En una República del calibre de Argentina, donde el Poder Judicial debe ser el baluarte de la justicia, la realidad dista mucho de ese ideal que plantea la Constitución Nacional.

La Derecha Diario

Y es que no hay libertad sin justicia, justicia que al parecer desde el año 2000 fue socavada sistemáticamente por la influencia y el poder ejercido a manos del kirchnerismo.

Desde la caída de los radicales con De la Rúa a manos del supuesto golpe orquestado por el peronismo en 2001 y la llegada al poder de Néstor Kirchner en 2003, se ha podido observar un patrón claro: la designación sistemática de jueces adictos al poder político.

La estrategia no es nueva, pero sí efectiva. A través de intrincados caminos, el Poder Judicial fue inundado con magistrados y fiscales que, por lealtad o conveniencia, están totalmente dispuestos a mirar hacia otro lado cuando se trata de investigar al gobierno o a sus allegados.El Gobierno de Milei eliminó una regulación estatal de Onganía sobre la culturaDaniel Scioli destacó la apertura de cielos como una clave para fomentar el turismoEl Gobierno reveló que las exportaciones de carne fueron las más altas en 100 años

Para quienes no lo saben, el Consejo de la Magistratura, en conjunto con el «Honorable» Senado de la Nación, es el encargado de seleccionar y disciplinar a los jueces.

Argentina necesita una justicia independiente. | La Derecha Diario

Este órgano vital del sistema judicial ha sido manipulado para asegurar que sean nombrados jueces aquellos abogados con infinita lealtad partidaria y, al mismo tiempo, una vez nombrados, estos no tengan que verse sometidos a las sanciones que podrían enfrentar al aplicar laxamente la ley.

Es tal el manoseo que, de un total de 703 magistrados nombrados al día de hoy, Cristina K. se lleva el primer puesto con 233 nombramientos, Néstor K. 77, Alberto F. 137, haciendo un gran total de 447 jueces en actividad. Los restantes se reparten entre Mauricio M. 191, Carlos M. 46, Fernando DLR. 10, Eduardo D. 10 y Ricardo A. 2.

Jueces designados a dedo durante el kirchnerismo:

Ana María Figueroa: Exjueza de la Cámara Federal de Casación Penal, conocida por su demora en tratar expedientes de corrupción que involucraban a altos funcionarios kirchneristas. Su jubilación fue motivo de un escándalo, ya que intentó permanecer en el cargo pese a haber superado la edad límite.

Daniel Rafecas: Propuesto por el kirchnerismo para la Procuración General de la Nación, su figura ha sido fuertemente cuestionada por desestimar denuncias clave, como la impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por el pacto con Irán.

Alejo Ramos Padilla: Magistrado con fuertes vínculos políticos, señalado por su rol en la causa de espionaje ilegal que terminó beneficiando al kirchnerismo. Su ascenso al estratégico Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, fue interpretado como un movimiento clave para garantizar control sobre las elecciones.

El art. 9 del Decreto Ley N°1285/1958 reza: «Es incompatible la magistratura judicial con toda actividad política(…)«. Sabiamente, la normativa pone un freno a las filiaciones partidarias, lo cual es curioso dado que en la actualidad agrupaciones como «Justicia Legítima» agrupan jueces y fiscales que no ocultan bajo ningún punto de vista su afinidad con el kirchnerismo.

Asociación que, según muchos legos en la materia, es vista como un brazo más del poder K, dispuesta a defender a capa y espada las ideas y referentes políticos a los cuales les rinden pleitesía.

La Corte Suprema de Justicia misma no ha sido ajena a esta influencia; con designaciones cuestionadas y presiones para que ciertos jueces renuncien o se jubilen, se ha buscado constantemente una formación de ministros afines a las necesidades partidarias. Esto no solo afecta la resolución de casos clave, sino que mina la confianza tanto a nivel nacional como internacional.

La falta de renovación del personal judicial, el uso de jueces subrogantes para manipular la composición de los tribunales, los cuales en la actualidad ascienden a 423 (entre Juzgados, Fiscalías y Defensorías), y las presiones políticas para influir en la toma de decisiones son síntomas claros de un desgaste de la independencia judicial.

Los ciudadanos argentinos han visto cómo casos de corrupción y demás delitos, que involucran a funcionarios kirchneristas de todos los niveles, se diluyen o se eternizan en los tribunales, mientras que expedientes contra opositores avanzan con una celeridad que es cuanto menos sospechosa.

La República necesita con urgencia un Poder Judicial independiente y saneado de cualquier posición política. La verdadera reforma judicial debe comenzar con la depuración de la influencia política, asegurando que los jueces sean seleccionados por su mérito, integridad y, sobre todo, por su compromiso con la ley, la moral y las buenas costumbres.

La independencia del Poder Judicial en Argentina es una ilusión mientras el kirchnerismo siga teniendo la capacidad de nombrar y manipular a los jueces.

Y esto va a ser imposible de revertir mientras el Senado sea controlado por ellos, al igual que el Consejo de la Magistratura, partes fundamentales en todo este sistema donde se trafican influencias y favores. Es hora de que la sociedad argentina exija una justicia verdadera, imparcial y libre de las cadenas del poder político.

El asesor legal de la principal coalición opositora de Venezuela, Perkins Rocha, cumple este jueves seis meses de injusta prisión, recordó su esposa, María Costanza Cipriani.

El Nacional

A través de X, Cipriani reiteró la denuncia de «incomunicación y aislamiento» al que es sometido su esposo en El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«Ningún familiar ni su abogado han podido verlo, se le ha impedido ser evaluado por un médico para verificar su condición médica», alertó la esposa del asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Pese a esto, agregó Cipriani, «no han logrado acallar la verdad y fuerza» de Rocha, quien fue detenido el 27 de agosto de 2024, casi un mes después de que se celebraran las presidenciales, en las que la PUD denuncia fraude al considerar que su candidato, Edmundo González Urrutia —exiliado desde septiembre en España—, fue el ganador y no Nicolás Maduro, como proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El pasado septiembre, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Rocha, junto a los exdiputados Freddy Superlano y Biagio Pilieri —también detenidos—, con la divulgación que hizo la PUD del 85,18% de las actas electorales de las presidenciales, documentos que el oficialismo tilda de falsos.

Saab dijo entonces que estos opositores están siendo investigados porque «avalaron», «verificaron», «difundieron» y «divulgaron como real» la página web donde están las actas que la PUD recolectó a través de testigos y miembros de mesa en los comicios, y que el bloque señala como prueba del reclamado triunfo de González Urrutia.

Hasta la fecha, el CNE no ha publicado los resultados desglosados de las elecciones del 28 julio, como lo estableció en su propio cronograma, pese a los numerosos llamados de gobiernos internacionales para aclarar el cuestionado triunfo de Maduro.

Vente Venezuela computa 184 dirigentes opositores y activistas detenidos —gran parte colaboradores de la líder María Corina Machado y de González Urrutia—, a los que califica de presos políticos, mientras que la administración de Maduro y la Fiscalía niegan que hayan arrestados por razones políticas sino que, afirman, cometieron delitos.

La Administración Trump anunció el miércoles la decisión de crear un sistema que obligará a todos los inmigrantes que están en los Estados Unidos a registrarse y reportar su situación ante el Gobierno Federal, señalando que, de no hacerlo, se expondrían a deportaciones, multas y eventualmente a ir a la cárcel hasta por seis meses.

La Gaceta de la Iberosfera

En concreto la medida, anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, obliga a todos los inmigrantes mayores de 14 años a informar de su situación a dicho registro, pues de lo contrario «serán perseguidos y deportados», al considerarse que están incurriendo en un delito federal.

«Los inmigrantes ilegales deben registrarse ante el Gobierno Federal. Esta ha sido la ley del país durante décadas y la haremos cumplir», ha dicho sobre ello en su cuenta personal de X Kristi Noem.

«Si se registran y se van ahora, podrían tener la oportunidad de regresar y vivir el sueño americano. Si no lo hacen, tendrán que afrontar las consecuencias», indicó además la funcionaria.

En efecto, lo señalando por Noem corresponde a una vieja prescripción de las leyes estadounidenses. Específicamente a la ley de Inmigración y Nacionalidad promulgada en 1952, que indica que los inmigrantes deben consignar sus datos personales y dirección ante el Gobierno Federal a más tardar 30 días después de llegar a territorio norteamericano.

Sin embargo, el instrumento legal lleva décadas siendo obviado por distintas administraciones de Gobierno.

En suma, la medida anunciada por Noem no viene sino a complementar el endurecimiento de las políticas migratorias que ha acometido Trump al llegar a la Casa Blanca, algo que fue ampliamente anunciado durante la campaña electoral.

Puede haber consecuencias negativas para quien reclame sus derechos en la Venezuela chavista. Y Emilio (nombre ficticio, por seguridad) supo que había sacado el número perdedor cuando una docena de agentes armados y con los rostros cubiertos tocaron su puerta.

Por: Andrés Gerlotti Slusnys – ABC

No le mostraron la orden de arresto necesaria para sacarlo de su hogar, pero los procedimientos que establece la ley y la manera en que estos son ejecutados tampoco suelen ir de la mano. Especialmente en ese momento; habían pasado pocos días desde que Maduro se autoproclamó ganador de las elecciones presidenciales y el número de detenidos en todo el país ya se contaba por cientos.

Emilio todavía no tenía forma de saber que la noticia de su detención había causado un revuelo en redes sociales.

Apenas al tercer día de ser detenido pudo tener contacto con un familiar. Para entonces, Maduro ya había puesto una cifra a la represión poselectoral: «Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón».

Tocorón y Tocuyito son cárceles de máxima seguridad. En la primera nació el Tren de Aragua, y a la segunda trasladaron a Emilio junto a decenas de presos políticos, acusados de terrorismo. Ambos centros penitenciarios habían sido vaciados el año anterior y han servido para encarcelar a la disidencia.

A Emilio lo encierran junto a otras nueve personas en una celda de siete metros cuadrados. Además de un váter, una ducha y un lavamanos, hay un banco de hormigón «en el que caben dos personas y media sentadas, o una acostada». No hay literas, así que deben dormir «en el suelo pelado, sin sábanas».

Pasan dos semanas hasta que el director del centro penitenciario abre las celdas, y los reclusos pueden estirar las piernas en los pasillos. No hubo mayor conflicto entre los presos en medio del hacinamiento. «Cuando se daban momentos de intolerancia, tratábamos de calmar la situación. Y estas siempre se daban, sobre todo, por malos olores o maneras de contestar. También por ir al baño sin ningún tipo de privacidad. El pudor, la vergüenza y toda esa parte de humanización desaparece», rememora Emilio.

Cerca de la tercera semana de encierro en Tocuyito, los reclusos reciben algunos productos que enviaron los familiares fuera de prisión. «Ahí empezamos a comer más y por fin pude recibir mis medicinas, que debo tomar todos los días». Como también los enfermos de diabetes o VIH, que se vieron obligados a suspender sus tratamientos. «También tuvimos acceso a agua potable; la que teníamos en la celda era turbia, de mal olor y con pésimo sabor, y por eso muchos habían desarrollado patologías, como diarrea, erupciones y todo tipo de alergias».

Han pasado 22 días desde que Emilio fue detenido y siguen llegando presos políticos a la cárcel. Para hacer espacio a los nuevos reclusos, Emilio y otras 500 personas son trasladados a otro edificio del complejo. Están a punto de cumplir el mes de aislamiento que les habían dicho que, sin razón, debían acatar, «pero nos enteramos de que el conteo se reiniciaba, y fue allí cuando se comenzó a sentir la depresión colectiva. Se oía a la gente llorando, pidiendo por sus familias. Era muy fuerte».

La comida ahora es escasa y con exceso de sal o picante. Les dan una arepa con queso por la mañana y otra por la tarde. Al mediodía comen arroz acompañado por «vísceras molidas que a veces estaban podridas. Llegué a perder 42 kilos», comenta Emilio, que pesaba 120 kilos cuando entró a prisión.

Pasado el mes de reclusión, los prisioneros reciben la primera visita familiar. «Quedaron impactados con nuestra apariencia -explica Emilio-. Teníamos como dos meses sin sol. A través de las redes denunciaron que estábamos flacos, pálidos… Y entonces los funcionarios comenzaron a aumentar las raciones de alimentos».

«Había mucha tortura psicológica: los guardias preguntaban por las familias: «cuántos hijos tienes», «a qué se dedican»; y luego nos decían que no los íbamos a ver más, que nos pudriríamos ahí durante 30 años -la pena máxima en Venezuela-. Eso agravaba la situación de inestabilidad mental que ya existía. A mí me amenazaban con que no iba a salir, pero no me importaba pasar ahí el tiempo necesario. Si me doblegaba, ellos ganaban. También había tortura física. «A los que se portaban mal los sacaban esposados y los guindaban en un tubo. O inclinados o con los brazos hacia arriba. Imagina el agotamiento físico».

Las excarcelaciones comienzan a agilizarse tras morir en cautiverio uno de los presos poselectorales por falta de atención médica. Después de casi cinco meses de encierro, Emilio recibe su boleta de excarcelación, pero antes de salir es obligado a firmar un documento asegurando que en la prisión «no se violaron derechos humanos, se portaron bien con nosotros y nunca fuimos maltratados. Una ilegalidad, porque es una declaración jurada que no redactamos nosotros, que son mentiras, y que firmamos bajo coacción». Luego lo hicieron grabar un vídeo dando las gracias a Maduro.

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El gobierno de Donald Trump estaría planeando dar a conocer una nueva lista de nombres de los asociados de Jeffrey Epstein, fallecido magnate acusado de delitos sexuales, en Estados Unidos.

SDP Noticias

La titular de la Fiscalía General de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó que desclasificará los archivos de Jeffrey Epstein con los nombres de sus cómplices y clientes.

“Mañana (jueves 27 de febrero) van a ver información sobre Epstein publicada por mi departamento”, refirió la fiscal de Estados Unidos en una entrevista con Fox News.

Pamela Bondi informó en días recientes que la Fiscalía General de Estados Unidos tiene en su poder los archivos de Jeffrey Epstein y que está recibiendo presiones por parte de integrantes de los partidos Republicano y Demócrata para que publique su “lista de clientes”.

Entre los archivos de Epstein que el gobierno de Donald Trump publicaría este jueves están “muchos registros de vuelos, muchos nombres, mucha información”, adelantó Bondi.

Al respecto la funcionaria estadounidense explicó que el largo tiempo de espera para la publicación de los presuntos asociados y cómplices de Epstein se debió a que la Fiscalía debe proteger las identidades de alrededor de 250 víctimas, quienes son citadas en los documentos.

“Debemos asegurarnos de que su identidad y su información personal queden protegidas», señaló.

“Es bastante enfermizo lo que hizo ese hombre junto con sus cómplices”, agregó la fiscal Bondi.

Algunas semanas después de ser detenido y acusado por tráfico sexual, Jeffrey Epstein se suicidó el 10 de agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York.

A raíz de su caso, se dio a conocer que Epstein tenía contacto con las altas esferas políticas y económicas de distintos países.

Para ese entonces, Epstein ya había sido condenado por delitos sexuales con menores de edad, de los que se declaró culpable en 2008.

Sin embargo, al haberse quitado la vida y por tanto, cancelarse el juicio en su contra, la población de Estados Unidos exigió al Departamento de Justicia que hiciera pública la lista de cómplices y clientes de Jeffrey Epstein.

Algunos de los delitos por los que el multimillonario fue acusado son: tráfico de menores, tráfico sexual, prostitución infantil, abuso sexual infantil y estupro.

Un suceso que se mantiene en la memoria de los venezolanos, una “rebelión” que no fue más que el inicio de la destrucción en Venezuela. Han pasado 36 años de un estallido, escenario de uno de los episodios más trágicos en la historia contemporánea de Venezuela.

La Patilla

El 27 de febrero de 1989, Venezuela se vio sacudida por una ola de protestas, disturbios y saqueos que marcaría su historia de forma profunda. El Caracazo, como se conoce este evento, dejó una herida que 36 años después sigue abierta en la sociedad venezolana.

Las causas del Caracazo son complejas y se remontan a años de crisis económica, políticas neoliberales impopulares y un descontento social generalizado. El detonante inmediato fue el anuncio del “Gran Viraje”, un paquete de medidas económicas presentado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez que incluía un aumento del precio de la gasolina, la liberación de precios y la reducción del gasto público.

Las protestas, inicialmente pacíficas, se tornaron violentas en cuestión de horas. Caracas y otras ciudades del país se vieron envueltas en un caos de saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La represión militar fue brutal y dejó un saldo de entre 300 y 3.000 muertos, según las diferentes fuentes.

El Caracazo fue un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Dejó al descubierto las profundas desigualdades sociales y la pobreza que afectaban al país. También marcó el inicio de un período de inestabilidad política que desembocaría en la crisis actual.

36 años después, el Caracazo sigue siendo un tema sensible en Venezuela. Las víctimas y sus familiares aún esperan justicia. La herida que dejó este vento sigue abierta y es un recordatorio de los problemas que aún aquejan al país.

El Caracazo es un capítulo oscuro en la historia de Venezuela.