La renuncia de Tarek William Saab a la Fiscalía General de Venezuela, generó este miércoles 25 de febrero, una fuerte reacción dentro de la oposición democrática, especialmente a través de un mensaje difundido en la cuenta oficial de X por Pedro Urruchurtu, Director de Relaciones Internacionales de la presidenta interina y premio Nobel de la Paz María Corina Machado.
Saab, quien ocupó el cargo de Fiscal General del régimen chavista desde 2017, presentó su dimisión ante la Asamblea Nacional durante la sesión parlamentaria de este miércoles.
Su salida se da en un contexto político de cambios en las instituciones venezolanas, tras la discusión y aprobación de una ley de amnistía para presos políticos y la posible transición política que vive el país, luego de que Nicolás Maduro terminara arrestado en operativo militar de EEUU que fue ejecutado la madrugada del 3 de enero en Caracas.
En su publicación, Urruchurtu calificó a Saab como el responsable de una “maquinaria represiva” que, según el dirigente opositor, dio una apariencia judicial al “terrorismo de Estado” durante los últimos años. Urruchurtu subrayó que Saab queda con una “gran deuda ante la justicia” y debe rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad atribuidos a su gestión en la Fiscalía General.
El mensaje de Urruchurtu también destacó el impacto de las políticas de persecución encabezadas por Saab, mencionando cómo miles de venezolanos fueron objeto de órdenes de arresto arbitrarias y estigmatización como “terroristas”, un término que, según el líder opositor, Saab aplicó indiscriminadamente contra inocentes.
Pedro Urruchurtu agregó un elemento personal al posicionamiento político, recordando las órdenes de arresto emitidas en su contra por parte de Saab bajo acusaciones que él define como falsas —conspiración, traición a la patria y terrorismo— y que, según Urruchurtu, sólo reflejan la persecución política que enfrentan los líderes democráticos en Venezuela.
El dirigente afirmó que esas órdenes ahora se perciben como “una medalla de honor” tras su escape, reafirmando su inocencia y compromiso con la lucha por la libertad.
La nota de Urruchurtu concluye con un llamado a la justicia plena, pidiendo paz para las víctimas y deseando que Saab enfrente “todo el peso de la justicia que negó a tantos mientras les devastaba la vida”.
La dimisión de Tarek William Saab se produce en un momento clave para Venezuela, tras casi una década en la jefatura del Ministerio Público, con rol central en la persecución de opositores y la aplicación de la justicia en el marco del chavismo.
La Asamblea Nacional chavista aprobó la designación de Larry Devoe como fiscal general encargado, tras la «renuncia» de Tarek William Saab. La plenaria del parlamento respaldó este miércoles 25 de febrero la propuesta con el voto de la mayoría calificada durante el desarrollo de la sesión legislativa.
Jorge Rodríguez presentó el nombre del abogado ante la cámara para asumir la jefatura del Ministerio Público de forma transitoria. Durante su alocución, el diputado chavista definió a Devoe como un «especialista en derechos humanos» apto para el ejercicio de las funciones judiciales.
El nombramiento del nuevo titular operará bajo la figura de encargado hasta la culminación del proceso legal correspondiente. Los diputados activaron este mecanismo temporal a la espera del trabajo del comité de postulaciones, órgano responsable de evaluar a los candidatos y seleccionar al fiscal general definitivo de la República.
«Proponemos al diputado Giuseppe Alessandrello para que presida el comité, a Rodbexa Poleo, Gloria Castillo, Willi Medina, Carlos Mogollon, Carolina García Carreño, Roy Daza, José Óscar Villarroel, Pablo Pérez, Bernabé Gutiérrez, Julio Hernández, Antonio Ecarri y Luis Augusto Romero», indicó Rodríguez.
El mandato constitucional ordena la ejecución de un proceso público para obtener una terna por cada órgano y someterla a la consideración del parlamento. La Asamblea Nacional escogerá al titular con el voto favorable de las dos terceras partes en un lapso máximo de treinta días continuos. El texto del artículo 279 de la Constitución advierte que, de no existir acuerdo en este periodo, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular.
El régimen venezolano confiscó la vivienda de Laura Acosta, asistente personal de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, según denunció este miércoles el partido Vente Venezuela (VV).
Fuentes de la organización indicaron a EFE que se trata de “un caso de confiscación pura y simple, sin procedimiento y sin causa legítima”. El partido indicó que las autoridades tomaron control de la propiedad sin ofrecer justificación legal.
La ONG Acceso a la Justicia explicó que, conforme al artículo 116 de la Constitución, la confiscación implica el apoderamiento de bienes por parte del Estado solo si han sido obtenidos de forma ilícita, condición que VV niega en este caso.
El partido calificó el hecho como un “acto de retaliación política” y denunció que Acosta fue víctima de amenazas y hostigamiento desde 2024 por parte de fuerzas de seguridad del régimen, lo que la llevó a abandonar Venezuela en septiembre de ese año, tras recibir una orden de captura en su contra.
VV detalló, vía X, que el 24 de marzo de 2025, siete funcionarios, hombres y mujeres, llegaron en una camioneta sin placas, forzaron la entrada de la casa de Acosta y sometieron a la persona encargada del lugar, quien se encontraba con un menor de edad.
Ambos fueron retenidos bajo interrogatorio “durante ocho horas” y posteriormente obligados a abandonar la vivienda. Desde entonces, según el partido, funcionarios no identificados han ocupado la casa, llegando y saliendo en vehículos sin placas y, en algunos casos, pernoctando en el lugar.
El caso de Acosta no es aislado. El pasado viernes, Magalli Meda, también colaboradora de Machado, denunció que el día anterior “16 hombres armados” irrumpieron en su vivienda en Caracas para “destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”.
Meda, actualmente fuera de Venezuela tras haber escapado el año pasado junto a otros opositores y permanecer asilada en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, relató que los individuos llegaron en seis camionetas y permanecieron varias horas en el interior, donde se apropiaron de pertenencias y dejaron en la puerta carteles con las leyendas “Asegurado” e “Incautado”.
En su cuenta de X, Meda criticó que el allanamiento ocurriera el mismo día en que el Parlamento aprobaba una Ley de Amnistía para algunos presos políticos. “Mientras sigan existiendo presos políticos, represión, violencia y apropiación de bienes, como lo que hicieron con nuestra casa, en Venezuela no habrá amnistía, ni transición, ni libertad, ni democracia, ni retorno de familiares, ni prosperidad para la gente honesta”, expresó.
Meda recordó que su residencia ya había sido allanada en mayo de 2025, cuando “13 hombres armados y civiles” se llevaron cajas con pertenencias y causaron destrozos en el lugar. Al día siguiente, agregó, la casa de su madre fue allanada, el vehículo robado y la vivienda clausurada y desmantelada, impidiendo el acceso a cualquier persona.
La Ley de Amnistía fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y presentada como una oportunidad para un nuevo escenario político, aunque ONG y sectores opositores manifestaron dudas sobre la posibilidad real de reconciliación.
Meda permaneció asilada desde marzo de 2024 hasta mayo de 2025 en la residencia del embajador argentino, tras la emisión de una orden de arresto en su contra y de otros colaboradores de Machado por delitos como traición a la patria y conspiración. En mayo de 2025, Estados Unidos confirmó el traslado de todos los opositores asilados en la Embajada argentina a territorio estadounidense.
Durante años el régimen se ha ensañado con la gente más cercana a mí… mi equipo de trabajo, mis compañeros de lucha, mi familia, la persona que me protegía en mis viajes, mi abogado, amigos muy cercanos, y Laura.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Venezuela deberá celebrar elecciones libres y democráticas como condición indispensable para avanzar a una nueva fase tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro, aunque evitó precisar un calendario para la convocatoria de comicios.
Rubio expuso la posición de Washington ante los líderes de la Comunidad del Caribe (CARICOM) reunidos en Saint Kitts y Nevis, subrayando que el país sudamericano atraviesa un proceso de transición en el que la legitimidad del voto popular será esencial para cualquier nuevo gobierno.
“Creemos firmemente que, en última instancia, para que Venezuela dé el siguiente paso y aproveche sus riquezas para el beneficio de su población, necesitará la legitimidad de elecciones democráticas, libres y justas”, remarcó Rubio en su intervención.
El secretario de Estado recalcó que, tras la caída de Maduro el 3 de enero, la prioridad inmediata de Estados Unidos fue evitar la inestabilidad, los flujos migratorios y el avance de la violencia, objetivos que, según él, se han consolidado en las últimas semanas. Aseguró que esas medidas iniciales resultaron eficaces para contener riesgos regionales y sentar las bases de la transición política.
Rubio sostuvo que, una vez alcanzada la estabilidad básica, la agenda internacional debe orientar sus esfuerzos hacia la reconciliación política y la reconstrucción institucional en Venezuela. Consideró que, más allá de los logros alcanzados en materia de seguridad, el desafío pendiente es la construcción de consensos para una gobernabilidad legítima y sostenible.
“El progreso que se está haciendo allí es sustancial, y todavía queda mucho camino por recorrer”, señaló, al tiempo que destacó la liberación de presos políticos y el inicio de una apertura económica como señales de avance.
“Venezuela está mejor hoy que hace ocho semanas”, enfatizó y defendió el cambio de estrategia estadounidense tras la salida de Maduro.
Desde la caída de la dictadura de Maduro, Estados Unidos ha trabajado con Delcy Rodríguez, designada jefa del régimen chavista. Rubio indicó que Washington mantiene un contacto constante con Rodríguez, a quien el presidente Donald Trump elogió públicamente por su disposición a facilitar el ingreso de empresas petroleras estadounidenses y su colaboración en la reestructuración del sector energético venezolano.
“El presidente Trump está satisfecho con la interlocución y espera que el proceso avance hacia una transición democrática real”, aseguró Rubio.
La administración estadounidense ha relajado en el último mes las sanciones sobre Venezuela, permitiendo la reactivación de exportaciones y el acceso de capital extranjero al sector petrolero.
El Parlamento venezolano aprobó una nueva ley de hidrocarburos que habilita la explotación privada y sienta las bases para la recuperación de una industria que había colapsado bajo el régimen anterior. Trump anunció ante el Congreso que Estados Unidos ha recibido ya más de 80 millones de barriles de crudo venezolano, y que la producción local ha crecido como resultado de la cooperación bilateral. Este flujo de petróleo ha permitido a Venezuela generar ingresos frescos y empezar a estabilizar su economía, mientras que empresas internacionales han mostrado interés en invertir en el país.
Rubio explicó que la estrategia de Estados Unidos para la transición venezolana se desarrolla en varias fases. La primera, centrada en estabilizar la seguridad y evitar el caos, apuntó a consolidar la gobernabilidad y prevenir una escalada de violencia o un éxodo masivo. La segunda etapa, actualmente en curso, se orienta a la recuperación económica mediante la reapertura del mercado venezolano a empresas internacionales y la promoción de políticas de reconciliación nacional. El funcionario adelantó que la fase definitiva será la convocatoria de elecciones libres, con la participación de todos los sectores y la liberación de opositores exiliados o encarcelados.
El secretario de Estado reconoció la existencia de reservas entre algunos líderes caribeños sobre el alcance de la intervención estadounidense y el ritmo de la transición. Durante el encuentro, varios mandatarios expresaron preocupación por la necesidad de garantizar que la reconstrucción política y económica de Venezuela se realice de manera inclusiva y respetando la soberanía nacional. Sin embargo, Rubio insistió en que el objetivo de Washington es sentar las bases de una democracia sostenible y un desarrollo inclusivo.
La posición estadounidense ha sido respaldada por la reciente liberación de figuras opositoras y la apertura de negociaciones con sectores tradicionalmente excluidos del proceso político.
En diversas declaraciones, Delcy Rodríguez subrayó la importancia de un proceso electoral supervisado por organismos multilaterales, a fin de asegurar que las elecciones sean reconocidas por la comunidad internacional y conduzcan a una etapa de reconciliación nacional.
El proceso electoral, aún sin fecha definida, será el paso decisivo para cerrar la crisis que ha marcado la historia política reciente de Venezuela y abrir una nueva etapa bajo la vigilancia y el acompañamiento internacional.
Mientras tanto, la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, ha reiterado su apoyo a la transición democrática y su disposición a colaborar en los esfuerzos de reconstrucción institucional, económica y social del país sudamericano.
El 27 de noviembre de 2024, poco más de un año antes de que Estados Unidos invadiera Caracas para arrestarlo, el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro estaba en búsqueda de limpiar la imagen de sus operaciones de seguridad a nivel nacional.
Ese mismo día, Estados Unidos sancionó a 21 funcionarios venezolanos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, en respuesta a la campaña de represión que Maduro había dirigido tras declararse fraudulentamente vencedor en las elecciones presidenciales celebradas en julio de ese año.
A cientos de kilómetros de Caracas, en el estado Amazonas, al sur del país, 10 militares, entre ellos un general y tres oficiales superiores de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fueron arrestados por traición. Las autoridades los acusaron de permitir el ingreso de aeronaves no autorizadas desde Brasil.
La corrupción militar en el sur de Venezuela, el corazón de la minería ilegal del país, facilita el tráfico aéreo de oro, combustible, drogas y otras cargas ilícitas mediante decenas de pistas clandestinas abiertas en plena selva amazónica.
Pero la aplicación de la ley frente a esa corrupción es selectiva. El operativo de noviembre de 2024 pudo haber respondido a la falta de pago a los mandos militares adecuados, y ofreció el beneficio adicional de mejorar la deteriorada imagen de Maduro en la lucha contra el crimen.
Para muchos integrantes de las fuerzas armadas venezolanas, el narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas criminales se han convertido en una fuente paralela de ingresos que compensa salarios exiguos.
Un exmilitar que habló con InSight Crime señaló que un coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) gana aproximadamente US$170 al mes, incluidos bonos; un teniente recibe alrededor de US$150; y un sargento, cerca de US$140. En contraste, un solo gramo de oro puede venderse por unos US$125 en el mercado local, y las tarifas que algunos militares cobran por autorizar operaciones mineras o vuelos irregulares pueden equivaler a varios meses de salario.
“Al tener a miles de jóvenes con ese salario, una placa y una pistola, se está generando toda una estructura criminal dentro de la institución”, afirmó un profesor que investiga la corrupción en Venezuela y que pidió hablar bajo condición de anonimato por razones de seguridad.
La crisis económica que se profundizó tras la llegada de Maduro al poder en 2013, marcada por el colapso del sector petrolero y una hiperinflación histórica, debilitó la capacidad del Estado para pagar a sus fuerzas armadas salarios suficientes que garantizaran su lealtad. Su predecesor, Hugo Chávez, ya había permitido que la corrupción vinculada al narcotráfico llenara esos vacíos.
Bajo Maduro, otras economías ilegales se convirtieron cada vez más en un salvavidas financiero para miles de militares, quienes han ampliado su papel dentro del ecosistema criminal venezolano con la bendición del Estado.
Del petróleo al oro
A medida que la producción petrolera quedó sometida a mayores sanciones, el oro comenzó a aportar cada vez más recursos a las arcas del gobierno. En el sur del país, los militares pasaron de custodiar las minas a controlarlas directamente, cobrando peajes, supervisando operaciones y negociando con grupos criminales. La participación de las fuerzas armadas en el negocio se intensificó tras la llegada de Maduro al poder en 2013. La minería se convirtió en una fuente clave de financiamiento para las fuerzas armadas y ayudó a garantizar el sistema de lealtades que sostiene al régimen.
Según un informe de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (Financial Accountability and Corporate Transparency Coalition – FACT), entre el 86% y el 91% del oro extraído en Venezuela es de origen ilegal, gran parte bajo el control de élites militares, grupos guerrilleros y redes criminales transnacionales. Hasta el 70% de esa producción, valorada en más de US$4,4 mil millones en 2021, es traficada y lavada en el extranjero a través de empresas fachada y con la colaboración de actores militares.
En 2016, el gobierno creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), adscrita al Ministerio de Defensa y autorizada para operar en todas las etapas del sector extractivo. Ese mismo año, lanzó el Arco Minero del Orinoco (AMO), una zona que abarca más de 111.000 kilómetros cuadrados y que consolidó aún más el control militar sobre cada eslabón del comercio del oro.
En los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, epicentros de los yacimientos mineros, los militares cobran impuestos conocidos localmente como “vacunas” para permitir el acceso a las minas. Los transportistas de combustible, maquinaria, alimentos y otras cargas también pagan tarifas para mover mercancías a través de ríos y trochas controlados por unidades militares.
Más allá de controlar los corredores y el acceso a las minas, oficiales de alto rango también actúan como mayoristas, y compran grandes volúmenes de oro que envían al exterior por rutas clandestinas hacia Colombia y Brasil. Gran parte del flujo de oro de contrabando del país está bajo control de militares y otros cuerpos de seguridad, que no necesariamente transportan el mineral, pero sí cobran pagos a las redes de tráfico para permitirles operar sin interferencias.
Con el oro cotizándose hoy en torno a US$165.000 por kilogramo, incluso la venta de pequeñas cantidades puede representar ingresos significativos.
“Mientras un ministro gana 5 kilogramos de oro mensuales (unos US$825.000), un general gana 2 kilogramos (US$330.000)”, dijo a InSight Crime un líder indígena, quien pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias políticas.
Los militares también mantienen relaciones estrechas con los llamados sindicatos mineros, grupos armados locales que controlan zonas de extracción y determinan quién puede trabajar y vender minerales en pueblos mineros del estado Bolívar como Tumeremo, Las Claritas o El Callao.
Además de los sindicatos, la FANB ha forjado acuerdos operativos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla de origen colombiano, en varias zonas de Bolívar, donde unidades militares expulsan a grupos que se niegan a pagar y permiten que la guerrilla tome el control de las minas. El ELN regula a actores rivales, impone orden y garantiza una extracción ininterrumpida, mientras comandantes militares y figuras políticas se benefician de las ganancias mineras y de un refuerzo adicional para mantener el control.
“Ahí está directamente la guerrilla y el ejército, forman un dúo dinámico. El ejército tiene la custodia de la mina o la operación, pero la guerrilla hace el trabajo sucio para frenar a los pranes”, afirmó el dirigente opositor venezolano Américo De Grazia, quien fue alcalde de un municipio minero y diputado por Bolívar, y que fue detenido arbitrariamente en 2024 y liberado a mediados de 2025.
Más al sur, en el estado Amazonas, los militares controlan parte de la economía del oro en áreas protegidas como el Parque Nacional Yapacana. Mineros y miembros de comunidades indígenas dijeron a InSight Crime que sargentos y tenientes regulan el ingreso de maquinaria, fijan tarifas de combustible y transporte, y negocian con grupos armados que operan en la región.
Aunque el Ejército ha encabezado en los últimos años varias operaciones masivas antimineras, comunidades indígenas y organizaciones ambientales afirman que las redes criminales y las estructuras corruptas detrás del negocio no solo han persistido, sino que han fortalecido su control.
Múltiples fuentes dijeron a InSight Crime que los militares suelen advertir con antelación a los mineros sobre los operativos contra la minería ilegal, lo que les permite retirar sus dragas. Los soldados destruyen algunas máquinas frente a las cámaras y luego autorizan su regreso.
Pero este modelo no se limita al oro. Las fuerzas de seguridad aprovechan su papel como guardianes de las fronteras de Venezuela para aplicar esquemas similares en el contrabando de combustible, la extorsión y otras economías ilícitas, donde actúan como reguladores, recaudadores de tarifas y protectores informales.
Patrullando la frontera
A lo largo de las fronteras terrestres y marítimas de Venezuela, los militares se han convertido en intermediarios dentro de un ecosistema de contrabando que mueve desde drogas hasta gasolina, ganado, medicamentos y otros bienes. Esquemas de sobornos dispersos que comenzaron hace una década han evolucionado hacia un modelo de corrupción sistémica.
El sistema funciona como una pirámide: soldados de bajo rango operan puntos de control en carreteras y cobran pequeños peajes; oficiales de rango medio coordinan rutas y horarios seguros; y altos mandos negocian con actores externos y reciben pagos vinculados al volumen de mercancía.
Durante más de una década, el contrabando de gasolina fue uno de los principales pilares de financiamiento ilícito para los militares. Entre 2003 y 2017, los subsidios estatales convirtieron al combustible venezolano en el más barato del hemisferio, creando un negocio altamente rentable para redes clandestinas que trasladaban grandes volúmenes hacia Colombia y Brasil con la complicidad, y en muchos casos bajo la supervisión, de unidades militares desplegadas en la frontera.
A partir de 2015, el colapso de la industria petrolera transformó ese sistema. La caída de la producción y la paralización de refinerías redujeron drásticamente la oferta interna. Para 2020, Venezuela ya no producía suficiente gasolina para satisfacer su propia demanda, y el negocio tradicional dejó de ser rentable. En algunas zonas incluso se invirtió el flujo, y el combustible comenzó a ingresar a Venezuela desde Colombia.
Con el declive del contrabando de gasolina, las redes militares en las fronteras diversificaron su portafolio criminal. Alimentos, medicinas, ganado y otros bienes de alto volumen reemplazaron al combustible como principales fuentes de ingreso. Estos flujos dependen de la complicidad de unidades militares que controlan los puestos fronterizos y deciden qué mercancías avanzan, a qué precio y en qué cantidad.
El éxodo masivo de millones de venezolanos que huyen de la crisis económica y política creó un terreno fértil para que los militares apostados en la frontera obtuvieran ganancias del tránsito migratorio. Funcionarios de la GNB cobran sobornos para permitir el paso por corredores informales conocidos como “trochas”, reforzando un sistema que persiste incluso ahora, pese a la disminución de los flujos migratorios.
Las trochas han permitido a los migrantes evadir los puestos oficiales, donde los requisitos documentales, las largas esperas o tarifas adicionales han hecho imposible el cruce legal. Su carácter informal ha otorgado a los militares un control significativo, y las unidades destacadas cerca de estos pasos cobran por cada persona que cruza y por cada equipaje que transporta.
La presencia militar en puertos, autopistas y zonas fronterizas les otorga poder para autorizar o bloquear cargamentos de alto valor, lo que abre otra oportunidad para el lucro ilícito.
Por ejemplo, la nacionalización de la industria de la chatarra en 2021 creó un sistema de permisos y controles que fue rápidamente capturado por actores estatales corruptos, incluidos altos oficiales militares. Comerciantes de chatarra dijeron a InSight Crime que oficiales de alto rango del Ejército cobraban por firmar salvoconductos necesarios para mover cargamentos sin riesgo de incautación en los puntos de control.
Venezuela también se ha convertido en un nodo del mercado de tráfico de armas en América Latina, funcionando como origen, zona de tránsito y destino de armamento ilegal, parte del cual ha sido rastreado hasta la FANB, ya que militares venden municiones e inventario a cambio de efectivo.
En enero de 2025, durante una operación del Ejército colombiano, las autoridades incautaron armas de diversos calibres cuyo origen fue rastreado hasta las fuerzas armadas venezolanas. En octubre, un gran operativo policial contra la banda Comando Vermelho en Río de Janeiro, Brasil, descubrió dos fusiles FN FAL identificados como propiedad de la FANB.
Aunque las actividades ilícitas de los militares son en gran medida descentralizadas, la expansión de la corrupción mucho más allá del narcotráfico ha generado incentivos más fuertes para que las fuerzas armadas permanezcan leales al régimen a fin de seguir recibiendo protección para su portafolio ampliado y más lucrativo. Si bien la deserción es generalizada, las oportunidades de ingresos adicionales a través de la corrupción hacen que la institución militar siga siendo un empleador atractivo.
Pero en el corazón de la corrupción militar, que se remonta a Hugo Chávez, presidente desde 1999 hasta su muerte en 2013, ha estado el comercio de cocaína. Y fue en los primeros años del régimen chavista cuando se consolidó lo que llegó a conocerse como el Cartel de los Soles.
El exlíder chavista se quedó sin presupuesto para su defensa en Estados Unidos. El equipo legal de Nicolás Maduro solicitó a un juez federal en Nueva York que obligue a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a liberar fondos del Estado venezolano, bajo el argumento de que el exmandatario carece de recursos propios para costear el juicio.
El abogado Barry J. Pollack envió una carta el 20 de febrero de 2026 al juez Alvin K. Hellerstein para quejarse sobre el bloqueo de las cuentas. En el documento judicial, la defensa argumentó que las sanciones económicas vulneran los derechos constitucionales del procesado. «Venezuela lo haría, y el señor Maduro no puede pagar un abogado de otra manera», justificó la firma legal en el texto.
Los defensores acusaron a la agencia estadounidense de sabotear el proceso al negar el acceso a las arcas públicas de la nación caribeña. «Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de defensa del señor Maduro, la OFAC interfiere con la capacidad del señor Maduro para retener a un abogado y, por lo tanto, con su derecho a un abogado de su elección bajo la Sexta Enmienda», reclamó el bufete frente al tribunal.
La ironía de la queja alcanzó su punto máximo cuando los abogados reprocharon que el gobierno norteamericano sí emitió nuevas licencias comerciales para operaciones con Venezuela, pero ignoró la factura legal del exlíder chavista. Ante este escenario de asfixia financiera, la defensa lanzó un ultimátum al sistema de justicia. «Si la OFAC no actúa sobre la solicitud para restablecer la licencia original, o deniega esa solicitud, el señor Maduro presentará una moción formal en los próximos días para buscar amparo del Tribunal», advirtió la carta.
Por ahora, el magistrado Hellerstein solo ordenó archivar el documento en el expediente, mientras el exmandatario espera que las autoridades estadounidenses le permitan utilizar el dinero de la República para salvar su propio pellejo ante la justicia norteamericana.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela designó este miércoles a Tarek William Saab, quien renunció a su cargo de fiscal general, como defensor del pueblo de forma temporal, luego de la dimisión de Alfredo Ruiz Angulo por motivos personales, familiares y de salud, de acuerdo a una misiva que envió al Legislativo.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció que recibió «sendas misivas» con la renuncia de ambos funcionarios, que habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años, es decir, hasta 2031.
Indicó que actualmente no hay vicefiscal en el Ministerio Público que pueda asumir el cargo de forma temporal mientras se activa el proceso de selección del nuevo fiscal por parte de la Asamblea Nacional.
Rodríguez detalló que se elegirá a un «encargado» para ambos cargos mientras se activa el Comité de Postulaciones del Parlamento.
Al menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas cuando una lancha rápida con matrícula de Florida fue interceptada por la Tropa Guardafrontera de Cuba a una milla náutica de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara. El incidente, confirmado por el Ministerio del Interior (Minint) de la dictadura, se produjo la mañana del miércoles, cuando la embarcación fue detectada en aguas territoriales cubanas y recibió la orden de detenerse.
Según el relato oficial del régimen comunista, la patrullera cubana, con cinco tripulantes, se aproximó a la lancha para identificarla. En ese momento, los ocupantes abrieron fuego contra los efectivos cubanos, lo que provocó una respuesta inmediata. Como consecuencia del intercambio, el comandante de la nave cubana resultó herido. Tras el tiroteo, cuatro de los tripulantes de la lancha murieron y seis más quedaron heridos; todos los lesionados fueron evacuados y recibieron asistencia médica.
Las autoridades no han difundido las identidades ni las posibles motivaciones de los implicados en la lancha rápida, identificada con el folio FL7726SH. Desde el Ejecutivo de la dictadura se reiteró la determinación de proteger las aguas territoriales, subrayando que la defensa nacional constituye un pilar esencial para la estabilidad regional.
El ministerio del Interior del régimen comunista informó que además resultaron heridos otras seis personas que viajaban en la lancha rápida que ingresó en aguas territoriales de Cuba
El enfrentamiento ocurre en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos y Cuba, exacerbado tras el endurecimiento del bloqueo petrolero impuesto por la administración de Donald Trump después de la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero. Esta medida, que limitó severamente el acceso de la isla a combustibles, fue parcialmente flexibilizada tras presiones de líderes caribeños, permitiéndose el ingreso de petróleo venezolano para usos comerciales y humanitarios.
Los incidentes de este tipo han sido frecuentes en los últimos años. En 2022, se registraron dos casos similares: uno cerca de VillaClara, donde una lancha estadounidense disparó contra fuerzas cubanas, y otro en Bahía Honda, que terminó con el hundimiento de una embarcación y el fallecimiento de varios tripulantes tras colisionar con una patrullera del Minint. Las autoridades de la dictadura cubana reportan recurrentemente el hallazgo de lanchas rápidas abandonadas o capturadas en la costa norte, usadas habitualmente en actividades de tráfico de personas y violaciones territoriales.
Hasta el momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha emitido comentarios sobre el incidente. El contexto actual refleja una escalada de acciones en el estrecho de la Florida, una zona de alto riesgo donde confluyen intereses migratorios, políticos y de seguridad.
Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para la Elaboración e Implementación de los Mecanismos de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, reconoció que la Ley contra el Odio ha tenido problemas en su aplicación y señaló que en algunos casos se ha actuado de forma incorrecta, especialmente en procedimientos vinculados con la revisión de teléfonos móviles.
Durante una entrevista con Circuito Éxitos, afirmó que la norma “a veces se ha aplicado muy bien y a veces muy mal”, al referirse a detenciones e imputaciones basadas en mensajes encontrados en dispositivos personales.
Indicó que no existe derecho a revisar el teléfono de una persona en una alcabala si no está bajo investigación formal. “No hay derecho a revisar el teléfono a una persona en una alcabala; si tú estás bajo una investigación o una imputación ya eso es otra cosa”, sostuvo.
Sin embargo, defendió que en otras situaciones la actuación de las autoridades permitió prevenir hechos de violencia, como presuntas amenazas contra terceros a través de grupos de mensajería.
“Revisar y reformar” la Ley del Odio
Señaló que la norma requiere una reglamentación precisa que delimite cómo debe utilizarse para evitar interpretaciones amplias o discrecionales. “Podemos revisarlas, reformarlas, pero sobre todo reglamentar su uso”, dijo sobre posibles cambios tanto a la Ley contra el Odio como a otras normas vinculadas con delitos políticos.
Arreaza también explicó que, aunque ciertos casos no encajan dentro de los supuestos contemplados en la actual Ley de Amnistía, existe una comisión que evalúa expedientes y puede recomendar cierres de procesos o medidas sustitutivas cuando considere que el “espíritu de la reconciliación” lo permite.
Entre ellos mencionó a los policías metropolitanos condenados por homicidio intencional y señaló que ese delito, al igual que violaciones graves de derechos humanos, tráfico de drogas y corrupción, no puede ser objeto de amnistía según los criterios establecidos.
“A mí me encantaría poder amnistiarlos, pero es una de las exclusiones claras en todas las leyes de amnistía”, dijo.
Hasta la fecha, informó que se han recibido más de 3.000 solicitudes de revisión y que cerca de 180 personas ya gozan de libertad plena. Aseguró asimismo que fiscales, jueces y defensores públicos trabajan en la evaluación de los casos.
En el corazón de Venezuela, durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, la tranquilidad se rompió con explosiones consecutivas y sobrevuelos de aviones a baja altura en puntos de la capital y zonas cercanas.
Esa noche -según la reconstrucción de los hechos-, el reloj lo puso Washington: más de 150 aeronaves, cazas y bombarderos, despegando desde 20 bases; ataques “dentro y cerca de Caracas”, incluyendo sistemas de defensa aérea, plataformas de interferencia electrónica, y, en tierra, una unidad de élite entrando “pesadamente armada”, incluso con un soplete por si había que abrir puertas de acero.
La Operación Absolute Resolve fue la respuesta. Y la guerra de los Cien años de Cabello duró exactamente 165 minutos.
Pero fue una guerra. No un golpe de Estado. No una extracción quirúrgica. Venezuela estaba preparada -lo dijo Trump-: «They were all set for us», estaban listos para nosotros-, recibió el ataque y combatió. Murieron 47 soldados venezolanos, 32 cubanos que formaban la guardia pretoriana de Maduro y al menos 2 civiles. Siete soldados estadounidenses resultaron heridos con impactos de bala y metralla. Tres pilotos de helicóptero fueron alcanzados gravemente por ametralladoras en tierra.
Un MH-47 Chinook fue impactado en los primeros segundos de la batalla. Hubo «múltiples enfrentamientos de autodefensa» durante la retirada. Hubo combate real, bajas reales, resistencia real. Lo que ocurrió fue una guerra entre dos naciones -corta, devastadora e irrevocable- que terminó como todas las guerras: con un vencedor, un vencido y una rendición.
Hasta hace poco en la historia y en los manuales de historia militar, el ejemplo perfecto de velocidad tenía un nombre propio: la guerra de los Seis Días. Junio de 1967, del 5 al 10, seis amaneceres para cambiar fronteras, jerarquías y mapas.
Pero el 3 de enero de 2026, Venezuela obligó a tachar ese símbolo, no por borrar su peso histórico, sino por demostrar que en el siglo XXI USA logró comprimir una guerra en el tamaño de una madrugada.
En ambas contiendas no hubo una “declaración formal de guerra” clásica como en otros conflictos, pero sí señales públicas, anuncios y movimientos que prácticamente anticipaban que la guerra era inminente.
El inicio de la operación que marcó el fin del mandato de Nicolás Maduro.
Mientras la gente miraba hacia el cielo (o el teléfono), el otro cielo -el que no sale en los videos- ya estaba ocupado. Más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases en el hemisferio occidental, según el general Dan Caine F/A-18 y F-35 abriendo corredores aéreos. Bombarderos B-2 que habían cruzado el Atlántico sin que nadie lo advirtiera. Helicópteros MH-60 y MH-47 volando a ras del suelo, eludiendo radares, siguiendo el contorno de los cerros como quien conoce el camino de memoria. Drones de vigilancia que llevaban días sobrevolando Caracas en silencio, cartografiando cada movimiento, cada guardia, cada puerta.
Plataformas de guerra electrónica que, antes de que sonara la primera explosión ya habían comenzado a apagar el país por dentro: comunicaciones cortadas, frecuencias militares intervenidas, el sistema nervioso de la defensa venezolana anestesiado sin que nadie notara el pinchazo; una arquitectura completa de guerra. No improvisada, no apresurada. Construida durante meses, ensayada en simulacros, afinada con la obsesión de quien sabe que el margen de error es cero. Cada aeronave tenía su función. Cada función tenía su ventana de tiempo.
Cada ventana se abría y se cerraba con la precisión de un mecanismo de relojería diseñado para no fallar. Porque la operación no estaba hecha para durar días ni para ocupar territorio. Estaba hecha para durar horas y decidir en minutos. Entrar, neutralizar, capturar, salir. Que cuando amaneciera en Caracas, ya todo hubiera ocurrido. Que el mundo despertara con el hecho consumado antes de tener tiempo de reaccionar, de condenar, de hacer algo al respecto.
Cronología de una guerra de 165 minutos
Lo que sigue es la reconstrucción más detallada disponible de las dos horas y cuarenta y cinco minutos que cambiaron la historia de América Latina, basada en las declaraciones del general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto; las conferencias de prensa del presidente Trump; testimonios de combatientes venezolanos; análisis de CSIS, SOF Support Foundation y Small Wars Journal; imágenes satelitales de Airbus, y datos de rastreo aéreo de Flightradar24.
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