Es público, notorio y comunicacional que la cúpula usurpadora del poder en Venezuela ya acepta como un hecho cierto y definitivo la ausencia absoluta de Nicolás Maduro. La acepta en la práctica cotidiana, pero se niega a asumir las consecuencias jurídicas que se derivan de esa situación. Veamos algunos elementos que sustentan esta tesis.

Terminó la campaña iniciada en los primeros días de enero solicitando su retorno. Hoy, Delcy Rodríguez actúa como si fuese una presidenta investida de legalidad y legitimidad política. Ha asumido la Presidencia de la República de una manera que no corresponde al ejercicio de una persona llamada a suplir una vacante temporal. El poder que ejerce Delcy Rodríguez es el propio de una presidenta titular.

Ha designado ministros y ha destituido altos funcionarios. Ha modificado la imagen institucional de los despachos públicos y ha desaparecido la fotografía de Nicolás Maduro de buena parte de los ministerios y entes del Poder Nacional. Incluso ha colocado su propia imagen como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.

El hecho más reciente que ratifica su desempeño como presidenta titular es su viaje a la India. El artículo 187, numeral 17, de la Constitución establece que corresponde a la Asamblea Nacional autorizar las ausencias temporales del Presidente de la República cuando estas excedan de cinco días.

En consecuencia, la señora Delcy Rodríguez se dirigió a la Asamblea Nacional, presidida por su hermano Jorge Rodríguez, para solicitar autorización para ausentarse del territorio nacional, no en su condición de vicepresidenta encargada, sino como presidenta titular. Y así fue entendido y aprobado por el cuerpo legislativo. Es decir, durante ese lapso no estaba en funciones ni el presidente titular ni una vicepresidenta encargada de la Presidencia de la República.

Esto solo puede hacerlo un presidente titular, no un encargado. Un encargado existe precisamente para suplir al titular mientras este se encuentra temporalmente impedido para ejercer el cargo. Sin embargo, esta comunicación y la decisión adoptada por la Asamblea Nacional el martes 2 de junio de 2026 reconocen, de manera inequívoca, que Delcy Rodríguez actúa como presidenta titular y, sobre todo, que Nicolás Maduro ya no ejerce la Presidencia de la República.

Si los hechos narrados constituyen una prueba más que evidente de que Nicolás Maduro ha abandonado la Presidencia de la República, porque no puede ejercerla como consecuencia de su captura por parte del gobierno de los Estados Unidos y de su sometimiento a un proceso penal que lo mantiene recluido en una cárcel de Nueva York, no existe razón alguna para dudar de que estamos frente al supuesto de hecho previsto en los artículos 233 y 234 de la Constitución.

Además, el tiempo ha transcurrido de tal manera que está por cumplirse el límite máximo de ciento ochenta días que la Constitución permite a un encargado permanecer al frente del Poder Ejecutivo antes de que deban convocarse nuevas elecciones presidenciales.

De modo que, a confesión de parte, relevo de pruebas. La conducta de Delcy Rodríguez y de los demás órganos del Estado está claramente orientada a reconocer, de hecho, la ausencia absoluta de Nicolás Maduro y a admitir a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones, no como vicepresidenta encargada.

Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir con la autorización emanada de la Asamblea Nacional. Por ello, ese cuerpo legislativo no tiene otro remedio que valorar la ausencia de Nicolás Maduro, declarar la falta absoluta y ordenar la convocatoria de elecciones presidenciales.

Así lo ordena la Constitución.

Si los responsables de los poderes públicos —me refiero al presidente de la Asamblea Nacional y a los diputados que la integran; a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y a los magistrados de la Sala Constitucional y de la Sala Plena— no cumplen con su obligación de declarar la vacante, estarían incurriendo en una grave dejación de sus responsabilidades.

Además, estarían permitiendo la usurpación de la función pública por parte de Delcy Rodríguez. Conviene recordar el mandato contenido en el artículo 138 de la Constitución: «Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos».

Grave precedente y grave situación institucional la que están creando con esta tamaña ilegalidad. Cada día que transcurre sin reconocer formalmente la falta absoluta de Nicolás Maduro profundiza la ruptura del orden constitucional y agrava la ilegitimidad de quienes ejercen el poder al margen de las normas fundamentales de la República.
Queda, entonces, en manos de estos poderes constituidos rectificar, declarar la falta absoluta y convocar la elección presidencial de conformidad con lo establecido en los artículos 233, 234 y concordantes de la Constitución de la República de Venezuela.

César Pérez Vivas

Hay libros que exigen más de una lectura y que ofrecen más de un nuevo descubrimiento. Es el caso de la obra de Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario, editada hace medio siglo. Más de un centro de pensamiento, en Venezuela y en otros países, se han encargado de recordárnosla en estos meses. El Papel Literario de El Nacional le ha dedicado recientemente una edición especial.

Por: Gustavo Roosen – El Nacional

Ocuparse del libro más difundido de Rangel no es solo constatar que los temas tratados allí mantienen plenamente su vigencia, sino que convocan a pensar nuestra realidad en tiempo presente. Así lo intenta, por ejemplo, Francisco Santos con una entrevista imaginaria en la que interpreta a un Carlos Rangel alertándonos contra la tendencia a la evasión de responsabilidades o a la atribución a otros de la culpa de nuestros males; o cuando, ubicándole en el presente, le hace decir que la figura del buen revolucionario estaría expresada hoy por la del buen populista. Álvaro Vargas Llosa, por su parte, ve en los escritos de Rangel un adelanto a consideraciones sobre el peso para nuestras sociedades tanto del mito como de la utopía, de los espejismos y de la visión anclada en el pasado, tan presentes en nuestro tiempo bajo las figuras de populismos, nacionalismos o autoritarismos. 

Marcel Granier recuerda la advertencia, implícita en el libro de Rangel y tantas veces desoída, sobre la necesidad de buscar y defender la verdad, de valorar la responsabilidad, tanto la personal como la institucional, de renunciar al victimismo, de abandonar las explicaciones cómodas y de asumir la complejidad de una sociedad libre. “No nos pidió fe, nos pidió madurez” dice para poner el acento en los valores del realismo, la racionalidad, el buen juicio, factores que Miguel Ángel Martínez Meuci recoge en esta frase de Rangel: “La libertad y sus mejores frutos no son posibles si no se atiende a los hechos ni se asumen responsabilidades”

La lectura de la obra de Rangel conduce inevitablemente a los temas de libertad y dependencia. La visión del presente mostraría, repetidos y potenciados, los tradicionales y nuevos riesgos para la libertad y la afirmación de nuevos modelos de dependencia. El sistema de control de las grandes potencias explicaría el alineamiento de los países con los centros de poder, la abdicación de la propia responsabilidad bajo la forma de sumisión, el control del Estado sobre el ciudadano a partir de su estado de la necesidad. Los nuevos e insospechados alcances de la tecnología reforzarían, en otro ámbito, los cuadros de control sobre la vida, el pensamiento, la institucionalidad, la libertad misma. 

Un acercamiento a la vigencia del pensamiento de Rangel no puede sino reforzar la necesidad de superar las visiones románticas o nostálgicas, presentes o del pasado, y reemplazarlas por una perspectiva realista y creadora. Vive en sus líneas el llamado a recuperar la condición de ciudadano como actor, con derechos y responsabilidades, capaz de decisiones, defensor de las libertades, de la participación ciudadana, de los derechos de expresión y de organización. 

Uno de los méritos observados por Jean François Revel en el prólogo para la obra de Rangel es su esfuerzo por disipar descripciones falsificadoras de la verdad, excusas complacientes y mitos ideológicos utilizados para tratar de explicar el atraso y el subdesarrollo. Muchos gobiernos y élites utilizan la explotación política e ideológica de las desigualdades de manera provechosa, en lugar de corregirlas, explica Ravel. 

La obra de Rangel sigue siendo clave para entender por qué unas naciones prosperan mientras otras quedan atrapadas en ciclos de mesianismo y crisis económica. Sigue siendo válido su llamamiento a superar mitos como el victimismo y la búsqueda de liderazgos mesiánicos que continúan alimentando los populismos de nuestros días. En contraste, son un llamado a la responsabilidad colectiva, a la actitud creadora que se afirma en el talento y el trabajo, que alimenta la conciencia de país, que asume como un compromiso la defensa de las libertades, del diálogo y de la convivencia.

nesoor10@gmail.com

Durante meses, una red financiada desde París, Mar-a-Lago y Wall Street trabajó para destruir la línea dura y marginar a quienes se negaban a negociar con Maduro. Fracasaron. Y el expediente que lo prueba acaba de salir a la luz.

Por: Elizabeth Sánchez Vegas

Había una sola manera de saber quién tenía razón sobre Venezuela. Esperar. Y el veredicto acaba de llegar, no en un discurso, no en una declaración diplomática, sino en un expediente de lobby con montos, nombres y transferencias bancarias.

El reportaje de Politico publicado hoy no es solo un escándalo político. Es algo mucho más significativo: es la prueba documental de que María Corina Machado tenía razón. No de forma aproximada. No en términos generales. En cada punto, en cada año, en cada momento en que la llamaron radical, intransigente, poco pragmática o inconveniente.

Lo que el reportaje revela, con nombres y cifras, es que detrás de cada voz que pedía “diálogo”, “negociación” o “realismo” frente a Maduro había una cadena de intereses económicos. Una firma de lobby en París, Forward Global, cobró $422,000 para montar una campaña mediática dentro de la Casa Blanca. Por cada post en redes sociales, pagaban $15,000 a influencers conservadores como Ryan Fournier y Juanita Broaddrick. Se compraron artículos de opinión en Fox News. Se contrató a Laura Loomer para atacar a Mauricio Claver-Carone. Y detrás de todo estaba Harry Sargeant III, empresario petrolero, miembro de Mar-a-Lago, socio de negocios de Delcy Rodríguez, cuya licencia de petróleo venezolano dependía de que la presión máxima contra Maduro desapareciera.

No eran idealistas con otra visión. Eran operadores con chequera. Y la persona que se interponía en su camino, la que llevaba años diciendo exactamente lo que el expediente prueba, era María Corina Machado. La pregunta que hay que hacer en público es esta: ¿cuántos de los que la atacaron estaban en esa cadena, directa o indirectamente?

La historia de esta vindicación empieza mucho antes del reportaje de Politico. Empieza cada vez que alguien la atacó por ser “demasiado dura”. Cada artículo que la describía como un obstáculo para la paz. Cada analista que le recomendaba “moderase”. Cada vez que la palabra “pragmatismo” se usaba como arma contra ella.

Hoy sabemos que ese pragmatismo tenía precio de mercado: $15,000 el post. $422,000 la campaña. Precios de catálogo para destruir la credibilidad de una mujer que no tenía nada detrás, solo convicción y veinte años de haber dicho lo mismo.

Ellos tenían una firma de lobby en París, $15,000 por post para influencers conservadores, jets privados a Caracas, artículos comprados en Fox News, acceso a Mar-a-Lago y relaciones directas con Delcy Rodríguez. Ella tenía once meses escondida en Venezuela, sin pasaporte, sin sueldo de nadie, sin lobby, sin firma, sin jet. Una medalla Nobel como único capital diplomático. Y la razón como único recurso. ¿Quién representa a Venezuela, el que cobra por defenderla, o la que pagó por ella con su libertad?

La operación estaba bien diseñada. El argumento central que Forward Global y sus clientes instalaron en medios conservadores era el de los “intereses energéticos de Estados Unidos”: si se aplicaba presión máxima a Venezuela, China ocuparía ese espacio. Era un argumento que sonaba estratégico, pragmático, casi patriótico. Y era, en esencia, el mismo argumento que el chavismo hubiera querido que circulara en Washington.

Funcionó durante meses. Grenell fue a Caracas. Se habló de acuerdos. Las sanciones parecían negociables. Y María Corina Machado seguía escondida en Venezuela, arriesgando su vida, insistiendo en que no había nada que negociar.

Rubio resistió. Claver-Carone resistió. Y cuando la red finalmente entendió que la línea dura no iba a ceder, uno de sus operadores escribió en un reporte interno: “esto se acabó”. Tenía razón, pero no en el sentido que esperaba.

Pagaron influencers. Compraron artículos. Contrataron lobistas. Financiaron narrativas. Y fracasaron. La operación más cara de la historia reciente contra Venezuela no pudo comprar lo único que ella tenía: la razón.

El 3 de enero de 2026, fuerzas militares estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. Sargeant no tenía su licencia. Grenell había sido marginado. Forward Global había concluido su participación en la campaña. Laura Loomer seguía escribiendo en X, pero nadie le prestaba atención en la Casa Blanca. Y María Corina Machado, la que no tenía lobby, la que no tenía jet, fue recibida en almuerzo privado por Donald Trump en la Casa Blanca el 15 de enero. Doce días después de que el régimen que ella combatió durante veinte años perdiera a su líder.

Y para que no quedara duda de quién ganó esta batalla, el propio Donald Trump salió públicamente a desautorizar a Sargeant en Truth Social: “No tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de Estados Unidos”. El hombre que gastó millones para tener acceso al poder fue repudiado por ese mismo poder ante el mundo entero.

En marzo fue recibida por segunda vez, con Trump, Rubio y Susie Wiles, para presentar su hoja de ruta para la transición democrática venezolana. La citaron para una tercera reunión. Nadie la había contratado para estar ahí. Nadie le había pagado $15,000 por su posición. Entró por la puerta principal con su nombre y su Nobel, a la misma Casa Blanca que Sargeant intentó comprar por la puerta trasera con Grenell, y que Susie Wiles le cerró en la cara.

Hay quienes leen el Manifiesto de Panamá, la propuesta que MCM presentó el 28 de mayo desde Panamá, como una señal de debilidad. Como una concesión al chavismo residual. Se equivocan. El Manifiesto no es una negociación. Es una trampa elegante tendida con precisión quirúrgica: obliga al gobierno interino de Delcy Rodríguez a decir públicamente si acepta o rechaza elecciones libres con observación internacional, candidatos sin restricciones y autoridades electorales neutrales, exactamente lo que el régimen más teme. Si aceptan, Venezuela gana. Si se niegan, y se van a negar, el mundo entero sabrá exactamente quiénes son. MCM no está cediendo. Está poniendo por escrito la condena que el régimen va a firmar con su propio rechazo.

Ese movimiento, paciente, inteligente, sin concesiones reales, es exactamente el mismo que ha definido su carrera entera. No gritó. No negoció. No cedió. Esperó. Y documentó. Y esperó más.

Veinte años de eso. Veinte años de que le dijeran que estaba equivocada. Veinte años de operaciones millonarias para convencer a Washington de que ella era el problema. Y hoy, en junio de 2026, con Maduro preso en Nueva York, con Sargeant sin licencia, con Forward Global disuelto, con Grenell marginado, María Corina Machado está viva, libre, con el Nobel como su único pasaporte y una agenda en la Casa Blanca.

Ellos tenían todo el dinero. Ella tenía la razón. Ganó ella.