Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Apenas pusieron un pie en el aeropuerto de Caracas, los tres integrantes del equipo periodístico que envío el canal de noticias C5N a Venezuela fueron separados en la fila de pasajeros y sometidos a un interrogatorio por parte de la Policía de Migraciones, que además los filmó y fotografió, para luego prohibirles el ingreso al país bajo el régimen de Nicolás Maduro y los envió a Bolivia.

Clarín

Los periodistas Adrián Salonia, Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís fueron despojados además de sus pasaportes argentinos y «expulsados sin ninguna explicación», según lo revelado por ellos mismos en las redes sociales.

De hecho, la señal televisiva publicó la noticia con el título «Maduro deportó a los periodistas del canal» y denunció que «censuraron a C5N en Venezuela».

«Nunca nos devolvieron los pasaportes», se quejó Salonia al relatar el incidente y reveló que fue un momento de mucha tensión que duró algo más de dos horas.

Salonia contó por el canal y en sus redes sociales que los policías del aeropuerto internacional Simón Bolívar «se dieron cuenta de que éramos periodistas, estamos con Nicolás Munafó, nos enviaron a la fila de los extranjeros, que no eran periodistas», y entonces comenzó la ronda de preguntas de la que intervinieron diferentes funcionarios.

«Les explicamos que queríamos mostrar la vida cotidiana de los venezolanos, no hablamos en ningún momento de lo que está pasando con Estados Unidos», agregó el cronista. Y reveló que incluso tuvieron que informar en qué hotel se iban a quedar y hasta la documentación del chofer que habían contratado para movilizarse en Caracas, entre otras datos.

Después de dos horas de interrogatorio, Salonia relató que los llevaron «a otro lugar completamente vacío, con muchos policías, la serenidad con la que nos expulsan del país, nos hicieron pasar por un pasillo, por un escáner».

Nuestros pasaportes todavía no pudimos recuperarlos», lamentó el periodista. Y, remarcó: «Fuimos expulsados sin ninguna explicación. El destino, Bolivia» para emprender el regreso a Buenos Aires.

El miércoles en Oslo, las autoridades celebraron una ceremonia de premiación para la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien ganó el Premio Nobel de la Paz de este año por sus esfuerzos para promover la democracia en Venezuela. Sin embargo, en Washington, su insistencia en que el presidente Nicolás Maduro debe irse, y la aparente conformidad de la administración Trump, han generado inquietud. Los críticos advierten que derrocar a Maduro podría convertir al país en otro Irak o una Libia caribeña: un estado colapsado, dividido por facciones armadas, peor que la dictadura que reemplazó. Es mejor, dicen, vivir con un gobernante odioso que arriesgarse a otro experimento caótico de cambio de régimen.

Por: Ricardo Hausmann y José Morales-Arilla – The New York Times

Esta es una analogía errónea. Malinterpreta lo que Venezuela ha logrado y lo que está en juego para Estados Unidos en la lucha por el futuro de Venezuela. En vista de la presión diplomática y los recursos militares que Washington ha comprometido con el Caribe, dar marcha atrás ahora no evitaría el desastre; lo constituiría. Indicaría que una dictadura criminal disfrazada de Estado puede plantar cara a Estados Unidos y ganar.

Venezuela ha logrado lo que Irak y Libia, también bajo el yugo de dictadores, no tuvieron la oportunidad de lograr: votar por un nuevo gobierno. Se cree ampliamente que el candidato opositor Edmundo González ganó las elecciones presidenciales de 2024. Las actas recopiladas y conservadas por decenas de miles de voluntarios en todo el país mostraron que González lideraba por casi 40 puntos, ganando en todos los estados y en aproximadamente el 90 % de los 335 municipios de Venezuela. Análisis independientes validan la veracidad de estos resultados.

Suponiendo que estas cifras sean precisas, este no fue un resultado marginal ni controvertido. Fue una victoria aplastante, lograda a pesar de la represión, la persecución y la privación del derecho al voto por parte del régimen de hasta tres millones de personas con derecho a voto en el país, así como de la mayoría de los aproximadamente ocho millones de venezolanos que viven en el extranjero.

Esto es lo que quiere decir la Sra. Machado cuando insiste en que su movimiento «no pide un cambio de régimen», sino «respeto a la voluntad popular». La comparación que se hace tan a menudo en Washington últimamente entre la Sra. Machado y Ahmad Chalabi, el exiliado de larga data que convenció a George W. Bush de que Irak sería pan comido, es contradictoria. El orden político iraquí tras la invasión estadounidense de 2003 se diseñó apresuradamente bajo la ocupación estadounidense y se impuso esencialmente desde el exterior. El nuevo orden en espera en Venezuela ya ha sido elegido por el pueblo del país.

La oposición no tiene las armas. Puede que goce de legitimidad democrática y apoyo popular, pero carece de milicias, insurgencia armada y control territorial. Las fuerzas armadas siguen siendo la única institución coercitiva dominante en el país. Esta configuración hace improbable una guerra civil —para ello se necesitan al menos dos facciones armadas comparables—, pero también hace casi imposible un cambio de régimen desde abajo. Por eso es importante una presión militar creíble; sin ella, no hay motivo para que quienes están dentro del régimen rompan con él.

El presidente Trump no ha declarado públicamente que el objetivo de su campaña en el Caribe sea derrocar a Maduro. Si ese es su objetivo final , él y Machado deberán colaborar para reequilibrar los incentivos de quienes ostentan el poder en Venezuela. Además de la presión militar, deberían desarrollar múltiples vías de escape creíbles que creen una brecha entre la camarilla gobernante y el aparato burocrático y de seguridad en general.

Este enfoque diferenciado de amnistía podría permitir que el Sr. Trump ofrezca una estrecha ventana de paso seguro hacia el exilio protegido para los responsables de crímenes de lesa humanidad , y la Sra. Machado podría extender una amnistía nacional amplia al conjunto de oficiales y funcionarios cuya complicidad nunca traspasó ese umbral. Su compromiso con la amnistía sería creíble, ya que cualquier nuevo gobierno democrático necesitaría la colaboración de miembros de las fuerzas armadas, la policía y la burocracia para obtener y mantener el control del Estado.

El mensaje sería simple: el pequeño círculo que rodea al Sr. Maduro tiene una oferta temporal para salir bajo estrictas garantías internacionales; la gran mayoría de los oficiales pueden quedarse, conservar sus salarios y pensiones y ayudar a gestionar una transición ordenada a la democracia. Si un número suficiente de las figuras más comprometidas aceptara la salida al exilio, por temor a una acción militar o una traición, el régimen se desintegraría. Si los miembros del grupo no cumplieran con los plazos iniciales de la oferta, Estados Unidos podría utilizar medidas progresivas y específicas para transmitir de forma creíble que las salidas siguen siendo la mejor opción sin tener que desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno.

¿Qué hay, entonces, del temor a que una Venezuela post-Maduro se hunda en el caos? Cualquier resistencia violenta a un nuevo gobierno probablemente provendría de pequeñas facciones criminales: guerrillas, bandas carcelarias, unidades paramilitares, mafias mineras y redes de narcotráfico arraigadas en partes del estado.

Con los controvertidos resultados electorales de 2024, una hipotética insurgencia chavista tendría dificultades para reclutar o reivindicar un mandato legítimo, lo que limitaría su amenaza política y haría improbable una guerra civil a nivel nacional. Para una democracia incipiente, enfrentarse a grupos armados sería un desafío, pero no sería algo sin precedentes en Latinoamérica, ni siquiera en Venezuela, donde una insurgencia promovida por Cuba fue derrotada por la naciente democracia del país en la década de 1960.

El verdadero peligro reside en el statu quo. El régimen de Maduro ha contribuido a convertir a Venezuela en un refugio para los rivales estadounidenses, una plataforma de lanzamiento para actividades criminales mucho más allá de sus fronteras, un importante centro logístico para el narcotráfico y un hogar para las guerrillas colombianas que operan con la aquiescencia del régimen. Este no es un problema latente. Es un problema que se está propagando, a solo unas horas de Florida.

Estados Unidos ha desplegado importantes activos militares en el Caribe y está invirtiendo fuertemente en presión diplomática. El mensaje de la administración Trump, hasta ahora, ha sido que un estado narcoterrorista no es algo que Washington aceptará en su puerta.

Si, llegados a este punto, Estados Unidos cede —si permite que Maduro declare su victoria en unas elecciones que, según analistas independientes, fueron fraudulentas, aguante las sanciones y espere la llegada de un grupo de portaaviones—, el precedente se leerá con atención en Moscú, Teherán, Pekín y otros lugares. La derrota estratégica no es solo perder una guerra. Es una prueba más de que las líneas rojas de Estados Unidos están escritas con tinta que desaparece.

Nadie debería idealizar lo que vendrá después de Maduro. La transición venezolana bien podría ser defectuosa y conflictiva, y cualquier acuerdo de justicia transicional podría resultar decepcionante para las víctimas de los crímenes de Maduro. Pero la comparación relevante no es entre un caos como el de Irak o una guerra civil como la de Libia y una paz democrática repentina. Es entre una transición democrática caótica pero manejable, liderada por un gobierno legítimo, y el afianzamiento de un régimen autocrático y represivo que ha acogido a las peores fuerzas internacionales en nuestro hemisferio y ha violado los derechos humanos de su propio pueblo.

Para los venezolanos, incluso una democracia imperfecta, liderada por el presidente que eligieron y apoyada por la comunidad internacional y una diáspora que regresa, representaría una enorme mejora. Para Estados Unidos, ayudar a los venezolanos a ejercer su derecho al voto ya no es una opción; es una prueba de si se puede permitir que una dictadura criminal, aliada con los peores adversarios de Estados Unidos, gane un concurso de miradas, con el mundo entero observando.

El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue arrestado en horas de la tarde de este miércoles por efectivos de seguridad en cumplimiento de una orden de la Fiscalía por una causa abierta por corrupción en el caso vinculado al Fondo Indígena, confirmó la ex ministra de Presidencia, María Nela Prada.

Infobae

Según pudo conocer Infobae, el ex mandatario está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. Surgió durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), durante su gestión como ministro.

Según la indagación, cuando Arce era ministro de Economía presuntamente autorizó desembolsos estatales a cuentas particulares, entre ellas la de la ex diputada Lidia Patty, actualmente detenida en el penal de Obrajes.

El llamado caso Fondo Indígena es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de Bolivia. El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos con el objetivo de financiar proyectos productivos en territorios rurales. Entre 2006 y 2014 recibió más de 3.197 millones de bolivianos, equivalentes a unos 460 millones de dólares.

El directorio del Fondo estaba conformado por varios ministerios —entre ellos el de Economía, encabezado entonces por Arce— y por organizaciones sociales afines al MAS. Esa estructura buscaba integrar representación indígena y campesina dentro del Estado, pero terminó generando un sistema con controles débiles y alta discrecionalidad en la asignación de recursos.

Las irregularidades comenzaron a documentarse en 2015, cuando la Contraloría General del Estado detectó 153 proyectos inconclusos o inexistentes, con un daño económico inicial de 71 millones de bolivianos, aproximadamente 10 millones de dólares. Auditorías posteriores ampliaron el universo de observaciones a más de 1.000 proyectos y elevaron el cálculo del perjuicio a más de 182 millones de dólares.

Los investigadores identificaron un patrón de desembolsos sin respaldo técnico ni financiero, pagos a cuentas personales de dirigentes y fraccionamientos contrarios a norma. También se detectaron proyectos aprobados pese a la ausencia de documentación básica o sin verificación de avance, lo que profundizó la crisis de credibilidad del Fondo y expuso debilidades estructurales en el manejo de recursos públicos.

El año 2014 —un ciclo electoral clave para el oficialismo— agravó el cuadro. A pesar de que el Fondo enfrentaba deudas superiores a 310 millones de bolivianos, se autorizaron desembolsos por 575 millones. Diversas denuncias sostuvieron que parte de ese dinero habría sido utilizado para actividades políticas, como movilizaciones masivas, lo que incrementó la presión sobre el gobierno y motivó la intervención del Fondo al año siguiente.

El estallido del caso estuvo marcado por la denuncia interna del entonces director ejecutivo, Marco Antonio Aramayo, quien alertó sobre proyectos fantasma, sobrecostos y desvíos sistemáticos. Su posterior procesamiento y muerte bajo custodia estatal provocaron un debate nacional sobre responsabilidades institucionales y sobre el uso político de la persecución penal.

La causa que hoy alcanza a Arce deriva de su rol dentro del directorio y de su participación en decisiones administrativas durante los años en los que se consolidó el esquema irregular. La Fiscalía busca determinar si hubo omisiones, autorizaciones o avales que facilitaron el patrón de desvío, aunque hasta el momento no se ha difundido un cálculo oficial del daño atribuible directamente al ex mandatario.

La detención ocurre en un contexto de fuerte fractura dentro del Movimiento al Socialismo, dividido desde 2023 entre los sectores de Evo Morales y de Arce. La ofensiva judicial acentúa esa ruptura y reconfigura el escenario político boliviano en un momento de incertidumbre institucional, con múltiples causas abiertas ligadas a la gestión de recursos públicos durante el periodo de mayor hegemonía del MAS.

Cuatro años después de las elecciones presidenciales venezolanas de 2018 y de las parlamentarias de 2020, calificadas entonces como las más fraudulentas del continente, dos ex altos mandos militares del chavismo han ratificado en tribunales de Estados Unidos lo que opositores, observadores independientes y medios denunciaron en su momento: el fraude electoral no fue un accidente ni un error técnico, sino una política de Estado diseñada y ejecutada desde la cúpula del régimen.

MFM

Hugo Carvajal, exjefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar y uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez, declaró ante autoridades estadounidenses que el sistema de votación electrónica fue manipulado deliberadamente con la participación de operadores cubanos y hasta de las desaparecidas FARC. Según Carvajal, existió una “ingeniería electoral” planificada para garantizar la permanencia indefinida del poder chavista.

Por su parte, el general Clíver Alcalá Cordones, condenado en EE.UU. por narcotráfico, detalló en sus declaraciones los mecanismos paralelos de manipulación supervisados por los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez:

  • Traslado forzado de votantes a centros controlados por colectivos y milicias
  • Intimidación armada en zonas opositoras
  • Alteración manual de actas
  • Carga forzada de votos en el sistema electrónico
  • Control absoluto del software y de la transmisión de datos

Ambos exgenerales coinciden en que Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional chavista y durante años rector del Consejo Nacional Electoral, centralizó y perfeccionó el sistema hasta convertirlo en un instrumento “matemáticamente” infalible para el régimen.Nicolás Maduro nunca permitió una auditoría completa e independiente del código fuente de las máquinas Smartmatic (hoy sustituidas por tecnología china y local), ni aceptó supervisión internacional creíble. En varias alocuciones públicas llegó a admitir que el sistema podía “fallar”, pero siempre, según sus palabras, “a favor de la revolución”.El modelo venezolano combina cuatro pilares:

  1. Manipulación digital del voto electrónico
  2. Coerción física y psicológica sobre el elector
  3. Control militar del territorio el día de la votación
  4. Narrativa mediática y operaciones híbridas para desacreditar denuncias

Este esquema, conocido como “fraude del Socialismo del Siglo XXI”, ha sido exportado con variaciones a otros países de la región, según documentos desclasificados y testimonios de exfuncionarios.

Cuatro años después, las confesiones de Carvajal y Alcalá cierran el círculo: ya no queda duda de que hubo fraude sistemático. La pregunta que queda abierta es por qué la comunidad internacional tardó tanto en reconocerlo y actuar en consecuencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la Guardia Costera confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela en medio del despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en el mar Caribe.

AFP

Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de ​​hecho, el más grande jamás incautado”, declaró Trump a la prensa.

“Y están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante”, añadió.

La administración Trump acusa al dictador venezolano de encabezar redes de narcotráfico y, desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico.

El propio Trump ha advertido que “pronto” podrían iniciar ataques dentro del territorio venezolano.

La operación de este miércoles estuvo liderada por la Guardia Costera de Estados Unidos y contó con apoyo de la Marina, según declaró un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato a la agencia Bloomberg. El funcionario explicó que la acción se realizó bajo autoridad de las leyes estadounidenses de aplicación del orden, sin detallar más sobre la identidad del buque o el destino de su tripulación.

La noticia de la incautación fue anticipada por Bloomberg, medio que citó a fuentes familiarizadas con el operativo para confirmar que se trataba de un petrolero sancionado previamente por Washington y ubicado frente a las costas venezolanas. Este tipo de acciones representa un endurecimiento de la estrategia estadounidense para aislar financieramente al régimen de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en tribunales estadounidenses.

El embargo y la presión sobre el sector petrolero venezolano limitan fuertemente la capacidad de exportación del país sudamericano, que cuenta con las mayores reservas comprobadas de crudo en el mundo pero vende la mayor parte de su producción —alrededor de 1 millón de barriles diarios— a refinerías chinas y otros compradores a precios reducidos, dada la vigencia de las sanciones sobre la petrolera estatal PDVSA.

El modus operandi habitual para sacar el crudo venezolano al exterior, según reportó Bloomberg, involucra una compleja red de intermediarios y empresas fantasma, muchas de ellas inscritas en territorios de baja transparencia. Estos actores utilizan “petroleros fantasma”, embarcaciones que navegan sin señalización o cambian de nombre para evadir los sistemas internacionales de rastreo, transfiriendo la carga en alta mar para dificultar su seguimiento y rastreo.

El anuncio estadounidense de la incautación ocurre en la misma jornada en que la opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, tenía programada una aparición pública en Oslo, capital de Noruega. Machado no pudo asistir inicialmente a la ceremonia pero aseguró que viajaría a la ciudad europea en las siguientes horas, según informaron medios venezolanos.

Desde el inicio de su mandato, la administración de Trump ha intensificado la presión diplomática, económica y militar contra el régimen de Maduro. Washington acusa al dictador venezolano de encabezar una estructura criminal transnacional centrada en el llamado “Cartel de los Soles”, declarado por las autoridades estadounidenses como organización terrorista. Maduro ha rechazado enérgicamente estas acusaciones y sostiene que se trata de un intento de Estados Unidos de propiciar un cambio de régimen y controlar los recursos petroleros venezolanos.

En este contexto, Trump declaró a Politico que los “días de Maduro están contados” y no descartó la posibilidad de una invasión terrestre estadounidense en Venezuela. El propio presidente estadounidense ha señalado que “pronto” habrá ataques dentro del territorio venezolano, aunque no ofreció detalles sobre ubicaciones ni plazos.

Durante los últimos meses, la presencia militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico Oriental se ha reforzado, marcando el despliegue más grande en la región en décadas. Las fuerzas estadounidenses han destruido más de veinte embarcaciones señaladas por tráfico de drogas y han causado la muerte de al menos 87 tripulantes, según reportaron Bloomberg y Politico. La situación ha generado una respuesta de Caracas, donde el régimen convocó a la ciudadanía a integrarse en milicias populares y el ejército venezolano realizó la jura de 5.600 nuevos efectivos, en palabras de Maduro recogidas por medios venezolanos.

Las sanciones estadounidenses han impactado con fuerza en las operaciones de PDVSA, aunque la corporación estadounidense Chevron Corp. sigue presente en el país bajo licencia especial del Departamento del Tesoro. Esta excepción, negociada en procesos previos, permite a Chevron exportar crudo venezolano, generando controversia sobre el papel de la petrolera como fuente de ingresos adicionales para el gobierno de Maduro.

La incautación del petrolero podría agravar aún más las dificultades para la exportación de crudo, ya que otros operadores marítimos podrían mostrarse reacios a transportar petróleo venezolano ante el riesgo de acciones judiciales o decomisos por parte de Estados Unidos.

Este miércoles, mientras en Noruega se denunciaban los abusos que se siguen cometiendo en Venezuela durante la ceremonia del Nobel a María Corina Machado, el cardenal Baltazar Porras era víctima de un nuevo acto de represión del régimen.

NTN24

Cuando pretendía salir de Venezuela para viajar a España por Colombia, las autoridades de migración le retiraron su pasaporte, según un vocero de la ONG Provea.

El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, escribió en su cuenta en X: «Cardenal Baltazar Porras ha sido víctima de la retención de pasaporte en el aeropuerto de Maiquetía y, por lo tanto, no pudo viajar a su destino. Iba a Colombia para tomar un vuelo hacia España».

Cabe recordar que la práctica de retención o anulación del pasaporte es común en Venezuela por parte del régimen, que se ha incrementado luego de las elecciones presidenciales del 2024.

El religioso ya ha sido directamente atacado por el chavismo, tanto por Nicolás Maduro como por el considerado número dos, Diosdado Cabello, en varias ocasiones.

Tras esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en sus redes sociales en una especie de cuestionamiento hacia la reciente acción de la dictadura chavista.

«El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes. Es una amnistía general no extender la cárcel», dijo el mandatario.

«Los pueblos europeos le ganaron a la gran invasión de Hitler con un gran Pacto político y social que hizo que los trabajadores participarán de las ganancias, tuvieran seguridad social y mejores salarios después de la guerra», agregó.

Y agregó que «es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas. La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros no por retóricas vacías no por cárceles del alma»

«La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía», finalizó.

El alcalde electo Zohran Mamdani enfrenta una creciente controversia tras nombrar al rapero y activista Mysonne Linen, quien cumplió siete años de prisión por robos a mano armada, como asesor en su comité de transición sobre el “sistema legal criminal”.

La Derecha Diario

Linen, condenado por dos asaltos a taxistas en el Bronx a finales de los años 90, siempre negó su participación, pero los registros judiciales y reportes de la época lo ubican como miembro de la banda que cometió los atracos en 1997 y 1998.

Tras recibir una condena de 7 a 14 años y salir en libertad condicional en 2006, el exrapero se reinventó como activista, fundó la organización Rising Kings y colaboró como »violence interrupter». También creó el grupo socialista Until Freedom junto a la activista demócrata musulmana  Linda Sarsour. En redes sociales celebró su incorporación al equipo de Mamdani, afirmando que reconoce »décadas de trabajo» en comunidades vulnerables.

Sin embargo, su nombramiento ha generado críticas severas desde sectores policiales y de seguridad pública. También, la sociedad neoyorquina ha lanzado fuertísimos reproches contra la polémica designación del yihadista demócrata. 

El recientemente retirado jefe del Departamento de la Policía de Nueva YorkJohn Chell, sostuvo que la elección de Linen refleja una tendencia dentro del equipo de transición del alcalde electo, compuesta por figuras »anti-policiales», advirtiendo que estas decisiones podrían comprometer la seguridad pública.

Linen no es el único nombre polémico del listado de 400 integrantes de los 17 comités de transición. En el mismo grupo figura Vincent Schiraldi, exjefe del Departamento de Servicios Juveniles de Maryland, quien renunció bajo presión por acusaciones de mala gestión.Un oficial de policía con uniforme formal está sentado frente a una bandera verde y blanca y un fondo de madera

La designación generó durísimas críticas en la sociedad y sectores policiales | La Derecha Diario

También fue incluido Lumumba Bandele, líder del grupo extremista Malcolm X Grassroots Movement y defensor de figuras condenadas por matar policías; su nombre, al igual que el de Linen, apareció mal escrito en el anuncio oficial del 24 de noviembre, lo que generó comentarios sobre la falta de rigor del proceso.

Otras designaciones cuestionadas incluyen al sociólogo Alex Vitale, crítico declarado de las prácticas policiales; la activista Zakiyah Shaakir-Ansari, quien elogió a Assata Shakur, prófuga tras ser condenada por asesinar a un agente; el activista contra el tráfico vehicular Ben Furnas; y Susan Herman, exdirectora del criticado programa ThriveNYC. Además, se sumaron figuras cercanas al Democratic Socialists of America, organización con la que Mamdani mantiene vínculos estrechos.

La reacción de grupos civiles fue igualmente contundente. Jews Fight Back denunció que Mamdani está entregando la ciudad a extremistas, acompañando su mensaje con una foto de Linen junto al activista del Islam, Louis Farrakhan. 

La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos acaba de declarar a Europa como un aliado poco fiable. La causa la ha explicado muy bien Donald Trump y es el mismo argumento que ya expuso su vicepresidente, J.D. Vance, ante las caras de los propios mandatarios europeos: las principales naciones de nuestro continente (Francia, Reino Unido, Alemania) se han embarcado en un proceso de sustitución poblacional que significa también una profunda modificación desde el punto de vista civilizacional. Por decirlo de modo mucho más claro: no hay certidumbre de que, de aquí a veinte años, una Francia o una Inglaterra con una proporción de población musulmana superior al 30 o al 40 por ciento vaya a sentirse solidaria con la defensa de una cosa que aún se llama «Occidente» y que los mencionados sectores de población desprecian e incluso odian. En esas condiciones, es obligado decir que Washington tiene razón: Europa es un socio poco fiable.

Por: José Javier Esparza – La Gaceta de la Iberosfera

La reacción en la cúpula del poder europeo ha sido, como es habitual, hostil, jactanciosa y petulante. Ha hablado Antonio Costa, que es el presidente del Consejo Europeo, o sea, la asamblea de los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Y ha dicho así: «Estados Unidos ya no cree en el multilateralismo, en el orden internacional basado en normas ni en el cambio climático. Tenemos diferencias en nuestra visión del mundo. Ciertamente, esta estrategia sigue hablando de Europa como un aliado. Eso es positivo. Pero (…) los aliados no amenazan con interferir en la vida democrática o en las decisiones políticas internas de esos aliados». Bajo su aparente inanidad, en la parrafada de Costa hay auténticas perlas. En la jerga del poder, «multilateralismo» y «orden internacional basado en reglas» son palabras fetiche para designar la imposición del orden globalista. La última fórmula, por cierto, es cosecha de John Inckeberry, en quien Alexandre del Valle ve uno de los más conspicuos ideólogos del globalismo como expresión de la hegemonía mundial anglosajona. Y eso, efectivamente, con Trump ha dejado de ser doctrina de Estado en los EEUU. En otro orden de cosas, es casi conmovedor que a estas alturas siga habiendo alguien que invoca el «cambio climático» como fe, según hace Costa. Pero, sobre todo, pasma el cuajo del portugués (porque es portugués) a la hora de hablar de «vida democrática». ¿Democracia? ¿A qué pueblo europeo se le ha permitido votar las políticas de inmigración, por ejemplo? Todd tiene razón: Europa ya no es una democracia liberal, es una oligarquía liberal.   

En todo caso, digan lo que digan nuestros euroligarcas, la realidad se impone simplemente por los hechos. En el mismo momento en que el mundo conocía la Estrategia de Seguridad norteamericana, el alcalde de Londres, el musulmán de origen pakistaní Sadiq Khan, protagonizaba un incomodísimo episodio al verse en la tesitura de tener que cantar «ha nacido un rey, el niño Dios» en una celebración navideña popular. Subrayo: popular. Hace sólo treinta años, nadie habría dudado de que el pueblo inglés era cristiano. Hoy, ya no. Hoy ese pueblo ha cambiado. Y ha cambiado precisamente porque los políticos europeos llevan más de un cuarto de siglo desmantelando la identidad social y cultural de nuestras naciones. ¿De verdad se extrañan de que Washington, hoy, desconfíe de ellos como aliados militares? En una guerra se mata y se muere para defender lo que uno es y a los que son como uno. Las dos únicas naciones con poder nuclear son Gran Bretaña y Francia. Ambas poseen numerosísimas minorías musulmanas abiertamente hostiles a la identidad cultural europea. ¿En qué manos pueden caer mañana esas armas? Si usted fuera Trump, también desconfiaría.

Una nota final: en los últimos meses viene hablándose mucho en los círculos mejor informados de un espeluznante análisis de David Betz, profesor de Guerra en el Mundo Moderno en el Departamento de Estudios Bélicos del King’s College de Londres. Betz dice que la principal amenaza para la seguridad de las naciones occidentales, hoy, no es externa, sino interna: una guerra civil. ¿Por qué? Porque estamos viviendo «una combinación de sociedades culturalmente fracturadas, estancamiento económico, extralimitación de las élites y un colapso de la confianza pública en la capacidad de la política convencional para resolver problemas». (David Betz, “Civil War Comes to the West”, Military Strategy, vol. 9, n.º 1, 2024). Ojo porque, en lo que parece una invitación a las elites para que se lancen a una represión desatada, Betz añade “la comprensión por parte de grupos anti statu quo de estrategias plausibles de ataque basadas en la disrupción de sistemas de infraestructuras críticas vulnerables”. Es decir, que el problema no serían esas elites sin límites que nos han llevado a la fractura cultural, el estancamiento económico y la ruina política, sino los que protestan contra todo eso. ¿Tal vez así se entiende mejor ese súbito interés de nuestros gobiernos por aumentar los presupuestos de guerra? ¿Están pensando en una guerra civil?

Sí, nos llevan a la guerra. Y no será contra Rusia, sino contra nuestros propios pueblos. Sacar a esa gente del poder empieza a ser cuestión de supervivencia… continental.

El régimen de Nicolás Maduro impide viaje del Cardenal Baltazar Porras a Bogotá con conexión a Madrid donde donde debía participar en la ceremonia de investidura como Protector de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén.

El Cardenal fue sometido a un trato humillante, incluyendo requisa de sus efectos personales y vestimenta, con la utilización de perros antidrogas, mientras su equipaje fue removido del avión. El pasaporte le fue anulado.

La información fue suministrada por la periodista Nitu Pérez Osuna a través de su usuario oficial en la red social X.

El Gran Priorato de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén en la República de Venezuela, don José Leonardo Carta Tirado, además elevó una carta al Vaticano en donde detallan todas las humillaciones sufridas por el Cardenal Baltazar Porras.

«En mi condición de Canciller del Gran Priorato de la República de Venezuela, me veo en la obligación de elevar ante sus dignas instancias la presente denuncia formal por los graves atropellos sufridos en la mañana de hoy en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela, por Su Eminencia el Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, Protector Espiritual de nuestro Gran Priorato, y por el Excmo. Sr. Dr. José Antonio Rodríguez Rodríguez, Gran Prior de la Orden en Venezuela, acompañado de su señora esposa».

Los hechos son los siguientes:

  • Funcionarios de la policía de inmigración retuvieron injustificadamente a Su Eminencia el Cardenal Porras y al Gran Prior con su esposa.
  • Se procedió a la confiscación y anulación del pasaporte venezolano del Cardenal, impidiéndole abordar el vuelo pautado hacia Bogotá, con conexión a Madrid, donde debía participar en la solemne ceremonia de investidura como Protector de la Orden.
  • Aun cuando Su Eminencia presentó su pasaporte del Estado Vaticano, emitido en virtud de su dignidad cardenalicia y con las prerrogativas diplomáticas que le corresponden como Príncipe de la Iglesia Católica, se le negó el embarque.
  • El Cardenal fue sometido a un trato humillante, incluyendo requisa de sus efectos personales y vestimenta, con la utilización de perros antidrogas, mientras su equipaje fue removido del avión.

Estos actos constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional, en particular:

  • Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961):• Artículo 29: La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto United Na… +1.
  • Artículo 31: Los agentes diplomáticos gozan de inmunidad de la jurisdicción penal, civil y administrativa del Estado receptor oas.org.
  • Artículo 36: Los efectos personales y equipajes diplomáticos están exentos de inspección salvo casos excepcionales, y siempre con respeto a la dignidad del agente oas.org.
  • Principios de la Carta de las Naciones Unidas: que garantizan la igualdad soberana de los Estados y el respeto a las prerrogativas diplomáticas de sus representantes

En consecuencia, solicitamos:

  1. Que la Secretaría de Estado del Vaticano eleve protesta formal ante las autoridades venezolanas por la violación de las prerrogativas diplomáticas de Su Eminencia el Cardenal Baltazar Porras.
  2. Que el Gran Priorato de España se solidarice institucionalmente y comunique este atropello al Gran Maestre de la Orden, a fin de que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad de nuestros Protectores y autoridades.
  3. Que se exija la restitución inmediata de los documentos confiscados y la garantía de libre tránsito internacional para Su Eminencia, conforme a las normas internacionales vigentes.

En medio de la creciente presión militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas, bajo la Operación Lanza del Sur, Nicolás Maduro anunció este martes un nuevo conjunto de lineamientos económicos que, según aseguró, apuntan hacia 2026 y buscan profundizar la “conexión” de Venezuela con lo que él denomina el “mundo pluripolar”.

La Patilla

Nicolás Maduro presentó sus propuestas económicas para 2026, en medio de un aumento significativo de la presencia militar estadounidense cerca de las costas venezolanas, bajo la llamada «Operación Lanza del Sur», liderada por el Departamento de Guerra y el Comando Sur de EEUU.

Durante su intervención, Maduro aseguró que Venezuela busca integrarse al mundo pluripolar y multicéntrico, destacando la apertura de mercados en China, India, Rusia, Irán y Turquía.

“Hoy ese mundo está de puertas abiertas a nosotros. Tenemos grandes acuerdos”, afirmó, subrayando la necesidad de simplificar los trámites burocráticos para industriales y empresarios.

El líder chavista señaló que, para 2026, prevé impulsar un plan que reduzca los trámites a una taquilla única y trámite único, con el objetivo de fomentar la producción nacional y la inversión privada.

“Parece que es más fácil fabricar una bomba nuclear que facilitar los trámites del Estado venezolano. Eso es una orden que doy al equipo económico”, declaró Maduro, quien instó a que el Consejo Nacional de Economía trabaje de forma permanente en este plan.

En cuanto a la política económica, Maduro recalcó la necesidad de diversificar la economía y reducir la dependencia del ingreso petrolero.

“Nosotros tenemos que producir todo en Venezuela”, enfatizó, proponiendo una sustitución radical de importaciones y una multiplicación de exportaciones para generar divisas y garantizar la estabilidad del sistema cambiario.

Según Maduro, esta estrategia permitirá alcanzar la “estabilización definitiva del sistema cambiario perfecto que tiene Venezuela” y superar lo que calificó como la “guerrita diaria del sistema cambiario”.

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