Black Lives Matter terminó el año pasado con un déficit de casi $ 9 millones, mientras seguía pagando millones a los organizadores y familiares de la controvertida cofundadora Patrisse Cullors .

The New York Post

Los documentos fiscales compartidos por Washington Free Beacon muestran que la Global Network Foundation de BLM terminó el año financiero en números rojos por una suma de $ 8,559,748.

Las presentaciones muestran que la organización sin fines de lucro registró ingresos de $8.5 millones, aproximadamente la mitad de los más de $17 millones que gastó.

Ese déficit se hace aún más extremo dado que el año anterior aumentó su alcancía, ganando casi $42 millones después de gastos.

El golpe financiero también dejó al grupo con $ 30 millones en activos, casi $ 11,75 millones menos que cuando comenzó el año fiscal.

Eso significa que ha gastado dos tercios de los $ 90 millones que recaudó, que Cullors, quien renunció por escándalos financieros anteriores destacados por The Post, desestimó anteriormente como «dinero de la culpa blanca».

A pesar de la crisis, se pagaron millones de dólares a empresas con vínculos estrechos con el grupo, incluida una propiedad de Shalomyah Bowers, quien reemplazó a Cullors cuando ella renunció.

Una revisión de auditores independientes de los dos años anteriores, también compartida por Free Beacon , mostró que a la empresa de Bowers se le pagó la asombrosa cantidad de $1,69 millones “por servicios de gestión y consultoría”.

Una organización hermana, Black Lives Matter Grassroots, acusó previamente a Bowers de «abrir un camino de daño irreparable a BLM» y «desviar» millones a su empresa. 

“En lugar de utilizar las donaciones para los fines previstos, el Sr. Bowers desvió estas donaciones a sus propias arcas”, afirmó el grupo en una demanda.

La miembro de la junta, Danielle Edwards, también era dueña de una empresa “a la que se le pagó $1,063,500 por servicios de consultoría”, dijo la revisión de los auditores.

El hermano artista de grafiti de Cullors, Paul Cullors, fue el único empleado asalariado actual el año pasado, recibiendo casi $125,000, con $15,000 en “otra compensación” por seguridad no especificada .

Pero su firma de seguridad, Black Ties LLC, recibió un pago mucho más generoso, obteniendo $ 756,330, similar a lo que se pagó el año fiscal anterior.

La revisión de los auditores señaló: “Un hermano del exdirector ejecutivo era dueño de una empresa de seguridad y protección, a la que se le pagaron $1,602,185 por servicios de seguridad”. 

Sugirió que Cullors todavía tiene vínculos a pesar de haber renunciado, señalaron los expertos.

“Si bien Patrisse Cullors se vio obligada a renunciar debido a los cargos de usar los fondos de BLM para su uso personal, parece que todavía mantiene todo en la familia”, dijo Paul Kamenar, abogado del grupo de vigilancia del Centro Nacional Legal y de Políticas. Baliza libre.

BLM también acordó pagar $ 600,000 a la firma consultora de un ex miembro de la junta no identificado «en relación con una disputa contractual», señaló Free Beacon.

La exdirectora general Kaileee Scales recibió el único otro salario indicado, casi $115,000, por lo que figuraba como una indemnización por despido en curso.

Los cinco miembros de la junta enumerados, incluidos Bowers, Edwards y el actual líder Cicley Gay, también informaron que no obtuvieron ingresos del grupo.

The Free Beacon señaló que no se mencionó ningún pago al papá del bebé de Cullors, Damon Turner , o a su compañía, Trap Heals, a la que se le pagaron $ 969,000 en 2021.

Sin embargo, el medio señaló que las organizaciones benéficas solo están obligadas a revelar los nombres de sus cinco contratistas independientes mejor remunerados.

En sus presentaciones, BLM dijo que estaba “trabajando dentro y fuera del sistema para sanar el pasado, volver a imaginar el presente e invertir en el futuro de las vidas de los negros a través del cambio de políticas, la inversión en nuestras comunidades y un compromiso con las artes. ”

“Estamos construyendo una comunidad de ecosistemas curativos y enriquecedores que apoyan a las comunidades negras afectadas por estructuras opresivas e injusticias”, dijo.

BLM no respondió al informe de Free Beacon y no respondió de inmediato a los mensajes dejados por The Post el miércoles temprano.

Patrisse Cullors renunció a BLMGNF en mayo de 2021, un mes después de que The Post revelara que se había embarcado en una  ola de compras de bienes raíces de $ 3.2 millones , adquiriendo propiedades en Los Ángeles y en las afueras de Atlanta.  

Ella negó haber usado dinero de caridad para sus compras de bienes raíces personales, mientras se quejaba de que las divulgaciones financieras eran «desencadenantes».

La presidenta actual, Gay, dijo que la contrataron para enderezar las finanzas de BLM, a pesar de que ha arruinado sus propias finanzas, ya que se declaró en bancarrota en 2005, 2013 y 2016.

El volcán Popocatépetl hace en la actualidad honor a su nombre en náhuatl: «el cerro que humea». En los últimos días ha emitido repetidamente ceniza, vapor y gas. Situado en el centro de México, entre Ciudad de México y Puebla, el Popocatépetl está considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo, ya que se calcula que 25 millones de personas viven en un radio de 100 kilómetros en torno a este. La agencia de protección civil de México declaró el domingo (21.05.2023) una alerta «amarilla fase tres».

DW

El sistema mexicano de alerta temprana por actividad volcánica funciona básicamente como un semáforo, con los colores verde, amarillo y rojo, explicó en entrevista con DW Hugo Delgado, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, antes de que se elevara el nivel de alerta actual.

El nivel amarillo consta de tres fases. En la segunda, la actual, comienzan, por ejemplo, las actividades de mantenimiento de refugios temporales, así como la revisión de salidas de emergencia y caminos de evacuación. En la tercera fase amarilla, se alista el personal de protección civil con el apoyo del Ejército, y se comienza a preparar a la población para una posible evacuación. Además, se provee de alimentos, cobijas y camas a los diferentes refugios. En el nivel rojo, comenzarían las evacuaciones.

¿Hay peligro inmediato?

Tras un largo periodo de inactividad, el Popocatépetl ha vuelto a estar activo desde 1994, y desde entonces ha mostrado fases de mayor actividad, explica Thomas Walter, geólogo y vulcanólogo del GeoForschungszentrum Potsdam. Pero en su opinión, el mayor peligro para la población no procede del Popocatépetl, sino del campo volcánico monogenético sobre el que se asienta la capital, Ciudad de México. Un campo monogenético suele contener entre diez y cien volcanes. «Eso no quiere decir que mañana vaya a haber una erupción volcánica. No lo sabemos. El problema de este campo monogenético es que no se sabe dónde y cuándo entrará en erupción», dice el vulcanólogo.

Thomas Walter ha viajado varias veces a México y ha participado en proyectos de investigación sobre varios volcanes mexicanos, entre ellos, también el segundo mayor de México, el Popocatépetl, de 5.452 metros de altura.

Aumento de la actividad desde los años 90

El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl produjo sus primeras emisiones de ceniza en 70 años, tras un año de creciente actividad sísmica y emisiones de dióxido de azufre. Varias poblaciones (unos 50.000 habitantes) del flanco noreste del volcán fueron evacuadas inmediatamente, pero la mayoría de los habitantes pudieron regresar al cabo de una semana. Las erupciones episódicas de ceniza continuaron a baja altura hasta 1995. En marzo de 1996, comenzó una nueva ronda de actividad, con el aumento de las emisiones de ceniza y el crecimiento de un domo de lava en el cráter de la cumbre. El 30 de abril de 1996, una erupción mató a cinco alpinistas que habían ignorado las advertencias de mantenerse alejados de la montaña.

Bajo observación por satélite

El aumento actual de la actividad del Popocatépetl no es del todo sorprendente, según el investigador alemán Thomas Walter: «Es uno de los volcanes con actividad más permanente que conocemos y, en consecuencia, se vigila muy de cerca». Esta minuciosa observación incluye no solo las cámaras y sismógrafos habituales, sino también dos satélites alemanes de observación terrestre: TerraSAR-X y TanDEM-X.

«Pudimos ver el cráter desde arriba con estos satélites y nos dimos cuenta de que el suelo había estado subiendo y bajando regularmente durante unos dos a tres años», dice Walter. Visto de perfil, el volcán siempre tendría el mismo aspecto, pero visto desde arriba se podían observar muy bien los múltiples cráteres anidados y su movimiento.

Lo que se puede observar especialmente bien en México en este momento, dice el vulcanólogo, son las llamadas «bombas volcánicas». Se trata de partículas de más de 64 mm de diámetro que son expulsadas por el volcán. Especialmente por la noche, esos proyectiles incandescentes constituyen un impresionante espectáculo natural. Sin embargo, debido a su peso relativamente elevado, esas partículas caen al suelo en las inmediaciones del Popocatépetl y, por tanto, causan daños relativamente menores.

«Estos procesos ya muestran que el Popocatépetl es significativamente más explosivo en este momento, y que tenemos que estar muy atentos. No hay que restar importancia a la actividad, pero tampoco hay que sembrar el pánico», afirma el vulcanólogo de Potsdam.

Cuando Yekaterina Maksimova no puede llegar tarde, la periodista y activista evita tomar el metro de Moscú, aunque probablemente sea la ruta más eficiente.

AP

Esto se debe a que, en el último año, ha sido detenida cinco veces gracias a un omnipresente sistema de cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Cuenta que la policía le decía que las cámaras “reaccionaban” a su paso, aunque a menudo no parecían entender el motivo y la dejan ir tras unas horas.

“Parece que estoy en algún tipo de base de datos”, señala Maksimova, que antes había sido arrestada en dos ocasiones: en 2019 tras participar en una manifestación en Moscú y un año más tarde por su activismo medioambiental.

Para muchos rusos como ella, cada vez es más difícil evitar el escrutinio de las autoridades, con el gobierno monitoreando de forma activa las cuentas en de redes sociales y empleando cámaras de seguridad contra los activistas.

Incluso una plataforma elogiada en su día por los usuarios por facilitar las tareas burocráticas está siendo empleada como una herramienta de control: las autoridades planean utilizarla para notificar el llamado a filas, frustrando así una táctica popular entre quienes quieren esquivar el llamado a filas de evitar que se les entregue la documentación en persona.

Los activistas sostienen que, bajo el mandato del presidente Vladímir Putin, Rusia ha aprovechado la tecnología digital para rastrear, censurar y controlar a la población, construyendo lo que algunos llaman un “ciber gulag”, una oscura referencia a los campos de trabajo donde se encerraba a los prisioneros políticos en la época soviética.

Es un territorio nuevo, incluso para una nación con un largo historial de espionaje a sus ciudadanos.

“El Kremlin se ha convertido de facto en el beneficiario de la digitalización y está utilizando todas las oportunidades para la propaganda estatal, para vigiar a la población, para romper el anonimato de los usuarios de internet”, afirmó Sarkis Darbinyan, jefe legal de Roskomsvoboda, un grupo ruso de libertad de internet al que el Kremlin considera un “agente extranjero”.

AUMENTO DE LA CENSURA Y LOS PROCESAMIENTOS ONLINE

La aparente indiferencia del Kremlin hacia la vigilancia digital pareció cambiar tras las protestas masivas de 2011 y 2012, que se coordinaron por internet, lo que llevó a las autoridades a endurecer los controles.

Algunas regulaciones les permitían bloquear páginas web y otras obligaban a los operadores de telefonía móvil e internet a almacenar los registros de llamadas y mensajes, para compartir la información con los servicios de seguridad si era necesario. Las autoridades presionaron en vano a empresas como Google, Apple y Facebook para que guardasen los datos de sus usuarios en servidores rusos y anunciaron sus planes para construir un “internet soberano” que, en caso de necesidad, se podría aislar del resto del mundo.

En ese momento, muchos expertos calificaron estos esfuerzos de inútiles, y algunos siguen pareciendo ineficaces. Puede que las medidas rusas no parezcan más que una simple cerca comparadas con el gran cortafuegos chino, pero la represión online del Kremlin ha ganado impulso.

Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la censura online y el procesamiento judicial por publicaciones y comentarios en redes sociales despuntaron de tal forma que batieron todos los récords existentes.

Según Net Freedoms, un destacado grupo de defensa de los derechos en internet, más de 610.000 cibersitios fueron bloqueados o eliminados por las autoridades en 2022, el récord anual en 15 años, y 779 personas fueron acusadas por comentarios y publicaciones, otro récord.

Un factor importante fue la ley adoptada una semana después de la invasión que criminaliza el sentimiento antibélico, indicó el presidente de Net Freedoms, Damir Gainutdinov. Además, prohíbe la “difusión de información falsa” o “desacreditar” el ejército, por lo que se utiliza contra quienes se oponen públicamente a la guerra.

Human Rights Watch citó otra ley de 2022 que permite a las autoridades “cerrar extrajudicialmente medio de comunicación y bloquear contenidos en internet por difundir ‘información falsa’ sobre la conducta de las Fuerzas Armadas de Rusia u otros organismos estatales en el extranjero o por propagar llamadas a sancionar a Rusia”.

LOS USUARIOS DE REDES SOCIALES “NO DEBEN SENTIRSE SEGUROS”

Las estrictas leyes contra el extremismo aprobadas en 2014 se centraron en las redes sociales y en los mensajes online, lo que derivó en cientos de casos penales por publicar textos, compartirlos y dales apoyo. La mayoría afectaron a usuarios de la popular plataforma rusa VKontakte, que supuestamente colabora con las autoridades.

A medida que aumentaba la represión, las autoridades pusieron la vista también en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Aproximadamente una semana después de la invasión, Facebook, Instagram y Twitter fueron bloquearos pero sus usuarios seguían siendo denunciados.

Marina Novikova, de 65 años, fue condenada este mes en la ciudad siberiana de Seversk por “difundir información falsa” sobre el ejército en mensajes contra la guerra en Telegram, y recibió una multa equivalente a más de 12.400 dólares. Una corte de Moscú sentenció la semana pasada al activista Mikhail Kriger a siete años de cárcel por comentarios en Facebook en los que expresó un deseo “de ahorcar” a Putin. La famosa bloguera Nika Belotserkovskaya, que vive en Francia, recibió una condena en ausencia de nueve años por publicaciones de Instagram sobre la guerra que, de acuerdo con las autoridades, propagaron “falsedades” sobre el ejército.

“Los usuarios de cualquier plataforma de redes sociales no deberían sentirse seguros”, afirmó Gainutdinov.

A los defensores de derechos les preocupa que la censura online esté a punto de ampliarse drásticamente a través de sistemas de inteligencia artificial que peinen las redes y las webs en busca de contenidos considerados ilícitos.

El regulador gubernamental de medios de comunicación, Roskomnadzor, anunció el febrero el lanzamiento de Oculus, un sistema de IA que busca contenido prohibido en fotos y videos online, y puede analizar más de 200.000 imágenes por día, frente a las 200 de los humanos.

Otros dos sistemas similares que están en fase de desarrollo se centrarán en textos.

En febrero, el diario Vedomosti citó a un funcionario no identificado de Roskomnadzor que lamentó la “cantidad y la velocidad de propagación de falsedades sin precedentes” sobre la guerra. El funcionario citó también declaraciones extremistas, convocatorias de protestas y “propaganda LGBT” entre los contenidos prohibidos que serán identificados por los nuevos sistemas.

Los activistas afirman que es difícil saber si los nuevos sistemas funcionan y hasta qué punto son eficaces. Darbinyan los describe como “algo horrible”, que conduce a “más censura”, en medio de la total falta de transparencia sobre su funcionamiento y regulación.

Las autoridades podrían estar trabajando también en un sistema de bots que recopilen información en redes sociales, aplicaciones de mensajería y comunidades online cerradas, apuntó el grupo bielorruso de hacktivistas Cyberpartisans, que obtuvo documentación de una filial de Roskomnadzor.

Yuliana Shametavets, coordinadora de Cyberpartisans, dijo a The Associated Press que se espera que esos sistemas automáticos creados por el Estado e infiltren en grupos de redes sociales en ruso para labores de vigilancia y propaganda.

“Ahora es normal reírse de los rusos, decir que tienen armas viejas y que no saben luchar, pero el Kremlin es muy bueno en campañas de desinformación y hay expertos informáticos de alto nivel que crean productos extremadamente eficaces y muy peligrosos”, afirmó.

El regulador gubernamental Roskomnadzor no respondió a peticiones de comentarios.

OJOS EN, Y BAJO, LAS CALLES

Entre 2017 y 2018 las autoridades de Moscú instalaron un sistema de cámaras en las calles habilitadas con tecnología de reconocimiento facial.

Durante la pandemia del COVID-19 en 2020, las autoridades pudieron localizar y multar a quienes violaban las cuarentenas.

Ese mismo año, los medios rusos reportaron que las escuelas contarían también con esos sistemas. Vedomosti dijo que no estarán conectadas al sistema de reconocimiento facial apodado “Orwell”, por el autor británico de la novela distópica “1984″ y su “Gran Hermano”, el personaje que todo lo ve.

Cuando comenzaron las protestas por el encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny en 2021, se empleó el sistema para localizar y arrestar a los asistentes, algunas veces semanas después. Después de que Putin anunció en septiembre del año pasado una movilización parcial de hombres para luchar en Ucrania, aparentemente ayudó a las autoridades a atrapar a los evasores.

Un hombre que fue detenido en el metro de Moscú tras no acudir al llamado a filas afirmó que la policía le dijo que el sistema de reconocimiento facial había alertado de su presencia, explicó su esposa, que habló con la AP bajo condición de anonimato por temor a represalias.

En 2022, “las autoridades rusas ampliaron su control sobre los datos biométricos de la población, recopilándolos incluso de bancos, y emplearon la tecnología de reconocimiento facial para vigilar y perseguir a activistas”, reportó Human Rights Watch este año.

Maksimova, la activista a la que paran repetidamente en el metro, presentó una demanda para recurrir los arrestos pero perdió. Las autoridades alegaron que, como ya había sido detenida antes, la policía tenía derecho a retenerla para una “conversación informal”, en la que los agentes le explican a un ciudadano sus “responsabilidades morales y legales”.

Maksimova sostiene que los agentes se negaron a explicarle el motivo por el que figuraba en sus bases de datos de vigilancia, calificándolo de secreto de estado. Ella y su abogado recurrieron el fallo judicial.

En las calles de Moscú hay 250.000 cámaras de vigilancia con ese software: en la entrada a edificios residenciales, en el transporte público y en las calles, indicó Darbinyan. San Petersburgo y otras ciudades grandes como Novosibirsk y Kazan, cuentan con sistemas similares, agregó.

Cree que las autoridades quieren armas “una red de cámaras en todo el país. Parece una tarea titánica, pero hay posibilidades y fondos”.

“VIGILANCIA DIGITAL TOTAL”

En noviembre, Putin ordenó al gobierno la creación de un registro online de personas aptas para el servicio militar luego de que los esfuerzos para movilizar a 300.000 hombres para combatir en Ucrania revelaron un gran desorden en los registros de alistamiento.

El registro, que se prometió que estaría listo en otoño, recopilará todo tipo de datos, “desde clínicas ambulatorias a juzgados, oficinas tributarias y comisiones electorales”, apuntó la analista política Tatyana Stanovaya en comentario reciente para la Carnegie Endowment for International Peace.

Esto permitirá a las autoridades entregar las citaciones de forma electrónica a través de una web gubernamental que se utiliza para solicitar documentos oficiales como pasaportes o títulos de propiedad. Una vez que el llamado aparezca en la plataforma, los destinatarios no podrán abandonar el país. Si no se atiende la citación en un plazo de 20 días, haya sido vista o no, se impondrán otras restricciones como la suspensión del permiso de conducir o la prohibición de comprar o vender propiedades.

Stanovaya cree que estas restricciones podrían ampliarse a otros aspectos de la vida en Rusia mientras el gobierno “construye un sistema estatal de vigilancia digital total, coerción y castigo”. Por ejemplo, una ley aprobada en diciembre obliga a las empresas de taxis a compartir sus bases de datos con el Servicio Federal de Seguridad, la agencia sucesora del KGB soviético, dándole acceso a las fechas de los viajes, la ruta y el pago.

“El ciber gulag, del que se habló de forma activa durante la pandemia, está tomando forma real ahora”, escribió Stanovaya.