Las cuatro mayores cadenas hoteleras extranjeras en Cuba ―las españolas Meliá e Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la indonesia Archipelago Internacional―, recortaron o cerraron sus operaciones en la isla esta semana, en medio de la cada vez mayor presión del Estados Unidos de Donald Trump por forzar un cambio de régimen en La Habana.
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«Lo significativo acá es que la presión de Estados Unidos por fin ha hecho retroceder a empresas extranjeras con un largo historial de participación en Cuba», comenta a DW Ricardo Torres, economista cubano de la American University. En esa lista entraron, en el último mes, la naviera alemana Hapag-Lloyd y la francesa CMA CGM. Antes, anunciaron sus retiradas también la aerolínea española Iberia o la minera canadiense Sherrit, entre otras.
Al embargo petrolero impuesto a la isla en enero de 2026, le han seguido varias tandas de sanciones a organizaciones políticas y empresariales gubernamentales, así como a los más altos funcionarios y a algunos de sus familiares ―incluido el presidente Miguel Díaz-Canel y miembros de la familia Castro―. La más reciente vuelta de tuerca amenaza además con sanciones secundarias a entidades que mantengan relación con los sancionados.
En consecuencia, el Banco Central de Cuba anunció la víspera el cese de los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard. El banco extranjero que los procesaba ―y cuyo nombre no se reveló― interrumpió su relación con FINCIMEX S.A., el brazo financiero de GAESA, el Grupo Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que está en el centro de las sanciones de Washington.
GAESA, en la mira de Estados Unidos
El 5 de junio de 2026 se cumple el plazo concedido por Estados Unidos a las empresas extranjeras con negocios en Cuba para liquidar las «operaciones que involucren a GAESA», que controla amplios sectores de la economía cubana (entre un 40 y un 70 por ciento, en dependencia de la fuente).
Sancionando a GAESA, Estados Unidos «hace muy difícil, si no imposible para muchas empresas extranjeras continuar sus actividades económicas en Cuba», especialmente en el turismo, explica a DW el economista político Paolo Spadoni, experto en turismo cubano en la Universidad de Augusta y coautor de The Cuban Tourism Industry: Evolution, Challenges, and Prospects.
«Es un golpe muy fuerte a una economía ya muy debilitada», con el turismo, las remesas y las exportaciones de servicios como fuentes más importantes de ingresos en divisas, aclara Spadoni. Y recuerda que el Ejecutivo de Trump ya había puesto trabas a las remesas de migrantes en EE. UU. y forzado la salida de brigadas médicas cubanas de varios países.
El «estrangulamiento» del país afecta a la población
Mientras Estados Unidos demuestra que está dispuesto a ejercer máxima presión y al Gobierno de la isla se le acaban las opciones para esquivar sus sanciones, la población cubana verá una «intensificación de la escasez y las dificultades diarias», advierte desde Washington Ricardo Torres.
«Esta vez, las sanciones sí apuntan a un estrangulamiento del país, lo cual afecta a la población, aunque aparentemente solo estén dirigidas a funcionarios sancionados», observa el también economista cubano Mauricio de Miranda, profesor de la Universidad Javeriana en Cali, en Colombia, y codirector del think tank CubaxCuba.
“Trump busca la asfixia de Cuba para que haya un estallido social y tenga el pretexto para intervenir”, denunció el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en entrevista con elDiario.es. «La UE y España tienen que proteger a su empresariado y a sus ciudadanos. No pueden permitir que les impongan leyes extraterritoriales desde otro país», reclamó.
¿Cómo se sale de esta crisis?
Díaz-Canel aseguró además que su Gobierno estudia «modalidades de negocio diferentes, con cubanos que quieran invertir y administrar hoteles» y personas de otros países o entidades que no tienen cuentas ni dependencia de EE. UU. Pero «¿quién querría administrar hoteles sin demanda y sin un horizonte claro de recuperación?», se pregunta Ricardo Pérez.
«Solo una negociación en condiciones desventajosas con cesiones sustantivas puede cambiar la situación», opina el economista de la Washington University. Cuba no puede recuperarse sin un acuerdo para la relajación o el levantamiento de sanciones de EE. UU. «Y tiene que ser uno definitivo y a largo plazo para que pueda restaurar la certidumbre», dice. Entre otras razones, porque el apoyo de aliados claves de la isla como China y Rusia no dejará de ser «simbólico».
Pero las negociaciones parecen haber llegado a un punto muerto. Estados Unidos prioriza el objetivo del cambio régimen, por encima de una reforma económica que traiga el cambio político a largo plazo, como planteó primero. Y el régimen cubano, obviamente, se resiste. La idea de un acuerdo, con compromisos mutuos, parece ahora «muy improbable», evalúa Paolo Spadoni, pesimista.
El escenario ha cambiado radicalmente en pocos meses, observa el economista político de la Universidad de Augusta. De los intentos de negociación se pasó a la amenaza de una acción militar. Y a «una forma muy cruel» de fomentar un cambio político con máxima presión económica, a riesgo de un colapso económico y una crisis humanitaria mayúscula. «Es un país que está sangrando hacia el colapso poco a poco». Y un cambio de régimen impuesto así, «conlleva violencia e inestabilidad», advierte Spadoni.
Para De Miranda, hay muy pocas soluciones a la vista, «más allá de que finalmente se produzca una transición pacífica hacia un sistema democrático, y no porque lo exija el Gobierno estadounidense sino porque lo necesita el país».
El Gobierno cubano, sin embargo, no sólo no se muestra dispuesto a ceder a la presión externa, pese a que Estados Unidos le amenaza incluso con una intervención militar y ha inculpado en este marco al exgobernante Raúl Castro por asesinato. Tampoco cede a la presión interna: mantiene tras rejas a cientos de presos políticos y sigue reprimiendo el descontento popular, que no ha dejado de manifestarse públicamente desde las históricas y masivas protestas de 2021.
«Es la nación cubana la que necesita transitar a una sociedad democrática», insiste, no obstante, De Miranda. «Yo no apoyaré invasión alguna, pero tampoco acepto la represión del Gobierno contra las protestas. El Gobierno ha perdido muchas oportunidades. Ya no tiene más tiempo que comprar. Es hora de asumir sus responsabilidades ante la sociedad. De no hacerlo, la historia no los absolverá y la justicia de los seres humanos tampoco».
