Armando Esteban Quito

La suplantación del “estado de derecho” por “leyes infames” que son normas del socialismo del siglo 21 que violan derechos humanos, es la base del “terrorismo de Estado” institucionalizado con fiscales sicarios y jueces verdugos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En el desmontaje de la dictadura/narcoestado en Venezuela urge la liberación de presos y exiliados políticos víctimas de ese sistema, lo que impone la necesidad de ampliar el concepto de amnistía otorgándole como la “nulidad de toda acusación, acción, procedimiento o juicio que viole los derechos humanos”.

Por: Carlos Sánchez Berzain – Infobae

La palabra amnistía proviene “del griego amnestia que significa olvido o perdón” y se define como “el perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Las Naciones Unidas la apunta como “un instrumento jurídico que tiene por efecto la posibilidad de impedir en un periodo de tiempo el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal especifica cometida antes de la aprobación de la amnistía, o bien, la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada”.

El Diccionario Enciclopédico de Derecho enseña que se entiende por “amnistía un acto del Poder soberano que cubre con el velo del olvido las infracciones penales de cierta clase, dando por conclusos los procesos comenzados, declarando que no deben iniciarse los pendientes o bien declarando automáticamente cumplidas las condenas pronunciadas o en vías de cumplimiento”.

De donde se estudie, la amnistía hoy es una institución para olvidar o de cualquier forma perdonar a quienes han cometido delitos. En el concepto actual la condición imprescindible o sine qua non para conceder o beneficiarse con una amnistía es la comisión de delito, y su otorgamiento o aplicación es la aceptación expresa o tácita de que se han perpetrado delitos que se deben olvidar, perdonar o de cualquier forma ya no sancionar. Hoy no se da amnistía a inocentes.

El problema de aplicar tal cual la institución jurídica de la amnistía a los presos, perseguidos y exiliados políticos por las dictaduras del socialismo del siglo 21 o castrochavismo radica en se estaría otorgando perdón a las víctimas acusadas falsamente y sometidas a tipificaciones y procedimientos de leyes infames, con la agravante de que quienes se lo otorgan son los criminales, los violadores de derechos humanos.

Es el mundo al revés, las víctimas son perdonadas por delitos que no cometieron pero que terminan aceptando, y los delincuentes, los violadores de derechos humanos, son los que perdonan asegurándose impunidad, porque esa acepción de amnistía empieza por legitimar tipificaciones, acusaciones, procesos y atropellos sin cuya aceptación no es posible el perdón, el olvido o la amnistía.

Pretender desmontar un sistema narcoterrorista con el tipo de amnistía vigente es solamente jugar en la cancha del crimen organizado, bajo sus reglas y en su beneficio, pero como la liberación incondicional de presos, exiliados y perseguidos políticos es urgente, lo que corresponde —si se quiere seguir usando el termino amnistía— es ampliar el concepto con la inequívoca acepción de para la situación actual de Venezuela y de acuerdo a los datos de la realidad objetiva, “la amnistía no es perdón ni olvido de delitos (que no se cometieron) y que representa la nulidad de toda acusación, acción, procedimiento o juicio que se haya iniciado, se tramite o se haya sentenciado violando los derechos humanos”.

El nuevo alcance o definición de amnistía para las víctimas del socialismo del siglo 21 está destinado a no aceptar acusaciones, delitos o estigmas que son parte de la narrativa de asesinato de la reputación y fundamento del terrorismo de Estado implantado en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, liberando a las víctimas, pero sin dar impunidad a los victimarios.

Un aspecto adicional es el de las reparaciones por daños morales, económicos y personales a que tienen derecho las víctimas hoy excarceladas, presas, exiliadas o perseguidas. Si se formula la amnistía como perdón y olvido y no como nulidad de acciones abusivas y delictivas en su contra, nadie tendrá derecho a reclamo alguno y los victimarios, verdugos, sicarios, torturadores, carceleros y todos los miembros de la cadena criminal podrán quedar impunes penal y civilmente. La amnistía como perdón u olvido y no como nulidad es certificado de que los mafiosos de la dictadura/narcoestado actuaron legalmente.

El derecho es dinámico y su formulación obedece a los cambios que se producen con circunstancias, tiempos, realidades y fenómenos sociales. Eso es exactamente lo que ahora sucede con la necesidad de cesar dictaduras narcoterroristas usando sus propios operadores y mecanismos, por lo que la exacta definición y ampliación de conceptos -en este caso el de amnistía- resultan imprescindibles para no caer en la trampa del continuismo y la impunidad.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

Ramón Guanipa, hijo del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, denunció en la madrugada de este lunes 9 de febrero, a través de la cuenta oficial en X de su padre, que el político fue interceptado y secuestrado por un grupo de personas armadas, horas después de haber sido excarcelado.

La Patilla

Según el reporte, el operativo irregular fue ejecutado por un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas.

Algunas de las características que logró precisar Ramón de los automóviles utilizados para llevarse al líder de Primero Justicia: un Toyota Corolla plateado, una camioneta Range Rover blanca y un vehículo Renault Symbol.

Ante la naturaleza violenta de la detención y la falta de identificación oficial de los captores, el hijo de Guanipa exigió «fe de vida inmediata» y su liberación.

La Fiscalía de Venezuela informó este lunes de que ha revocado la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cuya detención, pocas horas después de haber salido de prisión, había sido denunciada por otros opositores y que será transferido a un régimen de «detención domiciliaria».

La Fiscalía aseguró que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa» por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales.

En un comunicado, el Ministerio Público venezolano advirtió que «las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas» y subrayó que ha solicitado que Guanipa pase «a un régimen de detención domiciliaria».

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, había denunciado en la medianoche del lunes que «hombres fuertemente armados» se había llevado a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes, tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

«Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata», manifestó Machado en su cuenta de X.

Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa había indicado que un grupo de «aproximadamente 10 personas no identificadas» interceptó y «secuestró» a su padre.

Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a Machado. Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir su liberación.

Un tribunal revolucionario ha condenado a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

EFE

“Fue condenada a seis años de prisión por los cargos de congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística, y como pena complementaria, a dos años de prohibición de salida del país”, informó este domingo en X su abogado Mostafa Nili.

El abogado explicó que esta mañana recibió una llamada de la activista en su primera comunicación en 59 días detenida en la que le informó de que ayer fue trasladada a la sala primera del Tribunal Revolucionario de Mashad (noreste) y tras la audiencia se dictó sentencia en su contra.

Dijo que Mohammadi le informó además de que hace tres días fue trasladada a un hospital por su mal estado de salud y que cuando le empezó a contar las circunstancias de su arresto la llamada se cortó.

Nili indicó que dado que se ha dictado sentencia la activista debe ser trasladada a una prisión, según la legislación iraní, y que en su opinión debe ser liberada.

“En vista de sus enfermedades, se espera que se ordene su liberación temporal bajo fianza para que pueda recibir tratamiento médico”, dijo el abogado.

Mohammadi fue detenida de manera violenta a mediados de diciembre junto con otros activistas durante una ceremonia fúnebre de un abogado en la ciudad nororiental de Mashad, según denunció su familia.

La premio Nobel de la Paz 2023 se encontraba en libertad condicional desde diciembre de 2024, cuando fue puesta en libertad por problemas médicos, y a finales de noviembre denunció que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma «permanente» salir del país y que no le emitían pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

La activista ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y fue encarcelada por última vez en 2021.

A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos fundamentales en Irán, incluyendo la aplicación de la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.

El Comité Nobel noruego concedió en 2023 el prestigioso galardón a Mohammadi «por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos

El andamiaje de poder que Alex Saab construyó a la sombra de Miraflores parece estar resquebrajándose. Lo que durante años fue una estructura de acero financiero, hoy muestra grietas tras su supuesta nueva detención en Caracas. Este nuevo capítulo reactiva un expediente en Washington que, a pesar del indulto de la administración de Joe Biden, nunca fue olvidado por los fiscales federales.

​De acuerdo a un análisis del diario ABC de España, la figura de Saab no es la de un simple diplomático, sino la de un operador que se incrustó en el corazón del chavismo. Según las investigaciones publicadas , el ascenso de este empresario colombiano coincidió con el periodo más oscuro de la escasez en Venezuela, consolidando un esquema donde la lealtad política se pagaba con contratos de alimentación.

​La base de la fortuna y el posterior asedio judicial contra Saab reside en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Lejos de ser un programa de ayuda social genuino, el Departamento del Tesoro de EE UU lo calificó como una red de corrupción.

La táctica era sistemática en el que se efectuaban adjudicaciones directas sin licitación, se realizaba la importación de alimentos con nulo valor nutricional mientras se facturaban como productos de primera. Se detectó el uso de empresas pantalla en México, Turquía y Hong Kong para mover el dinero y borrar el rastro.

​Según las alegaciones del Tesoro, «Saab sobornó a los hijastros de Maduro —Walter, Yosser y Yoswal, conocidos como ‘Los Chamos’— para asegurarse el acceso a contratos públicos sobrevalorados».

​Polémico indulto

​El recorrido de Saab desde su detención en Cabo Verde en 2020 hasta su extradición a Miami en 2021 fue una saga judicial sin precedentes. El gobierno de Maduro detuvo incluso mesas de negociación política, exigiendo su libertad bajo el argumento de una supuesta inmunidad diplomática que los tribunales estadounidenses jamás reconocieron.

El giro más inesperado ocurrió en diciembre de 2023. En un movimiento que generó «una honda incomodidad en la Fiscalía federal», Joe Biden otorgó un indulto que permitió a Saab regresar a Caracas. No obstante, este perdón no fue una carta blanca absoluta.

El documento de clemencia establecía condiciones estrictas como no cometer nuevos delitos federales, renunciar a cualquier reclamo contra el gobierno de EE UU, abandonar derechos sobre bienes incautados y ​»no percibir beneficios económicos derivados de libros, películas u otras producciones sobre su situación».

​Cualquier desliz en estas condiciones, según la interpretación jurídica que resalta el diario ABC, podría revocar el beneficio y reactivar las cuentas pendientes con la justicia norteamericana.

¿Purga interna?

El regreso de Saab a Venezuela no fue el de un ciudadano común; lo recibieron como un héroe y nombraron Ministro de Industria. Pero el viento cambió. Su reciente salida del gabinete y los reportes de su captura por el Sebin sugieren que el «testaferro» dejó de ser útil o se convirtió en una pieza demasiado pesada para el equilibrio interno del chavismo.

La narrativa del «empresario del hambre» llega a su punto más crítico. Mientras Washington observa desde la barrera, el hombre que una vez movió los hilos del suministro alimentario venezolano parece estar experimentando en carne propia la fragilidad de las lealtades en tiempos de crisis.

La nota completa en ABC de España

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) Iris Varela negó que en Venezuela existan centros de torturas. La parlamentaria del chavismo calificó como «patrañas» estas afirmaciones.

El Nacional

Durante una entrevista ofrecida al programa A Pulso, que transmite VTV, Varela hizo referencia a los reportes que sugieren que en Venezuela existen centros de torturas, siendo el mayor de estos El Helicoide.

“Es parte del relato y de las patrañas que han inventado para atacar al Estado venezolano; una infamia que nunca ha podido ser demostrada. En el país no hay centros de tortura porque en Venezuela no se tortura y se respetan los derechos humanos. Nosotros hicimos esta Constitución, que es una de las más avanzadas del mundo en materia de garantías fundamentales”, aseguró Iris Varela.

Por otro lado, la parlamentaria hizo referencia a la Comisión Especial que se encarga de coordinar la consulta del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática al indicar que esta instancia revisará cada caso de manera individual para determinar la aplicación del instrumento legal.

Tras la jornada de excarcelaciones de este domingo, la líder opositora María Corina Machado dedicó un emotivo mensaje a los miembros de su equipo de confianza, quienes recuperaron su libertad tras meses de permanecer detenidos arbitrariamente.

La Patilla

A través de su cuenta en X, Machado resaltó el valor de los activistas que fueron excarcelados y la conexión personal que los une en la actual situación política.

«Mis hermanos, mis compañeros de lucha, mi familia Vente… Cuántas ganas de abrazarnos todos y de recorrer el país como tanto nos apasiona, de trabajar juntos por esa Venezuela que hemos soñado por años y que ya estamos muy cerca de construir», dijo la también premio Nobel de la Paz.

La líder opositora señaló que la labor no ha concluido: «No descansaremos hasta liberar a cada uno de los presos políticos y hasta que todos vuelvan a casa».

El director de la organización venezolana Foro Penal, Alfredo Romero, informó que la ONG registró 30 excarcelaciones durante este domingo y que se encuentran en proceso de verificación otros posibles casos.

AFP

Seguimos recibiendo reportes y revisando información sobre nuevas liberaciones”, declaró Romero, quien subrayó que cada liberación verificada es comunicada a los familiares y equipos legales de los afectados.

Entre las personas excarceladas figuran varios dirigentes opositores cercanos a María Corina Machado, como Juan Pablo Guanipa. También fue liberado el abogado de la líder opositora, Perkins Rocha, así como Jesús Armas y Luis Tarbay.

Además, partidos políticos y familiares confirmaron la excarcelación de activistas como Aldo Rosso, Naomi Arnaudez, Albany Colmenares y Nikoll Arteaga, integrantes de agrupaciones opositoras como Voluntad Popular y Vente Venezuela.

La larga lista de excarcelados también incluye a María Oropeza, Dignora Hernández, Henry Alviarez, Emil Brandt, y Leocenis García, entre otros.

El Comando con Venezuela celebró las excarcelaciones, pero volvió a exigir al régimen chavista que todos los presos políticos sean liberados: “¡Faltan muchos por liberar! ¡Hasta que todos sean libres! ¡Libertad para todos los presos políticos!“.Dirigentes del equipo de María Corina Machado fueron excarceladas por el régimen

Las liberaciones ocurren un mes después de que el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara el inicio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos tras la captura del dictador narco Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos el 3 de enero en Caracas.

Desde entonces, el Foro Penal ha reportado liberaciones de manera continua, con un registro de al menos 391 personas excarceladas desde el 8 de enero, mientras que la organización mantiene una cifra de 687 personas aún privadas de libertad por motivos políticos en el país.

Entretanto, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, celebró las recientes excarcelaciones y exigió la libertad total para quienes permanecen detenidos.

La excarcelación de varios presos políticos ocurrida hoy no requirió una ley para producirse. Me alegra que estén fuera de esos calabozos”, expresó.

González Urrutia advirtió que estas medidas no equivalen a libertad plena, ya que la mayoría de los excarcelados enfrenta restricciones judiciales y procesos abiertos.

Seguimos exigiendo la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas y el cierre definitivo de los procesos arbitrarios”, afirmó.

El proceso de excarcelaciones ha generado expectativas y también reclamos de transparencia. ONG como Espacio Público advirtieron que el régimen de Delcy Rodríguez no ha publicado listados oficiales de las personas liberadas, lo que incrementa la incertidumbre y el sufrimiento de los familiares.

El gobierno se ha negado sistemáticamente a publicar las listas oficiales de los excarcelados, y esto hace que crezca la opacidad y se genere un daño profundo en las familias de los detenidos”, señaló la organización.

Espacio Público también criticó que las liberaciones se producen de manera fragmentada y pidió que se facilite la verificación independiente de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El método o patrón usado es que van excarcelando por cuentagotas, por lo que la angustia y la desesperación ha crecido en los familiares, quienes se han dispuesto en campamentos en las cárceles”, indicó la ONG.

En paralelo, el Parlamento chavista debate una ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez.

Jorge Rodríguez prometió que la aprobación de esa ley supondría la liberación de todos los presos políticos pendientes, y estimó que la medida podría concretarse entre este martes y el viernes.

Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, insisten en que la libertad de los detenidos por razones políticas debe ser inmediata, incondicional y sin restricciones judiciales.

La jornada de este domingo confirma que el proceso de excarcelaciones continúa activo, aunque persisten reclamos por mayor transparencia, el cierre definitivo de causas judiciales y garantías para la libertad plena de todos los afectados. El panorama en Venezuela sigue marcado por la exigencia de justicia y el monitoreo constante de la situación de los detenidos por motivos políticos.

  1. Juan Pablo Guanipa
  2. Naomí Arnaudez
  3. Luis Somaza
  4. Robert Franco
  5. Aldo Roso
  6. Albanis Colmenares
  7. Angel Luna
  8. Diliangela Guedez
  9. Nikoll Arteaga
  10. Nelida Maita
  11. Karen freitez
  12. María de los Ángeles Castillo
  13. Yraida Ruiz
  14. Jesús Armas
  15. Perkins Rocha
  16. Luis Tarbay
  17. Liomary Espina
  18. Luis Palocz
  19. Catalina Ramos
  20. María Oropeza
  21. Dignora Hernández

Un análisis forense de metadatos realizado por el activista digital venezolano Giuseppe Gangi (@ggangix) ha generado fuerte controversia en torno al Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado 5 de febrero.

MFM

Según la investigación difundida en redes sociales y respaldada con capturas de metadatos, el documento PDF oficial —divulgado por el diputado Jorge Arreaza— fue creado el 6 de febrero de 2026 a las 6:43 p.m. (hora de Venezuela), es decir, un día después de la sesión en la que la AN lo aprobó por unanimidad en primera discusión.

Principales hallazgos

  • Fecha de creación: 6 de febrero de 2026, posterior a la aprobación parlamentaria.
  • Programa utilizado: El texto fue redactado en Microsoft Word 2016 y convertido a PDF mediante la herramienta en línea gratuita iLovePDF.
  • Autora registrada en los metadatos: Arianny Seijo Noguera, quien no aparece como diputada en la actual composición de la Asamblea Nacional. Sin embargo, formó parte de la delegación oficial de 27 personas enviada por Delcy Rodríguez a La Haya en 2023 durante la controversia por el Esequibo.
  • Nombre original del archivo: En una versión relacionada con la consulta pública, el documento conservó el título “EN ARAGUA PSUV CAPACITARÁ TESTIGOS ELECTORALES”, lo que evidencia una mezcla entre funciones partidistas del PSUV y el proceso legislativo.

Gangi ha publicado evidencias verificables (incluyendo hashes SHA256, headers y copias del PDF) para evitar posibles modificaciones o eliminaciones posteriores por parte de fuentes oficiales.

“Esta es la exposición total de cómo ha gobernado y gobierna el chavismo, una mamarrachada total”

— Gustavo Cárdenas (@gustav0cardenas)

Desde la oposición y sectores independientes se interpreta el hallazgo como una prueba adicional de improvisación y falta de seriedad en el manejo legislativo, especialmente en un contexto de alta sensibilidad política: la ley busca otorgar amnistía general por delitos políticos y conexos desde 1999 hasta enero de 2026, excluyendo crímenes de lesa humanidad, pero con alcance acotado a diez episodios específicos de convulsión social.

El gobierno, por su parte, mantiene que el proyecto —impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez— es un paso hacia la reconciliación y la paz nacional. Jorge Rodríguez, presidente de la AN, visitó este viernes una prisión en Caracas y prometió a familiares de presos políticos que “el martes que viene y a más tardar el viernes estarán todos sueltos”, una vez culminado el trámite legislativo.

Hasta el momento, ni la Asamblea Nacional ni voceros oficiales han emitido respuesta directa sobre los metadatos cuestionados. El proyecto continúa en fase de consulta pública antes de su segunda discusión y eventual sanción.

Organizaciones de derechos humanos y analistas independientes han llamado a transparentar el proceso de redacción y aprobación, mientras la ciudadanía sigue debatiendo si esta ley representa un genuino gesto de distensión o una maniobra dilatoria frente a presiones internacionales por la liberación de presos políticos.

María Corina Machado ha convertido la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en la prioridad absoluta y no negociable de la transición democrática en Venezuela. Desde inicios de 2026, tras el anuncio de una amnistía general y las primeras excarcelaciones —que ya superan las 300 verificadas por Foro Penal—, ha insistido en que no basta con liberaciones parciales o condicionales: exige el cierre definitivo de centros de tortura como El Helicoide, el desmantelamiento completo del aparato represivo y la libertad real para cada uno de los detenidos por motivos políticos, sin distinción.

¡Es hasta que salgan todos!

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, cuestionó este viernes las “omisiones graves” y exclusiones presentes en el proyecto de ley de amnistía general impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y aprobado en primera discusión por el Parlamento.

Infobae

El bloque advirtió que el texto contiene “omisiones graves”, como la exclusión de “amplios grupos de presos políticos civiles y militares” y de períodos históricos relevantes que no están contemplados en la ley.

La organización también señaló, en un comunicado difundido a través de la red social X, que el proyecto no deroga normas como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar, que considera parte del “marco legal represivo” del país.

Además, criticó que el proyecto no garantiza el “retorno seguro” de exiliados ni levanta las inhabilitaciones políticas a dirigentes opositores al ex dictador Nicolás Maduro.

Por otra parte, la PUD expresó su preocupación porque la aplicación de la amnistía quede en manos del Ministerio Público y el sistema de justicia actual, a los que acusa de ser “instrumentos de la persecución política”.

La agrupación insistió en la necesidad de liberar a todos los presos políticos “de forma inmediata y sin más dilaciones”, y sostuvo que una amnistía “incompleta o condicionada” no puede considerarse verdadera.

“No puede llamarse reconciliación a un proceso en el que la libertad de los perseguidos dependa de quienes ordenaron, ejecutaron o validaron su encarcelamiento”, afirmó la PUD.

La Asamblea General aprobó el jueves el proyecto de ley de amnistía en primera instancia, que este viernes inició su consulta pública y debe pasar aún por un segundo debate.

Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento, prometió a familiares de presos políticos que la ley se aprobará definitivamente el próximo martes y que, “a más tardar” el viernes, serán liberados “todos” los detenidos. “A más tardar el viernes están todos sueltos”, expresó.

La legislación fue presentada en medio del proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero, cinco días después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde esa fecha, pero estima que aún quedan 687 detenidos. Por su parte, el gobierno encargado afirma que las liberaciones suman 895, aunque no ha entregado un listado oficial.

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