«No hay transición con represión, no hay transición sin Estado de derecho y sin libertades plenas».
María Corina Machado

Nos preguntamos cuánto perdurará el pragmatismo que hoy marca pauta en el destino del país. Desde luego que es un asunto a considerar por sus alcances, expectativas creadas y por la meta trazada a partir del 3 de enero, encargos mediante. Es una suerte de novela publicada por entregas con varios capítulos pendientes. El ritmo arrollador de los hechos está generando, para los inescrupulosos fratelli, asombrosas deslealtades y peligrosas alianzas de ocasión. En sus propias palabras, se encuentran en “estado de sospecha” ante los suyos y extraños. 

Esas mismas circunstancias, imponen un what for what para determinar lo que subyace realmente en las entrañas de este “rodrigato”. Supervivencia, sometimiento, impunidad, poder, manipulación, proyección, traición y engaño forman parte de una laxa enumeración de claves, que materializarían su frenética aspiración de convertirse en futuros referentes electorales como medio idóneo para lavar sus espantosos pecados. Apelan, por tanto, a los peores recursos: al creador de “La Tumba”, golpista y magnicida fallido en La Carlota el 4F, para sustituir a un ministro de la “defensa” devenido en cronista del 3 de enero. Todo de la mano del incalumniable ZP, experto mediador en fechorías internacionales. En el negado caso que tamaño despropósito cobre vida, sería demasiado pragmatismo, presidente Trump. 

En este lado: derechos humanos, petróleo, poder, justicia, democracia y libertad son, entre otros, términos protagónicos contenidos en la doctrina que precisa sus objetivos en las fases de la estabilización, recuperación y transición; hasta hace poco, un planteamiento teórico tan inimaginable como lo ha sido su propia ejecución. Su implementación está revestida con un manto que las preserva e impone sin alardes, solo concediéndole a los encargados de turno que finjan iniciativas e indulgencias. Aunque tragando grueso, lo harán esos mismos que por libre arbitrio decidieron adueñarse del país, no para desarrollarlo en beneficio del bien común sino para esquilmarlo a su antojo. No para garantizar los derechos humanos sino para conculcarlos con sus persecuciones, torturas y encarcelamientos, aun “vivitas y coleando” como se desprende de las artimañas de recapturas y retrasos en la excarcelación de presos políticos civiles y militares. Son esos mismos que en paralelo proponen reconciliaciones eufemísticas, piden perdones tácticos y están afanados en cumplir la tarea impuesta para tener la buena pro de la administración republicana, abrigando segundas intenciones.

Nada, absolutamente nada ocurre, ni ocurrirá, sin que sea tamizado por quienes realmente lograron quebrar en buena hora esta hegemonía demoníaca de 26 largos años, y prevén con MCM un futuro de libertades y democracia, que garantice la efectiva vigencia de un Estado de derecho, en el que rija la separación e independencia de los poderes públicos, en el que se tutele con celo el ejercicio del poder. Hacia allá vamos, juntos consolidaremos esa legitimación democrática, ese es nuestro por qué y para qué, es nuestro leitmotiv. Solo así se alcanzará la seguridad jurídica indispensable para el desarrollo pleno de una Venezuela productiva  para beneficio de todos. 

Víctor A. Bolívar
X: @vabolivar

La forma subrepticia en que Jorge Rodríguez ha tramitado la anunciada Ley de Amnistía revela, una vez más, la naturaleza fraudulenta que caracteriza a la cúpula oficialista. No se trata de un simple vicio procedimental, sino de una práctica política sistemática: el uso del lenguaje jurídico y político para encubrir la arbitrariedad y la negación del Estado de derecho.

En abierta violación de la Constitución y del Reglamento Interior y de Debates, se inició la discusión de un proyecto de ley sin que los diputados tuvieran acceso al texto íntegro. Acto seguido, se abrió un apurado proceso de consulta pública sobre un documento que no ha sido formalmente publicado, mientras se exige a los consejos legislativos y municipales del país que avalen un contenido que desconocen. Hasta el momento, no existe publicación oficial; solo circula un borrador difundido en redes sociales por un diputado ajeno a la directiva. Este proceder tiene un solo nombre: fraude legislativo.

La lectura del primer borrador confirma las peores sospechas. Es un texto incompleto y peligroso, diseñado más para lavar la imagen del régimen que para cerrar esta tragedia y desmontar el aparato represivo construido durante más de dos décadas. El proyecto consta de apenas trece artículos y restringe su ámbito de aplicación a diez momentos específicos de la vida política reciente, calificados de manera sesgada como «violencia política». Se mencionan desde el golpe de 2002 y el paro petrolero, hasta los ciclos de protesta de 2014, 2017, 2019 y las manifestaciones post-electorales de 2024.

Esta delimitación no es fortuita. Al circunscribir la amnistía a episodios estigmatizados por el discurso oficial, el poder busca reafirmar su narrativa de criminalización de la disidencia, en lugar de reconocer la existencia de una persecución política estructural.
Más grave aún es lo que el proyecto excluye. Quedan fuera quienes han sido judicializados bajo la Ley Simón Bolívar, la Ley contra el Odio y otros instrumentos de represión vigentes. Tampoco se contempla la derogatoria del marco legal que hace posible la persecución; al mantener estas leyes, se deja la puerta abierta para nuevas detenciones. El proyecto no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas ni establece mecanismos de reparación integral para las víctimas. Es, en esencia, una amnistía sin verdad, sin justicia y sin garantías de no repetición.

Debe subrayarse que esta amnistía no es automática. Su aplicación debe ser solicitada individualmente y queda sujeta a una verificación judicial, manteniendo la discrecionalidad en manos del mismo sistema que ejecutó la persecución. Se subordina la libertad de los presos políticos al arbitrio de sus propios carceleros. Es fundamental acordar el cese del proceso penal de forma directa o, en su defecto, la intervención de jueces ad hoc cuya imparcialidad sea incuestionable.

Por otra parte, la propuesta busca proteger a quienes, desde el sistema de justicia, han participado en la criminalización de ciudadanos inocentes, ignorando la prohibición expresa de amnistía para tales delitos. El artículo 29 de nuestra Constitución es taxativo:

«Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar la impunidad, incluidos el indulto y la amnistía».

Todo ello convierte esta propuesta en un instrumento insuficiente para una verdadera reconciliación nacional. La sociedad democrática —desde sectores académicos, sociales y religiosos— ha presentado propuestas para transformar este proyecto inicial. Esperamos que dichos cambios se incorporen.

Exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos, la derogatoria del «derecho penal del enemigo» y el desmontaje del sistema represivo. Lo demás es simulación. Y Venezuela ya ha pagado un precio demasiado alto por las simulaciones.

César Pérez Vivas
Lunes, 9 de febrero de 2026

La ley de Amnistía—aunque oculta acomodos a la propia coalición aun dominante—es un instrumento que le dará base sustantiva a la Casa Blanca para exigir inmediatez en la liberación de presos políticos

ORLANDO VIERA-BLANCO
10/02/2026

En el debate venezolano persiste una premisa tan seductora como peligrosa: la idea que la caída de un régimen criminal además de autoritario debe conducir de manera inmediata, automática, al restablecimiento pleno del Estado de derecho, la vigencia integral de los DDHH, la instalación democrática y la sustitución total de las élites del antiguo poder. Qué más quisiéramos. Pero las cosas no pasan como uno las desea, sino como las ordenan las circunstancias.

Esta narrativa—aunque normativamente atractiva—no resiste el contraste con la historia ni con la teoría política comparada […] Las transiciones no son idealistas, esto es, una transición que rompe con el antiguo régimen a “mesa limpia”, sustituyendo el mal por el bien o el autoritarismo por la institucionalidad democrática, ipso iure.

El problema no es lo que aspiramos sino su desconexión con la naturaleza real de las transiciones desde un poder criminal inédito, que controla territorio, economía, FFAA y redes internacionales ilícitas.

El tema no es ‘hágase el estado’ y por arte de magia, emerge la ética, el derecho, la justicia y la paz. Antes toca desarrollar una fase de autoridad y reforma bajo control coercitivo y de mando que garantice orden y obediencia. A eso fue la Sra. Laura Dogu a Venezuela. Más que una Jefa de Misión Diplomática de EEUU, es la verdadera Jefa Interina. Eso lo llaman realpolitik.

La transición no es un acto moral, es un proceso de poder

La historia enseña otra cosa. Las transiciones reales no comienzan con el estado de derecho; terminan aspirando a él y consagrándose, después de un largo proceso de purga y decantación.

Decantar el poder criminal en procura de una restauración institucional no es tema de “soplar y hacer botellas”. Mucho daño le hacen a Maria Corina quienes manejando una narrativa crítica a la Casa Blanca, venden como ingrávidas pompas de jabón, la instalación de derechos; Edmundo, Machado y democracia. Con qué alas vuela el jilguero decía el poeta [sic]—!¡Con el voto del pueblo! me responderían. A ellos les digo: está dispuesto el pueblo a inmolarse—una vez más—por la defensa de ‘La Constitución’ o a salir a trabajar—con seguridad—por la vida, por sus hijos, por su estómago?

Reeditar historias de peleas desiguales—aun con un régimen amenazado y asustado—no genera obediencia popular. La república saneada viene, pero antes es necesario un inevitable proceso de síntesis y reducción.

Uno de los errores conceptuales más frecuentes consiste en equiparar transición política con la restauración inmediata del orden constitucional. En Venezuela primero se deben dar las condiciones para un proceso real de relegitimación de los poderes, que arrancará con un proceso constituyente. Pero antes es necesario rehabilitar a una sociedad desmembrada devolviendo la esperanza con libertad sí, pero también con luz, comida, agua, trabajo y medicinas. La normalización del estado no se decreta.

La literatura clásica de la “tercera ola” de democratización—Samuel P. Huntington—ya advertía que la transición no es la democracia, sino apenas el tránsito desde un régimen hacia otro, cuyo desenlace no está garantizado. Huntington fue explícito: “Muchas transiciones fracasan, se estancan o derivan en híbridos autoritarios. La democratización no es un destino inevitable, sino una posibilidad condicionada por correlaciones de poder, pactos élite y control efectivo del aparato coercitivo del Estado”.

La Jefe de Misión Diplomática de EEUU en Venezuela—la Señora Laura Dogu—fue al país a poner sobre la mesa su Table d’Hôte, su mesa servida, para que se paren y dejen de comer cuando ella disponga.

No es un asunto ético: es poder, control y autoridad [realpolitik]

Thomas Carothers—uno de los grandes críticos del “paradigma de transición”—fue todavía más contundente: “el supuesto de que todos los regímenes autoritarios “transitan” hacia la democracia liberal es una ilusión normativa”. En la práctica, la mayoría de los países quedan atrapados en zonas grises donde conviven instituciones formales con prácticas autoritarias heredadas.

Venezuela no es la excepción, es un caso extremo. Y ese es el desafío: lograr un cambio real desde un estado ausente y criminal a un estado democrático, sin morir en el intento por creer cándidamente que los derechos se restauran a partir de silogismos de cuatro patas [falaces].

En el realpolitik, la vida y el poder tienen otro guión. Hay variables o hipótesis que no aparecen en los libros de Harvard o Columbia…como capos de droga, carteles o grupos terroristas convertidos en amos y señores de los poderes públicos. Poco o nada sobre este supuesto puede leerse en Linz [Dinámicas de quiebre y consolidación democrática]; O’Donell [Democracias delegativas]; Alfred Stepan [Rol del estado y militares en procesos de transición] o Dankwart Rustow [Transitions to Democracy].

Si invito revisar las lecturas de Laureano Vallenilla Lanz, y su Cesarismo Democrático [ideal del gendarme necesario]; Margarita Lopez Maya [investigadora sobre el chavismo]; Elizabeth Burgos [Historiadora, antropóloga, detractora del régimen cubano] o Javier Corrales [How Venezuela Transitioned to Authoritarianism].

El poder en Venezuela fue vaciado de moral pública y de control institucional. La primera tarea—por imposible—no es una ruptura y mesa limpia con el régimen que se apoderó del Estado. El primer acto es la recuperación de la autoridad y el respeto a un orden superior, al cual temerle si se equivocan o desobedecen.

El chavismo tardío—especialmente en su fase madurista—no es sólo un régimen autoritario. Es un ecosistema de poder criminalizado, donde confluyen: control militar del territorio, economías ilícitas (oro, narcotráfico, contrabando); captura del aparato judicial, redes transnacionales de evasión y financiamiento y una lógica de supervivencia que no reconoce límites institucionales. Pretender que un sistema así se disuelve mediante una proclamación de legitimidad constitucional es confundir legalidad con poder real.

La libertad de los presos políticos no está fuera de la fase de estabilización sugerida por EEUU. Tampoco el ‘Table d’hôte’ excluye la protección de los derechos de propiedad o la erradicación de la persecución política.

La ley de Amnistía—aunque oculta acomodos a la propia coalición aun dominante—es un instrumento que le dará base sustantiva a la Casa Blanca para exigir inmediatez en la liberación de presos políticos, regreso a casa de exiliados e incluso, participación de la oposición en funciones del poder público. Que no emerja impunidad, por supuesto es el fin. De ello ya se encargarán las instituciones, los ciudadanos y sobre todo, las víctimas, en una Venezuela reconstituida.

Max Weber advirtió hace más de un siglo que el Estado se define por el monopolio legítimo de la coerción. Cuando ese monopolio es capturado por una red criminal, la legitimidad sin control es simbólica, no operativa. De allí surge una verdad incómoda: existen autoridades legítimas que no controlan el Estado, por lo que exigirles resultados institucionales plenos equivale a condenarse al fracaso. El primero en comprenderlo, es el líder.

La historia real de las transiciones: pactos, coexistencia y ambigüedad

Las transiciones exitosas del siglo XX y XXI no fueron limpias, rápidas ni moralmente puras. En España la transición pactada—posterior a 1975—es frecuentemente idealizada, pero fue todo menos rupturista. El franquismo no fue desmontado de inmediato. Se transformó desde adentro. Las élites administrativas, militares y judiciales permanecieron en gran medida intactas durante años. El llamado Pacto del Olvido no fue una claudicación moral, sino una decisión estratégica para evitar una recaída en la guerra civil.

No sugiero un pacto del olvido. Los tiempos son otros. Lo que queremos subrayar es que los actos de justicia no se ejecutan en un movimiento sino se edifican en varios tiempos, donde los derechos emergen, se solapan y se consagran, progresivamente.

En Chile Augusto Pinochet se fue, pero no se fue del todo. El dictador abandonó la presidencia en 1990, pero conservó el mando del Ejército y luego un escaño vitalicio en el Senado. La transición chilena fue negociada, gradual y profundamente imperfecta, pero evitó el colapso económico y la violencia estructural.

En Sudáfrica la verdad y la justicia fue una victoria a medias. Nelson Mandela entendió algo esencial: sin coexistencia con sectores del antiguo poder blanco, Sudáfrica se incendiaba. La Comisión de Verdad y Reconciliación no fue justicia plena; fue justicia posible.

Mandela tuvo que negociar con el partido blanco, apoyado por agentes externos. Hoy el agente externo—EEUU—ni negocia ni delega.

No es negar los DDHH. Es saber que la estabilidad precede a la justicia por lo que sin orden no hay derecho.

Reconocer que los DDHH son prioritarios no implica garantizarse desde el día uno, porque su acatamiento supone depurar los quiebres internos. Esta es la tensión central que el discurso idealista se niega a admitir. Ya lo dijo Rubio. El poder no se cocina a voluntad y en minutos, como en un microondas.

Hannah Arendt advertía que los derechos, en ausencia de un marco estatal funcional, se convierten en abstracciones. Los DDHH requieren Estado y el Estado requiere control territorial, coerción legítima y estabilidad económica mínima.

En Venezuela, una “caída y mesa limpia” del régimen—sin orden, sin coexistencia, sin gradualismo—abriría un vacío de poder con alto potencial de violencia, fragmentación armada y colapso económico. El caos no es una fase moralmente superior; es el terreno fértil del autoritarismo peor.

Aquí emerge la crítica al presidente Donald Trump —y por extensión, a la línea Rubio—por haber tolerado, negociado o instrumentalizado actores del régimen no-democrático venezolano. Pero esta crítica parte de un error conceptual: la realidad política no es moralista o normativista; es posibilista.

Hans Morgenthau lo explicó con crudeza: la política internacional no se rige por postulados absolutos sino por la gestión del poder y la prevención de males mayores. Kissinger—heredero de esa tradición—fue todavía más claro: “Order precedes justice. Justices has meaning only within an established framework of order. [La estabilidad precede a la justicia; sin orden, no hay derecho].

Desde esta óptica EEUU no legitima ni real ni moralmente al régimen de Caracas, sino que lo controla y lo dirige para alcanzar una transición sostenible que no sea saboteada.

Trump–Rubio: pragmatismo duro frente al mito de la transición instantánea que es un salto al estancamiento eterno

La política hacia Venezuela en la nueva era [Trump] marca un giro de la retórica maximalista a una gestión pragmática del conflicto. Marco Rubio entendió que el régimen no caería por colapso interno, que las sanciones son un instrumento más y que la transición es posible [en Venezuela] imponiendo una fase inicial de estabilización y orden.

Esta visión no supone absolver crímenes ni renunciar a la justicia transicional. Venezuela no enfrenta una transición épica, moralmente satisfactoria y fundacional. Enfrenta una transición sucia, difícil, incompleta y estratégicamente disruptiva y atípica. No entenderlo supone un salto al estancamiento perpetuo.

Exigir una transición perfecta es paradójicamente, garantizar la no transición. La historia demuestra que los regímenes criminales no se disuelven por exhortación ética, sino por reconfiguración gradual del poder, pactos incómodos y coexistencias temporales. La justicia no desaparece; se difiere. El derecho no se abandona; se reconstruye.

La transición venezolana no fracasará por falta de legitimidad, sino por exceso de purismo. La política no es un tribunal; es una ingeniería de poder. Como escribió Raymond Aron, la historia no juzga intenciones, juzga consecuencias y ya lo dijo Kissinger.

Venezuela no necesita una transición viable en lo legalista sino sostenible y posibilista para restablecer, controlar y sobrevivir el Estado, que es gestión de poder.

Nuestra transición será inédita como lo son los condicionantes que anteceden. No es normativa, es realista, por lo que el reencuentro, el regreso a casa y la paz, no será poesía, sino un camino bien andado. No es mesa limpia. Es mesa servida [Table D’Hote]; es realpolitik.

Abogado. Ex Embajador de Venezuela en Canadá.
@ovierablanco
vierablanco@gmail.com