La cifra de 1.207 presos políticos en Cuba, verificada al cierre de enero, marca un récord histórico en el país, impulsado por el encarcelamiento de 18 personas solo en el primer mes del año.
Por: Gastón Calvo – Infobae
Detrás de este número —el más alto jamás documentado desde que existen registros internacionales sistemáticos— se encuentra una política de represión estatal sostenida y expansiva que abarca tanto la vigilancia digital masiva como la criminalización pública y judicial de la disidencia, en especial de los jóvenes, y el uso institucionalizado de la tortura y el abandono médico.
La organización Prisoners Defenders atribuyó esta ola represiva al propósito del régimen de asegurar su perpetuidad y brindó un dato alarmante: la población carcelaria ya equivale a 923 personas por cada 100 mil habitantes.
Una de las aristas más alarmantes es la vigilancia sistemática de las redes sociales, convertidas en plataformas de alto riesgo para quienes protestan o denuncian problemas cotidianos.
Entre los casos paradigmáticos del último reporte destaca el de Ankeily de la Caridad Guerra Fis, joven de 23 años detenido violentamente en La Habana tras transmitir en Facebook críticas al régimen, con mensajes dirigidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedir un cambio político en la isla.
Según el informe, la detención de Ankeily, quien vive con VIH y padece problemas de salud mental y epilepsia, se realizó sin orden judicial y con uso de fuerza excesiva: “Digo lo que muchos quisieran decir y no dicen”, se lo escuchó manifestar antes de ser arrestado. Desde entonces, permanece incomunicado, sin acceso pleno a medicamentos, y bajo la acusación de “propaganda contra el orden constitucional”, sin la celebración de juicio ni tutela judicial efectiva.
Casos como el de Enrique Ramos Bosch, también joven, arrestado en Santiago de Cuba tras denunciar en redes sociales los apagones eléctricos y criticar al dictador Miguel Díaz-Canel, confirman una rutina de desapariciones forzadas, interrogatorios y represalias directas ligadas a la disidencia digital.
Un 88% de los 200 declarantes auditados en el informe sobre vigilancia digital dijeron haber sido citados, detenidos o interrogados por sus publicaciones y hasta comunicaciones privadas, muchas veces intervenidas sin orden ni control judicial. Las detenciones se producen, habitualmente, tan solo pocas horas después de los mensajes críticos.
El patrón se replica en acciones policiales de escala comunitaria. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) como Roilán Álvarez Rensoler o Dariel Calderín Rensoler fueron arrestados en operaciones coordinadas en Santiago de Cuba a fines de enero, con allanamientos sin orden judicial, cortes de comunicaciones y denuncias de violencia incluso contra familiares de los opositores.
El reporte destacó que algunos de estos jóvenes, tras quedar incomunicados durante jornadas, fueron trasladados y permanecen en huelga de hambre, con un riesgo alto de torturas y confesiones forzadas en las primeras 72 horas de detención.
El informe también documentó el proceso de “criminalización del ejercicio pacífico de derechos fundamentales” como eje de la política represiva cubana. El costo humano incluye a cientos de personas con padecimientos graves de salud, agravados por la negación deliberada de atención médica que el texto describe como una “herramienta de tortura”.
Al menos 463 presos políticos presentan enfermedades graves y 42 trastornos mentales, vinculados al abandono, la mala alimentación, el hacinamiento y la violencia institucional.
Casos extremos como el de Onaikel Infante Abreu muestran el rostro de esa tortura: después de una protesta en La Habana, en octubre de 2023, fue arrestado tras resultar herido por balas de goma. Durante su reclusión ha sido víctima de golpizas, encierros prolongados, abuso sexual cometido por otros reos por orden de los guardias, y privación de medicamentos pese a diagnósticos de cáncer de garganta. “La familia lo vio tan demacrado que se desmayó al inicio del encuentro”, recogió el escrito. Cumple ahora una condena de ocho años por supuestos delitos contra el Estado.
Por su parte, Maykel Castillo Pérez -más conocido como “Maykel Osorbo”-, músico y activista, permanece encarcelado desde 2021 condenado a nueve años por “desórdenes públicos” y otros cargos, tras convertirse en símbolo internacional por su canción “Patria y Vida”, ganadora de dos premios Grammy Latino. El informe relató su traslado repentino entre prisiones, la privación de abrigo y medicamentos en medio de una gripe y el hostigamiento sistemático reportado: “Estoy vigilado, junto a chivatones (delatores), y mis comunicaciones son escuchadas”, advirtió él mismo en una llamada.
La condición médica y el acceso a la salud ilustran el carácter sistemático de los abusos. Presos como Daniel Alfaro Frías, activista de 71 años y coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República, relató ser esposado y devuelto a su celda sin atención médica tras sufrir una crisis hipertensiva en una prisión conocida por la aplicación de torturas. Dixán Gaínza Moré, con diagnóstico de hipoglucemia e hipertensión, se encuentra postrado y sin cuidados. “No tiene fuerzas ni para comunicarse directamente”, denunció su familia.
El perfil de los presos políticos cubanos es diverso: desde jóvenes hasta adultos mayores, desde figuras públicas como Maykel Osorbo hasta ciudadanos anónimos, de los cuales Duannis Dabel León Taboada y su madre recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido al riesgo inminente para sus vidas. León Taboada, condenado por “sedición” tras las protestas del 11 de julio de 2021, perdió parcialmente la visión y presenta un cuadro de salud mental grave sin atención, agravado tras la muerte de un compañero de celda.
La muerte bajo custodia estatal de Lázaro García Ríos, detenido desde 2022 y condenado a 20 años, resume el peligro extremo que enfrentan los reclusos políticos en el sistema penitenciario cubano. El informe detalló que, pese a las denuncias de su madre sobre el deterioro físico y la falta de atención médica tras una cirugía cardíaca, fue regresado de un hospital a la prisión días antes de morir.
De los 1.207 presos políticos actuales, 32 fueron detenidos siendo menores y 16 ya han sido condenados por sedición con medias de cinco años de privación de libertad. Según cifras citadas, las Naciones Unidas confirmaron que al menos 410 niños menores de 18 años pasan cada año por cárceles o “Escuelas de Formación Integral”, una denominación eufemística para centros penitenciarios bajo control del Ministerio del Interior cubano.
El listado actualizado recoge también a 128 mujeres procesadas como presas políticas y evidencia que 219 personas cumplen penas por “sedición” con medias de 10 años de prisión. El informe distingue entre “convictos de conciencia” (727 casos), “condenados de conciencia” (445) y “otros presos políticos” (35), categorías que reflejan la naturaleza y motivación política de sus condenas o restricciones de libertad.
El uso de la salud pública –o su denegación– como castigo se repite con nombres como José Antonio Pompa López, Roberto Pérez Fonseca o Walfrido Rodríguez Piloto, que pasan años en prisión bajo amenazas, carencias extremas, privación de contacto familiar, negación de tratamientos y traslados arbitrarios, además de campañas de hostigamiento abiertas a raíz de su participación en protestas como las del 11 de julio de 2021.
La sistematicidad y amplitud de la represión en Cuba —desde la digital hasta la física, y desde la tortura hasta el abandono médico— confirman una política estatal integral de criminalización de la disidencia.
Prisoners Defenders distribuye mensualmente la lista de los presos políticos en Cuba, que en el último año sumó 147 nuevas incorporaciones (más de 12 al mes), mientras el régimen reconoce ante organismos internacionales la veracidad de muchas de estas cifras, aunque intenta matizar los datos sobre menores.
El registro –utilizado por organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por entidades parlamentarias europeas y medios de todo el mundo– expone la persistencia de una “isla cárcel”, donde el control social y la producción de miedo avanzan sobre cualquier posibilidad de defensa jurídica o protección de los derechos fundamentales básicos.
