El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha tomado el control efectivo de las funciones clave del gobierno de Irán en un contexto de extrema inestabilidad política.

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El desplazamiento de la administración liderada por Masoud Pezeshkian ocurre mientras la incertidumbre sobre la situación y el paradero del líder supremo Mojtaba Khamenei persiste, consolidando a los mandos militares como los verdaderos protagonistas del poder, según reveló el medio Iran International.

Mientras Donald Trump afirma que Washington negocia con “un nuevo presidente” menos radicalizado -sin mencionar su nombre-, en las últimas jornadas, el mando del IRGC ha neutralizado la capacidad de la presidencia para designar altos funcionarios.

El jueves pasado, los intentos de Pezeshkian de nombrar un nuevo ministro de inteligencia fracasaron cuando el comandante Ahmad Vahidi ejerció presión directa e impidió cualquier avance, informó Iran International.

Ninguno de los postulantes propuestos, incluido el exministro Hossein Dehghan, recibió aval. Vahidi declaró que, ante la situación de guerra, los puestos de liderazgo más delicados seguirán bajo administración y supervisión del IRGC por tiempo indefinido.

Esta maniobra ocurre en abierta contradicción con el mecanismo político establecido en Irán, donde los presidentes eligen a sus ministros de inteligencia tras recibir la aprobación del líder supremo.

Sin embargo, Iran International explicó que la ausencia prolongada de Khamenei ha otorgado al cuerpo militar la facultad de bloquear la promoción de candidatos presidenciales y fortalecer así su control sobre el aparato de seguridad nacional.

Un “consejo militar” formado por altos oficiales dirige ahora las decisiones políticas centrales y mantiene un férreo cordón de seguridad en torno a Mojtaba Khamenei, según fuentes consultadas por Iran International. El presidente Pezeshkian ha solicitado reiteradamente un encuentro urgente con Khamenei en los últimos días, pero todas las peticiones han sido ignoradas y no ha habido contacto alguno, conforme a la información divulgada por el medio.

La pregunta clave sobre la coyuntura iraní radica en si la salud y la situación personal de Mojtaba Khamenei han detonado el reordenamiento interno y el empoderamiento del IRGC. Las autoridades militares han bloqueado el acceso del gobierno a Khamenei y restringido el flujo de informes sobre la situación nacional.

Mientras tanto, una crisis sin antecedentes afecta el círculo íntimo de Khamenei. Un sector promueve la destitución de Ali Asghar Hejazi, figura influyente del área de seguridad en la oficina del líder supremo. El origen de este enfrentamiento se remonta a la oposición explícita de Hejazi a una eventual sucesión de Mojtaba Khamenei, basada en la presunta falta de cualidades para el liderazgo y su advertencia contra la herencia dinástica en la cúspide del poder, tesis que expuso ante miembros de la Asamblea de Expertos.

Hejazi habría argumentado que el ascenso de Mojtaba consolidaría la hegemonía absoluta del IRGC y excluiría definitivamente a las instituciones civiles.

Además, durante la primera semana del actual conflicto, medios israelíes informaron que Hejazi fue objetivo de un ataque aéreo en Teherán, aunque informes posteriores confirmaron su supervivencia.

El avance del IRGC sobre el ejecutivo y la reconfiguración del círculo de poder en Irán reflejan el alcance de la crisis institucional, marcada por una puja interna en la que los altos mandos militares han relegado a los representantes políticos y han establecido un control directo sobre la toma de decisiones estratégicas.

La ola de descontento social en Cuba alcanzó un nuevo pico durante marzo, mes en el que el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) reportó 1.245 protestas, denuncias y expresiones críticas en todo el país.

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Según el informe de la ONG, al que tuvo acceso Infobae, los cortes de electricidad, la falta de agua, la escasez de combustible y el encarecimiento de los alimentos se combinaron con una respuesta represiva del Estado, generando una situación de máxima tensión en las calles.

La Habana fue uno de los epicentros de la protesta. El OCC registró 54 manifestaciones presenciales contra la falta de servicios básicos, acompañadas por 70 grafitis antigubernamentales en diversas ciudades. El mes estuvo marcado por la persistencia de los apagones, que impulsaron a la ciudadanía a organizar cacerolazos y protestas nocturnas con lemas como “¡Libertad!”.

El punto más álgido ocurrió el 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila, donde manifestantes ingresaron a la sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC). Una vez en el lugar, arrojaron mobiliario y documentos a la vía pública antes de prenderlos fuego.

El OCC catalogó el episodio como uno de los “556 desafíos al Estado policial” registrados en el mes, cifra que superó ampliamente los 432 de febrero y expuso el aumento de la confrontación directa con las autoridades.

Las fallas en los servicios públicos ocuparon el segundo lugar entre las causas de protesta, con 179 registros que reflejan el impacto de la escasez de combustible y los tres colapsos nacionales del sistema eléctrico. El transporte público y la gasolina resultaron cada vez más inaccesibles, mientras la distribución de agua potable sufrió interrupciones prolongadas, según constató el OCC.

La represión estatal se intensificó en respuesta a la movilización ciudadana. El observatorio documentó 159 actos represivos, que incluyeron la detención de más de 40 manifestantes. El caso de la influencer Ana Sofía Benítez Silvente cobró notoriedad: la joven de 21 años fue sometida a prisión domiciliaria y recibió amenazas de hasta cinco años de cárcel tras un operativo de la Seguridad del Estado dirigido a frenar su actividad en redes sociales. “El aparato estatal quedó en evidencia forcejeando con una valiente y menuda jovencita”, describió el informe.

La crisis alimentaria y la inflación también generaron 127 protestas y denuncias en marzo. El sistema de racionamiento estatal profundizó su deterioro, mientras la escasez de combustible elevó los costos de transporte y distribución, impulsando al alza los precios de los alimentos. Un reportaje de TV Azteca provocó un escándalo al revelar que parte de las donaciones humanitarias enviadas por México se vendían en dólares en tiendas operadas por el conglomerado militar GAESA.

En el ámbito social, el OCC identificó 91 incidentes relacionados con jóvenes y familias, afectados por el deterioro de la educación, la emigración forzada y la presión cotidiana sobre los hogares. Los estudiantes universitarios, por ejemplo, realizaron una sentada en la escalinata de la Universidad de La Habana para expresar su descontento.

La inseguridad ciudadana generó 85 registros de protesta, con 27 muertes relacionadas con violencia social, criminal o de género, incluidas las de una adolescente de 14 años y una niña de 7, víctimas de agresiones sexuales y homicidio. El OCC también reportó un aumento en los asaltos perpetrados por grupos organizados y armados.

En salud pública, 29 reportes expusieron el colapso del sistema hospitalario, marcado por la falta de medicamentos, insumos y especialistas, así como prolongadas listas de espera y cortes de electricidad que pusieron en riesgo la vida de pacientes.

El problema de la vivienda sumó 19 denuncias. El informe mencionó la propuesta estatal de adaptar contenedores marítimos como hogares, la falta de respuesta a damnificados por huracanes y los precios prohibitivos de alquileres en ciudades como La Habana.El petrolero ruso Anatoly Kolodkin llegó a aguas de Matanzas, en Cuba

A finales de marzo, la llegada del buque tanque ruso Anatoly Kolodkin coincidió con un anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien flexibilizó la política de bloqueo petrolero al declarar: “Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba en este momento, no tengo ningún problema con eso, ya sea Rusia o no”.

Según el experto de la Universidad de Texas Jorge Piñón, el crudo recibido permitiría producir unos 250.000 barriles de diésel, cantidad suficiente para alrededor de 10 a 12 días de consumo nacional.

El Observatorio Cubano de Conflictos concluyó que, si bien este alivio podría reducir temporalmente la presión social, la persistencia de las causas estructurales mantiene la tensión en la isla.

El presidente Donald Trump salió este miércoles de la Casa Blanca rumbo a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en asistir personalmente a una audiencia de argumentos orales. El caso en cuestión es Trump v. Barbara, que examina la constitucionalidad de su orden ejecutiva firmada en enero de 2025 para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento (birthright citizenship).

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Según el anuncio de Fox News, Trump viajó para “escuchar” directamente los argumentos mientras los nueve magistrados analizan si la orden presidencial se ajusta a la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residan”.

¿Qué dice la orden ejecutiva?

La medida, firmada el primer día del segundo mandato de Trump (20 de enero de 2025), establece que los niños nacidos en territorio estadounidense a partir del 19 de febrero de 2025 no recibirán automáticamente la ciudadanía si sus padres se encuentran en el país de forma ilegal o con estatus temporal (como visas de turista o estudiantes). La administración argumenta que la frase “sujetas a su jurisdicción” de la 14ª Enmienda excluye a los hijos de personas que no son ciudadanos ni residentes permanentes legales.

Esta interpretación busca acabar con lo que Trump y sus aliados llaman “turismo de nacimiento” y “bebés ancla” (anchor babies), una práctica que, según ellos, es explotada por inmigrantes indocumentados y carteles.

Antecedentes y fallos previos

• Todos los tribunales federales inferiores que han revisado la orden la han declarado inconstitucional, manteniendo el statu quo basado en el precedente de United States v. Wong Kim Ark (1898), que reconoció la ciudadanía a un hijo de inmigrantes chinos no ciudadanos.
• La orden ha sido bloqueada a nivel nacional y aún no ha entrado en vigor.
• Una decisión definitiva de la Corte Suprema se espera para finales de junio o principios de julio de 2026. constitutioncenter.org

Un hecho histórico y polémico

La presencia de Trump en la sala genera un debate inmediato sobre la separación de poderes. Mientras sus simpatizantes lo ven como un acto de liderazgo y compromiso con una promesa electoral clave de su agenda “America First”, críticos lo interpretan como un intento de presionar o intimidar a los magistrados, varios de los cuales fueron nombrados por él durante su primer mandato (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett).“Es un momento histórico”, señalaron algunos observadores en redes sociales. Otros, en cambio, cuestionaron: “¿Está asistiendo para escuchar o para influir?”.

Implicaciones

De confirmarse la orden, podría afectar la ciudadanía de cientos de miles de niños nacidos anualmente en EE.UU. de padres sin estatus legal permanente, generando incertidumbre sobre el estatus de millones de personas y un posible “efecto retroactivo” en generaciones anteriores, según advierten los demandantes.

La Corte Suprema, con mayoría conservadora (6-3), enfrenta uno de los casos más trascendentales de su período 2025-2026, que toca directamente temas de inmigración, identidad nacional y límites del poder ejecutivo.

El evento ocurre en medio de la amplia ofensiva migratoria de la segunda administración Trump, que incluye deportaciones masivas y endurecimiento de políticas fronterizas.

La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, destituyó a Giuson Fernando Flores, hermano de Cilia Flores, como director general encargado del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

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La medida quedó formalizada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 7.016, fechada el 30 de marzo de 2026, en la que se designa a Hendrick José Perdomo Colmenares como nuevo titular encargado del organismo.

El decreto establece que Perdomo Colmenares asumirá la dirección del Saime con todas las competencias inherentes al cargo, bajo la dependencia del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La decisión entra en vigencia desde su publicación oficial.

La trayectoria de Giuson Flores

Giuson Fernando Flores fue nombrado director encargado del Saime en noviembre de 2024, según la Gaceta Oficial 43.016. Sustituyó entonces a Gustavo Vizcaíno Gil, quien pasó a ocupar el cargo de contralor general designado por la Asamblea Nacional de 2020.

El hermano de Cilia Flores ocupó múltiples cargos desde la era de Hugo Chávez. Fue notario público en 2002, diputado y vicepresidente del grupo venezolano del Parlamento Latinoamericano, director general del Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional durante la gestión de Nicolás Maduro en 2005, investigador legislativo en 2011 y gerente general de Litigio en la Procuraduría General de la República en 2013. También fue viceprocurador y, en 2015, subcontralor de la República.

La organización Transparencia Venezuela pidió al régimen interino de Delcy Rodríguez aclarar el destino de los recursos administrados por la Corporación “Juntos Todo es Posible”, luego de la destitución de su presidente, Walter Ramón Gavidia Rodríguez, exesposo de Cilia Flores y figura clave dentro del clan familiar que acumuló poder político y económico en las últimas tres décadas.

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La ONG advirtió que la salida de Gavidia “abre interrogantes” sobre el manejo financiero y operativo de la institución, creada en 2025 por Nicolás Maduro y caracterizada por una opacidad absoluta en su gestión.

Transparencia Venezuela recordó que en febrero de este año, según la Gaceta Oficial 6.985, fueron transferidos a la corporación los recursos presupuestarios pendientes de la Fundación Pro-Patria 2000, una entidad históricamente vinculada a negocios con el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano y el sobrino de Cilia Flores, Carlos Erik Malpica Flores, ambos sancionados por Estados Unidos por presunta corrupción.

Asimismo, la organización señaló que la corporación también recibió fondos provenientes de la desaparecida Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE).

“La Corporación Juntos Todo es Posible fue creada en 2025 por Nicolás Maduro. No se conoce su presupuesto ni hay información detallada y pública sobre las obras que ha realizado. ¿A dónde han ido esos recursos? ¿Continuará imperando la opacidad y la falta de rendición de cuentas?”, cuestionó la ONG.

El CEO de BlackRock, Larry Fink, ha reconocido por primera vez que la «agenda woke» fue un experimento mundial fallido, en un mensaje que apunta a un cambio profundo en la forma en la que las grandes corporaciones están redefiniendo sus prioridades.

La Gaceta de la Iberosfera

Durante años, el mundo empresarial ha estado dominado por conceptos como ESG (criterios ambientales, sociales y de gobernanza) o DEI (diversidad, equidad e inclusión), que marcaron la estrategia de inversión de numerosas multinacionales. Sin embargo, el propio Fink ha admitido ahora que ese enfoque pudo haberse llevado demasiado lejos, alejando a algunas compañías de su objetivo principal: generar beneficios.

Este giro no es simbólico. Supone una reorientación clara hacia el pragmatismo económico. En lugar de priorizar elementos reputacionales o ideológicos, las empresas vuelven a centrar sus decisiones en la rentabilidad, el crecimiento y la eficiencia, en un contexto global cada vez más competitivo.

Uno de los ámbitos donde este cambio resulta más visible es el energético. La nueva postura apuesta por una combinación más equilibrada entre fuentes tradicionales y energías limpias, dejando atrás estrategias más restrictivas que limitaban determinadas inversiones. Se trata de una adaptación a la realidad del mercado y a la necesidad de garantizar seguridad y retorno económico.

Al mismo tiempo, sectores como la inteligencia artificial están ganando protagonismo en las carteras de inversión. El avance tecnológico y las oportunidades de negocio asociadas están desplazando el foco hacia áreas con mayor potencial de crecimiento, en detrimento de otros criterios que habían sido prioritarios en años anteriores.

Las palabras de Fink tienen un peso especial dentro del sistema financiero global. Al frente de la mayor gestora de activos del mundo, con billones de dólares bajo gestión, cualquier cambio de rumbo en BlackRock tiende a marcar tendencia y a ser replicado por otras instituciones.

En la práctica, este movimiento señala el inicio de una nueva etapa en el capitalismo contemporáneo. Un escenario en el que las empresas parecen abandonar progresivamente el énfasis ideológico para recuperar un enfoque más clásico, donde el rendimiento económico vuelve a ocupar el lugar central.

Este cambio de paradigma sugiere que el ciclo anterior, marcado por la expansión de la agenda «woke» en el ámbito corporativo, está dando paso a una fase distinta, en la que el criterio dominante vuelve a ser la creación de valor tangible.