A uno se lo llevaron a media noche, de su prisión domiciliaria a la cárcel de El Chipote; que se vistiera bien, le advirtieron. Su familia pensó cosas buenas y cosas malas.
A primeras horas de la mañana, la noticia: 222 presos políticos de Nicaragua estaban ya en camino a Dallas. Hay una decena que no quiso dejar el país.
Aduciendo cargos de terrorismo, desestabilización económica y traición a la patria, los presos políticos salen deportados del país, despojados de sus derechos civiles y políticos, sin derecho a ostentar cargos públicos de por vida y sin la nacionalidad nicaragüense. Es decir, son liberados, desterrados y —si no tienen otra nacionalidad— convertidos en apátridas.
Una cuestión humanitaria
«No podemos creerlo. Hoy acaba una tortura inimaginable, injusta, inaceptable, que jamás debió ser cometida contra más de 250 nicaragüenses, presos políticos de un régimen implacable», dice a DW Elektra Lagos, directora de la Red Internacional de Derechos Humanos RIDH-Europa, que viene trabajando por Nicaragua desde el 2018.
«Esto es solo el comienzo de un largo proceso. Pero, ahora, es el momento de acompañar y abrazar a las familias que no han dejado de clamar por los suyos», subraya Lagos.
En contacto con los familiares de los presos, tanto en Nicaragua como en el exilio, la RIDH recoge testimonios esperanzados. «Ojalá sea el comienzo de la reconstrucción de un país donde todos podamos vivir», decía a la RIDH Berta Valle, esposa de Felix Madariaga, ex candidato presidencial, que estaba confinado en El Chipote.
Desde el colectivo SOS Nicaragua Europa, Santiago Urbina comenta a DW: «Personalmente, lo miro con alivio, es humanitario. Mis amigos estaban en condiciones de tortura dentro de las cárceles, sus vidas corrían peligro. No queríamos que hubiese otra persona muerta como ocurrió con Hugo Torres hace casi un año”.
Han salido 222, pero quedan algunas decenas en la cárcel. «Hoy se da un paso hacia una libertad por la que la Unión Europea y el Parlamento Europeo han abogado en cada comunicación, aunque eso nos costara la declaración de persona non grata con nuestra embajadora», comenta a DW Soraya Rodríguez, eurodiputada por España, que desde las comisiones de Exteriores y Desarrollo ha movido el tema de Nicaragua en la Eurocámara.
¿Liberación de presos por menos sanciones?
Aunque no hay información oficial al respecto, fuentes informadas hablan de que esta liberación se debe a un posible canje con Estados Unidos y la Unión Europea: presos políticos a cambio de reducción de sanciones.
Cabe recordar que desde octubre de 2019, sobre 21 personas del Gobierno y cercanas al poder, así como sobre tres instituciones nicaragüenses, penden sanciones individuales que incluyen la congelación de activos en el espacio del bloque comunitario. Entre los sancionados están incluidos los hijos de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Inmensa comunidad de exiliados
Aunque es muy pronto para un análisis profundo, Santiago Urbina intenta una explicación a esta liberación: «Creo que la presión internacional iba a ser aún más negativa si seguían manteniendo a los presos políticos en condiciones de tortura, constitutivas de más delitos de lesa humanidad».
No obstante, «estos presos políticos se ven desterrados, expulsados de su patria. Desde el Parlamento Europeo hemos manifestado que el retorno seguro de los exiliados es una de las precondiciones para cualquier diálogo o reconocimiento», insiste la eurodiputada española Soraya Rodríguez, del bloque liberal.
Por otro lado, «hay que recordar que hay 25.000 nicaragüenses en España, que han solicitado protección internacional desde el 2018. A ello se suman los cerca de 70.000 nicaragüenses que habían dejado el país antes. Después de Costa Rica y Estados Unidos, España es el tercer receptor de nicaragüenses en el mundo», recuerda Urbina.
Rodríguez, por su parte, advierte que, aunque «hoy se da un paso importante para hacer justicia con los presos y sus familias, el camino hacia la libertad de Nicaragua será más largo».
