Cuando yo digo que estamos dispuestos a “lo que sea”, es estar dispuestos a hacer valer la voluntad de los venezolanos, donde sea que estén.

La precandidata presidencial por Vente Venezuela, María Corina Machado, respondió a una serie de inquietudes en entrevista realizada pór Mario Villegas en la emisora Radio Rumbos este pasado viernes 26 de mayo.

Sobre la transición: debemos estabilizar la economía, construir nuevas instituciones, recuperar la soberanía. Simultáneamente, hay que tener muchos flancos. Debemos acercar a mucha gente con la que hemos tenido diferencias. Lo que garantiza esto es poder construir confianza entre los venezolanos, incluso entre quienes no han creído en mí. Confianza en actores locales, políticos, financieros e internacionales. Vamos a tener que sentarnos a pensar a Venezuela con los acreedores y potenciales inversionistas.

¿Padrino López se mantendría en su cargo?: La respuesta es no. No lo voy a ratificar. Esos señores son responsables de la destrucción de la FAN. Han tenido una responsabilidad enorme y sabemos cómo nuestros ciudadanos militares están en una situación dramática. Y también tienen responsabilidad en el debilitamiento de los procesos de formación y ascensos, y eso destruye una institución. Necesitamos una FAN para una República Liberal Democrática, que se comporte de una manera estricta e impecable en cuanto a los códigos de conducta. Debemos hacer un esfuerzo en reinstitucionalizarla. Esta es una institución que ha permitido la desintegración territorial de Venezuela. Hablo con muchos militares activo e inactivos, y hay mucha gente honorable. Tengo confianza en que dentro de la institución militar aún hay gente muy valiosa, y de hecho hay militares torturados por defender la institución y denunciar lo que sucede ahí dentro.

Sobre juramentación en la AN cuando sea presidenta: Nadie tiene esa respuesta sobre mi juramentación en la AN. Falta año y medio. ¿Tú sabes todos los cambios que van a venir de aquí a allá? La velocidad es enorme.
De aquí a agosto voy a haber pisado los 24 estados. Recientemente estuve en Yaracuy y habían muchos docentes. Un grupo de maestras me llama y me dice una que en la concentración mía había una jefa de calle. Los mecanismos de control social que el régimen ha impuesto a la sociedad se están resquebrajando porque, al final, nos han quitado todo. A mí ayer se me graduaron mis hijos afuera y yo no pude estar. Eso nos une, y por eso el régimen, que provocó la migración de forma intencional, está así de debilitado.

Sobre ataque de Ochoa Antich: Hay gente que le da miedo que yo acabe con la impunidad. Yo creo en la justicia. ¿Tú crees que aquí hay que olvidar todo? Tenemos que lograr un sistema de justicia autónomo. No podemos decirle a este país “aquí no pasó nada”. Si el país siente que no habrá justicia, es peligroso que la sociedad busque justicia en sus manos.

CNE en primarias: ¿participaría? Las primarias son una oportunidad para construir fuerza de cara al 2024. Este proceso hecho de manera competitiva implica que después de 24 años, esta gente sale. El CNE está arreciando en el control del proceso. Todos sabemos que tenemos que construir fuerza, tener coordinación entre todos los actores. Nosotros pedimos dos cosas: que puedan votar los venezolanos afuera y que la gente cuente su voto, que el voto sea manual. Eso haría que el mayor número de personas quiera votar. Ya se logró el voto afuera. Falta lograr que el voto sea manual, para que en la medida que vote más gente podamos exigir que las presidenciales tengan condiciones. Lo importante no es lo que decida uno u otro candidato, sino lo que la gente decida. Lo importante es que participe la gente. Cuando dices que el CNE quiere meter captahuellas, Plan República, sus operadores y agarrarse el proceso, tú dirás cómo se sienten los venezolanos.

Elecciones UCV: Es un proceso muy sencillo. ¿Qué fue lo que pasó? Hay gente que dice de todo y yo no voy a especular, pero es evidente que hay gente que no quiere que las elecciones manuales sean exitosas, y eso es muy peligroso. Espero que la Comisión Electoral explique qué pasó. Es un precedente peligroso.

Sobre su posible inhabilitación: Mucha gente me pregunta si me meten presa o inhabilitan. ¿Y si me matan? Obviamente enfrentamos muchos riesgos, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Reducir esto a votos es no entender la dinámica.

Será presidenta de todos: Cuando sea presidente de Venezuela yo seré presidente de todos, de todos aquellos con los que tenemos afinidad y de los que no. Tú eres también presidente de los corruptos y tienes que garantizarle la justicia y derechos que nos negaron a nosotros. A la tiranía hay que enfrentarla y garantizar el pleno Estado de Derecho. La responsabilidad penal es individual. No puedes juzgar a un grupo, aunque tenga ideas políticas diferentes a las tuyas.

Cuando yo gane las primarias, ya van a haber personas de otros partidos con nosotros. Muchos de esas corrientes ya se están acercando. Muchos quieren mantener las siglas de su partido, y eso es hermoso porque esto es una causa que va más allá de los partidos. Yo tengo apertura para todo el mundo, siempre y cuando no haya elementos éticos delicados. Las diferencias ideológicas para mí son superables.

¿Privatizar Pdvsa? Tenemos un Estado que ha ido creando monopolios y hoy vemos cómo todos los servicios los provee el Estado y qué calidad de servicios reciben los venezolanos. Ese es el drama del socialismo: eliminan la competencia e incentivos, y pagan los patos rotos los ciudadanos y trabajadores. El petróleo se estima que seguirá comercializable hasta dentro de 40-50 años. Este es un país endeudado. ¿Qué debe hacer el nuevo gobierno? Más allá de las diferencias ideológicas, hay algo pragmático: Venezuela no tiene plata y la que tendrá debe invertirla en cosas prioritarias: salud, educación e ir a un proceso de búsqueda de multilaterales. Abrir el mercado. Pdvsa tiene 116 empresas y no funciona ninguna.

¿Dónde está Tareck El Aissami? Así paga la mafia. Yo no sé dónde está. Al final, son ladrones juzgando a ladrones.

Mensaje final: Yo sé que es un momento de mucha tristeza, familias pasando trabajo, dolor, miseria, pero quiero decirles que este país despertó y lo que estoy viendo es imparable. Es muy emocionante. Vamos a tener una nación con dignidad.

¿Negociación? Hay que negociar para la salida y no para la quedada. No estoy dispuesta a negociar la cohabitación, ni la permanencia de estos individuos en el poder. Participaría en una negociación seria para la transición a la democracia. Tiene que ser desde una posición de fuerza superior.

En el libro II de su obra La República, Platón afirma que la suprema injusticia consiste en parecer justo sin serlo. Con mucha frecuencia, los regímenes tiránicos, buscando adquirir legitimidad ante sus gobernados, esconden sus oscuros intereses bajo un manto de legalidad, simulando así actuar de forma justa. En América Latina, este artero subterfugio ha quedado recogido en la popular sentencia: «Para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas», poniendo en evidencia que la ley, aplicada al margen de la justicia (la ley a secas), puede ser utilizada por el tirano para vengarse de sus enemigos.

Por: Ramón Cardozo – DW

El 15 de febrero de este año, un magistrado nicaragüense le aplicó «la ley a secas” a 94 opositores al régimen autocrático de Daniel Ortega. Con base en lo dispuesto en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aunado a la ley que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense y el Código Penal nicaragüense, el magistrado declaró a los 94 acusados como traidores a la patria y prófugos de la justicia. Como castigo, el juez sentenció la pérdida de la nacionalidad y el decomiso de todos sus bienes. Se trató, a todas luces, de una injusticia revestida de legalidad.  

En Venezuela, Nicolás Maduro promulgó a finales del mes pasado la «Ley Orgánica de Extinción de Dominio” (LOED). Esta norma permite al Estado venezolano declarar extinguido de forma expedita el derecho de dominio sobre bienes que hayan sido adquiridos mediante  corrupción, delincuencia organizada, financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.  

La figura de «la extinción de bienes”  ha sido implementada en otros países de la región y tiene sus bases en el apartado 1 del art. 54 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, donde se insta a los Estados integrantes a que consideren el decomiso de los productos del crimen sin necesidad de condena. En países con regímenes autocráticos como Venezuela o Nicaragua, sin embargo, en los cuales no existe equilibrio de poderes ni estado de derecho, este tipo de instrumentos pueden ser desnaturalizados e instrumentalizados con propósitos distintos a su razón de ser.

Por esta razón, organizaciones de la sociedad civil venezolana se han movilizado para alertar a la sociedad en el país, y a la opinión pública internacional, sobre los riegos que trae la aprobación de este tipo de legislación en los actuales momentos. 

Ley verdugo

El Bloque Constitucional de Venezuela, una organización no gubernamental constituida por destacados juristas venezolanos, denunció el 10.05.2023 a través de un comunicado, «el carácter inconvencional e inconstitucional de Ley Orgánica de Extinción de Dominio por ser una ley verdugo que pretende ser aplicada en un contexto de ausencia de una Constitución normativa, de ausencia de un sistema de frenos y contrapesos institucionales, y de ausencia de estado de derecho”. 

Considera el Bloque Constitucional que esta Ley, además, adolece de graves vicios, entre los que destacan los siguientes: a) la desmedida potestad que se le otorga al Ministerio Público para que con base en cualquier «elemento de convicción” pueda solicitar la extinción de dominio, lo cual «representa una grave amenaza de despojo arbitrario y liquidación de bienes, sin fórmula de juicio”; b) la vaguedad establecida sobre las pruebas, lo cual vulnera la garantía del debido proceso; c) la ilimitada discrecionalidad para calificar la buena fe de terceros adquirentes, lo cual genera una gran imprevisibilidad a los ciudadanos. 

Coincidentes criticas han sido expresadas por otros eminentes constitucionalistas, como Román Duque Corredor y Allan Brewer Carias, quienes sostienen que esta ley viola el artículo 116 de Constitución Nacional, el cual prohíbe la confiscación de la propiedad, salvo de aquellos bienes que provienen de actividades ilícitas contra el patrimonio público y otros vinculadas al narcotráfico, previa sentencia firme. Otra critica que le hacen a la ley de Extinción de Dominio es la violación del principio de irretroactividad, ya que la misma pretende ser aplicada a casos anteriores a su promulgación. 

En su estudio «Poder punitivo del estado de extinción de dominio” (23.05.2023), Duque Corredor concluye señalando que esta ley implica un riesgo inminente de que sirva de instrumento contra la disidencia y los actos de protesta, contra los derechos de la libertad de expresión, y como mecanismo de persecución por motivos políticos. 

A los enemigos del chavismo, «la ley a secas”

No hubo que esperar mucho para que surgieran las primeras evidencias de que efectivamente la ley de «Extinción de Dominio” sería utilizada por el régimen de Maduro como un instrumento de persecución política contra de sus opositores. 

El lunes 22 de mayo, Maduro promulgó la «Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero”. Según señaló Diosdado Cabello, esta Ley se complementa de «manera perfecta” con la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.  

Ali Daniels, cofundador de la ONG Acceso a la Justicia, en declaraciones para el portal informativo Efecto Cocuyo, explicó que «el objetivo de esta ley, más que la recuperación de activos, es establecer la responsabilidad penal contra quienes usurpen funciones o se atribuyan ilegítimamente la representación del Estado en el manejo y defensa de activos en el exterior, en alusión al extinto gobierno interino y la AN de 2015”. En otras palabras, lo que se busca, de manera encubierta, es penalizar y aplicar la Ley de Extinción de Dominio a todos aquellos que, de una u otra forma, participen o participaron, en confrontación con el régimen de Maduro, en la defensa de los activos de Venezuela en el exterior. 

La confiscación encubierta

Esta no es la primera vez que el régimen chavista se ha valido de la confiscación de los bienes de sus opositores para perseguirlos y castigarlos. Es necesario hacer la salvedad, sin embargo, de que este apoderamiento de bienes que pertenecen a los particulares, hecho de forma coactiva y sin derecho a indemnización, lo ha realizado el chavismo de forma encubierta utilizando otras figuras jurídicas, como la expropiación. 

Uno de los primeros casos emblemáticos fue la confiscación encubierta de los bienes del canal de televisión Radico Caracas Televisión. En el año 2007, como retaliación a la línea informativa del canal televisivo, Chávez ordenó que no se le renovara la concesión, con lo cual se produjo su cierre técnico. El 25 de mayo de ese año, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en línea con las directrices del Ejecutivo Nacional, «asignó” a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) «el derecho de uso” sine die y gratuito de los equipos de RCTV, decisión que en la práctica fue una confiscación encubierta de los bienes privados de RCTV. 

Otro caso paradigmático de este tipo de prácticas encubiertas fue la confiscación de los bienes e infraestructura del diario El Nacional. El 16 de abril de 2021, a raíz de una demanda por «difamación” intentada por Diosdado Cabello, segundo hombre del régimen, en contra el diario El Nacional, por la reproducción en el diario de una información publicada en un diario español (ABC), la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó una serie de decisiones que culminaron, a través de un «remate judicial,” con la confiscación de hecho de la sede y equipos del Diario El Nacional. 

A estos casos habría que agregar las innumerables expropiaciones que el régimen chavista ha realizado durante estas dos ultimas décadas. De acuerdo con las estadísticas de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), solo entre 2002 y 2015 fueron expropiadas o intervenidas por parte del gobierno nacional 1.322 empresas en Venezuela. La gran mayoría de estas expropiaciones se caracterizaron por la arbitrariedad en el procedimiento expropiatorio y por la no cancelación del justiprecio compensatorio, con lo cual, en la práctica, más que expropiaciones fueron confiscaciones encubiertas. García y Abadí, en su obra «Exprópiese: la política expropiatoria del Socialismo del Siglo XXI” (2019), concluyen, luego de un pormenorizado análisis de esta política, que la figura de la expropiación en Venezuela ha sido utilizada durante el gobierno chavista como «un instrumento para la retaliación política y económica”.  

Hace dos años, la diputada oficialista y exministra Iris Varela declaró que entre sus principales «propuestas» para el período legislativo 2021-2026 estaban la de confiscar las tierras y bienes de productores que se encuentren fuera del país y revocar la nacionalidad venezolana a las personas acusadas de traición a la patria y conspiración. Este tipo de propuestas y la aprobación de estas dos últimas leyes son señales ominosas de que el régimen de Maduro desea seguir avanzando en la ruta marcada por Ortega en Nicaragua.

La oposición de Venezuela anunció este viernes la aprobación de una lista de 80 ciudades, en 31 países, donde los migrantes de la nación caribeña podrán participar en las primarias opositoras del 22 de octubre, en las que se elegirá al candidato que enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales, previstas para 2024.

EFE

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Primaria (CNP) -encargada de la organización del proceso- señaló que, en las ciudades, “se instalarán mesas de votación” para que los venezolanos, que previamente actualicen sus datos de residencia en una plataforma digital diseñada para tal fin, puedan votar de forma presencial, presentando su documento de identidad.

Un requisito para la participación será estar inscrito en el Registro Electoral, afirmó el presidente de la CNP, Jesús María Casal, quien explicó que las ciudades fueron seleccionadas tras evaluar el número de venezolanos residentes, la ubicación geográfica y su acceso para quienes se encuentran en zonas aledañas.

Casal aseguró que, “en las próximas semanas”, la CNP ofrecerá mayores detalles sobre los pasos a seguir para la actualización de datos y el ejercicio del voto en el extranjero.

La lista incluye 15 localidades de Estados Unidos, 10 de Colombia, ocho de España, cinco de Brasil, cuatro de Italia, cuatro de Chile, tres de México, tres de Canadá, tres de Portugal, dos de Argentina, dos de Ecuador y dos también de Perú.

Además, el antichavismo activará la votación en una sola ciudad de Alemania, Aruba, Australia, Bélgica, Bolivia, Costa Rica, Curazao, Francia, Guatemala, Gran Bretaña, Irlanda, Israel, Noruega, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Suiza, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Recientemente, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya asistencia fue solicitada por la comisión, mostró su desacuerdo con varias peticiones, como eliminar el sistema de captación de huellas del proceso, lo que, a juicio del ente, “generaría una vulnerabilidad, abriendo una brecha para que se violente el principio de un elector un voto”.

En la nación caribeña también ha habido manifestaciones para solicitar al ente comicial que abra el Registro Electoral a fin de garantizar la inscripción y actualización de datos de los votantes, de cara a estos comicios internos y a las presidenciales.

Las elecciones en la UCV fueron suspendidas hasta el 9 de junio, confirmó el presidente de la Comisión Electoral, Carlos Martín, en medio de una reunión en la que los estudiantes irrumpieron en la sede de este grupo, rompieron puertas y le gritaron a la actual rectora, Cecilia García Arocha, que dejara su cargo.

Efecto Cocuyo

Antes de confirmarse el diferimiento del proceso comicial, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la casa de estudios, Jesús Mendoza, informó del aplazamiento de los comicios al mismo tiempo que lo anunciaban en sus redes sociales candidatos a rectores como Enrique López Loyo y Paulino Betancourt.

Pese a que la Comisión Electoral ofreció declaraciones más temprano a los periodistas, en las que se comprometía a subsanar los problemas logísticos, el proceso previsto para este viernes 26 de mayo quedó suspendido para dentro de dos semanas.

«Comisión Electoral informa que se suspende la elección el día de hoy. Queda en el CU (Consejo Universitario) la aprobación de la nueva fecha», tuiteó Mendoza.

Primera vuelta será el 9 de junio
Las elecciones se pospusieron hasta el viernes 9 de junio; es decir, dentro de dos semanas, mientras se subsanan los problemas técnicos que provocaron retrasos en el inicio de la jornada. Solo dos facultades, Odontología y Medicina, pudieron comenzar el sufragio, pero con retrasos de dos horas y tres horas y media respectivamente.

«El 9 de junio es una fecha absolutamente apropiada porque ya esta elección estaba organizada. ¿Qué sucedió? Al igual que ustedes me comencé a sorprender esta mañana cuando nos dimos cuenta de que estaban llegando papeletas muy retardadas, yo me había comprometido en subsanar este error, pero encontramos algunas cajas inclusive con papeles de dos facultades. Eso nos llamó a reflexión y el cuento que estamos viviendo ya es conocido por todos ustedes que están acá en su justo reclamo», explicó Martín.

Reiteró que ya tenían organizado el evento, con todos los parámetros previstos en el reglamento transitorio.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a Efecto Cocuyo

Rafael, no es su nombre real, es un gran nerd de Internet. A los 59 años, está activo en todas las principales plataformas de redes sociales, incursiona en las criptomonedas e incluso se llama a sí mismo un influencer.

Por: Reha Kansara y Rachelle Krygier – BBC

Pero eso no es todo lo que hace en línea.

Rafael también es parte de un grupo de venezolanos a los que el estado les paga para twittear propaganda.

Pasa al menos 30 minutos al día publicando contenido progubernamental. “El objetivo es ampliar la información que el gobierno pone en Twitter”, explica.

Todos los días, el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela tuitea un «hashtag del día», que es repetido no solo por las cuentas de los funcionarios electos y simpatizantes del Estado, sino también por «tropas digitales» como Rafael, a quienes se les paga para compartir propaganda. “Hay que espaciarlo para que no se bloquee. Hago como 100 por la mañana y 100 más por la tarde”, dice.

“La idea es mantener una narrativa colectiva. La lucha contra el enemigo [Occidente] todavía existe”, explica el profesor Félix Seijas de la Universidad Central de Venezuela.

Esta narrativa es anterior a las redes sociales y es típica de la ideología del chavismo de izquierda, que se hizo popular bajo Hugo Chávez, el mentor y predecesor del actual presidente, Nicolás Maduro.

En 2018, Rafael encontró un tuit con un hashtag que no tenía sentido para él. «Le pregunté a la persona [que había escrito el tuit] de qué se trataba y me habló de las recompensas».

BBC Trending ha visto algunos grupos privados que operan en Facebook y Telegram, con entre 700 y 3000 miembros, que comparten el último hashtag para animarse mutuamente a twittear.

No todos los participantes se unen a grupos como este, pero Rafael participa activamente en uno de ellos.

A pesar de que frecuentemente comparte contenido en apoyo al gobierno, él no lo apoya debido a las detenciones arbitrarias, las expropiaciones, los salarios insuficientes y la «falta de carisma» de Maduro.

Dice que solo tuitea por los incentivos pagados, pero se queja de que son demasiado bajos.

Como guardia de seguridad de una empresa privada, Rafael gana el equivalente a $80 (£65) al mes. Con los 10 dólares adicionales que gana al mes twitteando, puede comprar pequeñas cantidades de harina, aceite, arroz o incluso tiempo aire para su teléfono móvil.

En la superficie, la información que amplifica parece inofensiva, pero los expertos en desinformación y los analistas políticos venezolanos la ven como parte de una estrategia más amplia para suprimir la libertad de expresión.

Adrián González, fundador de Cazadores de Fake News, un sitio web que desacredita la desinformación venezolana, dice que el gobierno está usando la propaganda «para neutralizar la información que no pueden controlar» en un intento de influir en la percepción pública en línea.

Una forma en que puede hacer esto es ahogando el ruido de sus críticos, particularmente en Twitter.

Marivi Vázquez, de ProBox, una ONG que lucha contra la desinformación en línea en América Latina, dice que el propósito de usar «tropas digitales» como Rafael es interrumpir el algoritmo de «tendencia» al contaminarlo con mensajes a favor del gobierno.

“Esto es muy peligroso porque cuando ves las tendencias y ves que la mayoría de los hashtags supuestamente apoyan al gobierno, es difícil saber qué está sucediendo realmente en el país”.

Estos hashtags suelen formar parte de campañas más amplias para difundir propaganda en línea.

Cuando a principios de este año, el gobierno venezolano fue acusado de usar videos creados con inteligencia artificial para difundir propaganda en línea, respondió rápidamente.

En Twitter, el Ministerio de Comunicaciones dijo que el hashtag del día era #SomosInteligenciaSocial o WeAreSocialIntelligence.

El propósito era contrarrestar las acusaciones de que los simpatizantes del chavismo estaban detrás de los videos falsos, que también se transmitieron en la televisión estatal.

Rafael dice que no amplifica las ideas engañosas y no recuerda haber twitteado el hashtag de «inteligencia social». No puede comprobar porque su cuenta principal, que tenía más de 14.000 seguidores, fue eliminada por Twitter porque, admite, no estaba siguiendo sus directrices.

Sin embargo, sabemos que el hashtag despegó.

Según análisis de Probox, #SomosInteligenciaSocial fue usado más de 360.000 veces en 24 horas y fue tendencia en Twitter en Venezuela. Su análisis también encontró que el 90% de las interacciones con el hashtag provenían de cuentas consideradas bots o «tropas digitales» pagadas para amplificar la propaganda del gobierno.

Rafael nos envió pruebas de los pagos que recibió a cambio de tuitear propaganda. Eran capturas de pantalla de las transferencias realizadas a Sistema Patria, una aplicación de seguridad social creada por el gobierno que da acceso a los venezolanos a subsidios y les permite recibir salarios públicos y pensiones estatales, entre otras cosas. De marzo a abril, sus declaraciones mostraron que ganó el equivalente a casi $10.

Según los expertos de ProBox que han estudiado los pagos a través de la aplicación, los propagandistas pagados le dan acceso a la aplicación Sistema Patria a sus datos para que puedan ser monitoreados. Dependiendo de su actividad en Twitter, las «tropas digitales» reciben un bono mensual en su billetera digital.

BBC Trending le preguntó al gobierno venezolano por qué estaba pagando a sus ciudadanos para twittear propaganda. También le preguntamos si estaba utilizando activamente la tecnología deepfake para difundir propaganda, pero no respondió.

Aunque no está claro si el gobierno desempeñó algún papel en la creación de los informes noticiosos falsos, está claro que hizo campaña para ahogar las críticas, que pueden haber involucrado a propagandistas pagados.

«Es una paradoja», explica el Sr. González. “Muchas personas hacen esto porque necesitan comer, necesitan dinero para internet o porque no tienen un buen acceso a los servicios públicos”.

Intentamos hablar con más propagandistas pagados, pero algunos estaban demasiado avergonzados para hablar y otros temían por su seguridad.

La franqueza de Rafael fue una excepción.