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Es lo que es

Armando Esteban Quito

Ok Diario desvela la lista completa de las personas investigadas en el caso Plus Ultra que salpica al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según pudo confirmar este periódico, Zapatero ejerció presiones para lograr el polémico rescate de 53 millones de euros a la aerolínea, fondos que habrían sido presuntamente blanqueados a través de una trama internacional.

Ok Diario

La juez Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, ha abierto una pieza separada bajo secreto de sumario en la que investiga a diez personas por pertenencia a organización criminal, apropiación indebida y blanqueo de capitales en el entramado del rescate de Plus Ultra.

En el epicentro de la investigación se sitúan los hermanos Luis Felipe Baca Arburu y Enrique Martín Baca Arburu. Ambos nacieron en Perú pero residen desde hace años en La Romana, una de las zonas más exclusivas y opulentas de República Dominicana, paraíso fiscal de multimillonarios latinoamericanos.

Los Baca tejieron durante años una red empresarial en España, constituyendo tres sociedades que domiciliaron estratégicamente en un lujoso piso del selecto barrio de Los Jerónimos, en pleno corazón de Madrid. Un abogado les asistió en la constitución de estas empresas pantalla y también ha sido imputado. Su asistente personal, Gabriela Puente Garaboa, completa este primer círculo de investigados.

La conexión chavista

La lista de imputados se amplía con dos empresarios vinculados al régimen chavista: Kristhian Alegre Walter y Danilo Alfonso Diazgranados Manglano. Este último, conocido por mover millones de euros desde Venezuela hacia el extranjero, vive en la misma urbanización de lujo que los hermanos Baca en República Dominicana. Simón Leendert Verhoeven, empresario neerlandés y acreedor de Plus Ultra, cierra el círculo de investigados internacionales.

Todos ellos completan la nómina de investigados en España dentro del procedimiento judicial que culminó con la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO de la compañía, Roberto Roselli; y el amigo personal de Zapatero, Julio Martínez Martínez.

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En una rueda de prensa sobre el Informe de lucha contra el contrabando y hallazgos de auditorías, llevada a cabo por el presidente Gustavo Petro el 18 de diciembre de 2025, el primer mandatario se refirió al llamado a la unión que hizo el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigido a la fuerza pública colombiana.

Infobae

“Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el mandato de Bolívar”, precisó Maduro, refiriéndose a posibles ataques armados en su territorio por parte de Estados Unidos.

El presidente colombiano se pronunció al respecto, indicando que Maduro no está facultado para dar órdenes a las Fuerzas Militares del país. “No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, señaló.

Aseguró que solo a través de una constituyente, que permita un trabajo mancomunado entre países, incluyendo a Colombia y Venezuela, será posible que un jefe de Estado imparta directrices a uniformados de otras naciones.

“La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas (Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela) es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”, aseveró.

Recordó que la historia de ambas naciones ha estado unida por años y que hoy en día se mantiene, pero con un detalle problemático: personas de ambos países hacen parte de una organización criminal que durante décadas ha causado estragos y dolor en Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN): “La única organización armada binacional, integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN”, detalló

Nicolás Maduro volvió a dar un discurso  llamó a la unidad nacional y rechazó cualquier duda en la defensa de Venezuela, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos por la Operación Lanza del Sur (Southern Spear), que incluye un importante despliegue naval y aéreo cerca de las costas venezolanas.

La Patilla

Maduro enfatizó: «Dudar en defender nuestra tierra venezolana, es traición. Dudar en defender nuestras riquezas minerales, es traición. Dudar en defender nuestra soberanía y nuestro derecho a la paz, es traición. Dudar en repudiar a la mafia de la sayona criminal que llama a invadir a Venezuela y que nos quiten la riqueza, es traición».

El líder del régimen chavista manifestó en medio de la fuerte presión militar del gobierno de Donald Trump, que «es tiempo de lealtad, de valentía, de patriotismo y de la máxima unión nacional de todos los venezolanos y las venezolanas para defender nuestra tierra, nuestra riqueza, nuestro petróleo, nuestro pueblo, nuestro presente y el derecho al futuro».

Estas declaraciones se producen en el contexto de la escalada militar estadounidense en el mar Caribe, iniciada en noviembre bajo la «Operación Lanza del Sur», liderada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y con la participación del portaaviones USS Gerald R. Ford.

Washington justifica la operación como una lucha contra el narcotráfico y el «narcoterrorismo», acusando al chavismo de vínculos con el Cartel de los Soles.

Sin embargo, la Administración de Maduro asegura que EEUU tiene como objetivo «apoderarse de las reservas de petróleo y minerales» del país.

Nicolás Maduro insistió este jueves en su llamado a los militares de Colombia a unirse al pueblo y la Fuerza Armada venezolana para defender la soberanía «como un solo Ejército», en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, rechazado tanto por el chavismo como por Bogotá.

La Patilla

«Le hice un llamado a los pueblos de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia a unirse al pueblo de Venezuela, a defender la soberanía como un solo ejército, como un suelo pueblo y hoy ratifico el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz», señaló Maduro en un acto de entrega de las obras de rehabilitación de un sistema de metrocable (teleférico) en Caracas, transmitido por el canal complaciente del régimen Venezolana de Televisión (VTV).

El líder chavista sostuvo que «nadie lo va a sacar» de esa idea, que ya había anunciado el miércoles, porque, añadió, si un día Colombia fuera agredida, Venezuela la defendería sin «dubitación».

Este jueves, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que Maduro no debe dar órdenes a los militares de la nación andina y que la única manera de que estas dos naciones se unan es con «el poder constituyente y la soberanía popular».

«Mientras eso no pase nadie puede dar órdenes al otro Ejército, yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada ni allá pueden darle órdenes al Ejército de Colombia», sostuvo en una rueda de prensa sobre el informe de lucha contra el contrabando y hallazgos de auditorías.

El mandatario colombiano señaló que la única organización armada binacional, «integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN (Ejército de Liberación Nacional)».

Maduro llamó el miércoles a los militares de Colombia a una «unión perfecta» con Venezuela a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, cuyos Gobiernos rechazan el despliegue aeronaval estadounidense y sus ataques contra embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.

Banderas de paz

Por otra parte, Maduro pidió al pueblo de Estados Unidos «levantar las banderas de la paz», luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ordenara bloquear los buques petroleros sancionados que se desplacen desde y hacia el país suramericano.

«Aquí lo que se pretende, con todos estos planes, es un cambio de régimen, y el pueblo de Estados Unidos lo sabe», afirmó el líder chavista.

Maduro indicó que todos los productos que se producen en el país seguirán saliendo al mercado exterior.

La semana pasada, el Comando Sur de EE.UU., que ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado bajo una orden judicial.

Trump afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta, algo que desde el país suramericano han rechazado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró este jueves dispuesta a convocar a países americanos y de otros continentes para buscar una salida “pacífica” a cualquier conflicto en Venezuela y la región, al reiterar la importancia de oponerse a cualquier “intervención” e “injerencismo”.

El Nacional

En su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que la postura mexicana responde a «una convicción» y a la Constitución, y planteó que debería ser compartida por los países suramericanos, aun cuando existan diferencias políticas entre gobiernos.

“Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones (…) y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos”, señaló.

Esto, añadió, “más allá del gobierno de (Nicolás) Maduro en Venezuela”, pues sentenció “ese es otro tema”.

“El tema central es el intervencionismo y el injerencismo”, afirmó, sin poner a debate la situación de Venezuela por las críticas a Nicolás Maduro, cuya victoria en las elecciones presidenciales de 2024 ha sido cuestionada por numerosos países de la comunidad internacional.

La mandataria agregó que, ante una eventual disputa, “hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas” para encauzar una solución pacífica, con la participación de las partes involucradas.

“Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica (…) tienen que participar todas las partes”, afirmó, al recalcar que esa ha sido “la posición de México desde hace mucho tiempo”.

No obstante, aclaró que, hasta ahora, su gobierno no ha recibido peticiones para encabezar gestiones multilaterales, ni tampoco ha establecido comunicación con algún otro gobierno con este fin.

“No hemos recibido ninguna solicitud formal”, apuntó, aunque señaló que hay comunicación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con Venezuela.

Sus declaraciones se dan luego de que este miércoles la mandataria mexicana urgiera a la ONU “asumir su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre” y buscar siempre la solución pacífica de los conflictos.

Sheinbaum insistió en que, en el plano interno, respaldar la no intervención es una obligación legal y política.

“Sería gravísimo que la presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque estaría violando la Constitución”, dijo.

Este miércoles, el canciller de Venezuela, Yván Gil, agradeció a la presidenta mexicana por el llamado a las Naciones Unidas, frente a la escalada de tensiones entre Washington y Caracas, en medio del despliegue militar estadounidense sin precedentes en el Caribe y la retórica agresiva del presidente estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió este jueves en que puede ser una suerte de mediador entre Estados Unidos y Venezuela, a fin de impedir que haya «una guerra» en América Latina.

«Yo hago política buscando soluciones para los problemas», dijo Lula en una rueda de prensa, en la cual confirmó que, en recientes conversaciones con los presidentes de EE UU, Donald Trump, y de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió saber «cómo se puede contribuir para una solución pacífica».

Lula conversó por separado con Trump y con Maduro a inicios de este mes y dijo que, en ambos casos, insistió en que «las cosas no se resuelven con tiros», sino con diálogo político.

«Le dije a Trump que esta es una región de paz, que debe seguir así», declaró para ofrecerse después para «conversar con Venezuela y con otros países para evitar un conflicto armado en nuestra América del Sur».

Lula apuntó que todavía «no entiende» el por qué de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, dijo que no sabe «si es por el petróleo, por los minerales críticos, las tierras raras» o para «derribar a Maduro», pero que lo importante es impedir un aumento de las hostilidades.

«Incluso, estoy pensando que tal vez intente conversar con Trump otra vez para saber cómo es posible contribuir para tener un acuerdo diplomático y no una guerra fraticida», agregó el líder brasileño.

Lula y Trump hablaron por teléfono por última vez el pasado 2 de diciembre para abordar las negociaciones comerciales en curso entre sus países y la lucha contra el narcotráfico en un momento en que EE UU mantiene un amplio despliegue militar en aguas del Caribe y el Pacífico.

Varios buques que transportaban derivados del petróleo desde Venezuela zarparon de la costa este del país escoltados por la Armada venezolana entre la noche del martes y la mañana del miércoles, horas después de que el presidente Trump amenazara con imponer un «bloqueo» a los petroleros sancionados que operaban allí, según datos de seguimiento de buques y tres personas familiarizadas con el asunto.

NY Times

Los buques que transportaban urea, coque de petróleo y otros productos derivados del petróleo desde el Puerto de José se dirigían a los mercados asiáticos, según dos de las personas, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada del asunto. El régimen venezolano impuso la escolta militar en respuesta a las amenazas de Trump, indicaron.

La tercera persona familiarizada con el asunto, un funcionario estadounidense, afirmó que Washington tenía conocimiento de las escoltas y estaba considerando diversas medidas, pero se negó a proporcionar detalles. No quedó claro de inmediato si los buques figuraban en la lista de buques sancionados por Estados Unidos, lo que los hacía sujetos a la amenaza de bloqueo de Trump.

La petrolera estatal venezolana, PDVSA, declaró el miércoles que los buques vinculados a sus operaciones continuaban navegando «con plena seguridad, apoyo técnico y garantías operativas, en ejercicio legítimo de su derecho a la libre navegación».

El martes por la noche, Trump anunció un «bloqueo total y completo» a los buques cisterna que entraban y salían de Venezuela y que habían violado las sanciones comerciales estadounidenses. Aproximadamente el 40 % de los buques cisterna que han transportado crudo venezolano en los últimos años han sido sancionados por Estados Unidos, según Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com.

Estados Unidos anunció este jueves cargos contra más de 70 miembros de la pandilla de origen venezolano Tren de Aragua, incluidos su jefe, «Niño Guerrero» y sus principales lugartenientes, informó el Departamento de Justicia.

AFP

«Esta nueva serie de cargos en múltiples estados subraya el compromiso inquebrantable de la Administración Trump de restaurar la seguridad pública», aseguró la Fiscal General, Pam Bondi, citada en un comunicado.

Los cargos presentados simultáneamente en los estados de Colorado, Nebraska, Nueva México, Nueva York y Texas muestran toda clase de actividades criminales, desde desvalijar cajeros automáticos, distribuir drogas, secuestros o asesinatos, para lo cual los pandilleros utilizan armas pesadas e incluso explosivos.

«Tren de Aragua es un cartel terrorista que viola nuestras fronteras para traer muerte, drogas y caos a comunidades estadounidenses», acusó el vicefiscal general, Todd Blanche, también citado en el texto.

En el Distrito Sur de Nueva York, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», actualmente en fuga, por actuar supuestamente en concierto con el Cartel de los Soles, que el gobierno estadounidense considera que está liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

«El Cartel de los Soles es (…) una organización venezolana de narcotráfico compuesta por altos funcionarios del gobierno venezolano que corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos», explica el comunicado de esa jurisdicción.

Washington mantiene en vigor una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que conduzca a la captura de el «Niño Guerrero».

El Tren de Aragua está sometido igualmente a sanciones económicas, para intentar bloquear sus actividades en todo el mundo.

En el Distrito Sur de Texas se presentaron nuevos cargos contra cuatro ayudantes del «Niño Guerrero», entre ellos Yohan Jose Romero, alias «Johan Petrica», y Juan Gabriel Rivas Nunez, alias «Juancho».

Destacan también los cargos de secuestro, tortura y asesinato contra once pandilleros en Nuevo México, que además protagonizaron una balacera en Colorado contra un grupo rival.

Estados Unidos ha presentado cargos contra 260 miembros del Tren de Aragua desde enero de este año, destacó el comunicado.

En el sistema judicial estadounidense, una presentación pública de cargos significa que las autoridades revelan las acusaciones que fueron presentadas ante un gran jurado previamente, tras investigaciones en secreto que pueden durar años.

El presidente de EE UU, Donald Trump, insistió este jueves en que no necesita autorización del Congreso para realizar bombardeos sobre intereses del narcotráfico que estén radicados sobre suelo venezolano, aunque a su vez admitió que no le importaría compartir la información de antemano con el legislativo.

El Nacional

«No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado», dijo Trump en un acto en la Casa Blanca, tras redoblar su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro y advertir que EE UU pronto empezará a realizar ataques sobre «objetivos terrestres» en Venezuela.

El martes, el presidente estadounidense anunció que Washington bloquearía todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela con crudo a bordo y acusó al Ejecutivo venezolano de robar yacimientos y activos petrolíferos estadounidenses, en aparente referencia a las expropiaciones durante el gobierno de Hugo Chávez.

Desde el verano, Trump ha ordenado un despliegue militar masivo en el Caribe con el objetivo de detener el tráfico de drogas, del que también acusa a Caracas, y desde septiembre ha bombardeado más de dos docenas de supuestas narcholanchas, provocando la muerte de alrededor de un centenar de personas.

La afirmación de Trump llega dos días después de una entrevista con la secretaria de Gabinete, Susie Wiles, quien admitió que un despliegue militar en suelo venezolano supondría «la guerra» y que, en ese caso, el presidente requeriría la aprobación del Congreso.

Estados Unidos impuso el jueves sanciones a 29 buques y a las empresas encargadas de su gestión por su presunta participación en la llamada flota en la sombra” de Irán, una red marítima que Washington acusa de exportar crudo y productos petrolíferos para eludir las restricciones internacionales, informó el Departamento del Tesoro.

Infobae

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las embarcaciones y compañías sancionadas habrían transportado cientos de millones de dólares en petróleo y derivados iraníes mediante prácticas de transporte engañosas, diseñadas para ocultar el origen real de la carga y los destinos finales de los envíos.

La acción también apunta al empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, cuyas empresas están asociadas a siete de los buques identificados, así como a múltiples compañías navieras vinculadas a la operación, administración o intermediación de estas embarcaciones.

Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas y entidades de Estados Unidos realizar transacciones con los individuos y empresas designados. En la práctica, estas medidas suelen tener un alcance más amplio, ya que bancos, aseguradoras y operadores logísticos internacionales tienden a cortar vínculos para evitar riesgos legales.

El Departamento del Tesoro sostiene que la “flota en la sombra” recurre a tácticas como el apagado deliberado de los sistemas de identificación automática (AIS), transferencias de carga de barco a barco en alta mar, cambios frecuentes de bandera y el uso de documentación falsa para disimular el origen iraní del crudo.

Estas redes se volvieron centrales para Irán tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018 y la posterior reimposición de sanciones al sector energético, que redujeron drásticamente las exportaciones oficiales del país y limitaron su acceso a mercados formales.

Pese a ello, Teherán ha logrado sostener ingresos petroleros mediante circuitos opacos, intermediarios y flotas de buques que operan fuera de los canales tradicionales, con Asia como principal destino, según datos de seguimiento marítimo y estimaciones de analistas energéticos.

La ofensiva contra la flota iraní se produce además en un contexto en el que Washington ha intensificado acciones similares contra otras economías sancionadas. En el caso de Venezuela, Estados Unidos endureció el control sobre buques y empresas vinculadas a exportaciones de crudo tras revertir parcialmente licencias que habían permitido alivios temporales al sector petrolero.

Como resultado, decenas de petroleros vinculados a cargamentos venezolanos quedaron varados o desviaron sus rutas ante el temor a sanciones, lo que afectó los flujos de exportación y generó tensiones adicionales en la industria energética del país sudamericano.

Fuentes del mercado han señalado que el uso de flotas opacas y empresas pantalla se convirtió en un mecanismo compartido por países bajo sanciones, como Irán, Venezuela y Rusia, lo que ha llevado a Estados Unidos y a sus aliados a reforzar la vigilancia sobre el transporte marítimo global.

Desde Washington, el objetivo declarado es cortar las fuentes de ingresos que, según la Casa Blanca, financian actividades desestabilizadoras y reducen la eficacia del régimen de sanciones. Al mismo tiempo, estas medidas introducen incertidumbre en el mercado petrolero internacional, en un contexto marcado por conflictos geopolíticos y restricciones logísticas.

La ampliación de las sanciones sugiere que Estados Unidos seguirá recurriendo a herramientas financieras y marítimas para presionar a economías sancionadas, apostando a un control más estricto de las cadenas de transporte como complemento clave de su estrategia energética y de política exterior.

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su respaldo a las recientes reformas económicas implementadas por el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, destacando la importancia de estas medidas para la estabilidad y el crecimiento económico del país sudamericano.

Infobae

En un comunicado publicado este jueves, la administración de Donald Trump manifestó su apoyo a los esfuerzos bolivianos por fortalecer su economía.

Estados Unidos acoge con satisfacción el anuncio hecho por el Presidente Rodrigo Paz de un importante paquete de reformas económicas destinadas a restablecer la estabilidad, la prosperidad y la inversión en Bolivia después de décadas de políticas fallidas», expresó en un texto firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Reconocemos que el camino por delante no será fácil. El pueblo boliviano ha soportado años de estancamiento económico, corrupción y mala gestión. Las reformas anunciadas constituyen un cambio de rumbo necesario que sienta las bases para un futuro más próspero y seguro para todos los bolivianos. Estados Unidos colaborará con el Gobierno de Bolivia para garantizar que estas reformas rindan frutos para el pueblo boliviano lo antes posible“, señaló el escrito.

Por último, remarcó: “Aplaudimos los esfuerzos históricos del presidente Paz por abrir Bolivia al mundo, comprometiéndose a implementar reformas significativas para atraer la inversión internacional“.

“La apertura a la inversión, una gestión económica sólida y el respeto al Estado de derecho son esenciales para desarrollar todo el potencial de Bolivia. Funcionarios del gobierno estadounidense se encuentran actualmente en Bolivia buscando facilitar inversiones que fomenten la prosperidad de ambas naciones. Estados Unidos está dispuesto a apoyar la transición de Bolivia y a profundizar nuestra asociación“, concluyó.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este miércoles una “emergencia económica y social” ante la crisis que vive el país, con medidas como el retiro de la subvención de los combustibles e incrementos del salario mínimo nacional y de algunos bonos sociales para proteger “a quienes más lo necesitan”.

En un mensaje televisado, Paz anunció que se emitió un decreto que calificó como una “decisión histórica de salvataje de la patria” que permitirá “actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo”.

“Asumimos el Gobierno de un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro. Bolivia está enferma, la arrasaron como en la guerra. Nos dejaron solos, nos saquearon como país”, aseguró el gobernante.

Paz, que tomó juramento el pasado 8 de noviembre, afirmó que recibió un país con “la peor crisis económica, financiera, social y ambiental” de su historia, con un “déficit gigantesco, reservas internacionales agotadas”, empresas públicas “saqueadas y un Estado convertido en botín por bandidos que gobernaron para sí mismos y no para el pueblo boliviano”.

El mandatario señaló que declaró la “emergencia económica, financiera, energética y social porque Bolivia no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años”, de los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Hemos tomado una decisión central, proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y con abastecimiento garantizado”, manifestó Paz y remarcó la importancia de “sincerar” los precios de los hidrocarburos.

En Bolivia, el litro de diésel y gasolina se vende a un precio subvencionado que ronda los 0,53 dólares, que se mantuvo estable hace más de 20 años y que anualmente representa un costo al Estado de más de 2.000 millones de dólares.

El decreto anunciado por el gobernante establece incrementos en los precios de las gasolinas, diésel, kerosene, jet fuel y gas oíl, y mantiene solamente en 22,50 bolivianos (3,23 dólares) el coste de la garrafa o bombona de gas licuado de petróleo (GLP).

La gasolina especial costará 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar; la gasolina premium estará a 11 bolivianos (1,58 dólares); el litro de diésel a 9,80 bolivianos (1,40 dólares); la gasolina de aviación a 10,57 bolivianos (1,51 dólares) y el jet fuel a 10,74 bolivianos (1,54 dólares), que regirán por seis meses.

Paz también anunció un “régimen extraordinario de repatriación de capitales con 0% de impuestos”, con el fin de recuperar liquidez y también dijo que se liberarán las exportaciones y se retirará el diésel de la lista de sustancias controladas para facilitar su importación, entre otras medidas.

Además, su Gobierno dispuso que desde el próximo 2 de enero, el salario mínimo nacional subirá un 20%, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) y que el monto se revisará a finales del próximo año en base a los “datos reales de inflación” y mediante un diálogo con los trabajadores y empresarios privados.

El presidente sostuvo que el decreto también “tiene un corazón social firme”, pues dispone incrementos de la Renta Dignidad para adultos mayores, de los actuales 300 bolivianos a 500 bolivianos (de 43 a casi 72 dólares) y del Bono Juancito Pinto, un incentivo anual para evitar la deserción escolar, de 200 a 300 bolivianos (de 28,7 a 43 dólares).

Paz justificó que “no es asistencialismo, es ayudar a las familias que quedaron destruidas después del saqueo de los últimos 20 años”.

Tras el mensaje presidencial, se formaron filas largas en las gasolineras y algunos sectores sociales amenazaron con movilizarse en contra del retiro de la subvención.

El lunes, el Ejecutivo presentó una comisión que investigará la supuesta corrupción en el área hidrocarburífera durante los Gobiernos de Morales y Arce, y también denunció un presunto daño económico de 2.595 millones de dólares por empresas y plantas industriales estatales “inviables” impulsadas en ambas administraciones.

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