El dirigente político Juan Pablo Guanipa confirmó su libertad plena a través de un mensaje publicado en la red social X durante la madrugada de este viernes 20 de febrero, tras permanecer casi nueve meses detenido, y cuestionó el reciente proyecto de amnistía que aprobó la Asamblea Nacional chavista.

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El exparlamentario detalló que su excarcelación ocurrió luego de un periodo que abarcó diez meses en la clandestinidad y nueve meses de reclusión. En su comunicado, Guanipa agradeció a la población venezolana, a la comunidad internacional y a Estados Unidos por el apoyo durante su proceso penal.

Del mismo modo, rechazó la legislación sancionada en el Palacio Federal Legislativo y descartó que la medida represente una solución real para los procesados. «Quiero dejar muy claro que lo aprobado hoy en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía. Es un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas».

Así mismo, el dirigente político exigió la liberación de todos los civiles y militares recluidos, junto con el retorno de los ciudadanos en el exilio. «Estoy de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero solo con la verdad por delante. Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio».

«A pesar del terror, fallaron en su misión de volvernos un pueblo sumiso. Los remanentes del régimen son personas de carne y hueso, no tienen oportunidad de vencer a este pueblo forjador de libertad. No existe reconciliación bajo coerción», agregó.

Expresó que «los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria. Todo eso tiene que terminar ya. Foco hermanos».

En su declaración, el opositor ratificó su respaldo a los dirigentes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. «Corresponde a todos organizarnos y trabajar sin descanso para asegurarnos de que Venezuela vuelva a ser libre y próspera (…) Estoy totalmente seguro de que pronto alcanzaremos la victoria definitiva contra la última dictadura de nuestra historia».

La Asamblea Nacional adepta al chavismo aprobó este jueves 19 de febrero en Caracas una cuestionada Ley de Amnistía, un instrumento jurídico que, lejos de promover una verdadera reconciliación, operó como un fraude legislativo para oxigenar el aparato represor del régimen. La maniobra de la cúpula ignoró por completo la ruta hacia la democratización y dio la espalda al plan de transición que propuso el gobierno de Estados Unidos para el país.

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El documento que impulsó el chavismo representó una maniobra cosmética para intentar engañar a la comunidad internacional y lavar la cara de un sistema judicial totalmente viciado. Al exigir que los perseguidos políticos se presentaran ante la justicia oficialista mediante el artículo 7, la dictadura condicionó cualquier supuesta gracia a la sumisión absoluta, lo que demostró que el texto solo buscó maquillar las arbitrariedades de sus instituciones secuestradas.

Lejos de brindar una solución real, el entramado legal garantizó la supervivencia de la estructura de persecución chavista al invertir perversamente los roles de los involucrados. El articulado que sancionaron los «diputados» criminalizó nuevamente a quienes padecieron los abusos del Estado, mientras que brindó un manto de impunidad a los verdaderos victimarios al perdonar a su conveniencia.

La inclusión de cláusulas de exclusión y la amenaza de juicios ordinarios por supuesta reincidencia, plasmadas en los artículos 9 y 16, confirmaron el carácter inaceptable de esta legislación para los sectores democráticos. El aparato de propaganda del régimen intentó vender la eliminación de antecedentes y la creación de una comisión especial como un avance, pero en la práctica estas instancias quedaron bajo el control absoluto del régimen para continuar el chantaje político.

El cuestionado proyecto quedó a la espera de su promulgación oficial por parte del Ejecutivo chavista y su respectiva publicación en Gaceta Oficial para entrar en vigencia.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el jueves por la noche una ley de amnistía general que abre la posibilidad de liberar a políticos, activistas, abogados, periodistas y otros ciudadanos encarcelados por motivos políticos, según el texto aprobado por la legislatura. La norma fue firmada pocas horas después de su sanción parlamentaria y establece la revisión inmediata de expedientes vinculados a hechos de confrontación política desde 1999.

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La aprobación representa un giro significativo en la política venezolana tras décadas en las que las autoridades negaron la existencia de presos políticos. El cambio se produce semanas después de la captura del narcodictador Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense realizada en Caracas, episodio que precipitó la conformación de un gobierno de transición y una serie de medidas orientadas a revertir decisiones previas.

Durante la ceremonia de promulgación, Rodríguez sostuvo que la iniciativa refleja un cambio de actitud en la dirigencia nacional. “Estamos dejando un poco la intolerancia y abriendo nuevas vías para la política en Venezuela”, afirmó. La mandataria interina también calificó la normativa como un paso histórico hacia la pacificación y señaló que el objetivo es que el país aprenda a “convivir democrática y pacíficamente”.

“Hay que saber pedir y recibir perdón. Esta ley abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre”, expresó.

El texto promulgado concede amnistía plena a ciudadanos investigados o condenados por hechos relacionados con confrontaciones políticas, sociales o institucionales ocurridas desde 1999, incluidos episodios de violencia, protestas, manifestaciones y actuaciones asociadas a procesos electorales. También abarca casos derivados de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, cuando se registraron detenciones masivas en todo el país, entre ellas de menores de edad.

La norma dispone la revisión inmediata de expedientes de dirigentes opositores, activistas sociales, defensores de derechos humanos, abogados y periodistas detenidos durante distintos ciclos de conflictividad. Sin embargo, establece exclusiones explícitas. No podrán beneficiarse quienes “promuevan, instiguen, soliciten, invoquen, favorezcan, faciliten, financien o participen en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela con apoyo de actores extranjeros.

Organizaciones de derechos humanos siguieron el proceso legislativo de cerca. El vicepresidente director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, advirtió antes del cierre del debate de la norma que el Parlamento tenía la oportunidad de demostrar un compromiso real con la reconciliación nacional. En mensajes difundidos en redes sociales, sostuvo que el proceso debía desarrollarse con respeto a los derechos humanos y garantías efectivas para las víctimas de detenciones arbitrarias.

Según los registros de Foro Penal, más de 600 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas. Tras la captura de Maduro, las nuevas autoridades anunciaron un plan de liberaciones progresivas y confirmaron la excarcelación de 448 detenidos. No obstante, la mayoría recibió medidas de libertad condicionada, lo que generó reclamos de familiares y activistas que exigían una liberación definitiva.

En las semanas previas a la promulgación, familiares de detenidos instalaron campamentos frente a centros de reclusión para exigir la aplicación inmediata de la amnistía. Un grupo de mujeres inició además una huelga de hambre en demanda de la liberación de sus parientes, muchos de los cuales permanecen detenidos sin sentencia firme.

La nueva legislación abre la posibilidad de nuevas excarcelaciones en las próximas semanas y redefine el tratamiento estatal hacia los detenidos por motivos políticos. Su alcance efectivo dependerá de la rapidez con la que las autoridades judiciales y administrativas ejecuten la revisión de casos y apliquen los beneficios previstos en la norma.

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, instó este jueves a que la ley de amnistía que se discute en Venezuela cumpla con una serie de «condiciones básicas» orientadas a garantizar la no repetición de la persecución política, la reparación integral de las víctimas y el fin de la persecución por razones ideológicas.

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En un mensaje difundido a través de su cuenta en X, González advierte: «El verdadero camino hacia la tranquilidad de un país que ha sufrido tanto como el nuestro no puede implicar impunidad».

El líder opositor fijó posición en medio del debate parlamentario en torno a la ley de amnistía propuesta por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que la Asamblea Nacional prevé sancionar este jueves, luego de que su discusión fue aplazada la semana pasada.

La iniciativa ha generado expectativas y tensiones, especialmente entre familiares de presos políticos que mantienen una huelga de hambre para exigir la liberación inmediata de los detenidos.

Edmundo González condiciona la ley de amnistía

El opositor señaló que para que la ley allane «el camino a la reconciliación» debe incorporar cinco condiciones esenciales:

1. El cese definitivo de la persecución por motivos políticos.
2. El retorno seguro y sin represalias de los exiliados.
3. El reconocimiento pleno de la verdad.
4. La reparación integral para las víctimas.
5. Garantías institucionales firmes de no repetición.

«El verdadero camino hacia la tranquilidad de un país que ha sufrido tanto como el nuestro debe construirse sobre reglas claras, justicia y garantías institucionales», afirmó.

El debate legislativo y las exclusiones

La Asamblea Nacional aprobó hace dos semanas el proyecto de ley en primera discusión y posteriormente mantuvo reuniones con sectores de la sociedad civil -incluidas ONG y familiares de presos políticos- para debatir el contenido del borrador. La ley, tal como está planteada, cubre hechos ocurridos desde 1999, lo que abarca los 27 años de gobiernos del chavismo.

No obstante, el artículo 6 del proyecto limita su alcance a diez períodos específicos de coyunturas políticas, que van desde el golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas desatadas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024. Esta restricción dejaría por fuera a numerosas personas consideradas por organizaciones de derechos humanos como presos políticos.

La iniciativa se enmarca en lo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha calificado de «nuevo momento político» para el país, y se da en un contexto marcado por un proceso de excarcelaciones anunciado el 8 de enero, apenas cinco días después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Un total de 644 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos, según el más reciente informe de la ONG Foro Penal. El gobierno niega que existan presos políticos en el país y opina que los arrestados enfrentan procesos por la comisión de delitos comunes.