La Asamblea Nacional chavista recibió este 25 de febrero la carta de renuncia del fiscal general chavista, Tarek William Saab. La directiva del parlamento presentó el documento oficial durante el desarrollo de la sesión ordinaria del cuerpo legislativo.

La Patilla

Tras la lectura de la orden del día, Jorge Rodríguez anunció los próximos pasos para suplir la vacante en el Ministerio Público. En tal sentido explicó que el Parlamento designará a «un encargado» para asumir la dirección de la institución de forma temporal debido a la ausencia de un vicefiscal que lo supla en el cargo.

Del mismo modo se indicó que esta medida provisional se mantendrá mientras «se activa el comité de postulaciones», órgano responsable de evaluar los credenciales de los futuros candidatos al cargo.

La carta de «renuncia» de Saab facilitaría la designación de un aliado de Delcy Rodríguez para ocupar la titularidad en la Fiscalía General de la República.

El pasado 19 de febrero, poco más de un mes y medio después de la captura y extracción en Venezuela de Nicolás Maduro, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue promulgada por Delcy Rodríguez y refrendada por Diosdado Cabello —al frente del Ministerio de Interior y Justicia— y Vladimir Padrino López al mando de la Defensa. Se daba así la paradoja de que los arquitectos y administradores del aparato represivo chavista —señalado por organismos internacionales por graves violaciones de derechos humanos— son los mismos que ahora otorgan lo que la exposición de motivos del proyecto de ley presentó como un «acto de clemencia soberana”.

Por: Ramón Cardozo – DW

Esta ley constituye uno de los «avances verificables” que Washington ha venido exigiendo al postmadurismo dentro del marco de la transición tutelada.

Desde que se conoció públicamente el proyecto de ley a comienzos de febrero, el texto fue objeto de un intenso escrutinio y críticas por parte de reconocidos juristas y organizaciones de derechos humanos, que lo caracterizaron —casi unánimemente— como una propuesta insuficiente y profundamente selectiva.

Gracias a la presión de la sociedad civil organizada, algunas de las críticas fueron recogidas en la versión final de la ley sancionada, pero estas modificaciones fueron, en su conjunto, solo ajustes técnicos que mejoraron marginalmente la operatividad de la ley: plazos de 15 días para la decisión judicial, posibilidad de representación por apoderados para personas en el exterior, disposición para el levantamiento de alertas y solicitudes internacionales de captura, incorporación del in dubio pro reo como principio de interpretación, y una modesta ampliación del catálogo de hechos cubiertos. Sin embargo, las demandas estructurales de la sociedad venezolana no fueron atendidas por el régimen.

El control de la narrativa que exculpa al verdugo

La narrativa oficial impulsada desde la Exposición de Motivos del proyecto de Ley parte de la premisa de que Venezuela habría vivido una «confrontación política desde el extremismo”, y presenta la amnistía como un acto de «clemencia soberana” y de reconciliación del Estado hacia quienes supuestamente cometieron «delitos” dentro de ese contexto. 

ONG y juristas criticaron esa manipulación de la narrativa y advirtieron que, con el uso de esa terminología, el verdugo convierte a las víctimas en culpables y se presenta a sí mismo como magnánimo. Ese lenguaje, señalan expertos y organizaciones de DD.HH. como la ONG Justicia Encuentro y Perdón, no solo revictimiza al atribuir responsabilidades a quienes fueron perseguidos arbitraria e ilegalmente por el Estado venezolano, sino que reproduce la misma retórica utilizada durante años para justificar detenciones, torturas y desapariciones forzadas bajo la etiqueta de radicales violentos o enemigos internos. Por ello, pidieron eliminar ese lenguaje e incluir una salvaguarda jurídica expresa que garantizara que los beneficiarios no quedan marcados como «culpables” por acogerse a la amnistía; lo cual no fue aceptado. 

Al mantener durante todo el proceso la retórica de la clemencia, el postmadurismo aspira a exonerarse ante una base chavista que durante décadas ha sido alimentada con el mensaje de que la represión era necesaria para contener a radicales y a extremistas. Igualmente, pretende evitar cualquier admisión de responsabilidad ante las investigaciones que cursan ante organismos internacionales, las cuales podrían derivar en reparaciones para las víctimas y consecuencias penales contra los perpetradores.   

La justicia para las víctimas no entra en la ecuación del régimen

Esta manipulación de la narrativa está directamente conectada con la crítica más estructural que se la hizo al proyecto y que no fue recogida en absoluto: la solicitud de que la ley debía insertarse en un esquema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

La ley promulgada no contempla ningún mecanismo de reparación: no reconoce responsabilidad estatal, no ofrece disculpas públicas, no prevé indemnizaciones, restitución de bienes, reincorporación laboral, así como tampoco se aceptó la reincorporación de Venezuela en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, garantía importante para la no repetición. 

En una ley que se presenta como instrumento de «reconciliación», la ausencia total de reparación solo confirma que la justicia para las víctimas no forma parte de la ecuación política del régimen. 

Amnistía selectiva: el filtro político para las amenazas al régimen

El proyecto original dejó también muy claro que la amnistía que el postmadurismo se veía obligado a conceder no pretendía ser un instrumento de restitución amplia de derechos a todos los perseguidos políticos del país. La amnistía del régimen no cubre de manera general la persecución política, sino que la restringe a un catálogo de hechos y episodios que funcionan como un filtro de entrada, junto con la exclusión expresa de quienes participaron en la rebelión militar de 2019, (Art. 8, numeral 10) y aquellos que promuevan acciones armadas… por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras» (Art. 9), cláusula que coincide con la acusación que el chavismo utiliza sistemáticamente contra líderes de la oposición en el exilio.

Sobre la base de que la persecución política en Venezuela ha sido un proceso continuado que no puede encerrarse en un catálogo, organizaciones como Acceso a la Justicia y Foro Penal, exigieron una «amnistía continua desde 1999 hasta la fecha”. El régimen no tomó en consideración esta propuesta y se limitó a ampliar el catálogo de diez a trece momentos, dejando por fuera años clave de persecución como 2015, 2018 y gran parte del período 2020-2022. Asimismo, casos emblemáticos y operaciones represivas documentadas por las ONG —Dron, Gedeón, Libertad, Aurora, Oro, Tun‑Tun y Brazalete Blanco— quedan en zonas de incertidumbre, sujetas a que los tribunales chavistas las encuadren, discrecionalmente, dentro de algunos de los momentos estipulados en la ley. De acuerdo con las estimaciones de la ONG Justicia Encuentro y Perdón, el número de presos políticos excluidos de la amnistía estaría entre 300 y 400. 

Esta amnistía administrada por catálogo —no por el reconocimiento del patrón de persecución— le permite al régimen bajar la presión política, y al mismo tiempo, mantener el control interno excluyendo de la medida a militares, líderes de operaciones armadas y figuras opositoras consideradas amenazas reales. Y dado que la aplicación no es automática, sino que requiere solicitud y decisión del mismo aparato judicial controlado por el régimen, la selectividad se hace más fuerte.

El mecanismo de la puerta giratoria sigue intacto

El proyecto de ley de Amnistía no fue diseñado para desmontar el sistema de persecución política en Venezuela, sino para administrarlo. Abrió de forma calculada la válvula de escape de las excarcelaciones y dejó intacto el aparato que permitió perseguir, encarcelar y silenciar a miles de venezolanos por razones políticas.

Juristas como Allan Brewer‑Carías y organizaciones como Foro Penal y Aula Abierta advirtieron que ninguna amnistía puede tener efectos reales si no se desmonta el marco legal que habilitó la represión y solicitaron que se derogaran normas represivas que sirvieron de base a la criminalización de la disidencia política: la Ley contra el Odio, la Ley de Extinción de Dominio, y tipos penales usados para castigar la opinión y la protesta. El régimen no aceptó esta solicitud. A ello se agrega el reclamo de que el sistema de justicia cooptado —jueces, fiscales y tribunales que ejecutaron la persecución política— permanece exactamente igual.

En consecuencia, el ecosistema institucional que hizo posible la persecución política permanece intacto. La amnistía —al no tocar sus cimientos— opera como un alivio momentáneo a la presión interna y, al mismo tiempo, le permite al régimen conservar el arsenal para que la puerta giratoria siga funcionando.

La ley como termómetro de la transición tutelada

Leídas en su conjunto, las objeciones y críticas —tanto las aceptadas como las no aceptadas— operan como un termómetro de la transición que permiten inferir lo que está dispuesto a ceder el postmadurismo bajo tutela para complacer a la Casa Blanca y lo que intenta preservar a toda costa.

Si bien la ley permite la excarcelación de un grupo significativo de presos, su arquitectura —revictimizante, sin justa reparación a las víctimas, sin garantías de no repetición, limitada, discrecional, y que deja intacto el ecosistema represivo— revela que el régimen postmadurista se negó a conceder todo lo que tiene un costo real en términos de poder, responsabilidad o control. En otras palabras, el régimen no busca construir verdaderos puentes hacia la democracia y la reconciliación nacional, sino administrar, bajo la tutela de Washington, un sistema de gestión del cambio que le permita durante esta coyuntura conservar los resortes del poder en el país.

Sin embargo, al mismo tiempo, este proceso dejó en evidencia una sociedad civil activa, articulada y técnicamente preparada, dispuesta a seguir luchando por una verdadera y justa transición hacia la democracia. 

La amnistía en Venezuela avanza a cuentagotas y con la incertidumbre de familiares de presos políticos que han acudido a tribunales para solicitar la aplicación de la norma que, lejos de ser una medida de gracia inmediata, pasa por un filtro institucional coordinado, en principio, por fiscales, defensores públicos y los jueces en un plazo no mayor a 15 días.

EFE

Está en pleno desarrollo y el Ministerio Público (MP) asegura que se han beneficiado unas 3.000 personas. El Palacio Federal Legislativo, en tanto, señala que más de 2.000 personas con medidas cautelares han recibido libertad plena y que 177 han sido excarceladas.

Sin embargo, ONG y partidos políticos sostienen que han logrado confirmar la salida de prisión de al menos 109 presos políticos y, no han ofrecido, en cambio, información sobre las personas con libertades restringidas.

La medida promovida por Delcy Rodríguez, en el marco de lo que ella misma ha denominado como un «nuevo momento político» que se da justo después de que Estados Unidos presionara por la liberación de estos detenidos tras capturar a Nicolás Maduro, avanza de la siguiente manera:

Burocracia

La ley establece en su artículo 7 que los detenidos o requeridos por la justicia que quieran ser amnistiados deben presentar una solicitud ante los tribunales y, hasta ahora, el MP y los defensores públicos han sido los encargados de hacer estas peticiones.

«La teoría dice que debería ser declarada de oficio porque las disposiciones de la ley son de orden público y de interés general, pero lo que estamos viendo es que (…) no es un proceso verdaderamente automático, aunque debería serlo», indicó a EFE el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.

Hasta la noche del lunes el Palacio Federal Legislativo hablaba de más de 3.000 solicitudes, mientras planea abarcar a más de 11.000 personas bajo medidas cautelares.

Foro Penal también ha cuestionado que los mismos jueces que dictaron condenas sean los que decidan sobre las liberaciones.

Selectividad

La ley aprobada establece que su aplicación abarca entre 1999 y 2026, los últimos 27 años de gobiernos chavistas, pero especifica 13 episodios, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Según Foro Penal, en Venezuela hay más de 600 presos políticos y de ellos más de 180 son militares.

La ley además excluye los delitos de violación a los derechos humanos, de lesa humanidad, guerra, narcotráfico, corrupción y homicidio intencional. Este último, a veces, imputado en casos de presos políticos detenidos en el marco de protestas o crisis políticas, según ONG.

Se dejan por fuera también a todos aquellos que hayan promovido operaciones militares contra el país.

Inmediatamente después de su aprobación, ONG como Provea, Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón coincidieron en que hay un «injustificable exceso de exclusiones» con este marco legal.

La comisión de «seguimiento»

La ley, sin embargo, permitió la creación de una comisión especial que se encarga de velar el cumplimiento de la amnistía y que puede evaluar la solicitud de casos no especificados en la norma y para ello puede contar con el apoyo de expertos.

Esto, explica Himiob, abre la puerta a la posibilidad de «ampliar el marco de la amnistía», lo cual fue una sugerencia directa de las organizaciones no gubernamentales, pero aún no está claro el protocolo para ello.

La comisión está conformada por varios miembros del Palacio Federal Legislativo, incluso el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, junto a otros tachados de colaboracionistas con el chavismo, lo que ha generado dudas de imparcialidad debido a su inclinación política.

«No hay despacho» y más…

Mientras el proceso avanza entre la coordinación de la Fiscalía y los tribunales, decenas de personas acuden al Palacio de Justicia en Caracas o buscan asesorías con ONG para pedir la aplicación de la ley para los casos de sus familiares.

Sin embargo, se han encontrado con tribunales «sin despacho» (como se conoce cuando no están funcionando), en «comisión» (desplazados a otros sitios), sin secretaria o una remisión a los defensores públicos correspondientes, según denunció el lunes el Sindicato de Prensa venezolano, que también trabaja para apoyar en los casos del gremio que quieran solicitar amnistía.

Y aunque Himiob dijo a EFE que «hasta ahora es muy pronto para saber cómo se va a procesar la solicitud hecha por familiares y por los propios interesados», también advirtió luego en X que «ningún tribunal puede negarse» a recibir peticiones debido a que se trata de un tema de «orden público «.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condecoró el martes al oficial Eric Slover con la Medalla de Honor del Congreso por su papel en el operativo militar que permitió la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero en Caracas.

Por: Luis De Jesús – El Nacional

Trump, durante su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes, detalló cómo se ejecutó la extracción de los exlíderes del chavismo y destacó el liderazgo de Slover, a quien atribuyó la planificación de la misión y el mando del primer helicóptero que ingresó en la instalación donde se encontraba Maduro.

Las hazañas de Eric Slover para capturar a Maduro

“Hubo muchos héroes en esa redada de enero para capturar a Maduro, pero las hazañas de un guerrero de esa noche van a vivir para siempre en la eternidad. “Estoy hablando del Oficial Técnico V Eric Slover, que planeó la misión y fue el líder de vuelo en la cabina del primer helicóptero”, manifestó el mandatario.

Trump describió el lugar como “una instalación militar muy grande protegida por miles de soldados y protegida por tecnología militar de Rusia y de China”, un comentario que causó risas entre los legisladores estadounidenses. “Creo que no les fue muy bien con eso”, añadió.

Aseguró que, durante el descenso, el helicóptero recibió múltiples ataques desde tierra. “Eric recibió fuego de ametralladora desde todos los ángulos y fue disparado en la cadera y en las piernas. Recibió cuatro disparos que destruyeron sus piernas”, relató.

A pesar de las heridas, el presidente sostuvo que el oficial mantuvo el control de la aeronave mientras se desarrollaba el operativo.

“Mientras se desangraba, Eric maniobró su helicóptero y había dos individuos con ametralladoras delante de él y enfrentó al enemigo, y sus artilleros eliminaron la amenaza para salvar a sus compañeros. Esto pudo haber sido algo catastrófico”, dijo.

Según explicó, solo después de aterrizar en el punto previsto para la misión, Slover cedió el mando a su copiloto. “Le dijo: ‘Estoy a punto de desmayarme, toma el mando, encárgate”, contó.

“Quizá habría tenido que abortar la misión, de no haber ocurrido así”, expresó.

En el discurso, el oficial apareció sostenido de una andadera y acompañado de su esposa Amy Slover.

El honor militar más alto de Estados Unidos

Trump pidió al general Jonathan Braga entregar a Slover “el honor militar más alto que ofrece nuestra nación: la Medalla de Honor del Congreso”.

Trump defendió la operación que, afirmó, permitió “derribar a uno de los más siniestros capos”.

Maduro permanece encarcelado en Nueva York a la espera de juicio federal por cargos de narcoterrorismo y conspiración.

El mandatario calificó el operativo como “una de las hazañas más complejas y espectaculares en términos de competencia y poderío militar en la historia mundial” y destacó el papel de las Fuerzas Espaciales, creadas durante su primer mandato.

También sostuvo que la captura de Maduro marca “un nuevo y brillante comienzo para el pueblo venezolano” y afirmó que su gobierno trabaja estrechamente con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para impulsar avances económicos.

Como parte del acto, Trump invitó al Capitolio al excandidato Enrique Márquez, detenido en enero de 2025 tras denunciar irregularidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral en las presidenciales del 28 de julio de 2024. El bipartidismo estadounidense lo ovacionó.

Una armada de buques de guerra y aviones de combate estadounidenses se encontraba amenazadoramente cerca de las aguas de Venezuela, y el Pentágono ya había elaborado planes para capturar o matar al líder del país.

Por: Anatoli Kurmanaev, Mariana Martínez y Tyler Pager – The New York Times

Pero al finalizar el año 2025, el presidente Nicolás Maduro parecía sorprendentemente relajado, celebrando la víspera de Año Nuevo con un pequeño grupo de familiares y amigos en su casa en Caracas, la capital, según varias personas cercanas a él, incluido un invitado a la fiesta.

Compartieron platos tradicionales venezolanos como hallacas y pan de jamón. Escucharon gaitas, canciones navideñas venezolanas de ritmo rápido.

Al día siguiente, como de costumbre, el Sr. Maduro envió saludos a sus altos funcionarios. «Feliz Año Nuevo a usted y a su familia», decía un mensaje visto por The New York Times.

Estados Unidos amenazó con atacar a Venezuela si Maduro no renunciaba. Aun así, personas cercanas a él dijeron que él afirmó repetidamente que la administración Trump no se atrevería a atacar Caracas.

El Sr. Maduro sabía que había espías trabajando en su contra y temía una traición desde dentro de sus filas. Sin embargo, a finales de diciembre, les dijo a sus amigos y aliados que aún tenía tiempo para negociar un acuerdo para mantenerse en el poder o dejar el cargo cuando lo deseara, según afirmaron.

Para el entorno de Maduro, una incursión estadounidense parecía improbable, según personas cercanas a él. Cuando las explosiones arrasaron la base militar Fuerte Tiuna en Caracas el 3 de enero, algunos en su círculo pensaron que se trataba de un golpe de Estado, no de un ataque estadounidense.

Fue un notable error de cálculo por parte de Maduro, un autócrata que había burlado a sus oponentes una y otra vez durante sus 13 años de gobierno, aferrándose al poder a través de derrotas electorales, protestas masivas, complots armados e intentos de asesinato.

El Sr. Maduro ya había sido informado de su dimisión por un multimillonario brasileño que se había reunido con el secretario de Estado Marco Rubio, según personas familiarizadas con el intercambio. Pero el Sr. Maduro ignoró la advertencia, sin comprender la urgencia.

Su lectura errónea de las intenciones de la administración Trump tuvo profundas consecuencias: resultó en el primer ataque extranjero en suelo venezolano en más de un siglo, llevó a Maduro y a su esposa a una cárcel de Brooklyn y cambió el curso de la historia de su país.

También transformó el papel de Estados Unidos en América Latina, marcando el comienzo de una nueva e impredecible era de diplomacia de armas.

Este relato de las últimas semanas de la presidencia de Maduro se basa en entrevistas con una docena de sus altos funcionarios, amigos y aliados. La mayoría habló con él en los días previos al ataque estadounidense, y varios estuvieron en contacto apenas unas horas antes.

Sus relatos han sido confirmados por entrevistas con personas cercanas al Sr. Trump y otras figuras clave, como Delcy Rodríguez, la sucesora del Sr. Maduro, quien ha forzado una alianza con Estados Unidos. No estaban autorizados a hablar públicamente.

Cuentas pendientes

Durante todo el enfrentamiento con la Casa Blanca, Maduro permaneció consumido por la rebeldía y la arrogancia, un hombre que sobreestimó su propio poder y subestimó la determinación de sus oponentes, según afirmaron algunos de sus allegados. Al igual que el autócrata en decadencia de la novela de Gabriel García Márquez «El General en su Laberinto», Maduro, de 63 años, vio cómo su poder se desvanecía al no lograr sortear la creciente crisis económica y política que se avecinaba.

“Después de años en el poder, uno tiende a sobreestimar sus capacidades”, dijo Juan Barreto, exfuncionario del gobierno que fue aliado de Maduro. “Al final, solo escuchas a quienes quieren complacerte”.

El Sr. Trump intentó sin éxito derrocar al dictador venezolano durante su primer mandato, sancionando a la industria petrolera del país y reconociendo a un líder de la oposición como presidente. Cuando regresó a la Casa Blanca en enero pasado, consideraba a Venezuela como un asunto pendiente, según funcionarios estadounidenses.

El Sr. Trump comenzó a advertir sobre una «invasión» de una letal banda venezolana que operaba bajo la dirección de Maduro, a pesar de que las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron que no era cierto. Su administración endureció las sanciones y luego comenzó a hacer estallar barcos en el Caribe, alegando que su objetivo eran los narcotraficantes.

Venezuela estaba bajo asedio.

El Sr. Trump y el Sr. Maduro tuvieron la oportunidad de resolver el conflicto el 21 de noviembre, día en que ambos líderes mantuvieron su única conversación directa conocida. Trump conversó cordialmente con Maduro por teléfono durante cinco a diez minutos, según cuatro personas familiarizadas con la llamada.

“Tienes una voz fuerte”, le dijo Trump a Maduro con humor, según las personas.

Maduro bromeó, diciendo a través de un traductor que Trump estaría aún más impresionado si alguna vez lo viera en persona, debidamente duchado y vestido, dijeron tres de las personas.

El Sr. Trump invitó al Sr. Maduro a Washington, una propuesta que el presidente venezolano rechazó cortésmente por temor a una trampa, según las fuentes. En cambio, Maduro propuso reunirse en un lugar neutral fuera de Estados Unidos, lo cual Trump rechazó.

La llamada concluyó sin acuerdos concretos ni amenazas, dijeron las tres personas. Pero los dos líderes se marcharon con conclusiones radicalmente diferentes, lo que desencadenó una serie de malentendidos que culminaron en el espectacular ataque estadounidense.

El Sr. Maduro pensó que sus charlas informales habían convencido a un presidente estadounidense conocido por su estilo de comunicación despreocupado, según fuentes familiarizadas con la llamada. El líder venezolano, según ellas, creía haber ganado tiempo para negociar un acuerdo, lo que reforzó su creencia de que la expansión militar estadounidense en el Caribe era una táctica de presión para forzar un acuerdo.

El Sr. Trump pensaba diferente, según un funcionario estadounidense familiarizado con la llamada. El presidente realizó la llamada esperando que el Sr. Maduro presentara un plan específico para dejar el cargo, añadió el funcionario. Sin embargo, la indiferencia de Maduro le indicó a Trump que el líder venezolano no lo tomaba en serio, lo que contribuyó a su decisión de usar la fuerza.

Ultimátums desatendidos

Unos días después, Maduro recibió una advertencia: debía irse ya.

El mensaje fue transmitido a Maduro en persona por Joesley Batista, un multimillonario brasileño con negocios en Estados Unidos y Venezuela que se había reunido recientemente con Rubio, según tres personas familiarizadas con los intercambios.

El Sr. Rubio le había dejado claro al Sr. Batista que Estados Unidos quería que el líder venezolano llegara a un acuerdo y abandonara el país. Pero cuando el Sr. Maduro escuchó esto, lo interpretó como un ultimátum, se irritó ante la idea de dejar el cargo y desestimó la amenaza, según las fuentes.

El Sr. Batista y el abogado del Sr. Maduro declinaron hacer comentarios, y el Ministerio de Información de Venezuela no respondió a preguntas detalladas. Un alto funcionario estadounidense afirmó que el Sr. Maduro tuvo múltiples oportunidades para llegar a un acuerdo y renunciar.

En lugar de capitular, Maduro salió a las calles para transmitir el control. Empezó a hacer apariciones inesperadas casi a diario en eventos públicos, bailando, cantando y coreando consignas en un inglés exagerado y burlón.

“Por favor, por favor, por favor: sí paz, no guerra”, repetía la voz grabada de Maduro mientras bailaba al ritmo de un ritmo electrónico en el palacio presidencial el 21 de noviembre, el día de su llamada con Trump.

Cuando al Sr. Trump le mostraron un video del Sr. Maduro bailando poco después de la llamada, el presidente estadounidense se mostró visiblemente molesto, según una persona familiarizada con el asunto. Trump interpretó las payasadas del líder venezolano como una burla, inclinando la balanza aún más hacia una incursión militar, añadió la fuente.

La presión estadounidense se sumó a las divisiones internas que ya plagan el gobierno de Maduro, dijeron algunas personas cercanas a él.

Las divisiones tenían su origen en la decisión de Maduro de ignorar los resultados de las elecciones de 2024, que había perdido decisivamente, lo que lo despojó de toda legitimidad restante y profundizó su aislamiento internacional.

Ahora, las amenazas de Estados Unidos hicieron que Maduro dependiera aún más de la línea dura de su gobernante Partido Socialista. Esta facción, encabezada por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, exigía mayor represión interna para mantenerse en el poder y un mayor control estatal sobre la economía.

Al mismo tiempo, Maduro empezaba a desconfiar de su vicepresidenta, la Sra. Rodríguez, más pragmática, según comentaron algunas personas cercanas a él. Ella estaba afianzando su control sobre el erario público, marginando a sus rivales e impulsando una mayor inversión extranjera. Terminó ocupando simultáneamente los cargos de vicepresidenta, ministra de Petróleo y ministra de Hacienda.

El Sr. Maduro consideró despedirla, dijeron algunas personas, pero sabía que necesitaba la experiencia gerencial de la Sra. Rodríguez para mantener a flote la asediada economía, agregaron.

El Sr. Maduro también se sintió limitado por sus alianzas internacionales, en particular por la carga económica que representaba brindar ayuda a Cuba, según algunas fuentes. La importadora estatal de energía de Cuba recibió petróleo venezolano por valor de unos 2.000 millones de dólares en los primeros 11 meses del año pasado, en virtud de acuerdos que no aportaron efectivo al gobierno de Maduro, según datos internos de la petrolera estatal venezolana.

El Sr. Maduro comprendía que sus vínculos con La Habana, uno de los principales adversarios del Sr. Trump, complicaban sus propios esfuerzos por llegar a un acuerdo con Washington, según las fuentes. Sin embargo, no estaba dispuesto a suspender los envíos de petróleo, considerándolos una cuestión de honor y lealtad al fundador del partido gobernante, Hugo Chávez, protegido de Fidel Castro.

Esa alianza se ha ido desmoronando desde el ataque estadounidense, cuando el sustituto de Maduro canceló los envíos de petróleo a Cuba, despidió a aliados cubanos de altos cargos y puso fin a los vuelos comerciales a la isla.

Poder a toda costa

Todas las personas entrevistadas para este artículo coinciden en que Maduro nunca consideró seriamente renunciar, a pesar de las amenazas de Estados Unidos, los consejos de intermediarios como Turquía y Qatar y, eventualmente, los sutiles pedidos de algunos de sus propios funcionarios y familiares.

Algunos afirman que Maduro mantuvo su compromiso con la defensa del legado revolucionario de Chávez. Con el tiempo, algunos comentaron que Maduro llegó a ver ese legado en términos muy limitados: mantener a su Partido Socialista en el poder a cualquier precio.

Otros afirman que la idea de dejar atrás a familiares y amigos que trabajaron con él durante décadas le pesaba mucho al Sr. Maduro. Consideraba el exilio una forma de traición, según esas personas.

Aún así, otros insisten en que Maduro simplemente calculó mal los riesgos que Trump estaba dispuesto a tomar para destituirlo.

El Sr. Maduro, según personas cercanas a él, estaba preparado para que la administración Trump intensificara su campaña militar, y comprendía que el impasse podría costarle la vida. Pero creía que el resultado más probable era un ataque estadounidense contra instalaciones petroleras venezolanas o lugares relacionados con el narcotráfico.

Nunca pensó que Trump montaría un gran ataque contra Caracas, dijeron las personas, y mucho menos el enjambre de 150 aviones involucrados en la operación estadounidense del 3 de enero.

Y el señor Maduro confiaba en que su ejército, armado con miles de millones de dólares en armamento chino y ruso, podía infligir bajas letales, lo que hacía que un ataque fuera políticamente inaceptable para el señor Trump.

Después de todo, incluso la operación estadounidense de 1989 para capturar a Manuel Noriega, entonces presidente de Panamá, un país mucho más pequeño, dejó 26 estadounidenses muertos, señalaron miembros del círculo íntimo de Maduro en conversaciones con él.

El señor Maduro parecía satisfecho con los informes optimistas de sus generales sobre el estado de las defensas aéreas del país, según personas cercanas a él, a pesar de que las instalaciones militares eran en gran parte Aldeas Potemkin.

El Sr. Maduro, según dijeron, también se sintió alentado por las declaraciones de los presidentes izquierdistas de Colombia y Brasil, quienes denunciaron el belicismo estadounidense . Creía que el riesgo de desestabilizar la región y ponerla en contra de Estados Unidos disuadiría a Trump.

El presidente venezolano seguía confiando en la lealtad de su equipo de seguridad y su círculo íntimo, pero le preocupaban cada vez más los intentos estadounidenses de infiltrarse en el gobierno y el ejército. Un amigo cercano recordó que Maduro lo llamó a finales de diciembre para expresarle su temor a una traición y le pidió que no respondiera llamadas ni mensajes de números desconocidos porque había espías trabajando en su contra.

A pesar de la fanfarronería de los eventos públicos, Maduro comprendió que se enfrentaba a una nueva amenaza. Redujo las reuniones sociales y canceló las apariciones programadas. La mayoría de sus transmisiones casi diarias en la radio y la televisión locales eran mensajes pregrabados presentados como discursos en vivo.

Dos días después de hablar con Trump a fines de noviembre, Maduro rompió con su costumbre de organizar una gran fiesta de cumpleaños para sí mismo y, en cambio, realizó una celebración mucho más pequeña con su familia en el complejo militar de Fuerte Tiuna.

Para evitar ser detectado por satélites o aviones espías, Maduro pasó más tiempo bajo la protección de un pequeño contingente de su Guardia Presidencial de 1.400 hombres, dijeron algunas personas cercanas a él.

Pero la decisión, tomada para ocultar su ubicación, en última instancia dejó al líder venezolano con menos protección ante una incursión estadounidense, agregaron.

Últimas oportunidades

El 10 de diciembre, Estados Unidos intensificó drásticamente el conflicto al detener un petrolero que transportaba petróleo venezolano, iniciando un bloqueo parcial que paralizó la principal fuente de ingresos del país.

El bloqueo paralizó los buques petroleros venezolanos y obligó a las petroleras a redirigir el combustible a instalaciones de almacenamiento limitadas. Algunas empresas comenzaron a cerrar pozos. La industria petrolera del país estuvo al borde del colapso.

En reuniones oficiales y conversaciones personales, Maduro se mantuvo tranquilo, según personas que hablaron con él en diciembre, convencido de que todavía era posible un acuerdo con Estados Unidos.

La decisión de Estados Unidos de etiquetar al Sr. Maduro como «narcoterrorista» que lideró dos cárteles de la droga desconcertó al presidente venezolano, según las fuentes. Para Maduro, la descripción que la administración Trump hizo de él como un capo que supervisó personalmente el envío de criminales y drogas a Estados Unidos para asesinar estadounidenses era exagerada y debía estar ocultando una exigencia más pragmática, según algunas fuentes.

Hasta el final, Maduro se negó a aceptar que Trump lo viera personalmente como el principal problema, según las fuentes. En cambio, creía que solo necesitaba encontrar un botín económico que Trump realmente deseara.

Pero a mediados de diciembre, la situación económica de Venezuela se había vuelto tan precaria que Maduro comenzó a considerar su eventual salida. Le dijo a una persona que podría ofrecer elecciones anticipadas, incluso en 2026, y dar un paso al costado en favor de otro candidato del partido gobernante.

Sin embargo, Washington insistió en su renuncia inmediata.

El 23 de diciembre, la Casa Blanca presentó su oferta final. A petición de Washington, el gobierno turco comunicó a Maduro que Estados Unidos no lo perseguiría ni se apoderaría de su patrimonio si se exiliaba, según una persona familiarizada con el asunto. (Un funcionario turco afirmó que Turquía no se mencionó como posible destino).

El Sr. Maduro rechazó la oferta, según el funcionario estadounidense, lo que dio inicio a los preparativos finales para el ataque. La operación estaba inicialmente programada para el último fin de semana de diciembre, pero se pospuso por diversas razones, incluyendo el clima inusualmente lluvioso en Caracas.

El 30 de diciembre, la Sra. Rodríguez se reunió con el Sr. Maduro para intentar explicarle la magnitud del inminente colapso económico provocado por el bloqueo estadounidense, según tres personas familiarizadas con la reunión. El Sr. Maduro restó importancia a sus preocupaciones, según las fuentes.

Para entonces, la administración Trump había identificado a Rodríguez como alguien con quien potencialmente podrían trabajar, pero no hay indicios de que ella estuviera al tanto del plan militar del Pentágono.

El Sr. Maduro parecía decidido a eludir la presión estadounidense. Se planteaba recurrir a una lucha popular, abandonar la producción petrolera y cultivar todos los alimentos en el país, de ser necesario, dijo una de las tres personas.

En cambio, durante la madrugada del 3 de enero, aviones militares estadounidenses invadieron las fronteras de Venezuela, atacaron cuatro bases militares, dominaron a los guardaespaldas de Maduro y lo capturaron a él y a su esposa, Cilia Flores, matando a más de 100 cubanos y venezolanos.

En el momento del ataque estadounidense, la Sra. Rodríguez, al igual que muchos otros altos funcionarios, se encontraba de vacaciones en la isla turística venezolana de Margarita, conocida por sus playas caribeñas repletas de turistas, restaurantes e imponentes villas para la élite venezolana. Minutos después de la captura del Sr. Maduro, recibió una llamada telefónica, según personas familiarizadas con la conversación.

Funcionarios estadounidenses le comunicaron que el Pentágono iniciaría de inmediato una serie más amplia de ataques contra Venezuela si se negaba a cooperar. Tras exigir y finalmente obtener pruebas de que el Sr. Maduro estaba vivo, la Sra. Rodríguez accedió.

Voló a Caracas en un jet privado y asumió lo que declaró ser el papel temporal de presidenta interina.

Dos días después, el Sr. Maduro compareció ante un juez estadounidense en Nueva York para su comparecencia por cargos de narcotráfico. «Soy el presidente de Venezuela», dijo, «y me considero un prisionero de guerra».