El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en la frontera con Chile y anunció que reforzará los controles aduaneros con militares en previsión de una oleada de migrantes indocumentados, así como para hacer frente a la criminalidad, según un decreto que el gobierno aprobó el viernes (28.11.2025).

DW

La medida se mantendrá por 60 días y regirá en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región Tacna (sur), de cara a una eventual llegada de decenas de migrantes que buscan salir de Chile ante la posibilidad de una victoria del candidato presidencial ultraderechista chileno José Antonio Kast, que prometió expulsar a los indocumentados.

Previamente, la Cancillería peruana había informado que analizaba «la crisis migratoria que se está gestando» en la frontera sur del país con Chile, en medio de la presencia de decenas de migrantes que intentan pasar hacia territorio peruano.

El presidente de transición de Perú, José Jerí, convocó al Consejo de de Ministros para declarar el estado de emergencia en las fronteras del país, lo que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en su control y vigilancia.

Medios peruanos informaron que decenas de migrantes aparentemente irregulares en Chile habían llegado hasta el punto de frontera con Perú con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron impedidos por agentes policiales.

Esto generó que varios de los migrantes, que iban a pie, bloquearan la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, lo que hizo que se forme una larga fila de camiones y autobuses en ambos lados de la frontera.

Los manifestantes señalaron al Canal N que buscan retornar a sus países de origen, porque se han visto obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias en ese país.

Jerí afirmó el pasado domingo que la inseguridad que vive su país se debe, en gran medida, a haber desatendido las fronteras, por lo que anunció que iba a pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas limítrofes con Chile.

Un accidente aéreo hace dos meses en Maiquetía expuso una red de influencias tejida por el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano -uno de los sobrevivientes del avión siniestrado- que involucra a las cúpulas de los regímenes de Cuba y Venezuela. La bitácora de la aeronave muestra numerosos vuelos entre el istmo, Caracas y La Habana, y que en algunos de ellos viajó un nieto de Raúl Castro. Y hasta un empleado suyo fue nombrado embajador de Panamá ante el castrismo.

Por: Roberto Deniz – Armando Info

El pasado 24 de septiembre, a las 12:52 pm, un avión Learjet 55, identificado con la matrícula venezolana YV3440, se precipitó y estalló en llamas cuando intentaba despegar desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas. En el siniestro murieron dos personas, los tripulantes, pero los dos pasajeros sobrevivieron.

“Se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros, quienes inmediatamente recibieron la atención médica, encontrándose en condiciones estables”, se informó en un escueto comunicado que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) difundió a través de las redes sociales horas después del accidente.

Apenas ocurrida la tragedia, tanto el humo como el hermetismo de las autoridades venezolanas envolvieron la aeronave, de cuyas circunstancias y ocupantes apenas se ofrecieron detalles.

El INAC no mencionó ni la identidad de los fallecidos, ni que uno de los sobrevivientes fue Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño, cercano a la familia presidencial venezolana y gran contratista del régimen de Nicolás Maduro con compañías como Landscape Vision Corp (Lanvicorp) y Corporación Logística del Caribe, en las que ha compartido sociedad con sus hermanos Vicente y Roberto.

Desde 2013, cuando Maduro se aseguró el poder tras la muerte de Hugo Chávez, las empresas de Carretero Napolitano acumularon rápidamente contratos públicos por casi 800 millones de dólares para la construcción de gimnasios, un estadio de béisbol en Caracas -hoy conocido como el Estadio Monumental Simón Bolívar-, un centro de convenciones, así como el suministro de juguetes, electrodomésticos o neumáticos, como lo documentó una anterior investigación de esta alianza periodística, que conforman Armando.info, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela en el Exilio y el diario La Prensa de Panamá.

Varios de esos contratos para la construcción de obras civiles fueron otorgados entre 2013 y 2015 por la Fundación Pro-Patria 2000, entonces dirigida por Carlos Erick Malpica Flores y Walter Jacob Gavidia Flores, sobrino e hijo, respectivamente, de Cilia Flores, la primera dama venezolana o primera combatiente en la jerga oficial. En ese esquema, el empresario panameño giraba millones de dólares en favor de Juan Carlos López Tovar, pareja de Iriamni Malpica Flores, otra sobrina de Cilia Flores.

El desastre del YV3440 y el consiguiente secretismo de las autoridades no sólo confirmaron el estratégico rol que juega Carretero Napolitano para Nicolás Maduro, sino que también permiten rastrear las huellas de otra ruta paralela a la de sus negocios con el chavismo: la de sus nexos con jerarcas del castrismo cubano.

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Las dificultades para viajar desde y hacia Venezuela estas navidades aumentan la incertidumbre y el aislamiento del país. Con la suspensión de vuelos por parte de varias aerolíneas internacionales y la posterior revocatoria de sus concesiones por la administración de Nicolás Maduro, el país enfrenta su mayor crisis de conectividad en años.

Por: Oscar Schlenker – DW

No es la primera vez que Venezuela enfrenta dificultades con el transporte aéreo en el país. Desde el 2014 varias aerolíneas han abandonado sus rutas a Venezuela. En ese entonces, la administración de Maduro impuso controles cambiarios al dólar que hicieron imposible a las aerolíneas repatriar sus ganancias. Durante ese período se despidieron grandes compañías como Alitalia, Air Canada y Lufthansa, para el 2016 el Estado venezolano había acumulado una deuda de más de 3 mil millones de dólares.

Las sanciones de EE.UU. contra Venezuela, la inestabilidad política y crisis económica contribuyeron a que importantes aerolíneas estadounidenses abandonaran sus rutas justo antes de la pandemia en 2019. Aunque entre 2021-2023 hubo una recuperación de la conectividad aérea para Venezuela, no ha llegado a los niveles que tenía hace 10 años.

Lecciones aprendidas

Los últimos años han dejado enseñanzas importantes para quienes laboran en la industria de transporte en Venezuela. «El agente de viajes venezolano está preparado para contingencias como estas”, asegura a DW Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT).

Sobre esta nueva crisis que afecta a viajeros venezolanos, Herrera dice que agencias de viajes venezolanas están «atendiendo reembolsos, reprogramaciones y cualquier alternativa viable para que los viajeros puedan cumplir su itinerario.” Para AVAVIT es importante enfocarse en lo positivo y que «la autoridad aeronáutica venezolana no ha cerrado el espacio aéreo; siguen operativas 10 aerolíneas nacionales y cuatro internacionales con destinos importantes”, informa Herrera.

Desconexión y aislamiento o soberanía

Mientras las autoridades venezolanas insisten en que revocar las concesiones de operatividad a las aerolíneas responde a una agresión externa de EE.UU., la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) exhorta a encontrar soluciones para restablecer la conectividad de Venezuela con el resto del mundo. En un comunicado, IATA explica que las aerolíneas suspendieron sus operaciones porque «han priorizado la protección de los pasajeros y de sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado.” Esto responde al despliegue militar que EE.UU. mantiene en el Caribe bajo la operación antidrogas «Lanza del Sur», pero con un claro objetivo de cambio de régimen en Venezuela. 

La respuesta del gobierno luso ante la revocación de la concesión de su aerolínea TAP fue mucho más contundente, calificando la medida del INAC como «desproporcionada”. El ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, Miguel Pinto Luz, escribió en X que «no cede a amenazas, ultimátums, ni presiones de ningún tipo».

Sin embargo, el marco legal de Venezuela apoya la decisión tomada por el INAC como un acto de soberanía. Según explicó a DW el abogado especializado en aviación, Rodolfo Ruiz, «las operaciones de las aerolíneas se basan primero en un acuerdo bilateral , y segundo, en la ley del país de operación.”

Vicky Herrera recalca que «esta es una situación generada por una advertencia de una autoridad extranjera, no por las autoridades venezolanas. La suspensión inicial se produjo tras el llamado de la estadounidense FAA sin que las aerolíneas consultaran con el INAC y, al no restablecer sus vuelos en el período de 48 horas que advirtieron las autoridades venezolanas, fueron revocadas sus concesiones. 

Esto no significa que la situación deje de preocupar. En términos políticos y económicos, la afectación podría aumentar el aislamiento de Venezuela, justo cuando ya se venían recuperando rutas perdidas en años pasados y estableciendo nuevos convenios. Para Ruiz, «en Venezuela, de continuar o escalar esta situación, corremos el riesgo de quedar muy desconectados, sobre todo de Europa.”

«La conectividad es como la confianza: toma años construirla y un instante perderla”, advierte Ruiz, quien aspira a «que se imponga el entendimiento entre las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas de todos los países involucrados”, para evitar el aislamiento.

Quienes ganan, quienes pierden estas navidades

Entre explicaciones jurídicas, tensiones políticas y rutas que se desvanecen, miles de pasajeros y agencias de viaje enfrentan una incertidumbre que trastoca la temporada navideña y la frágil recuperación del turismo.

A corto plazo, la administración de Nicolás Maduro logra imponer su liderazgo y ejercer la legitimidad que busca para mostrar su dominio sobre las instituciones y control del país por encima de factores externos. El costo será a largo plazo si no se logran restablecer las rutas aéreas.

«La afectación es importante y los más perjudicados son los pasajeros,” lamenta Herrera. La población en general, dividida por la migración más grande del hemisferio, se prepara para cambiar sus planes navideños, ya que muchos viajan desde y hasta Venezuela para reunirse con familiares en las fechas decembrinas. Por lo que Herrera recuerda que «en Navidad se afecta un momento clave de reencuentro familiar, descanso y viajes esenciales.”

Viajar desde y hasta Venezuela ya era difícil antes de estas medidas y ahora se complica aún más. Esto tendrá efectos en el comercio, turismo y confianza política y económica de Venezuela. Pero, sobre todo, causa un gran malestar en la población que ahora tiene menos acceso al mundo exterior. 

Los candidatos de derecha Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla encabezaban en las primeras horas del lunes el conteo preliminar de las elecciones presidenciales hondureñas, señalando un posible retorno conservador tras cuatro años de gobierno izquierdista.

Infobae

Con 44% de las actas escrutadas, Asfura del Partido Nacional obtenía 40,39% de los votos frente al 39,20% de Nasralla del Partido Liberal, una diferencia de apenas 17.000 votos. La candidata oficialista Rixi Moncada del izquierdista partido Libre quedaba relegada al tercer lugar con 19,42%, un resultado que marca un giro político dramático en el país centroamericano.

La jornada electoral se desarrolló con relativa normalidad el domingo, con una participación de aproximadamente 2,8 millones de votantes de los 6 millones habilitados, aunque la publicación de resultados preliminares se retrasó más de una hora por problemas técnicos en el Consejo Nacional Electoral. Asfura, visiblemente molesto antes de conocerse los primeros datos, exigió públicamente a la presidenta del CNE que acelerara la divulgación de cifras, afirmando que el país no debía permanecer “en ascuas, en tinieblas”. Estados Unidos ha seguido de cerca el proceso y aplaudido la alta participación ciudadana.

Las elecciones estuvieron marcadas por el inesperado respaldo del presidente estadounidense Donald Trump a Asfura, a quien calificó como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y prometió “mucho apoyo” si resultaba ganador. Trump también vinculó su apoyo a la lucha contra el narcotráfico y el régimen venezolano de Nicolás Maduro, en un contexto donde su administración ofreció un futuro indulto al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, del mismo Partido Nacional que Asfura, quien cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos. Nasralla, quien fue designado presidencial (vicepresidente) bajo el gobierno de Xiomara Castro hasta su renuncia en 2024, mantiene la esperanza de remontar los resultados conforme avance el escrutinio.

Venezuela está entrando en uno de sus períodos más represivos en años, dicen los observadores de derechos humanos, mientras el presidente Nicolás Maduro enfrenta un creciente aislamiento y una creciente presencia militar estadounidense en el Caribe.

CNN

Según el grupo de derechos humanos venezolano Provea, octubre registró el mayor nivel de represión desde el inicio de las tensiones bilaterales , con 54 detenciones de personas, muchas de ellas vinculadas a la líder opositora María Corina Machado.

“Esta es una política diseñada para infundir miedo entre los venezolanos”, dijo Marino Alvarado, coordinador de la ONG, quien alertó sobre el empeoramiento de las condiciones carcelarias, el hacinamiento y los castigos contra los detenidos políticos.

El comité de derechos humanos del movimiento opositor Vente Venezuela dijo a CNN que 2025 ha marcado un cambio desde represiones masivas a represiones “quirúrgicas” y dirigidas.

Orlando Moreno, quien encabeza el comité, dijo que el gobierno está utilizando secuestros políticos y detenciones selectivas para “decapitar el liderazgo de la oposición”, una estrategia que, advirtió, podría intensificarse si el enfrentamiento militar con Estados Unidos se intensifica.

“Ahora el objetivo no es llenar las cárceles, sino neutralizar el poder organizativo eliminando las voces que pueden movilizar a la gente”, dijo Moreno. “La ley se está utilizando como arma política”.

Vente Venezuela informa que en 2025 se ha producido una detención arbitraria cada 32 horas, con 232 casos documentados hasta la fecha, 143 de ellos relacionados con miembros de su movimiento. En 2024, el promedio fue de seis arrestos diarios, totalizando 2500. Ambos grupos coinciden en que octubre fue el mes más represivo, coincidiendo con la entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado y un aumento de la presión estadounidense sobre Maduro .

Moreno afirmó que al menos siete oficiales militares, incluido un general de división, fueron detenidos recientemente, aunque CNN no pudo verificar estos arrestos de forma independiente. Afirma que algunos oficiales fueron atacados tras negarse a grabar videos de lealtad a Maduro. También acusó al gobierno de «diplomacia de rehenes», utilizando a detenidos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, como moneda de cambio.

Agregó que continúan los informes de tortura, aislamiento y condiciones inhumanas en los centros de detención, a pesar de los llamamientos de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas, que ha documentado casos continuos de tortura y violaciones del debido proceso.

El gobierno venezolano ha insistido previamente en que se respeten los derechos humanos y el debido proceso de los detenidos y ha desestimado los informes internacionales sobre detenciones arbitrarias como “intervencionistas”, calificando las acusaciones de “irresponsables, sesgadas y profundamente polarizadas”.

Una secuencia de desapariciones familiares

El caso de la familia Hernández Castillo es emblemático de este clima de represión en Venezuela, con varios miembros de la familia presuntamente detenidos sin el debido proceso.

El 19 de noviembre, hombres vestidos con uniformes del metro —algunos identificándose como agentes de la Policía Nacional Bolivariana, otros como miembros de la División de Crimen Organizado y algunos sin identificación— entraron por la fuerza en la casa de Samanta Sofía Hernández Castillo, de 16 años, en la noche en el oeste de Caracas.

Según familiares, quienes denunciaron el incidente a la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, los hombres amenazaron a sus abuelos con armas de fuego antes de llevarse a la adolescente sin explicarles dónde ni por qué. Su familia aún desconoce su paradero.

“Responsabilizo a Diosdado Cabello, Ministro del Interior y de Justicia, por la persecución que enfrenta nuestra familia”, declaró la madre de Samanta, Ámbar Castillo, en un video publicado en redes sociales. Expresó su preocupación por la seguridad física y emocional de su hija, calificando el incidente de “secuestro”.

Dos días después, la familia se enteró de que la hermana de Samanta, Aranza, de 19 años, también había sido detenida en Maracaibo. Su madre dijo que había visitado varios centros de detención tras recibir información informal, pero las autoridades negaron que las niñas estuvieran retenidas en esos lugares.

Ambas jóvenes son hermanas del teniente Cristian Hernández, quien huyó del país tras denunciar persecución por conspiración. La esposa de Cristian, Maykelis Borges, también fue detenida y dio a luz en una prisión de mujeres, y permanece recluida junto con su bebé recién nacido. Según Foro Penal, fue arrestada estando embarazada el 29 de enero de 2025 y acusada de conspiración junto con su esposo. Su familia afirma que le negaron un abogado privado y le asignaron un defensor público.

La presión sobre la familia comenzó incluso antes: el tío de las niñas, el productor agrícola Henry Castillo, también fue secuestrado el 24 de enero por razones que, según la familia, no están claras. Lo consideran víctima de desaparición forzada.

CNN contactó al Ministerio Público para solicitar comentarios y está esperando una respuesta.

Las duras sentencias generan alarma

El caso de Hernández Castillo no es un caso aislado. El 16 de noviembre, la Dra. Marggie Orozco, de 65 años, fue condenada a 30 años de prisión —la pena máxima según la legislación venezolana— por los cargos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración.

Según Provea y sus familiares, todo ocurrió después de un mensaje de audio que ella compartió, instando a la gente a votar en las elecciones presidenciales de 2024.

CNN no tuvo acceso al mensaje, pero su hijo, Walter Ruiz, dijo que su madre quería «lograr un cambio en el país». Añadió que un vecino, quien también es representante del gobierno local, la denunció y la policía la arrestó sin orden judicial la noche del 5 de agosto de 2024.

Provea afirma que estas sentencias «desproporcionadas» demuestran cómo el sistema judicial se utiliza como arma contra objetivos políticos. Alvarado observó una breve disminución en los arrestos a principios de noviembre —un aparente intento del gobierno de mostrar apertura al diálogo con Washington—, pero añadió que estas pausas son efímeras. Algunos detenidos, entre ellos el ciudadano francés Camilo Castro y el empresario venezolano Noel Álvarez, fueron liberados durante ese período.

CNN contactó al Ministerio del Interior, Justicia y Paz y a la Fiscalía General de la Nación para solicitar comentarios sobre los casos mencionados en esta historia, pero no ha recibido respuesta.

Mientras tanto, los venezolanos continúan enfrentando presión en dos frentes —interno y externo— en medio de una profunda incertidumbre sobre el futuro del país.