El jefe de Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo el jueves que la agencia de la ONU “se quedará” en la planta nuclear de Zaporizhzhia, controlada por Moscú, en el sur de Ucrania.

Por: Infobae

“La OIEA se queda aquí. Que el mundo sepa que la OIEA se queda en Zaporizhzhia”, dijo Rafael Grossi, quien dirige una inspección de la planta, en un video publicado por la agencia de noticias rusa RIA Novosti. No especificó cuántas personas se quedarán ni por cuánto tiempo.

Grossi también afirmó que vio “lo que necesitaba ver” en la visita de este jueves a la central nuclear ucraniana, blanco de bombardeos en las últimas semanas.

“Pienso que en estas pocas horas pudimos recabar muchas informaciones. Vi las principales cosas que necesitaba ver y sus explicaciones fueron muy claras”, dijo Grossi en declaraciones a medios rusos.

El equipo de la OIEA llegó este jueves a la planta nuclear, la más grande de Europa, que ha estado en medio de los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó la invasión a Ucrania hace seis meses.

Vehículos militares rusos escoltan una caravana que transporta la misión de expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) mientras salen de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Un saoldado prorruso monta guardia en la entrada de la central nuclear de Zaporizhzhia (REUTERS/Alexander Ermochenko)

El operador estatal ucraniano Enerhoatom dijo el jueves que morteros rusos provocaron que se apagara uno de los reactores de la planta y dañaron una línea de suministro eléctrico de respaldo utilizada para las necesidades internas. Uno de los reactores de la planta que no estaba funcionando se cambió a generadores diésel, dijo Enerhoatom.

Ucrania y Rusia se culpan entre sí por los fuertes bombardeos que retrasaron temporalmente el traslado del equipo hacia la planta ubicada a orillas del río Dniéper, en un área controlada por las fuerzas rusas. Los combates subrayaron los riesgos para el equipo de inspectores de la ONU en el lugar.

“Ha habido una mayor actividad militar, incluso esta mañana hasta hace muy poco”, dijo Grossi más temprano, y agregó que después de ser informado por el ejército ucraniano, decidieron proseguir a pesar de los riesgos. “Sopesando los pros y los contras y habiendo llegado tan lejos, no vamos a parar”.

Grassi negoció personalmente con las autoridades ucranianas para permitir el paso del equipo.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que algunos proyectiles ucranianos cayeron a 400 metros del Reactor 1. Por su parte, Kiev acusa a las fuerzas rusas de bombardear la localidad de Energodar y un corredor por el que el equipo del OIEA debía pasar para llegar a la planta.

Esta imagen satelital muestra incendios forestales fuera de las principales instalaciones de la central nuclear de Zaporizhzhia en la Ucrania ocupada por Rusia, el lunes 29 de agosto de 2022. (Imagen satelital ©2022 Maxar Technologies vía AP)

Ninguna de las dos versiones pudo verificarse de forma independiente.

El ministro de exteriores ruso Serguei Lavrov dijo que Moscú esperaba “imparcialidad” del equipo.

Prácticamente desde que comenzó la guerra el 24 de febrero, la planta de Zaporizhzhia permanece ocupada por las fuerzas rusas, pero la operan ingenieros ucranianos. Ucrania alega que Rusia está usándola como escudo, almacenando armas allí y lanzando ataques a su alrededor, mientras que Moscú acusa a Kiev de disparar imprudentemente en el área.

Combates a principios de marzo provocaron un breve incendio en el área de capacitación de la planta y, en los últimos días, se desconectó temporalmente debido a los daños, lo que aumentó los temores de una fuga radiactiva o una fusión del reactor. Las autoridades han comenzado a distribuir tabletas de yodo, que ayudarían contra la radiación, a la gente que vive en los alrededores.

Algún día este proceso será estudiado como ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas, toda vez que una mayoría de 78% le dio el visto bueno a una nueva constitución en octubre del 2020 y antes de dos años ese apoyo se reduce a más o menos la mitad, a lo que se agrega que, desde el estallido del año anterior, los chilenos han tenido varias elecciones y en cada una, los electores han tenido resultados y mensajes diferentes, una especie de lotería electoral.

Por: Ricardo Israel – Infobae

El plebiscito de entrada fue especial como votación, ya que la pandemia hizo que los electores de más edad no acudieran a las urnas en la cantidad esperable, y como aprendizaje para el futuro, para mejor legitimarse, todo lo relacionado con reformas constitucionales debiera tener quórums elevados de participación, ya que en esa oportunidad solo alrededor de la mitad acudió a votar.

Este proceso demostró que no existe la supuesta excepcionalidad chilena en relación con el resto de América Latina. A Chile le legó incertidumbre, la que se instaló desde el principio, y con colaboración del gobierno de Piñera, partidos y el Congreso, quienes abdicaron sus responsabilidades constitucionales, abriendo paso a esta experiencia.

El tema es que pasa el día después, ya que Chile amanecerá dividido y polarizado, tal como está ahora. La pregunta para responder es la clásica del ¿Qué Hacer? La respuesta es que por ningún motivo se pueden repetir los errores del proceso anterior, y que toda salida debe defender y fortalecer a la democracia y a la república, es decir, exactamente lo que estuvo en peligro.

La derrota de la propuesta sería indicación que no se quiere repetir ese fracaso, por lo que el único camino que da seguridad es el respeto al Estado de Derecho, y la ley dispone, que si gana el rechazo se mantiene la constitución vigente, es decir, que en el proceso que está terminando solo existió delegación del poder constituyente, el que ahora regresa al Congreso. Al respecto, no hay nada que discutir. El único gran problema es la muy mala opinión que la ciudadanía tiene de esta clase política, y en una forma transversal que alcanza a todos los partidos.

Los miembros de la Asamblea Constituyente debaten formalmente las mociones para una nueva Constitución, en Santiago, Chile (REUTERS/Iván Alvarado/Archivo)

El nuevo Congreso fue electo junto con Boric, y le corresponde abordar los temas constitucionales que siguen pendientes, y el método serio es hacerlo por una vía exactamente opuesta a lo que ha fracasado, es decir, la colaboración en vez de la confrontación. Como el otro proceso se inició con la violencia, esta amenaza se presenta cual espada de Damocles, pero las instituciones democráticas deben responder con la fuerza de la ley, es decir, rechazar la violencia callejera, la que, en el nuevo contexto, es en todo caso, pasajera y limitada en sus alcances.

El gran tema pendiente es que hacer con la frustración y la rabia de amplios sectores, por situaciones de desigualdad, que pueden ser narrativa falsa toda vez que Chile ha sido exitoso en la reducción de la pobreza, pero que sin embargo está instalada en amplios sectores. Esa es la realidad y ahora, el Congreso debe abocarse a encontrar una solución para acceder al Estado de Bienestar al que se aspira, lo que no debe ser visto con temor, sino como evidencia del éxito modernizador capitalista post Pinochet, incluyendo al mercado.

A partir de los 90s, con un consenso sobre la democracia y el mercado, Chile tuvo algunos de los mejores años de su historia. Hoy, la alquimia es encontrar un acuerdo que permita generar los recursos y las políticas públicas para financiar lo que se desea, con seriedad y gradualidad, necesitándose para ello una economía en crecimiento, ahora con la exigencia adicional de mayor igualdad.

El camino, por lo tanto, puede tomar la forma de un Pacto por Chile, al cual concurran todas las fuerzas que lo deseen, y que deje afuera a quienes por lo demás no desean estar, es decir, fuerzas antidemocráticas. Una victoria del rechazo abre la posibilidad de una gran negociación, lo que puede complicar la gobernabilidad del ejecutivo, ya que la administración Boric se ha deteriorado con rapidez, además de haber unido su destino a la opción del apruebo. Por lo tanto, el escenario de negociación se va a dar en un contexto institucional donde al gobierno le quedan todavía tres y medio anos. ¿Será explorado ese escenario? ¿Le nace hacerlo como presidente a Boric?

Este acuerdo nacional requiere alianzas amplias para una reforma constitucional para todos y no solo un grupo, y, por lo tanto, un rol importante para el hoy irrelevante centro político. Si es que Boric gira hacia la moderación social demócrata y una nueva coalición de izquierda, puede salvar su gobierno, aunque ello probablemente traiga consigo el quiebre de su Frente Amplio y el casi seguro retiro del Partido Comunista.

Hay temas que deben figurar si o si ya que su momento histórico les ha llegado. Es -por ejemplo- el caso de la descentralización y regionalización del país, pero como mecanismo de integración y no de separación, a diferencia de lo aprobado en la Convención. También, algo pendiente y necesario como la multiculturalidad del país, ese reconocimiento constitucional a sus pueblos originarios, tal como existe en algunas de las mejores democracias del mundo, al interior de la nación chilena, y no el separatismo de la plurinacionalidad que se sometió a plebiscito.

Como filosofía, este Pacto debe mirar con visión estratégica al siglo XXl, y no a los temas de 1973 y la dictadura posterior, integrando a la constitución las realidades creadas por un conjunto de transformaciones que han ocurrido en Chile y el mundo. Es un tributo al éxito económico y social del país, en un predominio de la narrativa de la verdad y no del relato falso que dice que (casi) nada positivo ha ocurrido en el país en las últimas décadas.

Sebastián Piñera, ex presidente de Chile (EFE/ Marcelo Segura/ Presidencia de Chile)

Se requiere un Estado que aspire no a una transición sino a una Democracia de Calidad, donde las instituciones no solo funcionen, sino que lo hagan en buena forma; un sistema que debe acoger y aceptar los cambios, incluyendo los que tienen lugar en el mercado como el mejor asignador de recursos. Lo que hay que entender es que se habla de una economía, pero no de una sociedad de mercado, toda vez que en una democracia lo financiero no debe ser lo único a considerar, al existir áreas de la vida social donde son otros factores los que predominan, partiendo por la ética.

En Chile existe hoy violencia, anomia, pero también ha habido expansión del consumo y movilidad social, y quienes más claro lo tienen son los muchos latinoamericanos que llegan como migrantes. Hay también exceso de individualismo y distintos tipos de inseguridades y temores, incluyendo los que sufren las víctimas de la insurrección que se vive en la Araucanía.

El plebiscito no despeja el tema constitucional, pero si deja claro que no corresponde repetir el proceso anterior, lo que debe ser dicho las veces que sea necesario, ya que está equivocado Boric al pedir una nueva Convención, lo que no corresponde, ni legal ni políticamente. Y al no haber consenso, lo recomendable es el único camino 100% coincidente con el Estado de Derecho, la democracia y la institucionalidad republicana, y este se radica hoy en el Congreso.

Quedan pendientes interrogantes ya instaladas, para lo cual el camino es la constitución como casa de todos, y no la repetición de una convención que imponga el programa político de un sector a todo el país. El Congreso decidirá si se nombra a una Comisión de Expertos, que aporte lo que no hubo en la convención, es decir, conocimiento de lo que es y lo que no es una constitución, y la disposición a buscar acuerdos con lo que es propio de la democracia, como la única forma de gobierno que asegura la resolución pacífica del conflicto.

El plazo no debiera superar los nueve meses, y un plebiscito final debe permitir que el electorado se manifieste como soberano, sin meterle mano a la urna vía paridad o escaños reservados, solamente mediante la igualdad esencial de ser todos ciudadanos, y que todos los votos valgan lo mismo.

Recordemos que la violencia de octubre 2019 se presentó en el mismo mes donde más de un millón de personas salieron a las calles a pedir pacíficamente una mejor democracia, y poco antes que se tuvieran que suspender dos grandes reuniones globales de las que Chile iba a ser sede. El rumbo fue modificado para una década, en parte perdida, donde se esperaba que el país se acercara en los próximos años al ingreso per cápita de Portugal. El camino extraviado fue por decisión de los chilenos y es también decisión de ellos volver a las políticas públicas que generan éxito y no aquellas que siempre fracasan. Mirando lo que ha ocurrido se le debe encontrar toda la razón a Ayn Rand cuando escribió que “Puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad “.

Para esta nueva etapa del país, de acuerdos amplios para tener una Constitución que mire al siglo XXI y cuyas reglas sean factor de unidad, queda pendiente saber lo que se ignora, es decir, que condujo a la Convención y porque Pinera ofreció algo que no estaba siendo solicitado. El aprendizaje ha sido duro, pero mirar al futuro se puede hacer con “optimismo y fe” tal como dice la canción, y el camino del Pacto por Chile, es en lo personal, aquello en lo que siempre he creído y postulado. Ya está todo dicho. Solo queda que hable el pueblo soberano.

Y que se le escuche.

La ONU advirtió este miércoles de la posible comisión de “crímenes contra la humanidad” en la región china de Xinjiang, en un esperado informe publicado minutos antes de que Michelle Bachelet dejara su puesto de Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Por: Infobae

“El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes (…) puede ser constitutivo de crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad”, afirma el informe en sus conclusiones.

El informe de 48 páginas -que ha estado en elaboración durante tres años- señala detalles de las atrocidades cometidas por el régimen chino contra esta minoría en los “campos de reeducación”.

“El tratamiento de las personas detenidas en el sistema de los llamados centros de formación profesional y técnica es preocupante. Las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluido el tratamiento médico forzado y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género”, remarca el texto.

El quinto capítulo del documento, titulado “Condiciones y trato en los ‘Centros de Educación y Formación Profesional’, revela diversas violaciones a los derechos humanos. “Ex detenidos entrevistados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) habían pasado periodos de tiempo, generalmente, de entre dos meses y 18 meses, en centros de ocho lugares geográficos diferentes, incluidas las prefecturas autónomas de Ili, Aksu, Bayingol, Hotan, Karamay y Urumqi. Dos tercios de los 26 ex detenidos entrevistados declararon haber sido sometidos a un trato que equivaldría a tortura y/u otras formas de malos tratos, ya sea en los propios centros de formación profesional o en el contexto de los procesos de remisión a los centros de formación profesional”, señala el texto.

Y añade: “Estas denuncias señalan que los malos tratos tuvieron lugar durante los interrogatorios o como forma de castigo por (supuestas) infracciones. Los relatos incluían haber sido golpeados con bastones, incluso con porras eléctricas, mientras estaban atados de pies y manos en la llamada ‘silla de tigre’; haber sido sometidos a interrogatorios con agua en la cara; haber sido sometidos a aislamiento prolongado; y haber sido obligados a sentarse inmóviles en pequeños taburetes durante períodos prolongados”.

“Las personas que denunciaron haber sido golpeadas para obtener confesiones describieron haber sido llevadas a salas de interrogatorio que estaban separadas de las celdas o de los dormitorios donde se alojaban las personas. Más de dos tercios de las personas también informaron de que, antes de ser trasladadas a un centro de formación profesional y técnica, fueron retenidas en comisarías de policía, donde describieron casos similares de golpizas mientras también eran inmovilizadas en una ‘silla de tigre’ en esas instalaciones”, advierte el informe.

Otro aspecto señalado es el referido al tratamiento médico forzado: “Casi todos los entrevistados describieron que se les administraban regularmente inyecciones, pastillas o ambas cosas, así como que se les recogían regularmente muestras de sangre en las instalaciones del centro de formación profesional”.

“Los entrevistados fueron coherentes en sus descripciones de cómo los medicamentos administrados les hacían sentir somnolientos. Un entrevistado, por ejemplo, describió el proceso de la siguiente manera: ‘Recibíamos un comprimido al día. Parecía una aspirina. Nos ponían en fila y alguien con guantes nos revisaba sistemáticamente la boca para asegurarse de que la tragábamos’. Aunque la frecuencia de estas intervenciones y tratamientos médicos variaba según los entrevistados, tanto las inyecciones como la administración de lo que se describía como ‘pastillas blancas’ se producían al principio de su internamiento y a lo largo de su estancia en los centros de formación profesional. Ninguno de los entrevistados fue debidamente informado sobre estos tratamientos médicos, ni se sintió en condiciones de rechazarlos. En tales circunstancias, no puede inferirse un consentimiento informado”, advierte el informe.

Y algunos ex detenidos también hablaron de diversas formas de violencia sexual, incluidos algunos casos de violación, que afectaron principalmente a las mujeres.

“Estos relatos incluían haber sido obligadas por los guardias a practicar sexo oral en el contexto de un interrogatorio y diversas formas de humillación sexual, incluida la desnudez forzada. Los relatos describían igualmente la forma en que las violaciones tenían lugar fuera de los dormitorios, en habitaciones separadas sin cámaras. Además, varias mujeres relataron que fueron sometidas a exámenes ginecológicos invasivos, incluida una mujer que describió que esto tenía lugar en un entorno de grupo que ‘hacía que las mujeres mayores se avergonzaran y las jóvenes lloraran’, porque no entendían lo que estaba sucediendo”.

El régimen chino ha negado firmemente estas afirmaciones, a menudo mediante ataques personales o de género contra las mujeres que han denunciado públicamente estas acusaciones.

“Estas violaciones de los derechos humanos, tal y como se documenta en esta evaluación, se derivan de un ‘sistema de leyes antiterroristas’ interno que es profundamente problemático desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Contiene conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan una gran discrecionalidad a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes de investigación, prevención y coerción, en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente. Este marco, que es vulnerable a la aplicación discriminatoria, ha conducido en la práctica a la privación arbitraria de libertad a gran escala de miembros de la comunidad uigur y de otras comunidades predominantemente musulmanas (…) al menos entre 2017 y 2019”, advierte el informe.

Y concluye: “Los sistemas de detención arbitraria y las pautas de abuso relacionadas con ellos en los ‘centros de educación y formación profesional’ (EFP) y en otros centros de detención se producen en el contexto de una discriminación más amplia contra los miembros de la minoría uigur y de otras minorías predominantemente musulmanas, basada en la percepción de amenazas a la seguridad que emanan de miembros individuales de estos grupos. Esto ha incluido restricciones de gran alcance, arbitrarias y discriminatorias de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en violación de las normas internacionales”.

Este informe ha sido publicado una semana después de que Bachelet denunciara presiones por la inminente publicación del documento, llegando a recibir una carta firmada por 40 países y cuyo nombre no quiso desvelar la Alta Comisionada. Bachelet visitó Xinjiang y otras regiones chinas el pasado mes de mayo. Durante la visita, se abstuvo de criticar las políticas de Pekín en la región, lo que generó críticas por parte muchos países por su ambigüedad frente a las violaciones de derechos humanos en la región.

La dictadura sandinista desaparece sacerdotes, mientras la situación en Nicaragua se recrudece día a día con un Papa Francisco quien hasta la fecha solo atinó a publicar un tweet.

Por: La Derecha Diario

Después de meses de persecución y de una situación que ha llamado la atención de la comunidad internacional, y luego de que decenas de organizaciones religiosas le exigieran a Francisco que dé la cara y se pronuncie en contra de la aberrante persecución política que sufren los cristianos y el clero en Nicaragua, el Papa rompió el silencio.

Sin embargo, Francisco no emitió un comunicado, ni una conferencia de prensa ni escribió una carta. Francisco emitió un pequeño y tímido tweet donde dice que sigue la “situación de Nicaragua” con dolor y preocupación. Pide, además, como ya es costumbre, “diálogo abierto y sincero“. Sus palabras muestran la intención de no ofender a nadie.

A pesar del mensaje, la comunidad católica sigue resentida. Duele la demora de Francisco a tocar el tema, duele la extraoficialidad con la que lo hizo, pero duele más lo que no dice. No habla de la persecución, no habla del martirio a sacerdotes, no dice nada.

La Iglesia Católica está viviendo, quizás, la peor crisis de los últimos cien años. Una crisis de carácter interno debido a la falta de reacción del liderazgo ante las persecuciones que viven los católicos no solo en Nicaragua, si no en África, en Medio Oriente y hasta en Europa, en manos de inmigrantes musulmanes que asaltan sin consecuencias a los creyentes de las demás religiones.

Pero sin duda la peor situación se vive en Nicaragua, una situación agravada después de la confirmación de la detención y desaparición del Padre Oscar Benavidez, un sacerdote anticomunista de la diócesis de Siuna a quien se le impidió dar la misa por sus opiniones políticas, y luego cayó en las manos de la policía del dictador Ortega.

Lo que más preocupa a los analistas de las internas del Vaticano es que todo esto tiene un trasfondo mucho peor: con el Papa Francisco a la cabeza, la Iglesia se encuentra dividida entre aquellos sacerdotes que son leales a Francisco, a la Agenda Globalista 2030 y a los líderes socialistas de turno; y entre aquellos sacerdotes que se mantienen fieles a un modelo tomista y tradicionalista que va en oposición al grupo que se encuentra en el poder.

Hoy, Nicaragua es la prueba clerical que permite analizar a todos los sacerdotes. Para determinar de qué lado de la grieta se encuentra cualquier miembro de la Igleisa, solo basta con revisar quienes se están haciendo eco de la persecución religiosa del régimen comunista dictatorial de Ortega y quienes prefieren hablar de otras cosas.

Por ejemplo tenemos al Mons. Oscar Ojea, Obispo de San Isidro y Presidente de la CEA, quien le escribió una escueta y deplorable carta al Cardenal S.E.R. Leopoldo Brenes, Primado de Nicaragua, quien vive una de las peores persecuciones jamás registradas de parte de la dictadura sandinista.

Carta escueta, donde Ojea dice “he tomado conocimiento de las dificultades en las cuales desempeñan su misión, particularmente la situación que se vive en la Diócesis de Matagalpa”. Ofrece cercanía, oraciones y nada más. Quienes no dicen nada tampoco son los sacerdotes Por la Opción de los Pobres, el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y demás agrupaciones de corte socialista.

Quizás Mons. Ojea no ha leído los periódicos y no sabe de la gravedad que viven los cristianos en Nicaragua. Situación que no se da por un desastre natural, sino porque un hombre, un dictador de izquierda, amigo de Castro, Maduro y el Foro de San Pablo, está persiguiendo a sacerdotes que no aceptan sus abusos de poder. Pero también cabe aclarar que esta situación no empezó ayer.

La abogada Martha Patricia Molina Montenegro es la autora del informe “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida? (2018-2022)”, que recopila 190 ataques contra la Iglesia Católica en el país, perpetrados por turbas a fines al régimen, cuyo dictador siempre ha odiado a la Iglesia Católica y a la fe.

Los hechos de violencia comenzaron en 2018 cuando estallaron protestas por una serie de reformas al sistema de seguridad social, que se extendió por todo el país. La violenta represión del régimen sandinista dejó 355 muertos. Desde ese momento, la Iglesia tomó un rol fundamental en la denuncia ante los atropellos a los derechos de los ciudadanos, lo cual provocó una persecución indiscriminada en contra de obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, grupos laicales y hacia todo lo que tenga relación directa o indirecta con la Iglesia católica.

“El lenguaje ofensivo y amenazante de la pareja presidencial contra la jerarquía católica se hicieron cada vez más evidentes y frecuentes; y las acciones de algunas instituciones públicas en contra del trabajo caritativo de la iglesia incrementaron”, señala la Dra. Molina Montenegro.

Para aquellos que no están familiarizados con el sistema interno de la Iglesia, es muy difícil que algo se le escape al Papa. Los Obispos rinden cuentas de todo lo que pasa en sus diócesis y, normalmente, cuando las cosas toman estado público, el Papa ya lo sabía desde hacía tiempo. Entonces, ¿por qué Francisco guardó silencio hasta ahora? ¿Por qué recién ahora llegan unas escuetas palabras en una red social, después de cuatro años de persecuciones? ¿Por qué Franscisco evita pronunciar las palabras que describen lo que realmente pasa en Nicaragua?

No basta con que Bergoglio mande a un sacerdote a publicar un calculado Tweet, ni que mande a un representante a la Organización de Estados Americanos a condenar estas acciones y a pedir el diálogo, hace falta que sea pastor de su pueblo y dé la cara.

Lo cierto es que sus defensores intentan compararlo con Pío XII, quien guardó silencio sobre las atrocidades del nazismo mientras montaba una amplia red oculta que le permitiría salvar a miles de niños judíos. Una comparación realmente ofensiva para la memoria de Pío XII, ya que no hay indicios de ningún tipo de ayuda a los creyentes en Nicaragua, y son los mismos sacerdotes centroamericanos que denuncian el silencio de Roma.

Francisco habla del diálogo como base para solucionar conflictos, diálogo que se ve imposibilitado cuando se encarcelan sacerdotes y obispos, se expulsa al nuncio y se refiere a los miembros de la Iglesia como “demonios con sotanas”.

Pero ante la sorpresa de muchos cristianos que parece que recién ahora descubren que Francisco no era lo que parecía, la duda es: ¿Francisco tuvo una enérgica defensa por los cristianos detenidos en Cuba por manifestarse en contra del Gobierno? ¿Y por los venezolanos? ¿Francisco apoyó a los católicos asesinados en África por los fundamentalistas musulmanes? Sus “enérgicos reclamos” parecen ser muy selectivos.

Mientras tanto, ante la mirada del mundo y la inacción del Papa, el comunista Ortega sigue arrestando sacerdotes, atentando contra Iglesias, cerrando organizaciones benéficas, expulsando a miembros del clero como lo hiciera con el nuncio y con las hermanas de la orden Misioneras de la Caridad.

En definitiva, este Vaticano ha dividido a los creyentes en dos grupos, aquellos de izquierda, defensores de la Agenda 2030, que tienen la facilidad de ignorar la persecución de sus pares, y tienen el respaldo del Papa; y aquellos malvados cristianos que son tradicionalistas, de derecha y que buscan la libertad de vivir y de ejercer su fe.

Un abogado de Los Ángeles que se encuentra preso en Venezuela pidió la ayuda del gobierno del presidente Joe Biden, diciendo en un mensaje grabado a escondidas desde una cárcel que se siente olvidado por el gobierno de Estados Unidos mientras enfrenta cargos penales a manos de uno de los principales adversarios de su país.

Por: AP

Eyvin Hernández, quien ha estado detenido durante cinco meses, describe en la grabación cómo le ha dedicado los últimos 15 años al servicio público como empleado de la defensoría pública del condado Los Ángeles, donde siempre buscó un trato justo para personas que a menudo no tenían un centavo.

“Nadie debería ser abandonado cuando más lo necesita y cuando está más vulnerable”, dijo Hernández en la grabación de casi dos minutos, que la familia Hernández facilitó a la agencia AP. “Sin embargo, no creo que mi gobierno sienta lo mismo por mi”.

Con voz tranquila, Hernández dijo que él y otros estadounidenses que están presos en Venezuela —al menos 10, incluidos cinco ejecutivos petroleros y tres exmilitares— sienten “que nuestro gobierno nos ha abandonado”.

Hernández hizo su petición en momentos en que el gobierno de Biden enfrenta presiones para traer del regreso al país a los cerca de 50 estadounidenses que se cree que han sido encarcelados indebidamente por gobiernos hostiles en otras partes del mundo. Gran parte de la atención está puesta en Rusia, donde Estados Unidos tomó la inusual medida de proponer entregarle a un traficante de armas convicto a cambio de la estrella de la WNBA Brittney Griner. Durante meses, las autoridades federales han buscado de manera discreta llegar a un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que retiene al mayor número de estadounidenses, quienes presumiblemente son usados como palanca en negociaciones.

Henry Martínez dijo que su hermano le envió un mensaje de voz el 21 de agosto. Una copia del mensaje se le entregó al Departamento de Estado, que sopesa si turna el caso de Hernández al enviado especial del gobierno para asuntos de rehenes, Roger Carstens.

En la grabación, Hernández dijo que han pasado meses desde que él o cualquiera de sus compatriotas en la misma situación pisaron por última vez un tribunal y no tienen esperanzas de tener un juicio justo.

“Este lugar tiene como fin destrozarte psicológica y espiritualmente”, dijo en referencia a su reclusión en una cárcel de máxima seguridad en la que se encuentran muchos opositores de Maduro. “Todos somos inocentes, pero se nos acusa y se nos trata como terroristas”.

Dijo que la incertidumbre, el aislamiento y las violaciones a los derechos humanos le están pasando la factura, y dos estadounidenses ya intentaron quitarse la vida, mientras que un tercero sufre colapsos mentales a diario.

“Si no nos sacan pronto, quizá ya no quede a quién salvar”, dijo.

La AP no pudo verificar las aseveraciones de Hernández. Funcionarios de Naciones Unidas han denunciado desde hace mucho tiempo la falta de independencia de los jueces y fiscales en Venezuela, y las condiciones en la prisión en la que se encuentran Hernández y varios otros estadounidenses.

Un portavoz del Departamento de Estado se negó a comentar sobre el caso de Hernández, alegando restricciones de privacidad, pero señaló que la agencia revisa de manera continua las detenciones de los estadounidenses en el extranjero. También subrayó que el gobierno de Estados Unidos ha emitido advertencias para que los estadounidenses eviten ir a Venezuela debido al riesgo de ser detenidos de manera indebida y de amenazas de grupos armados ilegales, en especial en las fronteras del país.

Hernández, que pasó su 44to cumpleaños en prisión, fue arrestado el 31 de marzo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Su familia dice que viajó al lugar desde la ciudad de Medellín junto con una amiga venezolana que necesitaba que le sellaran su pasaporte para resolver un problema relacionado con su estatus migratorio en Colombia. La familia de Hernández aseguró que él nunca tuvo la intención de ingresar en Venezuela y que tenía programado su vuelo de regreso a Estados Unidos tres días después.

Pero al parecer ambos cayeron en manos de algún grupo delictivo.

Después de llegar en autobús a la ciudad de Cúcuta, tomaron un taxi para un viaje corto hasta el puente internacional Simón Bolívar, según le contó Hernández a su familia. Un cuarto individuo se subió en el asiento delantero y supuestamente les ofreció sus servicios como guía para ayudarlos a sortear la confusión en la frontera, una zona llena de grupos delictivos y un mar de gente que efectúa cruces ilegales en ambos sentidos.

Antes de que pudieran darse cuenta, el taxi se detuvo en un camino de tierra y se les ordenó que salieran del vehículo y caminaran hacia el otro lado de la frontera invisible que separa a ambos países.

Para cuando Hernández se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde para dar la vuelta. Un hombre armado con un fusil le exigió que le diera 100 dólares, según la familia del abogado. Cuando dijo que no traía nada de efectivo le pusieron una capucha en la cabeza.

Cuando sus captores encontraron su pasaporte estadounidense, le dijeron que estaba en problemas y lo entregaron a las fuerzas de seguridad, que lo mantuvieron incomunicado durante semanas.

A la angustia de la familia de Hernández se suma el hecho de que no está clasificado como alguien que fue detenido indebidamente, una definición que abarca a los estadounidenses a los que se les considera inocentes o que fueron encarcelados con el fin de obtener concesiones de Estados Unidos. Sin esa designación —un proceso que podría tardar meses— el gobierno estadounidense tiene capacidad limitada para pedir su liberación.

Al menos tres de los otros 11 estadounidenses que se sabe están detenidos en Venezuela enfrentan una situación similar. Uno de ellos es Jerrel Kenemore, programador informático al que se detuvo una semana después de Hernández, y dos ex boinas verdes que participaron en la frustrada incursión de 2020 con la intención de derrocar a Maduro.

Biden firmó el mes pasado una orden ejecutiva para proveer más información a las familias de estadounidenses presos en el extranjero y para imponer sentencias más severas a delincuentes, terroristas y funcionarios que los retengan.

El régimen de Maduro es un duro crítico de la política exterior de Estados Unidos. Pero más recientemente, en momentos en que el gobierno de Biden ha mostrado disposición para revisar una medida impuesta por su predecesor para imponer sanciones a Maduro y exigir un cambio de régimen, han mejorado las posibilidades de una posible excarcelación.

En marzo, el régimen de Maduro dejó en libertad a dos estadounidenses después de una visita de altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado a Caracas, entre ellos Carstens, quien se reunió con Hernández en junio durante un recorrido para revisar el estado de salud de los estadounidenses detenidos. Maduro también se ha comprometido a reanudar las negociaciones con sus opositores, algo que no ha hecho hasta el momento.