirar» al «antirracismo». Los agentes creyeron al inglés de origen sij por principio, por un adoctrinamiento previo condicionado, precisamente, por el Efecto Floyd: la eficacia profesional cede al miedo a parecer racista.

Ante la duda, e incluso ante el riesgo de muerte, se cree al que no es de aparente origen inglés.

Uno de los dos agentes ha dimitido, y en cierto modo, si lo miramos bien, se ha protegido: se le podrá acusar de muchas cosas, algunas muy malas, pero no de racismo. Las otras acusaciones las podrá superar, la de racismo difícilmente.

Las cosas más extraordinarias hace ya tiempo vienen del Reino Unido. Se dirá que es la deriva woke, pero tampoco será cierto. Es un woke derivado del Estado Inmigratorio.

Y siendo importante esta falla del Estado en su expresión policial, lo grave sigue siendo lo anterior, aquello que lo origina. ¿Por qué un joven inglés tiene que cruzarse, a las once de la noche de un día de diciembre, con un individuo armado que puede matarlo solo por no interpretar la multiculturalidad a su gusto? ¿Por qué cruzarse con alguien cuya religión le permite ir armado o alguien tan claramente trastornado por la experiencia poscolonial, sin duda difícil, de ser un ingles sij?

En el mejor de los casos, Inglaterra señalará a su policía, ideologizada por el antirracismo, que en la práctica es racismo antiblanco, pero lo  grave seguirá siendo la transformación traumática de la población de un país.

Si no se muestra suficiente entusiasmo multicultural ante el hecho, sin duda excitante, de cruzarse por la noche con un individuo armado exóticamente, puede uno morir acuchillado como un perro y la policía del país, sufragada con impuestos de tu familia durante generaciones, dudar de ti mientras agonizas imputándote, sin prueba alguna, una agresión racista, solo por ser blanco, por prejuicio, de modo que, por serlo, se es ya culpable.

Sin embargo, la politizada ineficiencia de la policía y la escandalosa deriva del Estado inglés, empeñado en reprimir las muestras de disconformidad, son lo menos importante.

La clave del asunto no es cómo reprime el gobierno inglés la libre expresión de los descontentos, o cómo, ante las rencillas multiculturales, prefiere optar por la parcialidad «antirracista», o sea, ser acusado de racismo contra los ingleses antes que de racismo xenófobo; lo fundamental es la transformación de la realidad de un país con el riesgo añadido para sus nacionales. Si yo fuera un familiar de Nowak, me preguntaría si no eran ya bastantes las maneras típicamente inglesas de morir.

Por: Hughes – La Gaceta de la Iberosfera

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