Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

María Corina Machado reapareció en Oslo la noche de este miércoles, horas después de que su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025.

Infobae

La dirigente venezolana, ausente de la vida pública durante meses por amenazas de muerte y persecución judicial de la dictadura de Nicolás Maduro, saludó a decenas de seguidores que esperaban frente al Grand Hotel Oslo, el punto tradicional donde se congrega el público tras la ceremonia del Nobel.

Machado llegó a Noruega después de abandonar Venezuela el martes en un barco con rumbo a Curazao, según informaron funcionarios de Estados Unidos. La salida fue organizada bajo estricta reserva por su círculo más cercano, que evitó cualquier anuncio previo. De acuerdo con estas fuentes, la operación se mantuvo en silencio para proteger su seguridad y solo se confirmó cuando la opositora ya estaba fuera del territorio venezolano.

El traslado de la Premio Nobel de la Paz 2025 generó expectación entre diplomáticos, activistas y ciudadanos venezolanos residentes en Europa. Su aparición se produjo después de la marcha de antorchas que recorre el centro de Oslo cada 11 de diciembre, un acto que rinde homenaje al laureado de la Paz y que este año tuvo un marcado enfoque político debido a la crisis venezolana.

El gobierno noruego informó que la opositora ofrecerá una conferencia de prensa este jueves a las 09:15 GMT, lo que marcará su primer encuentro directo con periodistas desde que se ocultó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Delcy Rodríguez aseguró este miércoles que los pescadores venezolanos que hacen vida en el mar Caribe «no le temen a ningún poderío militar», en un contexto en el que Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

EFE

Durante el evento ‘Asamblea de los pueblos por la soberanía y paz de nuestra América’, que comenzó en Caracas el martes y concluirá este jueves, Rodríguez subrayó que los pescadores son la «primera barrera contra los destructores, contra los submarinos nucleares» y son quienes cuidan el mar venezolano.

«Los pescadores de Venezuela no le temen a ningún poderío militar y siguen con sus redes pescando en nuestro mar Caribe, ejerciendo soberanía política y ejerciendo soberanía económica», manifestó la también ministra de Hidrocarburos.

Para la funcionaria chavista, hoy Estados Unidos exhibe la «violencia militar» y las «agresiones económicas», en referencia a las sanciones, como «características fundamentales en su política exterior».

«Esa agresión militar que hay hoy, de ocupación militar de nuestro mar Caribe, no es solo contra Venezuela, es contra nuestra región, contra América Latina y contra los países del Caribe», indicó la vicepresidenta.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene una operación militar en la que ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, en las que han muerto más de 80 personas, a las que Washington acusa de narcoterroristas.

El Gobierno de Donald Trump no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, una presunta organización que vincula al narcotráfico, pero que funcionarios como el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, consideran que se trata de un «invento».

Este miércoles, Estados Unidos interceptó y confiscó un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, en medio de la creciente tensión entre Washington y Caracas, informó este miércoles la agencia Bloomberg.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que será «el siguiente», en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

EFE

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea hablar pronto con Petro, el republicano lo descartó, argumentando que el mandatario colombiano «ha sido bastante hostil con Estados Unidos».

«Espero que me esté escuchando. Será el siguiente», expresó Trump.

El líder estadounidense afirmó que Petro «va a tener grandes problemas si no se da cuenta» que Colombia está «produciendo mucha droga».

«Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos», afirmó.

Trump retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un «líder del narcotráfico».

El mandatario colombiano ha rechazado esas acciones y reivindica que la política antidrogas de su Gobierno es la adecuada.

Trump pone así a Colombia en la mira de la operación Lanza del Sur que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha disparado la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes.

Trump ha prometido que «pronto» comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras que Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este miércoles 10 de diciembre a través de su cuenta en X que las autoridades federales ejecutaron una orden de incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. El operativo fue realizado de manera conjunta por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera, contando con el apoyo logístico del Departamento de Guerra.

La Patilla

Según la declaración de la funcionaria, la embarcación retenida era utilizada para transportar petróleo sancionado proveniente tanto de Venezuela como de Irán. Bondi detalló que el petrolero había estado bajo el esquema de sanciones de Estados Unidos durante varios años debido a su participación en una «red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras».

La alta funcionaria destacó que la maniobra de abordaje e incautación en aguas próximas al territorio venezolano se llevó a cabo «de forma segura». Asimismo, advirtió que esta acción no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia.

«Nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa», concluyó Bondi, reafirmando la política de tolerancia cero de la administración contra los flujos financieros que sustentan a regímenes sancionados y grupos extremistas.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó este miércoles a Nicolás Maduro, a aceptar los resultados electorales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia una «democracia» en el país, al ser ésa la voluntad del pueblo venezolano.

EFE

«Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar», dijo en su discurso de entrega del Premio Nobel de Paz.

En la ceremonia, a la que no llegó a tiempo la líder opositora venezolana, pero cuyo discurso será leído por su hija, Ana Corina Sosa Machado, Frydes acusó a Maduro de convertir Venezuela «en un Estado brutal y autoritario sumido en una profunda crisis humanitaria y económica» mientras una «pequeña élite en la cúspide, protegida por el poder, las armas y la impunidad, se enriquece».

El máximo responsable del Comité Nobel de la Paz calificó de «una de las mayores crisis de refugiados del mundo» la emigración de venezolanos en los últimos años, cifrada por la institución en más de 8 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población.

Frydnes atacó al Gobierno de Caracas por instaurar «un régimen que silencia, acosa y ataca sistemáticamente a la oposición».

«Mientras estamos aquí sentados en el Ayuntamiento de Oslo hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela. No pueden oír los discursos de hoy, sólo los gritos de los presos que están siendo torturados», dijo.

Calificó de «otra víctima del régimen» el reciente fallecimiento, bajo custodia del Estado venezolano, del exgobernador de Nueva Esparta (insular) Alfredo Díaz en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, «la mayor cámara de tortura de América Latina».

Frydnes, quien enmarcó la situación de Venezuela dentro de un avance global del autoritarismo y dijo que el mundo le había dado «la espalda», sostuvo que Machado participó en procesos de diálogo durante años y acusó al Gobierno venezolano de ofrecer una versión manipulada de la oposición para presentarse como garante de la paz.

«La señora Machado ha solicitado atención, apoyo y presión internacionales, no una invasión de Venezuela. Ha exhortado a la población a defender sus derechos por medios pacíficos y democráticos», afirmó.

En su discurso hizo un repaso a la carrera política de la galardonada, centrándose sobre todo en los comicios presidenciales de 2024, un «factor decisivo» en su elección para el Nobel, y calificó la actuación de la oposición para fotografiar y asegurar copias de las actas como «una movilización de base sin precedentes en Venezuela y, probablemente, en el mundo entero».

«A todos aquellos en Caracas y en otras ciudades de Venezuela que se ven obligados a susurrar el lenguaje de la libertad: Que nos escuchen ahora. Que sepan que el mundo no les da la espalda. Que la libertad se acerca. Y que Venezuela volverá a ser un país pacífico y democrático. Que amanezca una nueva era», dijo.

Mientras tanto, apuntó que cada vez más países, «incluso aquellos con una larga tradición democrática, están derivando hacia el autoritarismo y el militarismo».

«Los regímenes autoritarios aprenden unos de otros. Comparten tecnologías y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro están Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbolá, que proporcionan armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica. Hacen que el régimen sea más robusto y más brutal.

Para Frydnes el futuro de Venezuela puede tomar muchas formas, «pero el presente es uno solo, y es horroroso».

Por eso la oposición democrática en Venezuela «debe contar con nuestro apoyo, no con nuestra indiferencia o, peor aún, con nuestra condena». 

Apenas pusieron un pie en el aeropuerto de Caracas, los tres integrantes del equipo periodístico que envío el canal de noticias C5N a Venezuela fueron separados en la fila de pasajeros y sometidos a un interrogatorio por parte de la Policía de Migraciones, que además los filmó y fotografió, para luego prohibirles el ingreso al país bajo el régimen de Nicolás Maduro y los envió a Bolivia.

Clarín

Los periodistas Adrián Salonia, Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís fueron despojados además de sus pasaportes argentinos y «expulsados sin ninguna explicación», según lo revelado por ellos mismos en las redes sociales.

De hecho, la señal televisiva publicó la noticia con el título «Maduro deportó a los periodistas del canal» y denunció que «censuraron a C5N en Venezuela».

«Nunca nos devolvieron los pasaportes», se quejó Salonia al relatar el incidente y reveló que fue un momento de mucha tensión que duró algo más de dos horas.

Salonia contó por el canal y en sus redes sociales que los policías del aeropuerto internacional Simón Bolívar «se dieron cuenta de que éramos periodistas, estamos con Nicolás Munafó, nos enviaron a la fila de los extranjeros, que no eran periodistas», y entonces comenzó la ronda de preguntas de la que intervinieron diferentes funcionarios.

«Les explicamos que queríamos mostrar la vida cotidiana de los venezolanos, no hablamos en ningún momento de lo que está pasando con Estados Unidos», agregó el cronista. Y reveló que incluso tuvieron que informar en qué hotel se iban a quedar y hasta la documentación del chofer que habían contratado para movilizarse en Caracas, entre otras datos.

Después de dos horas de interrogatorio, Salonia relató que los llevaron «a otro lugar completamente vacío, con muchos policías, la serenidad con la que nos expulsan del país, nos hicieron pasar por un pasillo, por un escáner».

Nuestros pasaportes todavía no pudimos recuperarlos», lamentó el periodista. Y, remarcó: «Fuimos expulsados sin ninguna explicación. El destino, Bolivia» para emprender el regreso a Buenos Aires.

El miércoles en Oslo, las autoridades celebraron una ceremonia de premiación para la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien ganó el Premio Nobel de la Paz de este año por sus esfuerzos para promover la democracia en Venezuela. Sin embargo, en Washington, su insistencia en que el presidente Nicolás Maduro debe irse, y la aparente conformidad de la administración Trump, han generado inquietud. Los críticos advierten que derrocar a Maduro podría convertir al país en otro Irak o una Libia caribeña: un estado colapsado, dividido por facciones armadas, peor que la dictadura que reemplazó. Es mejor, dicen, vivir con un gobernante odioso que arriesgarse a otro experimento caótico de cambio de régimen.

Por: Ricardo Hausmann y José Morales-Arilla – The New York Times

Esta es una analogía errónea. Malinterpreta lo que Venezuela ha logrado y lo que está en juego para Estados Unidos en la lucha por el futuro de Venezuela. En vista de la presión diplomática y los recursos militares que Washington ha comprometido con el Caribe, dar marcha atrás ahora no evitaría el desastre; lo constituiría. Indicaría que una dictadura criminal disfrazada de Estado puede plantar cara a Estados Unidos y ganar.

Venezuela ha logrado lo que Irak y Libia, también bajo el yugo de dictadores, no tuvieron la oportunidad de lograr: votar por un nuevo gobierno. Se cree ampliamente que el candidato opositor Edmundo González ganó las elecciones presidenciales de 2024. Las actas recopiladas y conservadas por decenas de miles de voluntarios en todo el país mostraron que González lideraba por casi 40 puntos, ganando en todos los estados y en aproximadamente el 90 % de los 335 municipios de Venezuela. Análisis independientes validan la veracidad de estos resultados.

Suponiendo que estas cifras sean precisas, este no fue un resultado marginal ni controvertido. Fue una victoria aplastante, lograda a pesar de la represión, la persecución y la privación del derecho al voto por parte del régimen de hasta tres millones de personas con derecho a voto en el país, así como de la mayoría de los aproximadamente ocho millones de venezolanos que viven en el extranjero.

Esto es lo que quiere decir la Sra. Machado cuando insiste en que su movimiento «no pide un cambio de régimen», sino «respeto a la voluntad popular». La comparación que se hace tan a menudo en Washington últimamente entre la Sra. Machado y Ahmad Chalabi, el exiliado de larga data que convenció a George W. Bush de que Irak sería pan comido, es contradictoria. El orden político iraquí tras la invasión estadounidense de 2003 se diseñó apresuradamente bajo la ocupación estadounidense y se impuso esencialmente desde el exterior. El nuevo orden en espera en Venezuela ya ha sido elegido por el pueblo del país.

La oposición no tiene las armas. Puede que goce de legitimidad democrática y apoyo popular, pero carece de milicias, insurgencia armada y control territorial. Las fuerzas armadas siguen siendo la única institución coercitiva dominante en el país. Esta configuración hace improbable una guerra civil —para ello se necesitan al menos dos facciones armadas comparables—, pero también hace casi imposible un cambio de régimen desde abajo. Por eso es importante una presión militar creíble; sin ella, no hay motivo para que quienes están dentro del régimen rompan con él.

El presidente Trump no ha declarado públicamente que el objetivo de su campaña en el Caribe sea derrocar a Maduro. Si ese es su objetivo final , él y Machado deberán colaborar para reequilibrar los incentivos de quienes ostentan el poder en Venezuela. Además de la presión militar, deberían desarrollar múltiples vías de escape creíbles que creen una brecha entre la camarilla gobernante y el aparato burocrático y de seguridad en general.

Este enfoque diferenciado de amnistía podría permitir que el Sr. Trump ofrezca una estrecha ventana de paso seguro hacia el exilio protegido para los responsables de crímenes de lesa humanidad , y la Sra. Machado podría extender una amnistía nacional amplia al conjunto de oficiales y funcionarios cuya complicidad nunca traspasó ese umbral. Su compromiso con la amnistía sería creíble, ya que cualquier nuevo gobierno democrático necesitaría la colaboración de miembros de las fuerzas armadas, la policía y la burocracia para obtener y mantener el control del Estado.

El mensaje sería simple: el pequeño círculo que rodea al Sr. Maduro tiene una oferta temporal para salir bajo estrictas garantías internacionales; la gran mayoría de los oficiales pueden quedarse, conservar sus salarios y pensiones y ayudar a gestionar una transición ordenada a la democracia. Si un número suficiente de las figuras más comprometidas aceptara la salida al exilio, por temor a una acción militar o una traición, el régimen se desintegraría. Si los miembros del grupo no cumplieran con los plazos iniciales de la oferta, Estados Unidos podría utilizar medidas progresivas y específicas para transmitir de forma creíble que las salidas siguen siendo la mejor opción sin tener que desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno.

¿Qué hay, entonces, del temor a que una Venezuela post-Maduro se hunda en el caos? Cualquier resistencia violenta a un nuevo gobierno probablemente provendría de pequeñas facciones criminales: guerrillas, bandas carcelarias, unidades paramilitares, mafias mineras y redes de narcotráfico arraigadas en partes del estado.

Con los controvertidos resultados electorales de 2024, una hipotética insurgencia chavista tendría dificultades para reclutar o reivindicar un mandato legítimo, lo que limitaría su amenaza política y haría improbable una guerra civil a nivel nacional. Para una democracia incipiente, enfrentarse a grupos armados sería un desafío, pero no sería algo sin precedentes en Latinoamérica, ni siquiera en Venezuela, donde una insurgencia promovida por Cuba fue derrotada por la naciente democracia del país en la década de 1960.

El verdadero peligro reside en el statu quo. El régimen de Maduro ha contribuido a convertir a Venezuela en un refugio para los rivales estadounidenses, una plataforma de lanzamiento para actividades criminales mucho más allá de sus fronteras, un importante centro logístico para el narcotráfico y un hogar para las guerrillas colombianas que operan con la aquiescencia del régimen. Este no es un problema latente. Es un problema que se está propagando, a solo unas horas de Florida.

Estados Unidos ha desplegado importantes activos militares en el Caribe y está invirtiendo fuertemente en presión diplomática. El mensaje de la administración Trump, hasta ahora, ha sido que un estado narcoterrorista no es algo que Washington aceptará en su puerta.

Si, llegados a este punto, Estados Unidos cede —si permite que Maduro declare su victoria en unas elecciones que, según analistas independientes, fueron fraudulentas, aguante las sanciones y espere la llegada de un grupo de portaaviones—, el precedente se leerá con atención en Moscú, Teherán, Pekín y otros lugares. La derrota estratégica no es solo perder una guerra. Es una prueba más de que las líneas rojas de Estados Unidos están escritas con tinta que desaparece.

Nadie debería idealizar lo que vendrá después de Maduro. La transición venezolana bien podría ser defectuosa y conflictiva, y cualquier acuerdo de justicia transicional podría resultar decepcionante para las víctimas de los crímenes de Maduro. Pero la comparación relevante no es entre un caos como el de Irak o una guerra civil como la de Libia y una paz democrática repentina. Es entre una transición democrática caótica pero manejable, liderada por un gobierno legítimo, y el afianzamiento de un régimen autocrático y represivo que ha acogido a las peores fuerzas internacionales en nuestro hemisferio y ha violado los derechos humanos de su propio pueblo.

Para los venezolanos, incluso una democracia imperfecta, liderada por el presidente que eligieron y apoyada por la comunidad internacional y una diáspora que regresa, representaría una enorme mejora. Para Estados Unidos, ayudar a los venezolanos a ejercer su derecho al voto ya no es una opción; es una prueba de si se puede permitir que una dictadura criminal, aliada con los peores adversarios de Estados Unidos, gane un concurso de miradas, con el mundo entero observando.

El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue arrestado en horas de la tarde de este miércoles por efectivos de seguridad en cumplimiento de una orden de la Fiscalía por una causa abierta por corrupción en el caso vinculado al Fondo Indígena, confirmó la ex ministra de Presidencia, María Nela Prada.

Infobae

Según pudo conocer Infobae, el ex mandatario está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. Surgió durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), durante su gestión como ministro.

Según la indagación, cuando Arce era ministro de Economía presuntamente autorizó desembolsos estatales a cuentas particulares, entre ellas la de la ex diputada Lidia Patty, actualmente detenida en el penal de Obrajes.

El llamado caso Fondo Indígena es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de Bolivia. El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos con el objetivo de financiar proyectos productivos en territorios rurales. Entre 2006 y 2014 recibió más de 3.197 millones de bolivianos, equivalentes a unos 460 millones de dólares.

El directorio del Fondo estaba conformado por varios ministerios —entre ellos el de Economía, encabezado entonces por Arce— y por organizaciones sociales afines al MAS. Esa estructura buscaba integrar representación indígena y campesina dentro del Estado, pero terminó generando un sistema con controles débiles y alta discrecionalidad en la asignación de recursos.

Las irregularidades comenzaron a documentarse en 2015, cuando la Contraloría General del Estado detectó 153 proyectos inconclusos o inexistentes, con un daño económico inicial de 71 millones de bolivianos, aproximadamente 10 millones de dólares. Auditorías posteriores ampliaron el universo de observaciones a más de 1.000 proyectos y elevaron el cálculo del perjuicio a más de 182 millones de dólares.

Los investigadores identificaron un patrón de desembolsos sin respaldo técnico ni financiero, pagos a cuentas personales de dirigentes y fraccionamientos contrarios a norma. También se detectaron proyectos aprobados pese a la ausencia de documentación básica o sin verificación de avance, lo que profundizó la crisis de credibilidad del Fondo y expuso debilidades estructurales en el manejo de recursos públicos.

El año 2014 —un ciclo electoral clave para el oficialismo— agravó el cuadro. A pesar de que el Fondo enfrentaba deudas superiores a 310 millones de bolivianos, se autorizaron desembolsos por 575 millones. Diversas denuncias sostuvieron que parte de ese dinero habría sido utilizado para actividades políticas, como movilizaciones masivas, lo que incrementó la presión sobre el gobierno y motivó la intervención del Fondo al año siguiente.

El estallido del caso estuvo marcado por la denuncia interna del entonces director ejecutivo, Marco Antonio Aramayo, quien alertó sobre proyectos fantasma, sobrecostos y desvíos sistemáticos. Su posterior procesamiento y muerte bajo custodia estatal provocaron un debate nacional sobre responsabilidades institucionales y sobre el uso político de la persecución penal.

La causa que hoy alcanza a Arce deriva de su rol dentro del directorio y de su participación en decisiones administrativas durante los años en los que se consolidó el esquema irregular. La Fiscalía busca determinar si hubo omisiones, autorizaciones o avales que facilitaron el patrón de desvío, aunque hasta el momento no se ha difundido un cálculo oficial del daño atribuible directamente al ex mandatario.

La detención ocurre en un contexto de fuerte fractura dentro del Movimiento al Socialismo, dividido desde 2023 entre los sectores de Evo Morales y de Arce. La ofensiva judicial acentúa esa ruptura y reconfigura el escenario político boliviano en un momento de incertidumbre institucional, con múltiples causas abiertas ligadas a la gestión de recursos públicos durante el periodo de mayor hegemonía del MAS.

Cuatro años después de las elecciones presidenciales venezolanas de 2018 y de las parlamentarias de 2020, calificadas entonces como las más fraudulentas del continente, dos ex altos mandos militares del chavismo han ratificado en tribunales de Estados Unidos lo que opositores, observadores independientes y medios denunciaron en su momento: el fraude electoral no fue un accidente ni un error técnico, sino una política de Estado diseñada y ejecutada desde la cúpula del régimen.

MFM

Hugo Carvajal, exjefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar y uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez, declaró ante autoridades estadounidenses que el sistema de votación electrónica fue manipulado deliberadamente con la participación de operadores cubanos y hasta de las desaparecidas FARC. Según Carvajal, existió una “ingeniería electoral” planificada para garantizar la permanencia indefinida del poder chavista.

Por su parte, el general Clíver Alcalá Cordones, condenado en EE.UU. por narcotráfico, detalló en sus declaraciones los mecanismos paralelos de manipulación supervisados por los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez:

  • Traslado forzado de votantes a centros controlados por colectivos y milicias
  • Intimidación armada en zonas opositoras
  • Alteración manual de actas
  • Carga forzada de votos en el sistema electrónico
  • Control absoluto del software y de la transmisión de datos

Ambos exgenerales coinciden en que Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional chavista y durante años rector del Consejo Nacional Electoral, centralizó y perfeccionó el sistema hasta convertirlo en un instrumento “matemáticamente” infalible para el régimen.Nicolás Maduro nunca permitió una auditoría completa e independiente del código fuente de las máquinas Smartmatic (hoy sustituidas por tecnología china y local), ni aceptó supervisión internacional creíble. En varias alocuciones públicas llegó a admitir que el sistema podía “fallar”, pero siempre, según sus palabras, “a favor de la revolución”.El modelo venezolano combina cuatro pilares:

  1. Manipulación digital del voto electrónico
  2. Coerción física y psicológica sobre el elector
  3. Control militar del territorio el día de la votación
  4. Narrativa mediática y operaciones híbridas para desacreditar denuncias

Este esquema, conocido como “fraude del Socialismo del Siglo XXI”, ha sido exportado con variaciones a otros países de la región, según documentos desclasificados y testimonios de exfuncionarios.

Cuatro años después, las confesiones de Carvajal y Alcalá cierran el círculo: ya no queda duda de que hubo fraude sistemático. La pregunta que queda abierta es por qué la comunidad internacional tardó tanto en reconocerlo y actuar en consecuencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la Guardia Costera confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela en medio del despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en el mar Caribe.

AFP

Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de ​​hecho, el más grande jamás incautado”, declaró Trump a la prensa.

“Y están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante”, añadió.

La administración Trump acusa al dictador venezolano de encabezar redes de narcotráfico y, desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico.

El propio Trump ha advertido que “pronto” podrían iniciar ataques dentro del territorio venezolano.

La operación de este miércoles estuvo liderada por la Guardia Costera de Estados Unidos y contó con apoyo de la Marina, según declaró un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato a la agencia Bloomberg. El funcionario explicó que la acción se realizó bajo autoridad de las leyes estadounidenses de aplicación del orden, sin detallar más sobre la identidad del buque o el destino de su tripulación.

La noticia de la incautación fue anticipada por Bloomberg, medio que citó a fuentes familiarizadas con el operativo para confirmar que se trataba de un petrolero sancionado previamente por Washington y ubicado frente a las costas venezolanas. Este tipo de acciones representa un endurecimiento de la estrategia estadounidense para aislar financieramente al régimen de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en tribunales estadounidenses.

El embargo y la presión sobre el sector petrolero venezolano limitan fuertemente la capacidad de exportación del país sudamericano, que cuenta con las mayores reservas comprobadas de crudo en el mundo pero vende la mayor parte de su producción —alrededor de 1 millón de barriles diarios— a refinerías chinas y otros compradores a precios reducidos, dada la vigencia de las sanciones sobre la petrolera estatal PDVSA.

El modus operandi habitual para sacar el crudo venezolano al exterior, según reportó Bloomberg, involucra una compleja red de intermediarios y empresas fantasma, muchas de ellas inscritas en territorios de baja transparencia. Estos actores utilizan “petroleros fantasma”, embarcaciones que navegan sin señalización o cambian de nombre para evadir los sistemas internacionales de rastreo, transfiriendo la carga en alta mar para dificultar su seguimiento y rastreo.

El anuncio estadounidense de la incautación ocurre en la misma jornada en que la opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, tenía programada una aparición pública en Oslo, capital de Noruega. Machado no pudo asistir inicialmente a la ceremonia pero aseguró que viajaría a la ciudad europea en las siguientes horas, según informaron medios venezolanos.

Desde el inicio de su mandato, la administración de Trump ha intensificado la presión diplomática, económica y militar contra el régimen de Maduro. Washington acusa al dictador venezolano de encabezar una estructura criminal transnacional centrada en el llamado “Cartel de los Soles”, declarado por las autoridades estadounidenses como organización terrorista. Maduro ha rechazado enérgicamente estas acusaciones y sostiene que se trata de un intento de Estados Unidos de propiciar un cambio de régimen y controlar los recursos petroleros venezolanos.

En este contexto, Trump declaró a Politico que los “días de Maduro están contados” y no descartó la posibilidad de una invasión terrestre estadounidense en Venezuela. El propio presidente estadounidense ha señalado que “pronto” habrá ataques dentro del territorio venezolano, aunque no ofreció detalles sobre ubicaciones ni plazos.

Durante los últimos meses, la presencia militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico Oriental se ha reforzado, marcando el despliegue más grande en la región en décadas. Las fuerzas estadounidenses han destruido más de veinte embarcaciones señaladas por tráfico de drogas y han causado la muerte de al menos 87 tripulantes, según reportaron Bloomberg y Politico. La situación ha generado una respuesta de Caracas, donde el régimen convocó a la ciudadanía a integrarse en milicias populares y el ejército venezolano realizó la jura de 5.600 nuevos efectivos, en palabras de Maduro recogidas por medios venezolanos.

Las sanciones estadounidenses han impactado con fuerza en las operaciones de PDVSA, aunque la corporación estadounidense Chevron Corp. sigue presente en el país bajo licencia especial del Departamento del Tesoro. Esta excepción, negociada en procesos previos, permite a Chevron exportar crudo venezolano, generando controversia sobre el papel de la petrolera como fuente de ingresos adicionales para el gobierno de Maduro.

La incautación del petrolero podría agravar aún más las dificultades para la exportación de crudo, ya que otros operadores marítimos podrían mostrarse reacios a transportar petróleo venezolano ante el riesgo de acciones judiciales o decomisos por parte de Estados Unidos.

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