Nicolás Maduro, pidió este jueves a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le haya negado la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela que reclamó ayer.
La OFAC «se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del Sr. Maduro a contratar el abogado de su elección», con lo cual solicita al tribunal «que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra», indicaron los argumentos de la moción en la plataforma judicial.
La documentación incluyó una declaración jurada de Maduro en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack, tiene derecho a que el régimen venezolano pague su defensa legal y no puede pagarse su propia defensa, por lo que presentará pruebas financieras de ello si se le requieren.
En el memorando que sustenta la moción, Pollack repitió su denuncia de ayer ante el juez Alvin Hellerstein y argumentó que la OFAC, que depende del Departamento del Tesoro, está «interfiriendo» con el derecho a la defensa, recogido en la Sexta Enmienda de la Constitución, y el derecho al debido proceso de Maduro.
«El Gobierno de EE.UU., aun cuando autoriza innumerables transacciones comerciales con Venezuela, está prohibiendo que la defensa reciba fondos no contaminados» de Caracas para financiar sus honorarios, y «cualquier juicio que se lleve a cabo bajo estas circunstancias será inconstitucionalmente defectuoso y no podrá producir un veredicto que resista impugnaciones futuras», advirtó Pollack.
Maduro afirmó en su declaración que «el Gobierno de Venezuela está dispuesto a financiar esa defensa y él esperaba que así ocurriera», motivo por el cual contó con Pollack, su «abogado de confianza», en su primera audiencia el pasado 5 de enero, y «desde entonces han trabajado juntos».
Por su parte, el abogado de la República Bolivariana de Venezuela, Henry Rodríguez Facchinetti, corrobora que el Caracas tiene la «obligación clara y legal de cubrir todos los gastos de su presidente, incluyendo honorarios de abogados», y al respecto aseguró que «desea cumplir» y «está preparada para pagar los costes de defensa», especificando que el dinero es legítimo.
«Además, confirmo que los fondos que (Caracas) usaría en este asunto no están relacionados con ninguna de las actividades alegadas en la cuarta acusación sustitutiva o con ninguna otra actividad ilegal», abundó Facchinetti.
Pollack, asimismo, manifestó que si el juez Hellerstein no accede a desestimar el caso, le pedirá autorización «reticentemente» para retirarse como abogado de Maduro.
Tanto Maduro como el régimen de Venezuela están sujetos a sanciones de EE.UU., por lo que el abogado solicitó una licencia a la OFAC para recibir fondos por su labor de defensa, que recibió el 9 de enero, pero menos de tres horas después la agencia emitió una licencia enmendada que bloquea la transacción, según denunció.
El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, recientemente excarcelado tras meses de detención y arresto domiciliario gracias a la controvertida Ley de Amnistía aprobada en febrero, reiteró su respaldo incondicional a la unidad opositora en una declaración difundida este jueves.
En un video compartido por el medio La Gran Aldea, Guanipa enfatizó que “el proceso comenzó el 22 de octubre de 2023 con las primarias y no ha concluido”. Designó a María Corina Machado —Premio Nobel de la Paz 2025— como “la candidata natural” de aquel proceso, al tiempo que expresó su acompañamiento tanto a ella como al diplomático Edmundo González Urrutia, reconocido por la oposición como ganador de las presidenciales de julio de 2024.
“La acompaño a ella, acompaño a Edmundo, acompaño a la unidad y acompaño a Venezuela”, afirmó el zuliano, subrayando la necesidad de mantener cohesionada a la Plataforma Unitaria Democrática frente al gobierno de Nicolás Maduro.
La declaración llega en un contexto de intensas tensiones internas y externas: mientras sectores opositores exigen respeto al resultado electoral de 2024 o la convocatoria de nuevas presidenciales con garantías internacionales, otros critican posibles contradicciones en el discurso de respaldar simultáneamente a Machado y González cuando el camino hacia elecciones libres sigue bloqueado.
Las reacciones en redes sociales fueron mixtas: algunos aplaudieron la muestra de lealtad y coherencia, mientras otros cuestionaron la viabilidad política de mantener dos figuras centrales sin definir un liderazgo único en esta etapa.Guanipa, cercano colaborador histórico de Machado, ha insistido en las últimas semanas en la irreversibilidad del cambio político y en la urgencia de condiciones como la liberación total de presos políticos, la reestructuración del CNE y acuerdos con actores internacionales —especialmente Estados Unidos— para avanzar hacia una transición democrática.
El gobierno de Panamá aseguró este miércoles que la valija diplomática venezolana abierta en el Aeropuerto Internacional de Tocumen no cumplía con los requisitos establecidos, por lo que, tras la denuncia de Venezuela, defendió que la actuación se ajustó a la normativa.
«Durante el proceso de revisión aduanera, se cumplió estrictamente con los procedimientos establecidos en la normativa nacional y en los acuerdos internacionales vigentes suscritos por la República de Panamá», indicó en un comunicado la Autoridad Nacional de Aduanas del país centroamericano.
De acuerdo con la versión oficial panameña, el incidente se produjo cuando una representante del gobierno venezolano arribó al país y presentó «cuatro equipajes» en el área de escáner. Dos de ellos, precisó la nota de Aduanas, arrojaron «imágenes irregulares» que requerían verificación adicional.
¿Qué fue lo que pasó?
La institución añadió que, al ser informada de la inspección, la funcionaria venezolana indicó que «se trataba de valijas diplomáticas». Acto seguido, Aduanas coordinó con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
«Posteriormente, se determinó por el Ministerio de Relaciones Exteriores que los bultos presentados no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la Convención de Viena de 1961, específicamente lo señalado en el Artículo 27, que establece que ‘los bultos que constituyan valija diplomática deberán ir provistos de signos exteriores visibles que indiquen su carácter'», destaca el comunicado oficial.
Agrega la misiva que «dichos elementos incluyen, de manera obligatoria, marcado exterior, sellos y componentes de inviolabilidad, los cuales no estaban presentes al momento de la revisión».
El pronunciamiento de Panamá responde a la denuncia formulada el pasado martes por el Ejecutivo venezolano, que aseguró que se produjo la apertura forzada de una valija diplomática en la principal terminal aérea panameña y exigió a las autoridades locales cumplir «estrictamente» con las normas que rigen la actividad diplomática y consular.
Venezuela protesta
Según el gobierno de Venezuela, el hecho constituiría una violación directa y flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, cuyo «artículo 27 establece claramente la inviolabilidad de la valija diplomática, la cual no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia».
Asimismo, Caracas señaló que ante este «atropello» exigía garantías plenas de no repetición e instó a las autoridades panameñas a cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular, «considerando la voluntad expresada por ambos gobiernos para reactivar los servicios consulares».
Ambos gobiernos, en junio de 2025, anunciaron la reactivación de sus servicios consulares, tanto en Caracas como en la Ciudad de Panamá.
Ya en mayo de ese mismo año se habían retomado los vuelos entre Caracas y la Ciudad de Panamá que fueron suspendidos desde julio de 2024, luego de que el gobierno de José Raúl Mulino cuestionara las elecciones presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, mientras que la oposición mayoritaria denunció «fraude».
Estados Unidos ha confirmado que autoriza la exportación de petróleo y gas a Cuba, siempre y cuando el combustible se dirija exclusivamente a ciudadanos o empresas del sector privado cubano, informó este miércoles el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Según la nota oficial y las directrices publicadas, las exportaciones de gas y otros productos petroleros podrán autorizarse bajo la llamada Excepción de Licencia SCP (Support for the Cuban People) siempre y cuando:
Sean destinadas a personas o entidades del sector privado cubano para uso personal o económico privado.
No beneficien ni financien al gobierno cubano ni a sus instituciones estatales o militares.
Se ajusten a las regulaciones de exportación y reexportación vigentes del Departamento de Comercio y del Tesoro.
Esto significa que no se permitirá la venta de combustible al Estado cubano ni a sus agencias vinculadas, sino únicamente a actores privados dentro de la isla caribeña.
La decisión llega en medio de un colapso energético en Cuba, provocado por la interrupción de los suministros de petróleo venezolano tras sanciones y presión de Washington.
Esto llevó a que la isla enfrentara graves escaseces de combustible, afectando transporte, electricidad y servicios básicos.
Estados Unidos ha mantenido alguna presión política sobre La Habana, incluso vetando la venta de crudo venezolano a Cuba después de acontecimientos en Venezuela que alteraron el panorama regional del petróleo.
La nueva guía del Departamento del Tesoro y del Departamento de Comercio también deja claro que las exportaciones deben cumplir con todos los requisitos de la licencia SCP, y que los exportadores son responsables de verificar y demostrar que sus envíos cumplen con estas condiciones.
La administración estadounidense ha justificado la medida como una forma de apoyar directamente al pueblo cubano y al sector privado independiente, mientras mantiene prohibido el suministro de combustible al Estado o a las fuerzas armadas de Cuba, según explican las directrices oficiales.
Este cambio también coincide con otras acciones de ayuda anunciadas por Washington, como la entrega reciente de asistencia humanitaria a través de organizaciones como la Iglesia católica para hacer frente a desastres naturales recientes en la región.
Implicaciones prácticas
Las empresas estadounidenses (y, en algunos casos, extranjeras bajo excepciones) pueden solicitar autorizaciones o aprovechar la Excepción SCP para exportar combustibles siempre que cumplan con las condiciones mencionadas.
Los destinatarios finales deben ser actores privados en Cuba, lo que abre una puerta para pequeñas empresas, comerciantes o incluso consumo personal directo.
Cualquier transacción que involucre al gobierno cubano o sus instituciones queda expresamente excluida.
La decisión de Estados Unidos representa un ajuste notable en su política de sanciones hacia Cuba, orientado a aliviar la crisis de combustibles en la isla al permitir que el sector privado cubano acceda a petróleo y gas importados, mientras se mantiene firme en negar suministros que beneficien al Estado o al régimen cubano.
Este enfoque busca equilibrar la presión estratégica con un alivio económico limitado que llegue directamente a la población civil y al sector privado independiente de Cuba.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) clasificó recientemente a Venezuela como un Estado bajo «Intensa Fragilidad» (Intense Fragility), dentro de su categoría de Estados Frágiles y Afectados por Conflictos (FCS, por sus siglas en inglés).
Esta designación, atribuida por analistas a las consecuencias acumuladas de 26 años de políticas económicas bajo el chavismo, representa tanto un diagnóstico severo de la crisis como una potencial ventana de oportunidad para la recuperación del país.
Según información difundida por el economista Omar Zambrano, jefe de ThinkAnova y profesor de la UCAB, la clasificación implica varias implicaciones prácticas clave para Venezuela:
Acceso ampliado a financiamiento concesional a largo plazo por parte del FMI y el Banco Mundial, incluyendo préstamos con tasas de interés del 0 % y componentes de donaciones no reembolsables
Movilización de recursos similares desde otros donantes multilaterales y bilaterales
Prioridad especial en procesos integrales de reestructuración de la deuda pública, con el respaldo técnico y político del FMI ante acreedores internacionales.
Despliegue masivo de asistencia técnica y programas de capacitación para fortalecer instituciones nacionales en materia de diseño, implementación y monitoreo de políticas macroeconómicas y sectoriales
La deuda pública venezolana se estima en torno al 180 % del PIB (sin considerar aún sentencias arbitrales o juicios pendientes por incumplimientos previos), lo que agrava la situación fiscal. La portavoz del FMI, Julie Kozack, describió la coyuntura económica y humanitaria del país como «bastante frágil», caracterizada por inflación de tres dígitos, depreciación acelerada de la moneda, pobreza elevada y escasez persistente de servicios básicos.
Una oportunidad condicionada
Zambrano destacó que esta categorización abre «una ventana de oportunidad» para que Venezuela se reincorpore a los mercados financieros internacionales, estabilice su economía y logre un crecimiento sostenido. Sin embargo, subrayó que el aprovechamiento efectivo de estos mecanismos depende de condiciones políticas fundamentales:
«Para eso necesitamos un gobierno con credibilidad. Para eso necesitamos la redemocratización del país y un gobierno con pleno respaldo popular.»
La clasificación sitúa a Venezuela en una lista que incluye países como Sudán, Yemen, Somalia, Myanmar, Chad, Eritrea y varias naciones insulares del Pacífico, aunque en el caso venezolano se destaca la ausencia de conflicto armado activo y se enfatizan las debilidades institucionales y estructurales de largo plazo.
Expertos consultados por diversos medios coinciden en que, sin una transición política creíble y elecciones percibidas como justas y democráticas —tal como ha reiterado recientemente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio—, las ventajas asociadas a esta designación del FMI podrían quedar en papel.
Mientras tanto, la economía venezolana continúa en un delicado equilibrio, y la comunidad internacional observa de cerca si el país podrá transformar este diagnóstico de fragilidad extrema en el punto de inflexión hacia la reconstrucción.
Desde la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana hicieron público, la mañana de este jueves, su respaldo a la Ley de Amnistía, recién aprobada por la Asamblea Nacional, y de la cual formaron parte en el proceso de consulta pública.
En voz de la doctora Neida Pérez Morillo, abogada y especialista en derecho penal, y directora de esta organización; señalaron como un gran avance en materia de Derechos Humanos.
«Como establece el artículo número dos de esta Ley (de Amnistía), en su ordinal dos, en Venezuela apostamos a la promoción de la paz, de la convivencia, de la rectificación y de la reconciliación (…) Que impere la justicia, la equidad y la transparencia», recalcó la profesional del derecho en rueda de prensa.
Por su parte, la doctora Lilia Camejo Gutiérrez, también directora de Justicia Venezolana y experta en justicia penal militar, señaló de forma enfática que «no es cierto que los presos políticos militares no estén cubiertos dentro de la Ley de Amnistía».
Al ahondar en la materia castrense, Camejo adelantó que el artículo ocho del citado instrumento jurídico, en su numeral 10, establece que los hechos violentos que se suscitaron entre enero hasta abril del 2019, entran dentro del amparo de la amnistía, exceptuando la rebelión militar.
Al respecto, precisó que en el denominado «Caso Cotiza», y en los hechos suscitados el 30 de abril en las adyacencias de La Carlota, ninguno de los involucrados fue acusado, ni condenado por el delito de rebelión militar. «Nosotros fuimos defensa técnica en ese caso y todos esos oficiales fueron acusados y condenados por el delito de motín, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, desobediencia en tiempo de paz», detalló para sostener que fueron absueltos por el delito de traición a la Patria.
Al recapitular sobre lo acaecido el 30 de abril de 2019 en La Carlota, la máxima portavoz de la ONG Justicia Venezolana recalcó que fueron imputados, acusados y condenados en la jurisdicción especial de terrorismo.
Camejo además ejemplificó el tema de los presos políticos militares que deben salir en libertad con el caso de los Comandantes de los Batallones Blindados del Ejército, sobre quienes dijo que si bien no están dentro de las fechas tipificadas en la Ley de Amnistía, ya cumplieron la pena y todavía no han sido puestos en libertad.
«Dentro de todos estos casos hay mucha gente inocente, y que está siendo condenada con unas penas exorbitantes de 30 años», lamentó Camejo para hacer un llamado en el que ratificó la postura del diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión de seguimiento de la Asamble Nacional para este tema, quien manifestó que la jurisdicción penal militar debe analizar muchos de estos expedientes.
Tras reiterar su disposición a seguir sumando todos los esfuerzos en procura de la liberación de estos oficiales que puedan ser beneficiarios de la ley y la coyuntura que vive el país en procura de la consolidación de la paz, las voceras de Justicia Venezolana enfatizaron su solidaridad con los familiares y víctimas militares de la violencia política suscitada en el país el pasado 3 de enero.
El 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho, un alimento con muchas buenas propiedades para nuestra salud.
Se trata de uno de los frutos secos más valorados de nuestra gastronomía que nos ayuda a regular el nivel de colesterol, mantener una buena presión arterial, controlar el peso y llevar una dieta sana y equilibrada.
Contiene proteínas vegetales, fósforo, magnesio y potasio, y por ello contribuye a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. Son una fuente de vitamina B6 que contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. También contiene vitaminas K, E y B1.
s bajo en grasas, es el fruto seco que menos calorías contiene y además tiene efecto saciante, por tanto, está indicado en dietas para bajar peso.
Mejora y regula el tránsito intestinal, y está considerado como uno de los alimentos más antioxidantes que existen. Es el mejor fruto seco para la diabetes ya que regula los niveles de glucosa en sangre y mejora la resistencia a la insulina.
Como ves, son muchas las ventajas de los pistachos, aunque también hay que decir que su precio es bastante elevado porque la planta tarda unos 7 años en producir el fruto.
Origen ancestral del pistacho
El árbol del pistacho es uno de los árboles más antiguos del mundo. Es originario de Asia Menor y Occidental donde los árboles crecían de forma silvestre en las regiones altas del desierto. Hoy se puede considerar un fruto seco de carácter universal y que se hace irresistible al paladar.
El nombre del árbol es alfónsigo o pistachero, y es tan antiguo, que ya es nombrado en algunos pasajes de la Biblia. Un dato curioso y bastante característico del pistacho es que tarda muchos años, para que la semilla germine. El tiempo es de aproximadamente siete años para que el árbol logre dar el fruto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado la deportación de las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib después de que ambas lo acusaran públicamente de ser responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses durante su discurso sobre el Estado de la Unión.
Las representantes, de origen somalí y palestino respectivamente, interrumpieron desde sus escaños la intervención presidencial, increpándolo y acusándolo de haber «matado estadounidenses», en referencia a los fallecimientos de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota durante operaciones federales vinculadas a la política migratoria de la Administración.
Trump respondió posteriormente a través de su red Truth Social, donde cargó duramente contra ambas legisladoras. El presidente calificó su comportamiento de «descontrolado» durante un acto que definió como «importante y solemne» y aseguró que su actitud resultaba «perjudicial para el país».
En su mensaje, el mandatario sostuvo que, dado que ambas son inmigrantes o hijas de inmigrantes, «deberían ser enviadas de vuelta al lugar de donde vinieron lo antes posible», afirmando que su actuación política solo causa daño a Estados Unidos.
Durante el discurso ante las dos cámaras del Congreso, que se prolongó durante casi dos horas, Trump defendió con firmeza su política migratoria y volvió a señalar los efectos negativos de la inmigración ilegal en determinados estados. En ese contexto, criticó duramente la situación en Minnesota y vinculó problemas de seguridad y corrupción a lo que calificó como una política de fronteras abiertas promovida por sus adversarios políticos.
El presidente pidió además a los legisladores que se pusieran en pie si creían que la prioridad del Gobierno debía ser proteger primero a los ciudadanos estadounidenses frente a la inmigración ilegal, gesto al que respondieron mayoritariamente los congresistas republicanos.
El dato se instala mejor cuando los números se presentan para ser creídos, no para ser verificados. “Más de 11.000 presos políticos serán beneficiados”. Jorge Rodríguez lo dice y la cifra, amplia y redonda, funciona como marco y no necesita explicación inmediata. A partir de ahí, todo lo demás es casi automático.
La duda aparece cuando se desciende de la cantidad al contenido y precisa que buena parte de esos “beneficiados” no está en prisión, sino bajo medidas sustitutivas de la privación de libertad: grilletes electrónicos, presentación ante tribunales o policías, prohibiciones de participar en actividades o hacer declaraciones políticas. Siguen despojados de sus derechos ciudadanos.
No es un matiz técnico. No son personas que van a salir de la cárcel, sino que ya estaban fuera y a las que se les levantarían restricciones. Jorge Rodríguez convierte una presunta regularización en liberación.
La cifra se descalabra cuando se contrasta con el flujo real de casos: 1.557 solicitudes recibidas y en proceso. No es una brecha menor. La política se anuncia en miles; pero se ejecuta en centenares. Ese desfase requiere una explicación detallada y verificable, pero no aparece en el discurso del presidente de la Asamblea Nacional.
Hay otro desplazamiento de la realidad, más sutil. Rodríguez insiste en que las liberaciones están ocurriendo “en tiempo real” y que se concretarán “en las próximas horas, los próximos días”. No fija plazos, los diluye. Impulsa la idea de inmediatez sin someterla a contraste y la protege de la medición. “Un día de estos”.
La estructura de la ley refuerza esa lógica. No hay aplicación automática ni extinción directa de responsabilidades. Una comisión de seguimiento en sesión permanente atenderá los casos y decidirá qué aplicar. Un mecanismo que no ha explicado criterios ni alcance, pero por el que todos los expedientes deben pasar. Un sistema de control que desvanece una medida general.
Rodríguez habla de un proceso “profundo y arduo” en el que se escuchó a víctimas, familiares y partidos políticos. Sin embargo, no hay nombres, registros ni procedimientos que verifiquen esa afirmación.
El discurso funciona como declaración de legitimidad, no como evidencia. Con la apelación a la reconciliación y al diálogo ocurre lo mismo: convive con la posibilidad de que el Ejecutivo intervenga mediante indultos en los casos no contemplados. La apertura se anuncia, pero el control se mantiene.
En ningún momento aparece el dato que permitiría dimensionar la medida: cuántos presos políticos siguen encarcelados. Sin esa referencia, los 11.000 pierden sentido. El prestidigitador se centra en la cifra, en cómo se describen los procedimientos y en lo que debe omitir. No pretende describir efectos con precisión, sino fijar una imagen de alcance.
No se trata de una falsedad frontal que pueda refutarse de una vez, sino de una seguidilla de medias verdades. Se amplía la cifra incorporando categorías distintas, se difuminan los tiempos de ejecución y se introducen términos que, aunque no lo sean, suenan equivalentes: beneficiados, liberados. El resultado no es una mentira evidente, sino un entramado de inexactitudes y hechos no cumplidos.
Un tipo de construcción que no exige que el público crea todo; le basta con que no tenga claro qué es exactamente lo que se afirma. Se mueve en una zona donde los datos existen, pero no ordenan; donde el lenguaje no aclara, sino que administra la percepción.
La cifra, 11.000, queda suspendida en el aire. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿En qué expedientes aparecen? Si una amnistía reconoce implícitamente que hubo procesos que deben corregirse, la pregunta siguiente es inevitable: ¿quién los revisó? ¿Qué instancia determinó que esos casos ameritaban ser incluidos? No hay una comisión independiente que haya investigado esos procesos judiciales ni un informe público que los documente, mucho menos responsables identificados.
Hay otra ausencia que requiere explicación. Si esas detenciones fueron indebidas –o lo suficientemente cuestionables como para ser objeto de amnistía–, ¿quién protegió entonces sus derechos? ¿Qué papel tuvo el Ministerio Público? ¿Por qué el fiscal general no ha sido interpelado en cuanto a la cadena de decisiones que llevó a esos casos? La amnistía corrige hacia adelante, pero no explica hacia atrás. Sin esa explicación, la cifra no cierra: se disuelve. 11.000. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿En qué expedientes aparecen?
La oposición democrática ha reportado la liberación de casi 600 presos políticos y ha publicado los nombres. Al mismo tiempo, la Plataforma Unitaria Democrática sostiene que quedan 576 personas privadas de libertad por razones políticas. Las cifras no coinciden. Marcan una distancia entre el número anunciado y los casos verificables.
Si el universo comprobable se mueve en centenares –con nombres, fechas y centros de detención identificables–, la cifra de 11.000 deja de describir una realidad y pasa a ser una construcción.
Hay otro elemento que delimita el alcance de la medida y que omite Rodríguez. La ley de amnistía cubre en teoría el período entre 1999 y 2026, pero en su articulado identifica 13 coyunturas políticas específicas desde 2002 y deja fuera detenciones ocurridas en 15 de los últimos 27 años, así como casos vinculados a operaciones militares. La amplitud que enarbola no se corresponde con la selección que se aplica.
Rodríguez afirma que la amnistía representa un paso para que el chavismo “no vuelva a incurrir en los errores del pasado”. Una frase que sugiere reconocimiento y corrección, pero que no aparece en la ley ni en su espíritu. El texto aprobado por unanimidad no identifica responsabilidades, no establece mecanismos de revisión institucional ni introduce garantías para evitar la repetición de las infamias que ahora intenta subsanar.
La distancia entre el enunciado y la norma es sustancial. La ley actúa sobre casos, pero no sobre causas. No hay una reformulación del sistema que produjo esas detenciones ni un compromiso verificable de no repetición. La corrección queda en el plano declarativo. No es una disposición jurídica. Es una interpretación interesada.
Mientras Jorge Rodríguez habla de 11.000 beneficiarios y liberaciones “en tiempo real”, abogados y familiares denuncian que en los tribunales de terrorismo en Caracas no están recibiendo solicitudes de amnistía, que se mantiene el impedimento para designar defensa privada y que la respuesta a quienes acuden es que deben dirigirse al Ministerio Público para que sea esa instancia la que solicite la aplicación de la ley.
La ley no deja margen a esa discrecionalidad. Es de orden público y opera de pleno derecho: extingue acciones penales, cesa medidas cautelares y obliga a su aplicación sin condicionamientos. No depende del Ministerio Público. No requiere autorización. Si se exige su intermediación, se introduce un filtro que la norma no estipula.
En ese punto ya no hay interpretación posible. Si se impide activar la defensa privada, si no se reciben solicitudes, si la ejecución depende de quién no está obligado por la ley a iniciarla, no estamos ante una demora. Estamos ante un incumplimiento.
Y la responsabilidad es política. Las autoridades que hoy administran el proceso no son abstractas: tienen nombre. La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; la presidenta de la Sala Penal, Elsa Gómez; y los diputados Pedro Infante, Jorge Arreaza, Pedro Carreño y Carolina García Carreño forman parte de la estructura que instruyó, acusó y sostuvo los procesos ahora amnistiados.
Si esa misma estructura bloquea o condiciona su ejecución, no corrige el sistema de coerción y violación de derechos humanos. Lo administra
Presos políticos recluidos en la cárcel Rodeo I, en la ciudad de Guatire del estado Miranda, gritaron en la noche del miércoles para pedir auxilio y denunciar la golpiza que presuntamente un custodio le propinó a uno de los detenidos, a quien identificaron como Enzo Flores.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos condenó la situación de “grave vulnerabilidad” dentro del centro penitenciario.
La alerta surgió cuando familiares de presos políticos, que permanecen en las afueras del penal desde hace casi dos meses, escucharon gritos provenientes del interior del recinto. Según relataron en un video publicado en las redes sociales, a las 11:20 de la noche comenzaron a oír llamados de auxilio, por lo que subieron a una colina cercana para intentar entender lo que ocurría.
“Esta noche 25 de febrero a las 11:20 de la noche comenzaron nuestros familiares a gritar en el Rodeo I. La información que pudimos obtener es que aquí adentro hay una persona de nombre Enzo Flores, que tiene 16 meses con un tutor médico y fue golpeado, lo que le produjo un sangrado”, expresó una familiar.
Pidieron la intervención de la Cruz Roja
En otro video se escucha a familiares afirmar: “Están gritando los reclusos, están pidiendo auxilio. Están pidiendo la intervención de la Cruz Roja para un tal Flores, que lo están torturando. Estamos desprotegidos”.
Además de la presunta agresión, los familiares denunciaron hostigamiento por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana cuando intentaban obtener información. “Funcionarios llegaron a persuadirnos, sin embargo, no nos quitamos del lugar”, señalaron.
Indicaron también que quienes se acercaron a la entrada del penal en busca de una versión oficial no recibieron respuestas de los oficiales.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos manifestó “profunda preocupación por la opacidad y los tratos crueles reportados” y exigió una respuesta inmediata de las autoridades penitenciarias.
Asimismo, responsabilizó al Estado por la integridad física de Enzo Flores y del resto de los privados de libertad.
